15.12.09

Clientelismo y corrupción política


En este largo fin de semana del puente de la Constitución los ratos que no me he ocupado de los placeres familiares, me he dedicado a la lectura de un par de libros sobre clientelismo y corrupción en la Italia de la década de los noventa, cuando el Juez Di Pietro puso en marcha la operación Tangentopoli contra los abusos de poder y apropiación de bienes públicos por destacados miembros de la política italiana de la época. Como muchos de ustedes recordarán, aquellos procesos judiciales acabaron con algunos de los partidos tradicionales –Democracia Cristiana, Partido Socialista- y ¡desgraciadamente! parece que poco hicieron para acabar con la corrupción, a la vista de cómo está “el patio” en el país hermano.




De todas maneras, de aquellos acontecimientos se han sacado interesantes conclusiones sobre el comportamiento de los partidos políticos en situaciones de corrupción que, tengo la impresión, son muy de aplicación para la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, que los denominados partidos de masas asentados en las reivindicaciones de miles de ciudadanos que se constituyen y se desarrollan con un proyecto anclado en unos principios claros y definidos; que se organizan mediante una estructura cohesionada que responde a la consecución de los objetivos de su proyecto político y que diseñan una estrategia capaz de servir para desarrollar una labor de oposición y, al mismo tiempo, construir una alternativa de gobierno, no existen.




En la actualidad la mayor parte de los partidos políticos se han convertido en organizaciones “archipiélagos” con múltiples centros de poder e influencia donde cada subgrupo actúa como facción en busca de sus intereses en la sociedad, el partido y las instituciones donde interactúan –y digo interactúan, porque viendo como se comportan algunos es difícil decir que hacen política-.




Por eso, lo que le interesa a los reyes de taifas de ese tipo de partidos no es tanto hacer políticas públicas en defensa de su ideales –libertad de mercado, defensa de la iniciativa privada, educación pública, sanidad, servicios sociales- sino ocupar las instituciones y los puestos que les corresponda en las Empresas, Cajas de Ahorro u otras organizaciones con individuos de su confianza más extrema. Puesto que el partido se ha convertido en una organización atomizada, disgregada y con escasos instrumentos de democracia interna, si consigo “colocar a los míos” en lugares de poder social o institucional me garantizo posibilidad de influencia y clientelismo tanto dentro como fuera de la organización.




Desgraciadamente, en estos momentos el clientelismo se ha convertido en una práctica política más común de lo que parece. No me refiero al clientelismo del señorito terrateniente y el campesino del siglo XIX, me estoy refiriendo a un clientelismo horizontal, entre sujetos que están en píe de igualdad, donde la práctica clientelar es la manera con la que los aparatos de esos partidos distribuyen recursos públicos y favores a cambio de apoyo electoral, es decir, utilizan patrimonialmente las instituciones con fines particulares.




Cuando una organización política no tiene principios ideológicos, no tiene un proyecto definido, no tiene una organización cohesionada e integradora, cuando su estrategia tan sólo responde al buen criterio del líder de turno y todo su poder está en las organizaciones publicas o privadas donde tiene consejeros y administradores las condiciones están puestas para que toda su política sea clientelar y más pronto que tarde se convierta en corrupción.




Es cierto que en muchos casos el clientelismo no es una práctica ilegal pero es siempre una actuación ilegítima que se aprovecha de que se han “colonizado” las instituciones y las empresas públicas con individuos a fines para llegar con más facilidad a los ciudadanos y conseguir su simpatía y, a poder ser, su voto (es lo que hacen algunos alcaldes en campaña electoral que se meten en el hogar del jubilado del pueblo o el consejero de una radio televisión que presta especial cuidado a los intereses del partido que le ha propuesto para ese cargo cuando llegan unas elecciones).




Pero normalmente la cosa no acaba ahí. Si las campañas electorales son costosas, los gastos cuantiosos, las aportaciones de los militantes testimoniales, tanto en lo material como en su compromiso personal, y las necesidades para llegar a una sociedad compleja y populosa ingentes las condiciones están servidas para que el “cliente”, que en muchos casos son grandes empresas con medios personales, económicos y materiales muy por encima que unos partidos de “cuadros anoréxicos” instalados en las instituciones y en las empresas públicas, se convierta en “proveedores” que facilitan los actos públicos, organizan los mítines, las reuniones de afiliados, las fiestas con electores y aporten sustanciosas cantidades que equilibran las cuentas maltrechas por las campañas electorales.




Por supuesto, tampoco faltarán los “listos” que gestionan “el negocio” y que pronto se hacen la cuenta que puesto que lo que hacen por el partido mancilla su integridad y se colocan en disposición de acabar en la cárcel lo mejor es hacer de cuando en cuando algo por su interés personal. Les puedo asegurar que todo lo que les he relatado son categorías generales que se compusieron del comportamiento ilegal, ilícito e ilegítimo de los partidos políticos italianos después de analizar todo lo que la Tangentopolis ofreció.




Ahora bien: ¿no les parece a ustedes que el comportamiento de algunos en nuestro país y, en especial en Madrid, tiene un gran parecido? Pues tomemos ejemplo y no tropecemos en la piedra que otros ya han manchado con la dignidad de la POLÍTICA y la confianza de los CIUDADANOS.



PD: Homenaje en el 9 de diciembre. Día Internacional contra la Corrupción

Sí a la reforma de la Ley 15/1997


La semana pasada estuvimos de enhorabuena la mayoría de los socialistas madrileños. Pudimos disfrutar del primer paso para poner coto a uno de los dos atentados más grandes que en nuestra Comunidad se está dando al Estado Social, que tan costosamente construimos en las décadas de los 80 y 90: nuestro servicio público sanitario.




El artículo 43 de la Constitución establece que los poderes públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de los servicios necesarios. Algunos piensan que este artículo queda cumplimentado siempre que exista un sistema sanitario con financiación pública, aunque esté gestionado por empresas privadas.




Sin embargo, los socialistas siempre hemos pensado que lo que el artículo 43 de la Constitución establece es que además de la financiación del servicio se requiere que su provisión, es decir la gestión, sea fundamentalmente pública. Y aquí está el mal de lo que está sucediendo en Madrid. Doña Esperanza Aguirre está llevando tan lejos su afán privatizador de la sanidad que muy pronto no estará garantizado el mandato constitucional: que la provisión del servicio sanitario sea fundamentalmente público.




Soy consciente que el argumento anterior es meramente técnico, que lo que interesa al usuario al analizar uno u otro sistema son los efectos en la calidad de la sanidad que se presta y los coste que el servicio conlleva a las arcas públicas. Pues bien, aquí también, frente a lo que machaconamente dice la presidenta, los resultados son significativos.




El aumento de hospitales de gestión privada como el de Parla y de concesión administrativa como el de Valdemoro absorbe una cantidad tan grande de dinero que se transfiere a las empresas que no le queda más remedio a la Comunidad que reducir recursos humanos y materiales en los hospitales públicos tradicionales (Ramón y Cajal, La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Móstoles) sin que ello suponga un aumento de camas, de reducción de listas de espera o de más y mejores especialidades. Además, es un modelo que no garantiza la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, muy al contrario, los resultados que tenemos de lo que hasta ahora se ha hecho demuestra que el pago del canon que la Comunidad de Madrid tendrá que hacer a las empresas privadas que tienen la concesión o han realizado los centros va a salir a las arcas públicas tres o cuatro veces más caro que si se hubieran construido y gestionado públicamente.




Por ello, los socialistas creemos que la privatización de la sanidad pública no es la solución. Que la mejora del servicio sanitario y su sostenibilidad pasa por una financiación suficiente y una gestión eficiente. La financiación suficiente debe encuadrarse en el contexto de una fiscalidad progresiva y una priorización de la sanidad en el marco presupuestario. La gestión eficiente exige abordar en profundidad reformas en la estructura, organización y funcionamiento de los centros asistenciales; ello debe hacerse con la necesaria complicidad de los profesionales fomentando su real participación en la organización de sus actividades y su colaboración con la gestión de los centros.




Por todo lo anterior, muchos socialistas de Madrid estamos contentos porque se haya aprobado la toma en consideración de la reforma de la Ley 15/1997. Ahora toca que todos estemos a la altura de nuestros principios y trabajemos por una reforma de dicha norma que garantice que no pueda seguir desmantelándose un pilar básico del Estado Social: la sanidad pública de calidad. Los ciudadanos nos premiarán o castigarán por lo que hagamos en 2011.

10.12.09

Grito por la Universidad


El viernes pasado, en una reunión de universitarios de Madrid con el director general de Relaciones Internacionales, José Manuel Martínez Sierra, tuve la oportunidad de conocer cómo se está implementando el proceso de creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior en las universidades madrileñas (el llamado Plan Bolonia). Y la verdad, ya les puedo adelantar que, no sólo por lo que nos transmitió el director general, sino también por lo que expresaron algunos de los responsables de los centros universitarios que participaron en la reunión, la situación es más que preocupante.




Aunque no han faltado los críticos a Plan Bolonia, unos desde el desconocimiento de lo que supone y otros por apuntarse a conspiraciones estrambóticas de manipulación y control internacional, lo cierto es que la Convergencia Europea en Enseñanza Superior es una de las apuestas educativas y de integración en Europa más importantes que, quizás, haya hecho nunca la Unión Europea.




La igualdad de oportunidades en la formación y el acceso al trabajo será mucho más fácil con un sistema universitario que permita la movilidad de los estudiantes, los docentes y los investigadores. Pero para que esta movilidad se produzca no basta con superar la barrera idiomática; se requiere un complejo proceso de convergencia en la estructura de la enseñanza superior que se imparte en toda Europa. Para ello, se han reformado en España los planes de estudio y se han creado los grados y posgrados que suponen adaptarse al modelo de títulos europeos. Se han puesto en marcha agencias y organismos capaces de evaluar con criterios similares al resto de los países la calidad de los estudios y se ha establecido un nuevo sistema de trabajo en las aulas con nuevas técnicas docentes y valoración del trabajo de los alumnos.




Como decía, la Convergencia Europea en Enseñanza Superior es un gran y apasionante reto para la universidad española que, todo hay que decirlo, aunque había progresado mucho en los últimos treinta años, no está precisamente en el mejor puesto del ranking mundial.




Si apasionante es el reto en España, no menos importante lo es en Madrid. La Comunidad de Madrid tiene trece universidades (seis públicas y siete privadas) y como se ha dicho tantas veces, y tan poca atención se presta desde las instituciones, esas universidades son uno de los valores añadidos más notables de nuestra Comunidad.




La política universitaria es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Las universidades gozan de autonomía para su gestión en el marco de esa política. Por eso, dejando claro lo anterior, tengo que recordar una vez más, pero quizás en un momento más desesperado por los cambios que se están produciendo, que la financiación es una cuestión prioritaria que debe afrontar esa política universitaria.




Los rectores y la comunidad universitaria madrileña llevan mucho tiempo diciendo que implantar Bolonia no se puede hacer a coste cero. Ahora que estamos a un año de su culminación muchos de esos rectores se están dando cuenta que efectivamente no se va a hacer a coste cero, se hará con fuertes recortes en su presupuesto. Como muestra un botón: los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2010 reducen la inversión en universidades casi un 4 por ciento. Para algunos centros, y he tenido oportunidad de saberlo directamente de algunos decanos, esos recortes llegarán hasta el 40 por ciento.




¿Alguien cree que, salvo voluntarismo de la comunidad universitaria o un milagro, se puede llevar a buen término la convergencia europea en estas condiciones? Sinceramente yo creo que no. Y puesto que la cuestión es de una importancia capital para Madrid y el futuro de nuestra universidad, con estas palabras quiero mostrar mi denuncia a la desidia y abandono que la Comunidad está sometiendo a las universidades. También, para decirlo todo, tengo que mostrar el diferente comportamiento que está realizando el Ministerio de Educación en este tema, en muchos casos sobrepasando sus competencias.




Dos ejemplos: los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 incluyen un importante aumento en política universitaria, más del 8 por ciento respeto al 2009, y con ello se van a seguir aumentando las becas; por ejemplo, las becas préstamos-renta que tan importantes son para los estudiantes que quieren salir a otros países a completar su formación (en Madrid este aumento de las becas supondrá 160 millones más que el 2009). También se ha puesto en marcha el proyecto de Campus de Excelencia Internacional que incentivara la calidad y la modernización de las universidades (150 millones de euros más).




El Ministerio está haciendo todo lo que puede para que la convergencia europea no naufrague, las universidades y los rectores también, hasta el punto de reclamar que les dejen pedir préstamos a los bancos para financiar sus necesidades, ahora bien, la pregunta es ¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en materia universitaria y quien más interesada debería estar en que un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestra Comunidad supere esta situación? Me temo que nada. ¡Desgraciadamente!