POLÍTICA SOCIALDEMÓCRATA PARA MADRID

¿Se acuerdan de aquellos que al inicio de los 90 declaraban la victoria sin paliativos del capitalismo? Muchos de ello, con la colaboración inestimable de gobiernos conservadores como el de Esperanza Aguirre, han estado durante todo este tiempo haciendo grandes fortunas y son los que ahora reclaman la intervención del Estado en el sistema financiero para salvar sus negocios. Los mismos que dicen estar muy preocupados por la situación, ¡pero para su interior lo están bien poco!

La preocupación y la incertidumbre quién realmente la tienen son muchas personas de bien que observan como la codicia de unos pocos y la pasividad cómplice de otros tantos ponen en peligro sus puestos de trabajo, su forma de vida y el acceso a los servicios públicos más esenciales.

Estamos ante una enorme injusticia que nos indigna a muchos y que viendo como están transcurriendo los acontecimientos nos podría llevar al abandono y la inacción. ¡No creo que sea lo más inteligente! Debemos recordar que la historia de la humanidad siempre se ha construido aprendiendo de los errores. Por ello, el momento actual debe ofrecernos la oportunidad para corregir los desequilibrios en el que nos han metido los neoconservadores de todos los rincones del planeta y, a ser posible, pedirles responsabilidad política cuando proceda.

Los socialistas madrileños debemos ser muy conscientes de este nuevo escenario. Tenemos que ser capaces de visualizar un proyecto político que, desde las esencias que siempre han guiado a la socialdemocracia: la búsqueda de la libertad en igualdad y solidaridad, esté abierto a la internacionalización, la globalización y los nuevos procesos productivos sustentados en la información, la tecnología, la ciencia y la cultura. Madrid reúne las condiciones para ser una región líder en Europa y el Mundo: la densidad de universidades, los centros tecnológicos y la formación y cualificación de nuestra región y sus gentes nos deben hacer ser optimistas ante el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad y, por lo tanto, la capacidad para salir de la crisis.

Para ello, necesitamos políticas que rompa con el neoconservadurismo instalado en nuestra Comunidad y que como en muchas partes del planeta está produciendo graves desequilibrios entre ricos y pobres, entre los que tienen una renta garantizada y pueden acceder a los servicios públicos semiprivatizados y los que por haber perdido su puesto de trabajo o no haber accedido aún al mercado laboral tienen que conformarse con servicios residuales colapsados y cada día menos dotados de medios y recursos.

Hoy podemos decir más que nunca que Esperanza Aguirre y sus políticas ultraliberales han pasado de moda y los seguidores de ese modelo han fracasado estrepitosamente por todo el mundo. Nuestra Comunidad Autónoma tiene capital humano y recursos suficientes para ser líder en el mundo pero la desastrosa política privatizadora, seguida de un endeudamiento cada día más exagerado, nos restan posibilidades para ser motor económico, social y cultural en España y Europa. Por ello, los socialistas madrileños debemos liderar socialmente el cambio político que Madrid necesita. Para ello, son prioritarias propuestas inteligentes que desde la claridad y los valores que siempre nos han acompañado a los socialistas reconcilie a la ciudadanía con la política y la gestión compartida de lo público. Justamente lo contrario que están haciendo los líderes del PP madrileño, más interesados en poner los servicios públicos tradicionales en manos privadas y generar inestabilidad en instituciones financieras de referencia en Madrid con la única finalidad de conseguir aumentar su cuota de poder y olvidando la función social que han de producir.

LA CRISIS VISTA DESDE EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Ya somos muchos los que pensamos que la actual crisis nos ha metido en un tiempo histórico. Quizás desde la caída del muro de Berlín, que supuso el desplome de un régimen político y un sistema económico fracasado, no habíamos tenido un momento de fractura en el orden internacional económico tan importante.

Cuando quebró el sistema comunista fueron muchos los que se sumaron al coro que declaraban la victoria del capitalismo y la necesidad de que el mercado funcionase sin interferencias públicas. El “fin de la historia” que proclamó Fukuyama sirvió a muchos para exhibir sin pudor que la mejor manera de organizar la política y la economía en el “nuevo mundo” era tener una sociedad atomizada, con plena desregulación en los mercados y unas administraciones públicas mínimas y famélicas que no fuesen más allá de ofrecernos seguridad y justicia.

Al mismo tiempo que se aplaudía la apertura total en lo económico en el mundo rico, la “invasión” por razones sociales de la inmigración de aquellos que se sienten abandonados a una muerte cierta y prematura en países olvidados, y el terrorismo fanático de la desesperación alentado en sociedades subdesarrolladas dominadas por “iglesias medievales”, hacen que, paradójicamente, esas sociedades ricas cierren el paso en sus fronteras y pongan en marcha maquinarias de seguridad y justicia que socavan los derechos de libertad e igualdad entre individuos que habían adquirido incluso formulación internacional (ONU).

La consecuencia es que durante años hemos estado en manos de brokers, tecnócratas y políticos que en lo económico no han puesto coto a los que entienden que la mejor manera de organizar la economía es la especulación salvaje y la victoria de aquellos que sean capaces de dar “el mejor pelotazo”. Al mismo tiempo, esos que predicaban la libertad plena para la “depredación económica”, han estado reclamando y consiguiendo límites al ejercicio de las libertades y los derechos sociales. El resultado, además de que los ricos atesoren más riqueza y los pobres del mundo cada día sean más, ha sido la quiebra del sistema por la ambición y la codicia desmedida.

¿Lo anterior nos debe llevar a la melancolía y la inacción? Sinceramente creo que no. El futuro de la humanidad siempre se ha construido aprendiendo de los errores. Por ello, el momento actual debe ofrecernos la oportunidad para corregir los desequilibrios en el que nos han metido los neoconservadores de todos los rincones del planeta y recuperar la senda de la sensatez y el equilibrio. La victoria de Obama en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América se puede considerar un primer signo.

Es el momento de recuperar el valor de la política como forma de gobierno del espacio público compartido. La política democrática en la modernidad desde siempre ha servido para regular las contradicciones de intereses propias de una sociedad libre y para que los ciudadanos no se sientan solos y desvalidos a merced del mercado.



El socialismo democrático siempre ha creído que el Estado debe tener capacidad para ordenar un mercado que, sin sustituirlo, le ofrezca la oportunidad de construir sociedades fuertes, ágiles y eficaces que actúan con transparencia y previsibilidad. Un modelo en el que las Administraciones Públicas del Estado social aseguran la cohesión y el desarrollo en una sociedad democrática avanzada mediante la prestación de servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos.

Por eso, los socialistas debemos ser muy conscientes de este nuevo escenario. Tenemos que ser capaces de construir un proyecto político que, desde las esencias que siempre han guiado al socialismo democrático: la búsqueda de la libertad en igualdad y solidaridad, esté abierto a la internacionalización, la globalización y los nuevos procesos productivos sustentados en la información, la tecnología, la ciencia y la cultura. Un proyecto que no desprecie el legado de la historia política moderna, preñada de conquistas en libertades públicas y privadas para las personas, y una estructura para la organización de lo público construida durante siglos mediante el sistema “prueba error” que han sido lo mejor de la historia reciente y que no pueden venir a destruir treintañeros con una ambición inversamente proporcional a las ideas que tienen en sus cabezas.

EL PELIGRO DE ADELANTAR LA POSICIÓN DE VOTO EN EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS MADRILEÑOS

El Presidente del Gobierno junto con los lideres del Partido en las distintas Comunidades Autónomas decidieron hace un par de semanas que los socialistas no vamos a votar en contra de la ley de presupuestos de Comunidad o Municipio alguno. El argumento para tomar esta decisión es sencillo y bien intencionado: España, como el resto del mundo, está viviendo la crisis más grave que se ha dado desde hace muchas décadas. Hasta ahora la crisis es, fundamentalmente, financiera, pero de no resolverse pronto corremos el riesgo de que se contamine la economía productiva y la situación podría llegar a ser impredecible. En esta situación, las Administraciones Públicas deben ponerse al frente y, además de ayudar a los sectores más necesitados y procurar corregir los problemas de liquidez del mercado del dinero, deben enviar un mensaje de unidad, austeridad y rigor en las cuentas para que los ciudadanos entiendan que es lo que toca en esta situación tan complicada.

Hasta aquí todo perfecto. Está claro que nos estamos jugando el futuro de todos por culpa de algunos ambiciosos sin límite y el descuido de los que soñaron con la capacidad de autocontrol del mercado. Pero no es cuestión de pasar cuentas ahora, aunque ¡habrá que pedirlas en algún momento! Es el momento de reaccionar para solucionar la situación. Para ello, qué mejor que todos –la política, los empresarios, los sindicatos, las finanzas- nos presentemos unidos y apoyemos a quien debe tomar las decisiones políticas y económicas del Estado.

Sin embargo, creo que tampoco debemos perder de vista el importantísimo valor que tiene el trámite de la Ley de Presupuestos y la misión que ha de jugar la oposición en la Comunidad de Madrid donde tan grande es la confrontación ideológica entre izquierda y derecha.

La Ley de Presupuestos es la norma más importante que tramita la Asamblea de Madrid a lo largo de todo el año. En ella, la mayoría que sustenta al Gobierno del PP define la política de gastos e ingresos para el próximo ejercicio, de manera que en ese orden de gastos e ingresos va implícito el proyecto político de doña Esperanza Aguirre y la parte del programa electoral que entiende se debe ejecutar en el ejercicio.

También es el momento para que la oposición presente sus alternativas. La oposición, si es “como Dios manda”, debe tener un “gobierno en la sombra” y tiene que aprovechar la oportunidad de la tramitación y el debate presupuestario, no sólo para criticar lo que el Gobierno pretenda hacer, sino para ofrecer un proyecto alternativo a los ciudadanos. De esta manera es como los votantes tiene la oportunidad de ir conformando su voto con el criterio de la mayor o menor solvencia que unos y otros les ofrecen.

La oposición tiene que ser opción de gobierno y para ello no basta con ocupar los escaños que están en frente de la mayoría parlamentaria, se tiene que construir con rigor una alternativa capaz de suscitar la simpatía y la confianza de los ciudadanos. Por eso, no creo que la oposición pueda dar “cheques en blanco” al Gobierno y su mayoría, Y mucho menos cuando se hace antes de que ese gobierno nos haya presentado lo que pretende hacer en el próximo año. De ser así, pueden suceder al menos, tres cosas:

Primero, que se pierde fuerza en el discurso, puesto que ya antes de empezar a debatir la Ley más ideológica del año se ha renunciado a posicionarse en contra.

Segundo, que se da manos libres al Gobierno para que sin recato alguno presente los presupuestos que más le plazca. ¿Cómo se va a moderar en su programa de máximos o va aceptar enmiendas de la oposición un Gobierno que sabe que le digan lo que le digan no le van a votar en contra?

Tercero, que en aquellos municipios donde un partido distinto al socialista gobierne en minoría estará tentado a no llegar a acuerdos con otros grupos si de entrada sabe que podrá sacar la ley presupuestaria adelante con el voto positivo o la abstención del Grupo Socialista.

Finalmente, pero no menos importante, los socialista por responsabilidad en momentos difíciles vamos a estar con quien gobierne en las distintas administraciones. Ahora bien, si puesto que el PP sabe antes de iniciarse el proceso de debate presupuestario que no va a tener oposición, decide estrangular económicamente la Universidad, privatizar no solo los nuevos hospitales sino también los viejos, seguir con sus proyecto de venta del Canal de Isabel II, no invertir en la escuela pública e incrementar la financiación de los centros privados subvencionados, aumentar los impuestos a los madrileños y no afrontar la defensa de la biodiversidad madrileña dando rienda suelta a los especuladores en los aledaños de nuestros parques naturales ¿también tenemos que dar nuestro voto favorable o abstenernos? Y de ser así, y agravarse mucho más la situación de la Comunidad Autónoma dentro de un año ¿quién será entonces responsable?

AHORA, A POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Los ataques que están recibiendo los servicios públicos esenciales en Madrid con los Gobiernos de la Sra. Aguirre han encendido todas las luces rojas hace ya mucho tiempo.

En la política de las Sra. Aguirre es todo un escándalo que no se haga nada para crear un potente parque de escuelas infantiles teniendo en cuenta el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo; no menos preocupante es el sistemático abandono de la educación básica obligatoria en los centros privados que viven de los conciertos con la Comunidad Autónoma y que muchos de ellos, por debajo, seleccionan a los alumnos y proyectan éticas privadas y desconocen los valores constitucionales; y que decir, de la locura de los “mil y un inventos” de gestión privada para entregar el servicio público sanitario de Madrid a las empresas privadas, muchas de ellas sin ni tan siquiera experiencia en el sector sanitario.

Todo ello, sería más que suficiente para que la sociedad madrileña y, en especial, los partidos políticos de izquierdas definieran una línea de actuación clara, que abandonen las posiciones erráticas de algunos, y nos comprometa a todos con la gestión pública de dichos servicios. No deberíamos olvidar que durante muchos años éstos han garantizado la universalización de derechos sociales que costaron décadas para su conquista (educación, sanidad, servicios asistenciales, pensiones, etc).

Lo que está sucediendo en estos días con la financiación de la universidad pública madrileña es más de lo mismo, pero agravado. Me explico:

Casi de un día para otro, aunque la operación ya estaba preparada hace tiempo, y por lo tanto con escaso margen de maniobra para las universidades, la Comunidad de Madrid ha comunicado a los rectores que dirigen seis centros y tienen matriculados a mas de 276.000 alumnos, que con efectos 30 de septiembre se recorta el 30% la transferencia para gastos corrientes. Es decir, la partida que va al pago del profesorado y el resto del personal. Un recorte que supone que las universidades públicas van a recibir 108 millones de euros menos tan sólo de octubre a diciembre de 2008. Cómo la cosa supone estrangular los pagos de personal la solución de la Comunidad es bien simple: vayan a los bancos y pidan dinero prestado.

A nadie se le escapa que la situación es más que preocupante, no debemos de olvidar que las universidades se financian en más del 80% de la transferencia pública y que sólo el 15% llega de los ingresos por tasas académicas y menos del 5% por otros conceptos. Tampoco hay que olvidar que ese espectacular recorte, además de incumplir la obligación de financiación que la Consejería de Educación tiene con la Universidad, supone el incumplimiento del Contrato Programa (2006-2010) suscrito entre la Consejería y las universidades.

Pero la cosa no queda ahí. La Comunidad de Madrid ha dicho que también tiene intención de reducir las subvenciones dirigidas a inversiones para las universidades entre un 50 y un 60% ¡si he dicho bien, entre un 50 y un 60 %, no me he equivocado!

Además, todos estos recortes se producen al inicio del curso 2008-2009 en pleno proceso de implementación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que según el Consejo de Universidades, va a requerir una inversión en enseñanza superior en España de una décima del PIB respecto de lo que se invierte ahora; es decir, que hemos de pasar del 1,22 al 1,32 del PIB (que si no estoy equivocado es algo más de mil millones de euros).

Madrid es la Comunidad Autónoma de España donde la universidad tiene más y mejor implantación. El 20% de los estudiantes universitarios de nuestro país están en Madrid y sus universidades. Como decía, eso supone que tenemos más de 270.000 alumnos. Unido a ese gran desarrollo universitario, Madrid es una de las Comunidades con mayor capacidad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el país. A nadie se le escapa que entre los centros de investigación e innovación de carácter universitario y otros organismos públicos (OPI´s) Madrid es líder en I+D+i en España.

La investigación, el desarrollo y la innovación en tiempos de crisis en los sectores productivos tradicionales deben ser la clave para salir del bache en el que nos encontramos. Este es un argumento tan claro y tan evidente que todo el mundo lo reconoce: en la “vieja Europa”, que es donde nosotros estamos, el valor añadido con el que contamos ante la crisis y las sociedades emergentes es el conocimiento y la capacidad de innovar que dicho conocimiento produce (así lo establece la Estrategia de Lisboa). Si Madrid está, y puede seguir, a la cabeza de España en Ciencia e Investigación ligada a sus potentes universidades públicas ¿qué sentido tiene darle este golpe de muerte al sector más estratégico de nuestra Comunidad Autónoma? ¿No tendrá algo que ver que en Madrid también hay ocho universidades privadas y sin embargo no cuentan con más de 34.000 alumnos de los 276.330 que hay en la Comunidad? Esperen unos años para comprobar los resultados de esta situación de estrangulamiento financiero de la universidad pública y verán como se multiplican los alumnos en las privadas ¡Al tiempo!

Frente a este modelo que deteriora poco a poco lo público estrangulándolo económicamente para que la oferta privada compita con ventaja, está la apuesta del Gobierno de Zapatero que lleva casi cinco años en un proceso de modernización de la universidad pública con aumentos del presupuesto cada ejercicio cerca del 10 % (para el 2009, pese a la crisis un 8%). Este año se ha puesto en marcha la “Estrategia Universidad 2015” encaminada a la renovación y modernización de la universidad española mediante la promoción de la excelencia docente y científica y su internacionalización. Para ello, se apuesta por la financiación de grandes concentraciones universitarias, el desarrollo científico, la actualización del profesorado y el investigador y el aumento sustancial de las becas y los “préstamos renta” para estudiar en España y el extranjero. Todo ello, conlleva un esfuerzo presupuestario que está estrechamente ligado con el que se hace en Investigación, Desarrollo e innovación, para el 2009 casi 8.000 millones de euros en inversión civil. Aquí también se cuenta con la continuidad del ambicioso Plan aprobado en 2005 “Ingenio 2010” y que pretende alcanzar una inversión del 2 % del PIB destinado a I+D+i en 2010 y que junto con la inversión privada sirva para alcanzar la media de la UE en porcentaje del PIB destinado a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). ¡Es otra forma de entender la Universidad y la Ciencia y el Desarrollo que lleva aparejada, y cómo han de contribuir al futuro de España!

EL "EXPERIMENTO ELECTORAL" DEL LEHENDAKARI

Tengo para mí que vivimos tiempos difíciles en los que las “bromas políticas” y los “experimentos electorales” no deberían pasar por la cabeza a los que detentamos puestos de representación política. Y, si así sucede, tendrían que ser fuertemente reprendidos. Es una perogrullada, pero el compromiso con la ciudadanía y la responsabilidad nos deberían llevar a ocuparnos más de los grandes problemas del país y dejarnos de extender cortinas de humo para despistar y confundir al electorado. Porque lo importante no son los ciudadanos como electores sino las personas que reclaman de sus representantes soluciones a los problemas que le complican la vida.

Pues bien, lo que acabo de apuntar es, precisamente, lo que ha hecho el Lehendakari con la promoción de su Ley 9/2008, de “convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vacos sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”.

Un debate estéril

Aunque lo que más ha llamado la atención de esta Ley ha sido que establezca mediante el uso del eufemismo “consulta popular” un referéndum que no es de su competencia –basta con leer el artículo 149.1.32. CE cuando dice que la autorización para la celebración de un referéndum corresponde en exclusividad al Estado- creo que lo mejor de éste debate estéril es que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre un tema que los nacionalismos parece que no tienen nada claro: que el titular de la soberanía es en exclusividad el pueblo español.

Una respuesta oportuna

Por eso, aunque a muchos el argumento del Alto Tribunal no nos sorprende, al contrario, nos parece que es como debe ser, entendemos oportuna la Sentencia puesto que es bueno que se digan las cosas por quien tiene la alta responsabilidad en el Estado de ser el “intérprete último de la Constitución”. Y para que conste, paso a citar el argumento:

Un falso punto de partida

La señalada Ley 9/2008 del Parlamento Vasco parte en su argumentación de una presunción falsa: la existencia de un sujeto, el “Pueblo Vasco”, titular de un “derecho a decidir” equiparable al titular de la soberanía nacional expresada en el artículo 1.2 de la CE, el Pueblo Español. A partir de aquí, se sigue un argumento que señala que ese sujeto político Vasco tiene capacidad para negociar con el Estado constituido por la Nación española los términos de una relación entre éste y una de las Comunidades Autónomas en las que se organiza.

Unidad de la Nación

Ante dicho planteamiento, el Tribunal Constitucional es claro: “la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Por ello, el procedimiento que se quiere abrir con la Ley del Parlamento Vasco no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues en el mismo se abordaría la redefinición del orden constituido por la voluntad soberana de la Nación, cuyo cauce constitucionalmente no es otro que el de la revisión formal de la Constitución por la vía del artículo 168 CE, y del propio titular de la soberanía, directamente, a través del preceptivo referéndum de ratificación previsto en el artículo 168.3 de la CE”.

Saltarse la vía constitucional

El Tribunal Constitucional dice claramente que lo que ocupa a la Ley “no puede ser planteado como cuestión sobre la que simplemente se interesa el parecer del cuerpo electoral del País Vasco, puesto que con ella se incide sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines”.

Voluntad del Pueblo español

“Por eso no caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político”.

No romper el pacto

Y llegado a este punto tengo la tentación de decir: ¡punto y final! Está todo dicho. Pero permítanme rematar la “jugada”. Lo que ha dicho el Tribunal es que el Constituyente se expresó estableciendo que el soberano es el pueblo español y que si eso se quiere cambiar se ha de hacer de acuerdo con unos procedimientos previstos en la misma Constitución. Por lo tanto, cualquier otra cosa es romper el pacto constitucional, es estar fuera de la Constitución, fuera del pacto, fuera de las normas y, por tanto, en el mundo de la fuerza. ¿Alguien quiere llegar a ese extremo? ¡Responsabilidad!

POR UNA ESCUELA PÚBLICA CON VALORES CONSTITUCIONALES EN MADRID

Se ha iniciado el curso escolar en la Comunidad de Madrid y a problemas que vienen de lejos (falta de escuelas infantiles, incumplimiento de las ratios de alumnos por aula, aulas barracones, segregación de alumnos con necesidades especiales, escasa financiación, etc) tenemos que añadir la descarada estrategia del Gobierno de Esperanza Aguirre para intentar que no se imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Que la Consejería de la Comunidad de Madrid expida Ordenes para fomentar la “objeción de conciencia” a una asignatura aprobada por el Parlamento español en una ley orgánica es todo un escándalo y la muestra más clara y palpable de una deslealtad institucional que va contra los principios más básicos de nuestro Estado constitucional. Sin embargo, parece que en el PP cuando son ellos los que se comportan como “insumisos a la ley” no pasa nada, y mientras tanto intentan dar lecciones de respeto a la Constitución a otros. Practican sin rubor el dicho popular “haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga”.

Pero que además lo hagan contra una asignatura que lo que pretende es formal a nuestros jóvenes en los valores y principios propios de una sociedad democrática donde la tolerancia, la defensa de la libertad y la igualdad y el desarrollo de la solidaridad son los referentes que guían una organización que se construye para que la persona humana pueda desplegar toda su dignidad, parece más que un escándalo un problema de ubicación en nuestra democracia. ¿O es que algunos no se han enterado aún que las formas políticas, como todo en esta vida, necesita de cuidados, pedagogía y comprensión? O, peor aún, ¿no será que algunos con la excusa de la defensa de la libertad lo que pretenden es mantener una atalaya de privilegio para desde allí seguir impartiendo sus doctrinas sectarias y enajenadoras? Mientras se comportan así la Sra. Aguirre habla de que hay que evitar el “relativismo de valores” al que nos lleva el Gobierno socialista. ¡Señora Presidenta los valores de una sociedad democrática están establecidos en la Constitución y es bueno que los difundamos y cumplamos todos!

Sea como sea, lo cierto es que la derecha política y social de Madrid ha reaccionado sin contemplaciones ante los mandatos de una Ley; es decir, contra la voluntad de la soberanía popular, para de esta forma defender su modelo educativo y su forma de entender no ya sólo la organización la enseñanza sino los contenidos que se deben incorporar en ella. Para ellos, formar en la Constitución y los valores democráticos no sólo no es una prioridad sino que entienden que va contra la libertad de las personas ¡nada más y nada menos!

Esta forma de entender la escuela y lo que se imparte en ella por parte de la derecha madrileña tendría que hacernos reflexionar a los hombres y mujeres de izquierda a la hora de presentar nuestro proyecto ante la sociedad. No olvidar que la escuela además de calidad debe ofrecerse en equidad. En el debate sobre escuela pública escuela privada concertada no sólo está en juego si el centro concertado está al alcance de todos los padres que han de escolarizar a sus hijos, que deberían, puesto que imparten enseñanza obligatoria y por ello cobran del erario público. Lo verdaderamente importante es que la escuela pública garantiza mejor la profesionalidad de los docentes, que están seleccionados con criterios de mérito y capacidad más objetivos y, lo que es fundamental, la escuela pública no tiene más “ideario del centro” que los principios de una sociedad democrática y los contenidos educativos que se formulan en los planes de estudios. Y da la casualidad que la inmensa mayoría de los centros privados, muchos concertados, tienen un ideario de carácter religioso y marcado contenido conservador que, evidentemente, se proyecta en las actividades del centro. Desde luego que este tipo de escuela es constitucional, la reconoce el artículo 27.6 de la CE, pero desde opciones políticas progresistas y trayectoria ilustrada es más que una confusión un grave error, o incurrir en ignorancia, no darse cuenta que para nada es equiparable un modelo de escuela privada a la escuela pública.

REFLEXIONES ANTE EL XI CONGRESO DEL PSM

Llevo muchos años afiliado al PSOE y militando en el PSM. Nunca he participado de “familias” o “camarillas”, pero procuro estar atento a la organización y funcionamiento de mi partido, puesto que creo que es una pieza fundamental de la sociedad española para hacer efectivos valores que nos unen a muchos: vivir en una sociedad donde desde el respeto a la libertad se luche por la consecución de mayores cotas de igualdad y solidaridad.

Hace catorce meses acepte con entusiasmo la llamada de Tomás Gómez para participar de su Ejecutiva en el convencimiento de que podíamos iniciar una nueva etapa en el socialismo madrileño que, sin despreciar lo bueno de tiempos anteriores, produjese el revulsivo que la sociedad nos estaba reclamando. Transcurrido este tiempo tengo que decir que desde mi punto de vista no ha sido así.

Durante estos catorce meses han sucedido muchas cosas en la política madrileña: los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón se han visto envueltos en graves casos de corrupción que han escandalizado a la sociedad; el proceso de privatización de la sanidad pública se ha extendido tanto que incluso ha llegado a centro sanitarios de municipios gobernados por compañeros socialistas; la educación está en los niveles más bajos, con centros públicos escasamente financiados, aulas en barracones, incumpliendo los decretos que establecen las ratios de alumnos por aula, escasísimas escuelas infantiles y presiones a las Asociaciones de Padres de Alumnos que denuncian la situación de la escuela y defienden la enseñanza pública.

Todo ello, sin olvidar la situación de debilidad de nuestra economía sustentada por el ladrillo especulador y los pelotazos urbanísticos; el descontrol medioambiental, que está haciendo de Madrid una de las ciudades más contaminadas de Europa; las agresiones a nuestros parques naturales o, para no extenderme más, el empobrecimiento democrático con estrategias de manipulación informativa que se parecen mucho a las técnicas Goebberianas.

Ante todos estos acontecimientos ¿dónde hemos estado los socialistas madrileños? No conozco ningún caso donde se nos haya visto liderando la oposición en algunos de estos temas, ¡y no ha sido por falta de ganas de muchos! En el mejor de los casos nos hemos sumados a alguno de ellos y, en no pocos supuestos, tan sólo bajo la tutela de instancias superiores. En otros, hemos llegado a ellos arrastras, que más parecía que teníamos algo que ocultar. Por supuesto, en las reuniones de los órganos de dirección nunca se habló de política y muchos de los que allí nos sentábamos nos enterábamos de la posición política del partido por la prensa.

El problema es que nos ha faltado un proyecto y una definición clara de nuestro modelo en muchas de las políticas públicas que se hacen en Madrid. Que no tenemos una estrategia bien definida para desarrollar un buen trabajo de oposición a un Gobierno de la derecha fuerte y sin complejos y, ¡digámoslo todo! Tampoco nos sobran equipos con capacidad y liderazgo en la calle y los medios de comunicación.

Recomponer y corregir todos estos problemas, visualizados en estos catorce meses, es lo que debería hacer el XI Congreso del PSM. Algunos nos hemos puesto al frente de ese debate desde la convicción de que es una responsabilidad democrática con nuestro partido y la sociedad madrileña. Otros quieren pasar de puntillas sobre los problemas y que el Congreso se celebre sin debate de ningún tipo, y su único argumento es que se han acabado las familias, ¡que está bien! Pero se dedican todos los días a poner nombres a los miembros de su Ejecutiva cuando ni tan siquiera son candidatos ni conocemos los términos del proyecto político a ejecutar.

El próximo fin de semana los socialistas madrileños no debemos desaprovechar la oportunidad que la democracia interna nos ofrece para que con libertad digamos cuanto creamos que puede mejorar nuestra posición política y, por supuesto, no debemos dejarnos intimidar por los que intentan imponer la mordaza con el argumento de la ética de la responsabilidad.

Si somos capaces de hacer un debate limpio, sincero y democrático seguro que saldremos más unidos y con un proyecto claro, una estrategia definida y un líder y un equipo potente capaz de ganar el 2011. ¡Qué así sea!

LOS EXCLUIDOS

Una de las múltiples variables que tiene el proceso de Globalización es que “los excluidos” de unas condiciones de vida dignas tienen pleno conocimiento, no sólo de ello, sino también del discurso hipócrita que hacen las sociedades ricas ante el hambre la miseria y la desigualdad.

La desigualdad y la explotación se han producido de forma constante en la historia de los hombres y las civilizaciones, pero nunca hasta ahora los discriminados, explotados y excluidos de la riqueza habían sido tan conscientes de la situación.

Al mismo tiempo, la percepción de la desigualdad social es muy escasa en las sociedades ricas y opulentas, salvo si la desigualdad se produce en el ámbito nacional. La desigualdad tan sólo es un problema si se da en ámbito interior, en el Estado, en la Nación. La pobreza “de fuera” no es motivo de escándalo y alarma social, tan sólo, en el mejor de los casos, conmueve cuando se ven las imágenes de inanición en TV que nos pueden llevar a hacer alguna pequeña contribución a alguna ONG.

Los que pasan hambre y ven peligrar su vida por la miseria y los regímenes despóticos están perfectamente informados de que existe otro mundo donde los alimentos se tiran a la basura, el sistema político ofrece derechos y dignidad a las personas y, aun estando en las peores niveles en la escala social, se tienen unas posibilidades de vida infinitamente mejores que en su tierra de origen. A estas personas, esas imágenes y ese “otro mundo” no se les va de la cabeza cuando se acaba el informativo de TV, les siguen rondando en su cerebro, minuto a minuto, día tras día.

La línea divisoria entre los poseedores y los desposeídos es cada día más tajante a nivel planetario. Pero al mismo tiempo, en una especie de paradoja “inexplicable”, en el mundo rico se construyen teorías y declaraciones que buscan y predican una mayor igualdad al menos en el plano de las normas del derecho nacional e internacional. Ulrich Beck en su obra “Generación Global” señala al menos cuatro factores que han llevado a las sociedades ricas a declarar la igualdad formal:

1. El discurso igualitario poscolonial. Discurso que superó la idea del siglo XIX que consideraba a los “indígenas” como seres inferiores, por lo que el hombre blanco estaba ante la difícil “the white man´s burden” (la carga moral del hombre blanco) para conseguir la civilización de esos seres “atrasados”. 2. La internacionalización de los derechos humanos (Carta de Derechos de Naciones Unidad, Tratados de la Unión Europea, entre otros) que hacen que cada día sea más difícil discriminar por motivos de ciudadanía (entre nacionales y extranjeros). 3. Expansión de modelo de vida transnacional. La estética y la cultura occidental cada día se abre a nuevos territorios y al mismo tiempo cada día hay más gente que ha dejado de vivir pegada a una tierra, a un país, sino que viven en varios países y hace de puente entre dos o más culturas. 4. Nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación. La tecnología ha acercado cualquier rincón del planeta, la distancia geográfica ya no supone distancia social y cultural.

Las normas no permiten una desigualdad tan clamorosa como la que en la realidad se está produciendo en nuestro planeta. Desigualdad que lleva a que unos pocos vivan en la opulencia y muchos en la más infinita miseria. Esas personas excluidas de “la vida digna” que conocen esas normas que los deberían proteger, que conocen que existe otro mundo distinto al suyo, no se quieren resignar a “seguir tirando” hasta una muerte pronta y cierta.

Por eso, son ellos, los de “ahí fuera”, “los excluidos”, los que se rebelan contra la realidad de los hechos que extienden la desigualdad social y favorecen la hipocresía de los ricos que dicen una cosa y hacen la contraria. De ellos es el futuro y ellos son la generación global. Frente a lo que se pueda pensar, no van a ser las generaciones occidentales, las de los países ricos, las que marquen el futuro. Muy al contrario, serán los “no occidentales”, aquéllos que estando más allá de nuestras fronteras nacionales y prestos a asaltarlas se sublevan contra la condena por razón de origen que les tiene en la miseria y les lleva a la muerte prematura. Ellos son lo que marcarán lo que serán los próximos años. Como dice Ulrich Beck, la generación que va a cambiar el mundo en las próximas décadas no está en las universidades londinenses o neoyorquinas: serán las generaciones “quiero entrar ahí”, las generaciones de personas del Tercer Mundo que gritan con las escasas fuerzas que les quedan “¡quiero vivir con ellos!” los que construyan el nuevo tiempo.

ESPAÑA LIDER EN EUROPA EN POLÍTICA MIGRATORIA

La inmigración, junto con el cambio climático y todo lo que comporta, va a ser una de las cuestiones políticas más importantes de las próximas décadas. Por ello, afrontarla integralmente, estudiando todos los efectos - positivos y negativos - para diseñar estrategias inteligentes, que es lo que hace el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo que han acordado Francia, España y Alemania, entiendo que es el “buen camino” para tratar esta capital cuestión política y social.

Como mi intención en este artículo es ensalzar el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo y otras medidas que contribuyen a racionalizar la política migratoria, no me voy a detener mucho en el “acto fallido” que ha supuesto la Directiva de “retorno de inmigrantes”. Pero si tengo que lamentar que, ante la dureza del trato y la parcialidad en la actuación con los expulsados, hayamos tenido que oír argumentar “¡mejor eso que nada!, ¡al menos así esas personas tienen algunos derechos cuando los llevan a un centro de internamiento o cuando los expulsan!”. Claro que ante este planteamiento la pregunta llega sola: pero, ¿cómo han podido entrar en la Unión Europea países que no respetan los derechos humanos más esenciales?

Frente a esa equivocada línea de actuación, el Pacto Europeo que en estos primeros día de julio se empieza a negociar plantea el asunto de la inmigración de forma más global, más integral, teniendo en cuenta todas las variables que tiene. Un documento que ante el problema de las personas que llevan en nuestros países un largo tiempo de forma irregular, pero se puede decir que están integrados puesto que trabajan, tienen su familia y un espacio de convivencia como cualquier persona autóctona, acepta las regularizaciones caso por caso. Un acuerdo que se va a requerir de los Estados para que tomen medidas para favorecer la integración cultural de los inmigrantes en sus países (aprendizaje de la lengua, acceso al empleo, a la vivienda). Que reconoce que las migraciones contribuyen al crecimiento económico de la Unión Europea y que los Estados los necesitan para equilibrar sus pirámides de población y cubrir las ofertas laborales de muchos sectores económicos.

Para los que hemos trabajado durante los últimos años en la política migratoria en España ese documento nos llena de alegría. Durante estos años el Gobierno de Zapatero ha sabido hacer frente con firmeza a la inmigración ilegal con el control de fronteras, para ello, hemos firmado más acuerdos de repatriación que ningún otro país; se ha puesto más dinero que nunca para la ayuda humanitaria y la integración; se ha aprobado un Plan de Ciudadanía en Integración (PECI); se está aportando más de un 0,5 del PIB en Ayuda al Desarrollo; y hemos organizado un proceso de contratación en origen que facilita la inmigración legal.

Pero la política lider en inmigración de los socialistas españoles en Europa que ha llevado al Pacto europeo del que me estoy ocupando, no queda ahí, también estos días se está fortaleciendo cuando en el 37 Congreso hemos aprobado una Resolución que pide el voto en las elecciones municipales de los inmigrantes regulares que lleven más de cinco años en nuestro país. Medida que, sin duda, ayudará a la integración de esas personas y a que se les tenga más en cuenta.

Aquéllos que tienen una idea decimonónica de la ciudadanía asocian el derecho de sufragio con la nacionalidad. Sin embargo, hoy estamos en los inicios del siglo XXI y vivimos en sociedades abiertas, multiculturales, multirraciales donde la homogeneidad del siglo XIX ha desaparecido. Y, además, esto es un hecho imparable, ¡digan lo que digan los Estados o la Unión Europea! Vivimos en sociedades que tienen un porcentaje de dos dígitos de personas residentes que no son nacionales pero que están legalmente. Personas que trabajan, que contribuyen a la riqueza nacional, que reclaman servicios públicos, pero que no votan.

El voto en una democracia representativa es fundamental, es la forma más fuerte que tiene una persona o un colectivo para hacer valer sus derechos e intereses. Digámoslo con claridad: ¡si votas cuentas! Si no, tan sólo la caridad, la moral o la pretensión de quedar bien ante otros hace que la política se interese por esas personas.

Dice Pettit, un autor que gusta mucho al Presidente Zapatero, que la “libertad como no dominación” es aquélla que tiene un individuo que vive en una sociedad donde los otros no interfieren en su actuar de forma mediata o inmediata, no le tratan arbitrariamente o, actúan, sin más, en su nombre. En definitiva, que la libertad en una sociedad no es tan sólo la “no interferencia”, es poner las condiciones para que las personas puedan actuar y expresarse como deseen, sin miedos o condicionamientos debidos a la situación de poder que sobre ellos detentan otros.

¿No creen ustedes que eso es lo que sucede con los inmigrantes que llevan años entre nosotros y que estando legalmente no puede votar? Los extranjeros son personas que, como también dice Pettit, son “ilibres”, que en la práctica no tienen libertad puesto que no pueden hacer valer sus derechos mediante el voto en las elecciones. Por eso, que al menos participen de las elecciones municipales me parece más que de justicia, ¡de dignidad! Vamos a hacer que esas personas sean un poco más libres y los vamos a integrar más en la sociedad donde trabajan, contribuyen y necesitan prestaciones.

Algunos puede que digan que esto es difícil con la regulación de nuestra Constitución. Para ellos sólo unas líneas finales que les animen a una pequeña “investigación” en Derecho Constitucional e Internacional.

El artículo 13.2 de la Constitución establece que a los extranjeros tan sólo se les puede reconocer el derecho de sufragio en las elecciones municipales si hay acuerdo de reciprocidad con el país del que son nacionales. Pues bien, vean los Convenios de Cooperación y Amistad suscritos por el Reino de España con Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y, ¡especialmente! Chile (Convenio de 19 de octubre de 1990) y comprobarán lo fácil que es solucionar el problema con los nacionales de estos países. Si, además, comprueban que Chile aprobó ya dos leyes (la Ley 18.556 y la Ley 18.700) que reconocen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los extranjeros que hayan residido cinco años en su país, verán que las condiciones para que los chilenos voten en España ya están dadas.

Pese a los “pequeños disgustos” que en los últimos días hemos pasado con algunas medidas europeas, tanto el Pacto europeo recientemente firmado, que se ocupa de la inmigración de forma integral: organizar la inmigración legal, luchar contra la inmigración ilegal, control de fronteras, garantizar el retorno, favorecer la integración, colaborar con los países de origen y desarrollar política de desarrollo; como la Resolución para el derecho al voto de los inmigrantes en las elecciones municipales que hemos aprobado los socialistas españoles, podemos seguir pensando que nuestras sociedades desarrolladas y cultas sabrán dar una solución inteligente al reto de los flujos migratorios.

PENSANDO EN UNA REFORMA ELECTORAL

El sistema electoral es una herramienta en la democracia representativa de una gran importancia. Sirve para poder hacer presente la voluntad popular. Por tanto, es el instrumento que garantiza la legitimación del sistema, y posibilita la formación de gobiernos de mayor o menor estabilidad. Por lo tanto, con el sistema electoral siempre vamos a estar ante un modelo que prioriza la fortaleza de los partidos mayoritarios o la presencia en las cámaras parlamentarias de los grupos minoritarios. Por más vueltas que se le de al asunto estas son las dos grandes cuestiones que aparecen al hablar de procesos electorales, y la “dosis” que se ponga de cada uno de los dos modelos es lo que determina estar más cerca de un sistema o de otro.

Para todos aquellos que conocen un poco el Derecho electoral es sabido que hay dos grandes modelos electorales que, a su vez, admiten distintas variables: el modelo mayoritario, propio de la cultura anglosajona, que se fija sobre todo en la consecución de la representación y la garantía de gobiernos estables; y, el modelo proporcional, más cercano a la cultura continental Europea, donde prima la idea de representatividad y, por tanto, el sistema electoral busca ante todo la justicia electoral.

La Constitución española establece en el artículo 68 que los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La expresión anterior se ha convertido casi en una muletilla para definir el derecho de voto en nuestro sistema. De ella tiene sentido fijarse ahora en la idea de que el voto ha de ser universal e igual.

La universalidad del voto fue el primer intento para corregir el voto censitario propio de las constituciones liberales de finales del XVIII y principios del XIX. Aunque, ciertamente, fue un intento fallido puesto que para que los “privilegiados” pudieran seguir teniendo peso en las elecciones se ideó el voto múltiple o voto plural. ¡Bien simple el invento!: todos votan, pero algunos votan más.
El segundo paso fue decir que el derecho de voto tenía que ser además de universal igual. Entendida la igualdad como el trato formalmente idéntico para todos los electores en el reconocimiento del ejercicio de voto.

Las constituciones contemporáneas han asumido esos avances y en la actualidad decir que el derecho de voto es universal e igual se puede entender de dos formas: una estrictamente formal o de igualdad aritmética; es decir, que todos tiene derecho a participar emitiendo su voto en igualdad de condiciones. Otra de carácter material o igualdad de resultado; es decir, que la igualdad del voto no se garantiza tan sólo con el derecho de emisión, sino que debe haber también una cierta igualdad de resultados. Cuando se prioriza un sistema de igualdad formal es fácil poner en práctica sistema mayoritario puesto que garantizada la igualdad de emisión lo que se busca es la gobernabilidad. Cuando se prioriza un sistema de igualdad material es más frecuente poner en práctica sistemas proporcionales puesto que lo más relevante es conseguir un “reflejo” lo más ajustado posible en las instituciones a la realidad social; y por ello, se está más dispuesto a “sacrificar” niveles de gobernabilidad.

Cuando nos manejamos con un sistema electoral que produce situaciones de la siguiente naturaleza: En Madrid conseguir un escaño en las elecciones de 2008 costó 173.762 votos, mientras que en Soria bastó con 46.796 votos; un sistema que en esas misma elecciones ha dado una representación de 2 diputados para IU con 936.040 votos y una representación de 6 diputados al PNV con 303.243 votos, parece que tenemos un problema con la igualdad de resultado.

Sin duda que nuestro sistema electoral ha sido de gran utilidad para la conformación de gobiernos de gran estabilidad, no en vano si se analiza con cuidado, cosa que no puedo hacer ahora, ha funcionado en la práctica como un sistema mayoritario corregido. Desde luego, eso tenía mucho sentido cuando se aprobaron las primeras normas electorales que lo que buscaban como prioridad era asegurar la democracia en un país que salía de cuarenta años de dictadura, pero eso ha cambiado y, quizás por ello, nos podría hacer pensar sino debería cambiar también un sistema que restringe tanto la igualdad de resultados en el voto. No se ha de olvidar que el apartado 68.3 de la Constitución dice que la elección se verificara en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

Cuando se habla de reformas electorales se recurre siempre a reclamar el cambio de la fórmula de transformación de los votos en escaños, la famosa ley D´Hondt y, también es frecuente hablar de la apertura o el desbloqueo de las listas. Sin embargo, se suelen olvidar dos cuestiones que seguro, tampoco puedo desarrollarlo ahora pero basta con irse a la literatura especializada para comprobarlo, mejorarían mucho la proporcionalidad: el aumento de los escaños de 350 a 400 y el reparto de escaños a elegir por circunscripción. El aumento de 50 diputados supone una oportunidad de primar aquellas circunscripciones más pobladas sin la necesidad de restar a otras; la segunda, de mayor dificultad política soy consciente, supone replantearse el número de escaños mínimos que se asigna a cada circunscripción (ahora son dos) y el sistema de prorrateo de los escaños que se asignan a cada provincia según la población. Como decía, no puedo desarrollarlo ahora, pero con un sistema de 400 escaños y una formula de prorrateo de escaños por provincia que cambie la fórmula de cuota de reparto del actual artículo 162.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por un sistema de reparto inspirado en la fórmula D´Hondt Madrid pasaría de 35 a 45 escaños y Barcelona de 31 a 40 que, sin duda mejora mucho la proporcionalidad. La pregunta es: ¿estaremos en condiciones de alcanzar los acuerdos necesarios para hacer éstos y otros cambios que actualicen nuestro sistema electoral?

PASIÓN POR EL FÚTBOL, DESVARÍO EN LA POLÍTICA

Aunque pueda parecer paradójico, las pasiones y las emociones públicas se pueden gestionar de dos formas bien distintas: aquélla que busca tratarlas con cierta racionalidad, para que con ellas se engrandezca la unidad y la camaradería; y aquella otra, que pretende que sirvan para el enfrentamiento, la ruptura y el “choque de trenes”. Y si no, miren dos acontecimientos de estos días que, sin duda, han conseguido “calentar los corazones” en nuestro país: la selección de futbol y la afición española disfrutando de sus éxitos y el señor Ibarretxe y su referéndum sobre el derecho a decidir del pueblo vasco.

La selección española es motivo de un inteligente orgullo, porque ha mostrado un equipo generoso que ha hecho el mejor juego del campeonato, un entrenador lleno de templanza, humildad y control de la situación y, para rematar la jugada, una afición que se ha divertido, se ha enorgullecido con la victoria y, al mismo tiempo, ha ofrecido su alegría y su fiesta a los aficionados de los equipos rivales.

Por el contrario, Ibarretxe ha puesto en marcha una estrategia rupturista bien calculada. Una jugada para el “victimismo” y la división entre “buenos y malos vascos”. Un plan no para el acuerdo de un pueblo que lleva casi cuarenta años desangrándose, sino para intentar conseguir a la desesperada una pírrica mayoría electoral en las próximas elecciones.

Les tengo que confesar que yo no soy aficionado al fútbol. Pero también les digo que la calidad de juego y la profesionalidad e inteligencia de nuestros jugadores me han hecho estar pegado al televisor y enorgullecerme de esos chavales tan virtuosos. No menos me ha llamado la atención el comportamiento del entrenador, que, con discreción e inteligencia, ha llevado a su equipo por el camino del triunfo y, cuando los periodistas le ponían por “las nubes”, respondía con gesto de hombre curtido y sin ambiciones que “todo ha sido gracias a los jugadores y el sentido de equipo que han mostrado”. Finalmente, me ha sorprendido la naturalidad y el saber divertirse de la afición, que se ha alegrado y ha sacado su orgullo a las calles, no para enfrentarlo con otros, sino para confraternizar con los aficionados de todos los equipos.

Al final la copa y la alegría desborda. Los abrazos, las felicitaciones, los cánticos, incluso seguro que habrán aparecido algunas lágrimas de emoción y felicidad. Sin embargo, el cierre también nos ha reservado otro símbolo de grandeza, cuando Palop se enfunda la camiseta que llevaba Arconada en 1984 en aquel partido donde Platini, el mismo que este domingo tuvo que poner la medalla de ganadores a los jugadores españoles, nos coló el gol que nos dejó fuera del triunfo ese año. Sin duda estamos ante una generación de jóvenes futbolistas que no sólo juega bien al fútbol y lo disfruta, sino que tiene la grandeza de acordarse de sus mayores en la victoria. ¡Se puede pedir más!

Lo del “Plan Ibarretxe Dos” es otra cosa bien distinta. Estamos ante una Ley que el lehendakari se ha sacado del bolsillo del cálculo político cortoplacista. Y desde mi punto de vista, es el mejor ejemplo de cómo hay dirigentes políticos que no ven más allá de “sus narices” y de lo que a ellos les conviene, aunque sea lo peor para su pueblo. Es la estrategia de aquéllos que piensan que la mejor manera de obtener beneficios políticos es calentar los corazones y remover la irracionalidad pese a que estén cavando una inmensa sima que va a dividir mucho más a su gente.

El Señor Ibarretxe sabe que lo que plantea es un referéndum inconstitucional, aunque lo intente presentar como consulta popular. Pero mire usted, ¡si lo que está planteando es que mediante esa consulta se pueda decidir si Euskadi se independiza del resto de España! Y eso, se ponga como se ponga, no es comparable con la consulta que hace un alcalde a sus conciudadanos para conocer si quieren que se cambie el nombre de la plaza del pueblo.

Ibarretxe sabe todo esto, pero sigue… y lo hace porque su interés está en avivar los instintos más bajos de los vascos, su jugada es generar división y enfrentamiento, demonizar al rival político y esperar que la violencia que generan las pasiones sin control dé resultado electoral en las próximas elecciones. Pero, una vez encendido el fuego del agravio y puesto en marcha el “victimismo”, ¿quién lo podrá apagar? y ¿cómo? ¿No será entonces el tiempo de los violentos que raudos vendrán a mostrar al pueblo vasco que sólo su solución de fuerza puede acabar con las llamas que abrasan Euskadi? Pero claro, eso Ibarretxe no lo ha tenido en cuenta o le importa poco.

Con la selección de fútbol todos los españoles de buena voluntad nos hemos alegrado y sentimos un sano orgullo. Pero ¿qué va a pasar con el despropósito de Ibarretxe? Me temo que tan sólo nos queda aplicar la inteligencia del “sabio de Hortaleza”: todo lo que pasa conviene.

EUROPA Y LA DIRECTIVA DE EXPULSION DE INMIGRANTES

Europa se encuentra en una de sus encrucijadas más importantes desde hace décadas debido al fenómeno de la inmigración. No es una cuestión política más que los países y la Unión tienen que afrontar; estoy convencido que la gestión de la inmigración y las cuestiones colaterales que conlleva (pluralismo cultural y religioso, efectos en el mercado laboral, modelo educativo, etc.) van a marcar el futuro de la Unión Europea mucho más que los procesos de integración de nuevos países o la fortuna que tengamos en la aprobación de los sucesivos Tratados. Como ha dicho Enzensberger, Quién pretenda proteger (su civilización) ante eventuales ataques externos, se encontrará ante un dilema. Porque cuanto más intensamente se defiende y cuanto más se amuralla una civilización frente a una amenaza exterior, menos será lo que finalmente quede por defender. Y en cuanto a los bárbaros, no es necesario que esperemos su llegada; siempre han estado entre nosotros.

La semana pasada tuve el placer de publicar un artículo en estas páginas (en relación con el “no” irlandés al Tratado de Lisboa) en el que señalaba que el gran problema de la Unión es la falta de una ciudadanía europea lo suficientemente fuerte, consolida y comprometida para tomar decisiones políticas de gran importancia con una perspectiva que vaya más allá del “¿qué gano o pierdo yo con ese nuevo Tratado Europeo?” Pues bien, la nueva Directiva sobre inmigración ilegal nos coloca ante un asunto que puede servir para ver cómo actúa la Unión ante los problemas políticos que se le presentan y, con ello, para analizar el “pedagógico” mensaje que envía a sus ciudadanos.

La inmigración no es un fenómeno nuevo en Europa, más bien al contrario, es tan antiguo como el proceso de integración. Es cierto que no afecta de la misma forma a todos los Estados: algunos se han incorporado recientemente a esa situación y otros son, más bien, sujetos de emigración. Pero en cualquier caso, por lo que supone de desarraigo de las personas que están implicadas, por los efectos que produce en la población autóctona, las repercusiones económicas o las implicaciones en el mercado laboral y las políticas sociales, parece que es más que oportuno que se establezca una política común y global sobre inmigración para toda la Unión Europea.

Pues bien, lo que ha sucedido durante todo este tiempo es que Europa ha sido –sigue siendo- incapaz de plantear una política común y global sobre dicha materia. No se ha hecho nada global sobre inmigración. Sin embargo, la Directiva de la que ahora me ocupo tampoco es cosa nueva. Es tan sólo, un punto más en una estrategia de seguridad. Hay que recordar que el Consejo Europeo de Tampere de 1999 y el Programa de la Haya de 2005 ya trataron “la necesidad de una acción conjunta contra la inmigración ilegal y un procedimiento común en materia de asilo”. Pero si repasan con detenimiento estos documentos verán que no se refieren a la cuestión de la inmigración y el asilo de forma específica, al contrario, son documentos que se ocupan del desarrollo de las políticas relativas al espacio europeo de libertad, seguridad y justicia común, lo que en la “jerga” comunitaria se denomina Tercer Pilar. Por eso, el Programa de la Haya se ocupa de asuntos “tan estrechamente unidos” a la inmigración como la lucha contra el terrorismo, las formas para poder compartir información de privados entre Estados sin dañar los derechos individuales o la elaboración de un concepto común de delincuencia organizada. Y claro, en el marco de una política de seguridad, se vista como se vista el “muñeco”, es difícil plantear una política de inmigración que tenga en cuenta no sólo los problemas de la ilegalidad, sino también los efectos beneficiosos de la llegada de nuevas personas a nuestros países. Eso sin olvidar que, más allá de los problemas que puedan causar, debemos ser conscientes que no estamos hablando de mercancías o, peor aún, de delincuentes, sino de personas desesperadas por su situación que buscan donde poder sobrevivir.

A partir de aquí se entiende todo. La inmigración se contempla tan sólo desde la perspectiva de la seguridad. Por eso no debe extrañar nada del sentido último que tiene esta norma europea: restringir las condiciones de entrada a Europa, favorecer los procedimientos administrativos de expulsión y cerrar un poco más el derecho de asilo. En esa línea se encuentran las cuatro cuestiones fundamentales que plantea: el eufemístico “retorno voluntario”, la no menos eufemística “retención”, la prohibición temporal de readmisión y el aumento de la discrecionalidad en la suerte de los inmigrantes menores. Veamos cada uno de ellos:

Retorno voluntario

Que yo diría, mejor, “o te vas por las buenas o te echamos mediante un procedimiento de expulsión y lo que ello conlleva, ¡tú veras!” ¿Alguien puede pensar que me he extralimitado con el “género coloquial” para explicar el asunto? Pues vean. El artículo 6 establece que los Estados miembros expedirán la decisión de retorno voluntario. Eso sí, es tan voluntario que establece un plazo para salir del país, que no podrá sobrepasar las cuatro semanas. Además, el Estado puede retenerle la documentación, reclamarle una fianza, exigir que se presente periódicamente ante las autoridades o que permanezca en un lugar determinado…Todo ello “seguro que es para facilitarle la vida y sacarle el billete de avión”. Y no acaba aquí la cosa, el apartado 6.3 establece que la decisión de retorno se puede expedir mediante acto individualizado o, de forma conjunta con la de expulsión. ¡Todo voluntario!

La retención temporal a efectos de expulsión

Lo primero que hay que decir, y no es que lo diga yo, sino que lo ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que, por muchos subterfugios que se busquen, entre libertad y detención no hay situaciones intermedias. Luego la retención o el internamiento no son situaciones menos gravosas que la detención, son situaciones de pérdida de libertad con lo que conlleva de privación de un derecho fundamental y, muchos otros, que pueden ir parejos a él. Cómo se es consciente de la gravedad que entraña la medida de internamiento, los tribunales han señalado que se ha de aplicar con intervención judicial, ser proporcional a los objetivos que se persiguen y no más extensa que lo estrictamente necesario. Pues bien, la Directiva reconoce que la orden de internamiento la podrá expedir en caso de urgencia la autoridad administrativa (por un plazo de 72 horas) ¡nada de jueces! y en cuanto a la duración del internamiento se dice que será hasta seis meses prorrogable hasta dieciocho. ¡Una gran fineza en la determinación del tiempo de retención! Entre medio año y año y medio: parece que cuando han establecido esos períodos de tiempo se han olvidado de que estamos hablando de personas que, sin cometer ningún delito, se les somete a encarcelamiento. Nuevamente alguien volverá a decir que me excedo en mi género coloquial para criticar la medida. ¡Pues no! Porque la Directiva dice que en el caso de que un Estado no pueda “ofrecer” el internamiento en un centro especializado lo podrá hacer en un centro penitenciario (artículo 15.2).

Prohibición temporal de readmisión

En el debate de esta Directiva la medida de la prohibición de readmisión está pasando desapercibida pero es una de las cuestiones más graves. Estamos colando por la puerta pequeña el “delito de inmigración clandestina”. ¡Sí, eso es! Cómo usted ha sido sometido a un expediente de expulsión o ha sido “invitado a marcharse voluntariamente” le podremos aplicar la sanción de que no podrá presentarse en nuestras fronteras para acceder a Europa legalmente durante cinco años, o incluso más si esa persona constituye una grave amenaza para el orden público o la seguridad nacional (artículo 9.2). En Derecho eso del orden público y la seguridad nacional son conceptos jurídicos indeterminados que suelen gustar mucho a los gobernantes pero que para los ciudadanos no suelen comportar nada bueno. Más al contrario, en muchos casos arbitrariedad.

El aumento de la discrecionalidad en la decisión acerca la situación de los inmigrantes menores de edad. La protección de los menores es una cuestión que preocupa a todos los países desarrollados y, por supuesto, al Derecho Internacional. Basta con acercarse a la Carta de Derechos de la Unión Europea o a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Pues bien, la Directiva más allá de una declaración general para que se tenga en cuenta la Convención sobre los derechos del niño de 1989 de Naciones Unidas (artículo 5), no concreta nada. Es más, a la hora de entrar en materia lo único que encontramos es que los menores no podrán estar sujetos a internamiento en centro penitenciarios comunes. ¡Nada más y nada menos! ¡Que gran aportación! Pueden estar privados de libertad, pero nunca en una cárcel común con asesinos y ladrones y otro tipo de delincuentes.

Conclusión de todo esto. La Unión Europea no es capaz de ponerse de acuerdo para regular el fenómeno de la inmigración, le está desbordando y eso, en tiempos de crisis económica, preocupa especialmente. Ante esa situación ¿qué hace Europa? Intentar eludir el problema con el criterio siguiente: ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros en estos momentos? qué no venga más gente y que los que están sin papeles sean expulsados cuanto antes. Es decir, se desmonta todo aquello que exponíamos al inicio de que los poderes públicos deben ofrecer mensajes políticos positivos para la solución global de los problemas, para que los ciudadanos entiendan que Europa es algo más que “coge el dinero y corre”. Por eso, por mucho tiempo, los ciudadanos de Europa seguirán siendo, pese a lo que diga Maastricht, ciudadanos de cada Estado y a Europa se le verá como la “gran amamantadora” que cuando se queda sin alimento deja de ser útil. ¡Y claro, así no hacemos Europa!

PROBLEMAS PARA LA UNIÓN EUROPEA

La verdad es que la construcción de la Unión Europea no gana para sustos en los últimos años. Primero fue la negativa mediante referéndum de Francia y Holanda al Tratado Constitucional. Ahora es Irlanda, también mediante la voz directa de los ciudadanos, la que dice “no” al Tratado de Lisboa.

Es curioso que los dos tropiezos que ha tenido Europa en los últimos tiempos sean en dos circunstancias que actúan a favor de la participación y la capacidad de decidir de los europeos. Como decía, el primero se produce cuando se pretende aprobar un Tratado constitucional -o su alternativa (Tratado de Lisboa)- que lo que pretenden es mejorar los derechos de los ciudadanos (Carta de Derechos), reforzar la democracia de la Unión (fortaleciendo el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales) y simplificar el Derecho originario que “enreda” al europeo de a pie que no sabe donde están y cómo se aplican las normas de la Unión. El segundo, cuando son directamente los ciudadanos mediante referéndum, eso sí, no en su calidad de ciudadanos de la Unión, sino como franceses, holandeses o irlandeses, los que rechazan la apertura y la democratización de Europa.

Digo que estas dos circunstancias son curiosas porque resulta que, pese a la crítica ya manida de déficit democrático en la Unión Europea, cuando Europa se pone manos a la obra para solventar esos problemas con nuevas normas, y cuando se da la voz a los ciudadanos para que sean ellos los que las aprueben, es cuando se produce la negativa. “¡Claro!” -me dirán algunos-, precisamente por eso, cómo hay tanta “incomodidad” acumulada e impresión de “ninguneo”, cuando finalmente se da la oportunidad de pronunciarse a los ciudadanos éstos lo hacen, no ya pensando en la bondad de lo que se les presenta y en que son ellos quienes deciden, sino pensando que durante mucho tiempo “han pasado de ellos” y ahora es el momento de responder diciendo que “no”, “¡no a lo que sea!” “¡No a todo!”.

Bueno, seguro que de eso hay mucho. Pero tengo para mí que no es lo más importante. La Unión Europea es una estructura política de una gran complejidad, que toma decisiones que deben ser útiles para muchas personas con culturas y situaciones políticas y económicas muy distintas (ahora más con veintisiete miembros) y eso, todavía, no se ha entendido suficientemente. Digamos las cosas como son: la “apreciada” ciudadanía europea está en “pañales” mal que nos pese. La ciudadanía sirve para el reconocimiento de derechos de las personas que son miembros de los distintos países: circulación, voto, acceso a la administración, derechos sociales, residencia, etc. Pero la ciudadanía en su sentido republicano tiene un contenido mucho más profundo que, creo, viene muy a cuento ahora. Requiere de compromiso con la comunidad política de la que formas parte, de un individuo participativo que es consciente de que los derechos de los que disfruta se deben preservar mediante su aportación a la estructura y al funcionamiento de la organización política.

En tiempos de crisis, de dificultades, es complicado pedir compromiso y responsabilidad pública a los ciudadanos. Mucho menos cuando se tiene la sensación de que en los “buenos tiempos” se ha estado construyendo la casa común sin consultar ni tan siquiera dónde van a ir los cuadros y el resto de la decoración. Por eso, tengo la impresión que ahora, pese a que pueda parecer paradójico, es el momento de las decisiones políticas desde los Estados y de los liderazgos fuertes. Es el momento de que, siendo conscientes de que los ciudadanos “tienen ganas a los burócratas de Bruselas”, nos pongamos a trabajar con responsabilidad para cambiar las normas; es decir, para aprobar el Tratado de Lisboa, y poner en marcha la nueva Europa. No se ha de olvidar que el Tratado que está en cuestión ofrece grandes ventajas para los europeos y el proceso de integración y, sinceramente, creo que no podemos perder la oportunidad. Díganme si no están de acuerdo con lo siguiente:

-Se afirman, por vez primera, los fundamentos democráticos en que se basa la Unión (pluralismo, libertad, derechos humanos, justicia, Estado de Derecho, solidaridad y no discriminación, etc.), y se refuerza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos al incluirse la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado;

-Se establece una vinculación más estrecha de los parlamentos nacionales al proceso de decisión a escala europea: se crea un mecanismo de «alerta rápida» para el respeto del principio de subsidiariedad. Dicho mecanismo proporcionará a los parlamentos nacionales un camino directo para intervenir en el proceso legislativo;

-Se refuerzan los poderes del Parlamento Europeo con la generalización del procedimiento de codecisión y un derecho de decisión en materia presupuestaria igual al del Consejo;

-Se establece una mayor claridad en la atribución de competencias entre la Unión y los Estados Miembros, y entre las instituciones europeas;

-Se crean nuevas obligaciones para las instituciones europeas en lo referente a la consulta de la sociedad civil, la transparencia y el acceso a los documentos;

-Se refuerza la democracia participativa con la posibilidad concedida a los ciudadanos -si se reúne como mínimo un millón de ellos que representen un número significativo de Estados miembros-, de invitar a la Comisión a que presente una propuesta de ley que dichos ciudadanos consideren necesaria (petición legislativa).

Es cierto que hay descontento, pero el proyecto Europeo es tan grande y tan importante que no podemos renunciar a seguir construyéndolo. Desde luego que estamos pasando tiempos de dificultad y pesimismo. El referéndum de Irlanda es una dificultad más, pero de ningún modo el “tiro de gracia” a Europa, como algunos se han apresurado a decir, en una declaración que más parece que confundan sus deseos con la realidad.

ECONOMÍA PARA TIEMPOS DE CRISIS

“¡Es la economía, estúpido!” Estamos inmersos en un tiempo político sustancialmente distinto al de la Legislatura pasada. El Partido Popular se ha percatado de que el catastrofismo sobre las esencias de nuestra identidad como nación ha llegado a su fin, y de que el terrorismo, por más que pueda sembrar nuevos días de luto, está acabado. Por su parte, los nacionalistas periféricos, ante la ausencia del integrismo pepero, tampoco se encuentran en su mejor momento, y tanto en Euskadi como en Cataluña tienen que preocuparse más por los problemas cotidianos de la gente que por flamear banderas y llamar a la resistencia contra en centralismo español.

Pero esos cambios no suponen comodidad para el Gobierno. Muy al contrario. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Los adversarios de pose y artificio han fracasado, pero el gran adversario está empezando a enseñar sus fauces con toda crudeza. “¡Es la economía, estúpido!” Hemos cerrado un ciclo de expansión económica y la curva descendente ha aparecido casi sin darnos cuenta, cuando todos estábamos confiados por la situación de bonanza y estirábamos más nuestras posibilidades y las que nos ofrecían los bancos para mejorar nuestra calidad de vida y no tener que privarnos de nada. Ahora que tantos, confiados, habíamos contratado esas hipotecas a treinta o cuarenta años a un interés supuestamente casi insignificante, aparece la crisis, la inflación y la necesidad, según el Señor Trichet, de que los tipos altos sean un elemento más para moderar la tan temida subida de la inflación.

Tengo que confesarles que yo de economía no se ni jota. En estos asuntos siempre me he guiado por “la cuenta de la vieja”, por el criterio de un hombre de pueblo, o como dirían los iusprivatistas, por el actuar de un “buen padre de familia”. Para mí el secreto está en ahorrar y no gastar nunca más de lo que ganas, y, cuando necesitas comprar algo, ahorrar más para que, al ir por lo que quieres adquirir, puedas llevar el dinero por delante.

Claro que esta forma de guiar la economía personal, según los modernos que han hecho varios Masters en la universidad de Harvard, es rancia y anticuada. Por eso, ellos nos ofrecen estupendos productos financieros (sic) para garantizarnos una idílica vejez, fondos donde lo que vale uno se convierte en siete y artificios para que lo que cuesta diez nos salga por cinco o poder pagarlo como si así fuese (sic).

Pero desde la cultura económica de un hombre de pueblo tengo para mí que todo esto es una inmensa tomadura de pelo. Nos excitan la ambición y cuando estamos maduritos nos ofrecen duros a cuatro pesetas; caemos en la trampa y lo que realmente estamos haciendo es contribuir a crear grandes monstruos de capital que, como inmensas bolas de nieve, ruedan por el mundo de la economía especulativa poniendo en jaque a las economías productivas.

Durante años esos grandes fondos y esas grandes reservas de dinero que entre todos hemos creado y puesto en manos de muy pocos han servido para que la vivienda subiera un día sí y al otro también, pero el doble. Ahora que se han percatado de que ese sector empieza a dar señales de agotamiento, ¡pues nada!, nos vamos con nuestro dinero a otro sitio ¿Dónde? Me huele, con mi cultura económica de pueblo, que la subida de los alimentos de primera necesidad, las materias primas y los combustibles tiene mucho que ver con ese traslado del dinerito juguetón. Es más, tengo para mí que esa inversión a medio y largo plazo es la consecuencia de las subidas, más que la escasez de esos productos. Tenemos el petróleo a ciento treinta y nueve dólares porque algunos están invirtiendo en opciones de compra de ese producto para, dentro de unos meses, vender consiguiendo un buen beneficio. De esa forma, ¡espere y verán!, recalientan la economía, generan nuevos sectores de oportunidad de negocio con más rentabilidad (v.gr. nuevas energías o aumento de la producción agrícola) y, llegado el día, los que están calentando los sectores de las energías tradicionales y los alimentos se dan el piro a los sectores de nueva oportunidad (eso sí, previamente habiendo hecho caja…y volveremos a ver el petróleo a dieciocho dólares). ¡Al tiempo! Claro que mientras tanto, ¿cuántos de los que se han dejado embaucar por esos artificios que los modernos de Harvard les han mostrado como el Santo Grial para su vida feliz y llena de abundancia se habrán quedado por el camino?

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ha recogido en sus preceptos la necesidad de que en nuestro sistema educativo obligatorio se incluya la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Fundamentales.

Como es bien conocido por todos los interesados en estos temas, la puesta en práctica de dicha asignatura ha generado un gran debate entre partidarios y detractores de sus contenidos y de la conveniencia de que se explique en nuestros centros educativos.

Como en tantas ocasiones cuando hablamos de derechos y libertades fundamentales la cuestión está en la aparición de intereses que han de interpretarse de forma que puedan hacerse compatibles. En este caso no es menos:

Por un lado, está el derecho a la educación, reconocido en el artículo 27.1 Constitución como un derecho prestacional específico que hace nacer un derecho subjetivo en los ciudadanos y que, por lo tanto, ha de proveer el Estado (Sentencia del Tribunal Constitucional 86/85). Dicho derecho incluye el acceso a la enseñanza reglada que se ha de recoger en una programación general que debe aprobar el Estado (27.5 CE). Esos mismos poderes, además, tienen que inspeccionar y homologar el sistema educativo para que se cumpla lo previsto en la Ley (27.8 CE). Es decir, que se imparte la programación general aprobada por el Ministerio. También hay que tener en cuenta que la educación no sólo es un derecho, sino que también es una obligación: el artículo 27.4 de la Constitución establece que la enseñanza básica es obligatoria. Hasta aquí, siguiendo la letra de la Constitución, hemos dicho que la educación es un derecho que establece obligaciones de hacer para los poderes públicos (aprobar la programación, crear centros, inspeccionarlos y homologarlos, etc.). Pero también la Constitución establece algunos de los contenidos que ha de tener el derecho a la educación. El artículo 27.2 dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, los fines constitucionales de la educación no son neutrales desde el punto de vista funcional y axiológico, sino que la Constitución establece, como hemos visto, unos fines básicos que, cómo mínimo, ha de cumplir nuestro sistema educativo.

Por otro, esta la libertad de enseñanza (artículo 27.1 CE) y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 CE). El Tribunal Constitucional ha dicho que la libertad de enseñanza es una concreción de la libertad ideológica y religiosa prevista en el artículo 16 de la Constitución, que se plasma en el derecho a crear centros educativos (27.6 CE) y, para quienes llevan a cabo la acción de enseñar, hacerlo con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (artículo. 20.1.c. CE). También, como se apuntaba, libertad de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha dicho en innumerables ocasiones(vid. por todas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/1981, 77/1855 y 195/1989) que la libertad de enseñanza no debe hacernos perder de vista que el derecho a la educación no puede ser aséptica o meramente técnica; la enseñanza consiste en la trasmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores que, evidentemente, han de estar de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Constitución: desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. También el Tribunal Constitucional ha dicho en más de una ocasión que la actuación del Estado en la garantía de los derechos y las libertades no es de igual naturaleza: el ejercicio de derechos, con mucha frecuencia, necesitan de una configuración, un diseño y, por tanto, de la actuación del Legislador; en el caso de las libertades no es así, puesto que en muchos casos con ellas lo que se requiere es un dejar hacer para que los ciudadanos las ejerzan con plena libertad. Por tanto, es discutible que se pueda poner en pié de igualdad, respecto de la actuación del Legislador, el derecho a la educación en valores del 27.2 de la Constitución y la libertad de acceso a la enseñanza religiosa de los alumnos según las convicciones de los padres del 27.3 de la Constitución.

En consecuencia, la conclusión está bien clara. En la Constitución española de 1978 existe una moral pública reconocida. La que propugna que la persona y su dignidad se ha de desarrollar en una sociedad democrática de acuerdo con los valores de libertad e igualdad. Moral pública que requiere del respeto a los derechos y libertades públicas previstas en la Constitución como garantía de que la sociedad asegura la dignidad humana. Los poderes públicos no pueden hacer dejación de esa forma de actuar, el artículo 9.2 de la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos promover que las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en el que se integra sean reales y efectivas. Por eso, Educación para la Ciudadanía y los Derecho Fundamentales es una obligación para los poderes públicos, porque el artículo 27.2 de la Constitución mandata al Legislador para que se eduque en los principios democráticos y los valores constitucionales.

Finalmente, la conclusión anteriormente elaborada no es incompatible con el derecho de los padres para decidir sobre la formación religiosa o moral que reciban sus hijos. El Estado garantiza que a los niños se les educa en los valores constituciones y establece, también, la posibilidad de que puedan acceder a la educación religiosa o moral que hayan determinado los padres.