Respeto a las reglas en las elecciones municipales

En democracia las normas que establecen los procedimientos para el desarrollo de la actividad política han de ser consensuadas y una vez aprobadas todos deberíamos juramentarnos para no violarlas, no manipularlas y actuar en su interpretación con lealtad y total respeto. Que nadie lo olvide, si la confrontación política se lleva a las reglas de juego se pone en cuestión el sistema y perdemos todos.

Lo anterior viene a cuento por los nervios que se están empezando a detectar en algunos partidos políticos ante la entrada en vigor de las previsiones de la reforma de la Ley Electoral en materia de inauguraciones, primeras piedras, campañas de logros -prohibidas desde el 29 de marzo- y sobre publicidad en la “precampaña” -prohibida en el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña propiamente dicha, desde el 29 de marzo hasta el 6 de mayo-.

Que yo sepa, todos estábamos de acuerdo en que se tenía que acabar con las prácticas populista y de utilización de las Administraciones Públicas para que, mediante campañas de inauguraciones, corte de cintas, puesta de primeras piedras y actos de balance de gestión, desde las Administraciones y con dinero público se diera una evidente cobertura a la campaña electoral del partido gobernante.

De igual forma, todos estábamos de acuerdo en que era inaceptable que las campañas de publicidad que los partidos políticos desarrollan en la campaña electoral propiamente dicha -15 días antes de las elecciones- no deberían extenderse a todo el periodo electoral –desde el mismo día de la convocatoria de las elecciones- puesto que ello, además de generar ingentes gastos que son poco justificables en tiempos de crisis, someten al ciudadano a un bombardeo de eslóganes y clichés reduccionistas que impiden un conocimiento profundo y de detalle de las propuestas políticas.

Las previsiones de la Ley Electoral son claras: En cuanto a los actos de balance de gestión, inauguraciones y primeras piedras, la prohibición es total, puesto que no son más que una forma encubierta de publicidad para el partido gobernante. Eso no impide, obviamente, que las obras y los servicios se pongan en funcionamiento para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos. En cuanto a la publicidad, en lo que se ha llamado periodo “preelectoral”, se establece la prohibición de la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones.

Pese a que la voluntad del Legislador ha sido muy clara, basta con interpretar los preceptos de la Ley de acuerdo con la declaración que se hace en el Preámbulo, puedo entender que se presenten zonas de penumbra que deban ser aclaradas. Pues bien, no hay problema, para eso está la Junta Electoral Central que en ejercicio de sus competencias hace unos días emitió dos Instrucciones donde disipaba las dudas que sobre estas cuestiones se estaban planteando.

Sobre las “campañas de logros” y las “inauguraciones” la Junta Electoral ha señalado que de acuerdo con el artículo 50 puntos 2 y 3 quedan todas prohibidas salvo aquéllas que deban realizar los poderes públicos que hayan convocado el proceso electoral y estén previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre cuestiones electorales, así como aquellas campañas que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interés público o el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

Sobre las campañas de publicidad en el período “preelectoral” la Junta Electoral ha dicho:

-“Que durante ese tiempo las formaciones políticas y las candidaturas no podrán contratar directamente ni a través de tercero, espacios, soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares, públicos (jardines, plazas, parques, etc...), ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos para la presentación de información ("mupis"), objetos publicitarios iluminados ("opis"), cabinas, medios de transporte o similares. Tampoco está permitida la inserción de anuncios en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios en Internet ("banners"), o en canales comerciales de televisión, o en otros soportes en medios digitales.

-Tampoco se considera permitido en el período indicado el reparto con fines de propaganda de material diverso como llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u otros objetos similares, que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política, ni la exhibición de fotos de los candidatos o de carteles con la denominación, siglas o símbolos de una formación política en el exterior de domicilios privados.

-En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con anterioridad a ésta, deberá ser inmediatamente retirada, siendo, en todo caso, responsable a efectos de la Administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiera la propaganda”.

Puesto que la voluntad del Legislador se ha expresado con claridad: evitar las prácticas antes citadas que rompían la “igualdad de armas” en los procesos electorales y aumentaban exponencialmente los gastos electorales, y la Junta Electoral Central ha interpretado aquellas cuestiones que presentaban cierta duda, ahora tan sólo queda que todos nos comportemos con lealtad y respeto a las reglas de juego. De no ser así, seguro que “enredaremos” la campaña electoral y el ciudadano harto de nuestras “pequeñas trifulcas” acabará “mandándonos a todos a la porra”.

Reflexiones incómodas sobre economía

Ahora que estamos inmersos en una precipitada carrera para la recapitalización de las entidades financieras como solución a los problemas de nuestra economía, me viene a la cabeza una reflexión “molesta” que he tenido la suerte de leer en una obra de Zygmunt Bauman y que querría compartir con todos aquéllos que estén dispuestos a pasar un rato con un profano en economía. ¡Advertidos quedan!

La crisis financiera internacional en la que estamos metidos desde 2008 no era tan imprevisible como muchos han intentado hacernos creer. Muy al contrario, es el resultado lógico del modelo capitalista posesivo y radical al que hemos confiado desde hace muchos años nuestra suerte y nuestro futuro en lo económico y lo social.

Vaya por delante que toda crítica al capitalismo no supone por mi parte simpatía alguna por el modelo del llamado “socialismo real”. Éste fue un sistema que con la promesa de que alcanzaríamos el reino de la libertad nos echaba en manos de quienes lo único que pretendían era cercenar las libertades y someter a la “esclavitud” a los individuos. Sin embargo, eso no debería impedirnos ver que el capitalismo lleva en su interior el “gen” de la destrucción y, lamentablemente, si no se ponen las medidas para neutralizar esa célula patógena, su expansión nos llevará una y otra vez a caer en profundas crisis.

Dicho toscamente, el capitalismo es un modelo económico que se sustenta en la ambición humana desmedida y que se hace exitoso cuanto mayor es la concentración de riqueza que consigue. Por ello, como dijera Rosa Luxemburgo, el capitalismo actúa como un “sistema parasitario” que prospera siempre que encuentre un organismo del que poder alimentarse. Necesita de economías “precapitalistas”, “tierras vírgenes” que poder colonizar para seguir generando concentración de capital. El resultado, tras el paso del capitalismo por esas tierras “inexploradas”, es la transformación de éstas en un desierto en el que es difícil que vuelva a germinar semilla alguna.

Al inicio del siglo XX el capitalismo se extendía en las “nuevas tierras” que eran ocupadas para la colonización y en los países que nacían a la vida independiente. La fórmula del sistema económico que se aplicaba era bien simple: cubrir las necesidades que esas nuevas sociedades tenían. La oferta se adecuaba a la demanda. Sin embargo, décadas después, cuando ya esas “nuevas tierras” han sido plenamente colonizadas y esquilmadas, el capitalismo requiere nuevos campos en los que el modelo siga floreciendo. Si en el planeta ya no hay más tierras vírgenes que ocupar la solución se ha de buscar en las propias sociedades desarrolladas. Para ello, se necesita cambiar el orden en las prioridades vitales. Si el modelo económico hasta ese momento había funcionado adaptando la oferta a la demanda, en el “nuevo tiempo económico” lo que se tiene que hacer es generar demanda para que la oferta funcione a pleno rendimiento.

La idea anterior es mucho más que una “estrategia económica”: fue nada más y nada menos que un cambio de paradigma económico y modo de vida. Mediante esa estrategia hemos pasado de unas sociedades de productores a otras de consumidores. El objetivo del nuevo modelo es contar con personas que nunca colmen sus necesidades. Lo importante es que todos vivamos enganchados a nuevas y permanentes necesidades que debemos satisfacer cada día (una nueva casa, unos nuevos electrodomésticos, un nuevo coche, ropa de temporada o una mejores vacaciones). ¿Pero cómo es posible vivir haciendo frente a los ingentes gastos que la nueva cultura nos reclama? El invento para solucionarlo fue el CRÉDITO: si necesitas consumir y no tienes dinero, no hace falta que esperes a conseguirlo, los bancos te lo prestan.

En la sociedad clásica, no era así: cuando se tenía necesidad de consumir, lo primero que se hacía era trabajar, apretarse el cinturón, privarse de otras cosas y esperar a reunir el dinero suficiente para poder hacer frente al gasto que conlleva lo que se ha decidido adquirir. Era la cultura de una persona precavida, ahorradora, respetuosa con los tiempos y consciente del valor de las cosas. Ahora, gracias a los bancos y a sus créditos, no se tiene que esperar, basta con acercarse a una de sus oficinas y pedir cuanto se necesita. -En tiempos no muy lejanos las entidades financieras no sólo te prestaban dinero para lo que le pedías sino que aprovechaban la ocasión para ofrecerte más aún para gastos complementarios-. Es una cultura en la que lo importante es el deseo y la voluntad de satisfacerlo y en la que el valor se aleja del precio puesto que se cuenta con quién está encantado de prestar el dinero que necesitas. Por eso, durante muchos años, mercancías que tenían un valor limitado aumentaron exponencialmente su precio.

Durante varias décadas hemos vivido alimentando una economía sustentada en el consumo permanente y desenfrenado. Pero esa forma de vivir no ha sido un capricho de las personas, fue una estrategia del capitalismo que necesitaba “nuevos campos que colonizar”, ahora en forma de ávidos consumidores que aseguran que las fábricas trabajan a pleno rendimiento y los productos salen de los almacenes, al tiempo que los bancos mediante la generación de “deudores permanentes” viven felizmente de los intereses de los créditos.

Durante todo este tiempo se ha estado atizando el deseo de consumo para que todos, jóvenes y mayores, ricos y pobres, blancos y negros, nos convirtiéramos en una “raza” de deudores. “El mundo es de la deuda y nadie debería vivir sin estar endeudado” ha sido el lema durante estos años. Por eso, no han faltado los “productos financieros” que facilitaban esa situación – leasing - y eran muy frecuentes las penalizaciones a aquellos clientes de bancos que pretendían cancelar sus créditos. El problema, como cuando se agotaron las “tierras vírgenes” a mediados del siglo pasado, es que ahora también se empiezan a agotar los potenciales deudores: ya no cabe seguir alimentando el sistema con más y más grandes deudas al tiempo que aparecen los impagos y los bancos no saben qué hacer. Por eso recurren al Estado y a las reservas monetarias de los países, porque, puesto que han esquilmado el mercado del crédito privado, la única forma de seguir adelante es que los países gasten sus ahorros y aumenten su endeudamiento para absorber la que ellos han generado.

En definitiva, lo que está sucediendo es que el capitalismo nuevamente no ha sabido controlar su célula autodestructiva, que se ha extendido y provocado una enorme metástasis en la economía global. Y puesto que no se adivinan soluciones todo se fía a estabilizar el modelo inyectando dinero y esperando que el deseo y el consumo activen las cadenas de producción de nuestras fábricas nuevamente. ¡Craso error! Eso tan sólo será un “parche” que nos pondrá en el camino de la próxima crisis que, puesto que el mercado del crédito ya está saturado, se producirá en mucho menos tiempo y con más intensidad.

Mientras tanto, nada se dice y menos se hace sobre los verdaderos problemas de nuestro mundo: el cambio climático, los movimientos migratorios, el hambre, las guerras y el avance de las desigualdades. Para hacer frente a estos problemas, se necesitaría un nuevo cambio de paradigma y, lamentablemente, la ambición humana y la voluntad de concentración de riqueza propia del capitalismo no tienen interés alguno en auspiciarlo.

Para lograr ese cambio de paradigma se requeriría activar en nuestras sociedades unos parámetros vitales muy distintos a los actuales: la sensibilidad ante las desigualdades, la injusticia, la opresión, la valorización de la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona. ¡Pero a quién interesan estos valores sino a socialistas trasnochados, a monjes, pacifistas y ecologistas visionarios! En definitiva, a gentes que no están en el sistema. Por lo tanto: ¡Sigamos con lo nuestro!

Racionalidad en el Estado Autonómico

Racionalidad en el Estado Autonómico

El autor defiende el modelo de las autonomías frente a las tensiones generadas por centralistas e independentistas. Señala que el gran reto para los próximos años es configurar un modelo de financiación más equitativo y solidario.

La ordenación territorial del Estado ha sido uno de los grandes problemas del constitucionalismo español en los últimos 200 años. El siglo XIX y la mayor parte del XX han estado protagonizados por políticas que han negado la libertad, la democracia y los intentos de autonomía de parte de los territorios de España. Frente a los absolutismos, las dictaduras y las libertades tuteladas que generaron opresión y ahogo político no faltaron reacciones desaforadas: cantonalismo, anarquismo o independentismo.

El constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y supo que tenía que establecer una solución al problema territorial que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías que quedaba definido en dos grandes principios acompañados de otros dos complementarios: se reconoce la unidad España -patria común e indivisible de todos los españoles- y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Por tanto, la solución al problema territorial se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política.

A esos dos grandes principios hay que añadir los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además se reconocía la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre los entes autonómicos y el Estado.

Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los 80, con la aprobación de los estatutos de autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante tres décadas, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, hemos construido una nueva organización territorial que comparada con la que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente es para estar más que contentos.

Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado dos fuerzas que desde los extremos ideológicos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismo o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.

Ambos extremos se plantean la cuestión territorial en clave de oportunidad política. Desprecian las infinitas mejoras en la convivencia cívica y la racionalización en la acción de las administraciones públicas. Apuestan por la tensión y el enfrentamiento entre ciudadanos y territorios como la mejor garantía de que un día sus postulados se alzarán victoriosos. Por ello, pese a que la descentralización que se ha realizado en nuestro país durante estos años es incomparablemente positiva respecto de cualquier otro momento histórico, y muchos nacionalistas de la década de los 70 no podían llegar a soñar el nivel de autogobierno que han conseguido sus territorios, sus reclamaciones no se han moderado, muy al contrario, se han agudizado hasta el punto de que hoy día ya sólo les queda reclamar directamente la confederación o la secesión. Situación que, sin duda, es problemática: no olvidemos que el Estado autonómico se configuró en la Constitución del 78, en parte, para satisfacer el ansia de autogobierno del nacionalismo vasco y catalán.

En la legislatura pasada, pese al ruido y los errores que llevó consigo la reforma del Estatuto Catalán, se completó de forma muy positiva parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los estatutos de muchas comunidades. Este proceso iniciado hace unos años ha de continuar con la reforma en aquellas otras comunidades que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es urgente por más que las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid nada digan sobre la materia).

En la legislatura pasada también se aprobó un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, quizás con menos fortuna y con el pecado que todas las reformas en esta materia han tenido hasta ahora: la temporalidad y el casuismo. Por eso sería conveniente que en los próximos años nos esforzásemos en la consecución de un sistema de financiación suficiente, corresponsable, general, estable y transparente. La experiencia de negociaciones tan densas como conflictivas a propósito del periódico reparto territorial de los fondos públicos, con un déficit muy considerable de comprensión pública, invita a una regulación que vaya más allá de la mera enunciación de grandes principios en el artículo 156 de la CE. El vigente modelo de financiación, siempre pendiente del juego de los pulsos de poder, debería dar paso a un nuevo modelo con los perfiles básicos establecidos constitucionalmente: el grado de corresponsabilidad fiscal -porcentaje de participación territorial en los impuestos principales-, los criterios de distribución de gasto para asegurar la financiación de servicios básicos -como la población, el perfil demográfico, la dispersión o insularidad…-, así como la naturaleza de los Fondos de Nivelación y Suficiencia que han de garantizar la solidaridad, la cohesión y la igualdad. Un modelo que no debe olvidar que es al Estado al que le corresponde establecer las bases y la coordinación en la planificación general de la actividad económica y, por ello, las grandes cuestiones que afectan a la organización y estrategia económica de España se deben determinar desde el nivel estatal (por ejemplo, niveles de déficit o deuda de las administraciones públicas).

A estas dos importantes cuestiones -modernización estatutaria y financiación- habría que añadirle otras dos que no lo son menos para empezar a pensar que se puede culminar racionalmente el modelo territorial. En primer lugar, un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para cubrir las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que hacer frente y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles.

Y en segundo término, la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las autonomías y éstas entre sí: reforma del Senado, conferencias de presidentes, fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y la colaboración. Estas reformas deben surgir del artículo 2 de la Constitución, que además del derecho a la autonomía habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.

La cooperación, la coordinación y las técnicas para resolver los conflictos son clave en un Estado compuesto, y su desarrollo debería ir más allá de un proyecto político y convertirse en cuestión de Estado. Una organización territorial que se sustenta sobre un fino equilibrio entre unidad y autonomía, que tiene que evitar la estrategia de los uniformadores que niegan la pluralidad cultural de los diversos territorios de España y su capacidad de autogobierno, y a los disgregadores que pretenden romper el pacto constitucional negando España o considerándola una nación residual, no puede mantener en un segundo plano los instrumentos políticos y jurídicos que sobre la base de la lealtad institucional y constitucional ha de servir para generar eficiencia en el sistema y resolver los problemas que son consustanciales a todo Estado descentralizado.

Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En 30 años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los 180 anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural.

Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos.

En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad y tacticismo con todo lo relacionado con España y las autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es la que sirve para construir sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos, un espacio de convivencia y de desarrollo colectivo donde el individuo y sus derechos sean el centro de la acción política.

Elviro Aranda es profesor de Derecho Constitucional, diputado nacional del Grupo Socialista y portavoz adjunto de la Comisión Constitucional.

Publicado en el diario “El Mundo” el 9 de marzo de 2011.