EL BLOG DE ELVIRO ARANDA ÁLVAREZ

Un nuevo impulso democrático para España

2011-07-12T11:28:00.002+02:00

La ilusión por conquistar la democracia en España activó durante la Transición y el proceso Constituyente a miles de hombres y mujeres progresistas. Ciudadanos que pusieron todo su esfuerzo y lo mejor de su capacidad intelectual para transformar un Estado autocrático en una democracia parlamentaria equiparable a las de nuestro entorno político y geográfico. De aquél esfuerzo progresista, junto con los sectores conservadores demócratas, salió una Constitución que durante 33 años ha sido un ejemplo de inteligencia jurídica para hacer que un país casi tercermundista se convirtiera en una Nación referente político, social y cultural en el mundo.

Pero transcurridos esos años, los tiempos han cambiado sustancialmente. La democracia, afortunadamente, se ha consolidado en España y la sociedad reclama cosas bien distintas a las de hace tres décadas. Por eso, creo que desde el punto de vista institucional hay tres grandes cuestiones que ocuparon la atención del Constituyente del 78 que convendría analizar y actualizar a la realidad política y social de la España del siglo XXI: el sistema electoral, los partidos políticos y el funcionamiento del régimen parlamentario.

El sistema electoral. Es conocido por todos, que tanto el Constituyente como previamente la Ley para la Reforma Política y el RD 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, tenían muy claro que el establecimiento de un régimen electoral capaz de conformar mayorías parlamentarias estables y que consolidase los partidos políticos era esencial para afianzar la democracia en España. Por ello, un sistema electoral como el que tenemos: con la provincia como circunscripción, con la asignación de dos representantes fijos por provincia y la fórmula D´Hont como sistema de transformación de los votos en escaños, responde a esa finalidad de estabilidad y afianzamiento democrático. De hecho, los objetivos se cumplieron con creces en las primeras elecciones democrática (15 de junio de 1977) cuando se eligió un Congreso de los Diputados con 165 diputados de la UCD, 118 del PSOE, 20 del PCE, 16 de AP, 6 PSP, 11 PDPC y 8 del PNV, además de otras fuerzas menos significativas. La relación de fuerzas se puede decir que fue “perfecta” para el proceso constituyente que se iniciaba: dos grandes partidos de centro, uno de centro derecha (UCD) y otro centro izquierda (PSOE), dos fuerzas a sus extremos: AP y PCE y dos fuerzas que representaban el nacionalismo catalán (PDPC) y vasco (PNV). El objetivo de ese modelo electoral, como decía, se cumplió a la perfección: se consiguió un parlamento plural y estable que hizo una gran Constitución y ha servido durante estos años para consolidar la democracia y el modelo de partidos en España.

Pero 33 años después tenemos una nueva necesidad: los ciudadanos reclaman una participación más directa en los procesos electorales y en las decisiones políticas generales. Están cansados de un sistema electoral “cuasi plebiscitario” y desean poder incidir más con su voluntad en la conformación de las Cámaras parlamentarias. Por ello, los socialistas que siempre hemos sido “punta de lanza” en el cambio político en España, debemos hacer nuevas y valientes propuestas en el sistema electoral que se ajusten al sentir y las necesidades de la población. Para ello, abrir las listas al Congreso de los Diputados, establecer un sistema de restos nacional para compensar a las fuerzas políticas que tienen muy disperso su voto o estudiar un modelo “proporcional personalizado”, como el alemán, que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir parte de los representantes de forma directa y otra parte mediante el sistema tradicional de lista, pueden ser propuestas que ajusten nuestra Ley electoral a los nuevos tiempos.

El funcionamiento de los partidos políticos. Que los partidos políticos tenían que ser fundamentales para la consolidación democrática en la España de la Transición era tan claro para el Constituyente que los llevó al Título Preliminar (art. 6) donde se dice que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”. Después de cuarenta años de dictadura y una feroz persecución de aquellos que defendían la libertad política, los partidos políticos debían convertirse en los garantes de que el pluralismo político existente en la sociedad española tenía presencia en la nueva democracia. Nuevamente estamos ante un gran éxito: durante todos estos años los partidos políticos, más allá de sus patologías, han contribuido esencialmente para fortalecer la democracia en España. Pero, nuevamente, 33 años después la realidad ha cambiado sustancialmente y, también, en la organización, financiación y funcionamiento de los partidos se deben producir importantes reformas.

En primer lugar, los partidos deben ser mucho más claros en sus cuentas: tanto de sus gastos como de sus ingresos. Todos sabemos que muchos fenómenos de corrupción política están ligados a las estructuras paralelas de financiación que algunos desarrollan. Para ello, no sólo se deben clarificar los sistemas de financiación sino que hay que dotar de mejores instrumentos de control, tanto en el Parlamento como en el Tribunal de Cuentas y los órganos jurisdiccionales.

En segundo lugar, los partidos políticos deben superar la imagen de estructuras oligárquicas. Para ello, deben ser más democráticos, más abiertos a la ciudadanía y con unos órganos colegiados que realmente tomen las decisiones políticas de la organización y no sean meros refrendatarios de la voluntad del líder o los órganos ejecutivos.

El funcionamiento del sistema parlamentario. La forma de gobierno parlamentaria se sustenta sobre una relación de colaboración y cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Un modelo que es consciente de que la dirección política del Estado le corresponde al Ejecutivo pero que no olvida que el Parlamento es el órgano que tiene la legitimidad democrática directa y, por ello, le corresponde hacer las leyes, controlar al Gobierno y designar autoridades para otros órganos del Estado.

La práctica política en España durante estos 33 años ha llevado a una preeminencia tan grande de los partidos políticos y del Ejecutivo que el Parlamento y sus funciones han quedado transfiguradas: los procedimientos legislativos no responden a los objetivos de diálogo, contradicción y publicidad propios del trabajo parlamentario sino que se “retuercen” para hacer efectivo los intereses de Gobierno, el control sigue careciendo de la “frescura” y espontaneidad que debería tener para ser efectivo y la función de designación de autoridades del Estado está bloqueada por incapacidad de acuerdo entre las grandes fuerza políticas de las Cámaras. En este último caso, la imposibilidad de designar a los Magistrados del Tribunal Constitucional y otras autoridades del Estado se ha convertido en un auténtico escándalo. Como es sabido, la Constitución asigna esa función al Congreso y el Senado, pero el excesivo protagonismo del Ejecutivo y de los partidos políticos hace que la falta de acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas impida a las Cámaras realizar dicha función. Si la Constitución da un mandato al Parlamento en este asunto debe tener instrumentos para cumplirlo; por eso, estoy convencido que las Cámaras deberían establecer un procedimiento para que las estrategias obstruccionistas no impongan su criterio de bloqueo. Para ello, como para tantas otras cosas, se necesita una profunda revisión de los reglamentos parlamentarios donde se recobre la centralidad parlamentaria para que la Legislación, el control y la designación de autoridades recaigan de verdad en los representantes del pueblo y deje de estar “secuestrada” por el Ejecutivo o los partidos políticos.

Las reformas que propongo no son fáciles. De hecho, de hacerse, deberían servir para corregir los excesos de presidencialismo y la partitocracia que durante estos años se ha instalado en nuestro país. Pero si después de 33 años, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento, queremos fortalecer la democracia en España deberíamos actuar en los tres frentes señalados: sistema electoral, partidos políticos y funcionamiento de la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Las tres piezas forman parte del puzzle que conforma nuestro sistema de gobierno y los cambios que se propongan y se hagan tendrían que conjugarse de forma equilibrada y sopesada para obtener un resultado tan magnífico como el que se consiguió en la Transición: entonces, poner las bases para el cambio de una autocracia a una democracia; ahora, un nuevo impulso democrático con más participación ciudadana, más limitación y supervisión del poder y más respeto a las instituciones y las funciones que le confiere la Constitución.

Los que creemos en ese nuevo impulso democrático para España, estamos deseosos de que la Conferencia política que va a celebrar el PSOE en septiembre sea la oportunidad para que nuevamente los socialistas seamos la avanzadilla de la libertad, el regeneracionismo y el progreso político de nuestro país. ¡Veremos!

EL “SECUESTRO” DEL TC. UNA POSIBLE SOLUCIÓN

2011-06-20T11:22:00.001+02:00

Esta semana nuevamente vamos a hablar del Tribunal Constitucional y de sus problemas de renovación en el Congreso de los Diputados. En varias ocasiones en los últimos tiempos, hemos debatido iniciativas de diversos grupos parlamentarios sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos de control de constitucionalidad y sobre qué hacer ante la falta de renovación de sus magistrados en el plazo establecido. Tengo que decir que son iniciativas que traen causa en un momento en el cual lo que llevaba a esos planteamientos era el “atasco” que se vivía por la espera de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los posicionamientos de pura “oportunidad política” que unos y otros hacían ante dicha ausencia de sentencia o ante la posible sentencia desfavorable a sus postulados. ¡Ahora eso ya ha pasado! Pero, lamentablemente, seguimos teniendo un problema con la renovación del Tribunal Constitucional al igual que con otros órganos del Estado (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Dirección de RTVE).

La Proposición de Ley que ha presentado el grupo parlamentario de Convergencia i Unió para solucionar el problema de falta de acuerdo en los órganos parlamentarios en la designación de los nuevos Magistrados es algo así como si ante la ausencia de medicina adecuada en un hospital para curar una enfermedad se optase por “pegar un tiro” a los pacientes que llegasen con esa dolencia. Dicha iniciativa propone que los Magistrados en funciones que cumplan seis meses en esa situación cesen en sus cargos transcurrido dicho plazo. Teniendo en cuenta que para que el Tribunal Constitucional pueda reunirse debe existir un quórum, no sería nada extraño, en situaciones de atasco político como el que se está produciendo en estos últimos años, que el Tribunal Constitucional tuviera que “cerrar por imposibilidad” para poder seguir realizando sus funciones. ¡Supongo que nadie querrá que se dé una situación de esa naturaleza! Precisamente, evitar eso es lo que hace el Derecho cuando establece una prorroga sin límite de tiempo de los magistrados que han cumplido su mandato: asegurar que la institución seguirá desarrollando su actividad pase lo que pase. ¡Desde luego eso es lo que a mí me parece más razonable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y continuidad de la institución!

Por eso, no es al TC donde hay que mirar para solucionar los problemas sobre su renovación, sino a las Cámaras parlamentarías y, en especial, a sus dos grupos mayoritarios que son los que se han de poner de acuerdo para producir la renovación: en estos momentos el PSOE y el PP.

Antes de entrar en la consideración que la posición de los dos grupos mayoritarios me merece al no ser capaces de renovar el TC u otras instituciones del Estado, he de aclarar una cuestión previa: que la elección de las personas que han de conformar estas instituciones se lleve a cabo por el Parlamento me parece la opción más adecuada. Es la que goza de la legitimidad democrática, residenciada en las Cortes Generales, frente a la que proponen otros y que no deja de ser una solución corporativa carente totalmente de aquélla. La independencia es asunto bien distinto: tenerla o perderla no depende de quién haya elegido al cargo sino de las condiciones objetivas que se establezcan para garantizar dicha independencia y de la “fortaleza” y personalidad del elegido para actuar con libertad objetiva y no dejarse determinar por aquéllos que le han propuesto. Es una cuestión que está muy relacionada con la “autóritas” del personaje propuesto: cuanta más autoridad y profesionalidad más independencia, cuanta menos relevancia profesional y prestigio, seguro que es más influenciable. En todo caso, supongo que nadie es tan ingenuo como para pensar que se puede establecer la “independencia subjetiva”, eso resulta simple y llanamente imposible y un contrasentido.

Pero vayamos a la cuestión central: la renovación del tercio de los Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde proponer al Congreso de los Diputados. En este asunto la Política se la va a “jugar”. Los ciudadanos están muy cansados de los políticos y la política, porque observan que con demasiada frecuencia no somos capaces de resolver los problemas y más bien nos dedicamos a intentar endosar la responsabilidad de la inacción al adversario. La Constitución establece, con buen criterio según ya he dicho, que han de ser las Cortes Generales la que hagan las propuestas de dichos Magistrados –al igual que sucede con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Administración de RTVE - Una vez que se inicia el plazo para el proceso de renovación, los grupos parlamentarios deben comenzar los contactos para llegar a un acuerdo. En dichas negociaciones todos son responsables. El grupo mayoritario tiene la responsabilidad de dirigir y activar todas las negociaciones, pero los grupos minoritarios, en especial el primer partido de la oposición, también tienen responsabilidad y de ningún modo deberían activar tácticas parlamentarias obstruccionistas para impedir llegar a un acuerdo. Es lo que ha sucedido con la propuesta de Enrique López, en el Senado y el Congreso, que le está sirviendo al PP, puesto que sabía que tenía un veto del PSOE, para justificar su voluntad oculta de no querer llegar a un acuerdo. ¡Eso no es admisible! Y se convierte en un “fraude constitucional” que lleva al bloqueo de una institución básica del Estado.

Pero puesto que las cosas están así ¿qué hacer? Cuando los acuerdos de buena voluntad no se cumplen es cuando debe aparecer el Derecho, la norma. Eso es lo que tendría que suceder aquí. Lo primero que deberían hacer los grupos parlamentarios es reconocer que ellos son los responsables de la situación que se está produciendo en el TC. A continuación, deberían establecer un acuerdo por el cual se “juramenten” poner a funcionar una Mesa de negociación que, mediante la propuestas de candidatos de los distintos grupos parlamentarios y con la única posibilidad de que cada grupo pueda vetar a uno de los propuestos por los otros -y ese veto lleve consigo que el grupo que propuso al vetado pueda proponer otro candidato en su puesto-, en un plazo de dos meses tenga que llegar a un acuerdo.

Desde luego este procedimiento sería conveniente que se estableciese con todos los detalles en el Reglamento de la Cámara, pero tan sólo para este caso, y teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, los grupos se deberían comprometer a que mediante una Moción se estableciese el procedimiento y la constitución de la Mesa de negociación que llevase a la renovación del tercio de los Magistrados del Congreso de los Diputados y el resto de los miembros de instituciones que están pendientes.

Es una solución que sitúa la responsabilidad del nombramiento de las personas de las instituciones del Estado donde corresponde: en las Cámaras. Es una solución que pondría a cada uno en su sitio y que, de boicotearse, permitiría a los ciudadanos, que podrían seguir al día las negociaciones, pasar la “cuota de responsabilidad política” a quién active mecanismos de obstruccionismo parlamentario.

LA LETRA PEQUEÑA DE LAS ELECCIONES LOCALES

2011-06-07T13:11:00.002+02:00

Después de más de una semana desde las elecciones locales y autonómicas y una vez pasado el “vértigo” que la emoción de la victoria o la desolación de la derrota produjo en unos y otros, llega el momento de analizar la “letra pequeña” que esas elecciones han escrito en la política española.

Lo primero que se puede observar es que la pérdida de votos del PSOE es significativamente más importante que la ganancia del PP: el primero ha perdido 1.500.000 votos y el segundo ha ganado 500.000. En segundo lugar, Izquierda Unida, que podría ser una fuerza política que recogiese parte del voto que ha abandonado el PSOE, no ha mejorado sus resultados de forma muy apreciable: tan sólo ha aumentado 220.000 votos respecto al 2007. Por su parte, el voto nulo y el voto en blanco que ha rondado 1.000.000 de sufragios incorpora más de 200.000 nuevas adhesiones respecto del 2007. Finalmente, UPyD, nueva fuerza política en estas elecciones, consigue 465.000 votos. Habría que incorporar los datos de otras fuerzas políticas y candidaturas, pero para lo que quiero reflejar en estas líneas creo que esos números son suficientes.

Desde mi punto de vista, con estos datos no es para que el PP esté tan eufórico cómo se mostraba la noche electoral. Desde luego que la sangría sufrida por el PSOE le ha llevado a pintar de azul la mayoría de los municipios y comunidades de España, pero si tenemos en cuenta que la campaña electoral que realizó el PP fue en clave nacional dudo que sea para estar tan contentos.

No dudo que esa campaña en clave nacional haya servido para fijar la estrategia que el PP ha puesto en marcha desde hace años, imputar a Zapatero todos los males que está sufriendo nuestro país por culpa de la crisis económica: el paro, el déficit, la debilidad de nuestro sector productivo, la deuda externa, la crisis de los bancos, etc... ¡Todo culpa de Zapatero! Sin duda, que muchos ciudadanos han comprado ese producto, pero me temo que ha sido más por el disgusto y la desesperación que esas personas sufren ante la situación en la que nos encontramos que por que las propuestas del PP para corregir esos problemas les hayan convencido. Se comprueba, nuevamente, que también en política es más fácil destruir que construir.

Es cierto que la consecución de una victoria tan sonada en municipios y comunidades autónomas puede allanar el camino para la victoria en unas elecciones generales, de hecho, ese efecto se ha producido en más de una ocasión. Ahora bien, de ningún modo garantiza que así sea. Más al contrario, se demuestra una vez más que el liderazgo y el proyecto político de Mariano Rajoy tiene grandes debilidades. La más importante es que, más allá de culpar a Zapatero de todas las desgracias de España, no ofrece ni una propuesta en positivo que le consolide como una alternativa creíble de gobierno.

Por eso, los resultados de las elecciones de 2012 están por escribir. Los ciudadanos nos han dado a los socialistas un aviso de notables dimensiones en las elecciones locales, nos han dicho que por ese camino no vamos bien y debemos hacer cambios importantes. Pero de ningún modo han dicho que estén convencidos que el PP sea la solución que necesita España.

Ahora toca poner en marcha los cambios que nos acerquen a los problemas de los ciudadanos. Para empezar, la más que previsible elección de Rubalcaba como candidato para las elecciones de 2012 aclaran los problemas de liderazgo. Pero digamos las cosas con toda claridad: no es suficiente. Los españoles conocen bien al PSOE y saben lo que quieren de él: políticas de Estado comprometidas con la cohesión y el desarrollo de España que conlleven un fuerte compromiso con la igualdad y la solidaridad.

También quieren representantes que les hablen claro, que tengan proyectos bien definidos y con una estrategia predeterminada. Los ciudadanos no son tontos y entienden de responsabilidad compartida cuando se les explican las cosas clara y sinceramente. Por ahí también el PSOE debe recorrer un buen camino para recuperar parte del electorado perdido, reorganizando sus políticas y explicando con claridad los sacrificios que se reclaman a cada sector de la población.

Si el PSOE sabe corregir los errores políticos cometidos, sabe explicar las decisiones que se han de tomar y pone a punto su organización seguro que podremos encarar con más seguridad la salida de la crisis que se empieza a divisar y, consiguientemente, las expectativas electorales para el 2012 cambiarán sustancialmente. ¡Veremos!

Tiempos de cambio en el PSOE

2011-05-24T18:09:00.001+02:00

Aunque los resultados electorales del domingo pasado son los mejores que ha
obtenido nunca el PP en unas elecciones locales y regionales, lo cierto es que el mérito de esa victoria está más en el hundimiento del PSOE que en el ascenso del PP: 500.000 votos de subida del PP, por 1.500.000 de pérdida por el PSOE. No menos significativo es que la cuarta fuerza política, con casi el 4.5 % de los votos, haya sido el voto en blanco y el voto nulo.

Por ello, se abre un tiempo en el que los socialistas debemos pensar muy
seriamente que es lo que ha pasado. No basta con echarle la culpa a la crisis. Desde luego que la tremenda dificultad económica en la que está sumida España ha afectado, pero algo habremos hecho mal para que ni tan siquiera en aquellas comunidades autónomas y ciudades donde gobierna el PP con mayorías electorales muy elevadas y donde los casos de corrupción son alarmantes esa crisis no le haya pasado factura y, por el contrario, sigan mejorando sus resultados –por ejemplo, en Madrid, donde partíamos
de un pobre resultado del 34 % de los votos y ahora se ha convertido en un resultado indigente del 26 %-.

Aquellos que piensan en el PSOE que basta con la elección de un nuevo líder
para las elecciones generales de 2012 cometen un grave error. Tenemos un problema ideológico, una notable debilidad organizativa y una ausencia de estrategia que hace que nuestro análisis de la situación deba ser de mayor profundidad.

El PSOE mostró un rumbo ideológico claro en la primera legislatura de
Zapatero. No se puede olvidar que cuando la economía lo permitía hicimos los avances sociales más importantes de los últimos veinte años. Aunque es cierto que en los últimos años hemos tenido que frenar parte de esas políticas de redistribución de la riqueza porque la crisis redujo los ingresos y la solidaridad con los desempleados era prioritaria, ahora es el momento de tener claro que el PSOE es el proyecto transformador de la sociedad española donde se protege la libertad para no caer en la uniformidad y la tiranía, y la igualdad, para no deslizarnos en la jungla de la insolidaridad y las competiciones despiadadas. Los trabajadores y los jóvenes son los más afectados por esta crisis y, aunque el paro y la dificultad para encontrar un primer empleo les distancia de la política, mucho más les aparta no visualizar un partido político que apueste y comunice con claridad que está en la vida política para defender
sus necesidades. ¡Lo que siempre ha sido el PSOE!

Los ciudadanos viven con perplejidad la incapacidad de los socialistas para
mostrarnos fuertes, con equipos consistentes y estrategias bien definidas, con mensajes coherentes, persistentes y lo suficientemente claros para llegar a la ciudadanía y cohesionarla en torno a ese proyecto de transformación la mayoría socialdemócrata que existe en España.

Resulta muy triste comprobar cómo muchos que han llevado al partido en sus
territorios a resultado más propios de un partido minoritario que una fuerza de gobierno, ya han empezado a echar culpas a otros y niegan todo responsabilidad. El fracaso ha sido nacional pero eso no quita que en muchas comunidades –por ejemplo, Valencia, Murcia, Madrid- donde los resultados ya eran desoladores y la corrupción del PP es sistémica la situación no sea tan alarmante como para que sus líderes asuman la responsabilidad que les corresponde.

En política lo más grave no es perder las elecciones, lo verdaderamente trágico
es cuando se pierde el pulso de la calle y dejamos de ser una fuerza capaz de articular y proponer un proyecto político transformador que se haga mayoritario. Eso es lo que nos debe ocupar a los socialistas en los próximos meses. Sin prisa, pero sin pausa. ¡Ojala que así sea! Y muchas de las personas que ahora tan sólo tienen la calle para expresar su indignación por la incertidumbre en la que viven puedan encontrar en el PSOE nuevamente el proyecto de cambio para sus vidas, sus ciudades y el país

Contra la indiferencia

2011-05-17T11:17:00.001+02:00

Estamos en plena campaña electoral. ¡Locales y autonómicas, si! pero sin duda, de una importancia capital, teniendo en cuenta las dificultades, incertidumbres y abatimiento en el que se encuentra sumida la sociedad española.

En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, un efecto casi consustancial es el “abandono de la política”. Sectores muy importantes de la sociedad se suman al abstencionismo electoral, al indiferentismo ante todo lo público y, al mismo tiempo, se idolatran todos los egoísmos personales y colectivos. Cuando esto sucede, el sentido cívico y la disposición de las personas por el servicio público se hunde, quedando debilitado el Estado y los ciudadanos “refugiados” en sus intereses privados.

El servicio público, la responsabilidad cívica son valores de una gran importancia en una democracia, pero tienen un especial significado cuando las cosas se ponen complicadas. Los “enemigos de lo público” aprovechan estas oportunidades para animar a que los ciudadanos abandonen la política y quedarse ellos con la gestión del Poder.

Dos son las formas que los autoritarios disfrazados de liberales tienen para que cunda la antipolítica: en primer lugar, la desinformación, la mentira y la propaganda. En segundo lugar, el desprecio por el compromiso político y el desinterés por los compromisos públicos.

Las campañas electorales están llenas de propaganda, de medias verdades, de “debates trucados”. La desinformación en la política es una práctica común de los autoritarios que busca la denigración del adversario, la exaltación del Jefe y el aburrimiento del ciudadano honrado. Pero en campaña, las prácticas de manipulación se desarrollan de forma exponencial –no hace falta más que ver cómo se está tratando el tema de la ilegalización de Sortu y Bildu por parte del PP-, es la estrategia de mantener contentos a los sectores fieles que votan sin “rechistar” y generar el desencanto y el abandono de los “tibios” o libre pensantes.

La segunda forma de desincentivar el compromiso político es intentar fijar la idea en los ciudadanos que no tiene sentido alguno comprometerse con lo público, debilitar la idea de interés general y ensalzar los intereses individuales y privados. No es de extrañar que muchos partidos cuando llegan tiempos electorales hablen del “contrato con los ciudadanos” o de “rebajas de impuestos” como grandes reclamos electorales.

En esta situación, y a pocos días de las elecciones, reclamo una acto contra la indiferencia, contra la resignación y el “abandono incentivado” por aquellos que pretenden conseguir un buen resultado electoral no porque les voten más personas sino porque no votan los que lo hacen a sus adversarios políticos.

Está bien salir a la calle y gritar que las cosas no pueden seguir así. Pero si esa fuerza popular no se organiza y no participa en las instituciones queda reducida a la nada, produce melancolía y desesperación. Por eso el día 22 de mayo hay que ir a los colegios electorales y votar, cada uno según su criterio y su opinión pero siempre expresando que no basta con ser sociedad desarticulada sino que también llevamos las reclamaciones a las instituciones.

LA CRISIS DE VALORES

2011-05-12T10:35:00.000+02:00

El tiempo pasa y parece que la crisis no tiene intención de abandonarnos en muchos meses. Los indicadores sobre venta de viviendas, las predicciones económicas de entidades públicas y privadas, la situación de los países de nuestro entorno, todo hace preveer que, pese a pequeñas mejoras de carácter estacional, la crisis seguirá afectándonos duramente a los españoles.

De esta situación algunos no ven nada más que la oportunidad para la consecución del poder. La “cantinela” del PP, un día si y otra también, es que estamos en crisis por la funesta política de Zapatero. Pero desde luego, no hacen una propuesta en positivo ni tan siquiera defienden los intereses de España para una mejor imagen internacional. Si sus objetivos se cumplen y la crisis persiste verán cómo durante mucho tiempo la culpa seguirá siendo de Zapatero, de la herencia de deudas e hipotecas del Gobierno Socialista ¡Al tiempo!

Pero más allá de “pequeña política”, lo cierto es que a España como al resto de los países occidentales, gobierne quién gobierne, nos costará mucho salir de esta crisis, incluso aquellos que están creciendo y creando empleo no es descartable que vuelvan a la senda de la depresión y la parálisis económica, política e institucional.

El problema más grave de esta crisis no es la falta de liquidez de los Estados, del estancamiento económico o la destrucción del empleo, es el error en el diagnóstico de sus causas o la incapacidad de actuar en el centro del problema para atajar sus consecuencias. La crisis se está afrontando como si estuviéramos ante “una pequeña” dificultad del modelo económico del capitalismo financiero, cuando a lo que nos estamos enfrentando es a una crisis sistémica expresión del agotamiento del modelo político, económico y social en el que hemos vivido durante décadas.

Por eso no es una exageración, sino más bien identificar adecuadamente el problema, si digo que vivimos en una profunda crisis. Una crisis que va más allá del estancamiento económico, del colapso financiero, de efectos globales o nacionales. Estamos ante una crisis del sistema como hace muchas décadas no se había dado.

Seguro que se ha producido una “crisis financiera” de carácter mundial, debido a la falta de regulación de los mercados financieros y la avaricia de los bancos y grandes concentraciones de capital.

Seguro que se ha producido una “crisis económica nacional” debido a los excesos del “monocultivo urbanístico” y una política de crédito fácil ligada a esa economía del ladrillo.

Pero la crisis en la que vivimos va más allá de la economía y el modelo económico. Es una crisis del SISTEMA. Una crisis de la economía, pero también de la política, de las instituciones, de la sociedad, de los valores y de la posición que ocupamos los seres humanos en el planeta.

Una consideración muy personal antes de seguir. Los tiempos de crisis y de revolución no tienen por qué ser tiempos oscuros. Son tiempos de grandes cambios, son momentos donde se producen transformaciones fuertes que activan la capacidad de supervivencia de las personas. Tiempos en los que los pueblos hacen historia, por lo tanto, yo no me siento pesimista, al contrario, me parece una suerte poder vivir esta época y hacer lo que esté en mi mano para que el resultado de los cambios que se están produciendo sean positivos para el ser humano y el planeta.

La crisis más grave de cuantas estamos padeciendo es la de valores. La sociedad moderna se empieza a forjar a partir del siglo XVI y se consolida con la los principios ilustrados de siglo XVIII que levanta un modelo político donde los derechos de los individuos y la limitación del Poder son la esencia del nuevo mundo. La libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad van a marcar la historia desde entonces hasta nuestros días.

La crisis de valores lleva a la trivialización de los principios ilustrados y lo único que se aporta como alternativa es un nihilismos destructivo, un egoísmo posesivo y una incapacidad de entendernos siendo partes de una sociedad.

A partir de aquí, todos los elementos que sirven para hacernos parte de una comunidad política se empiezan a disolver: los partidos políticos pierden su ideología, las organizaciones sociales se convierten en grupúsculos de intereses particulares, las instituciones se instrumentalizan, el derecho se transgrede y las organizaciones internacionales se devalúan a favor de los más fuertes en la escena internacional.

Todo esto sucede al tiempo que en escenario internacional están surgiendo nuevos y pujantes agentes políticos y económicos. Los países emergentes (China, India, Rusia, Brasil) que cuentan con unas condiciones más favorables para hacerse con el liderazgo económico y político del mundo.

También ahora empezamos a comprobar que hemos tocado techo en un modelo de vida de consumo de los recursos naturales del planeta como si estos fueran infinitos. Es evidente que tenemos una crisis energética, alimentaria, de recursos naturales industriales que no ha hecho más que empezar y que generará notables conflictos en los próximos años.

El resultado de todo esto es un mundo en cambio que requiere tanto para la “política pequeña”-nacional-, como la “gran política”-internacional- del compromiso de los mejores. Sin embargo, desgraciadamente, no son éstos tiempos en los que la política cuente con grandes estadistas y hombres y mujeres capaces de liderar una sociedad de incertidumbres.

Bachillerato de excelencia

2011-04-14T18:08:00.002+02:00

La Sra. Aguirre, haciendo gala de la valentía que la caracteriza, ha situado en el tablero del debate político preelectoral nada más y nada menos que el modelo educativo. ¡La felicito por el acierto que ha tenido! Además, le adelanto que estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el Bachillerato madrileño sea de excelencia. La educación española y la madrileña en particular, necesitan que hagamos cuantos esfuerzos sean necesarios para mejorar las capacidades formativas y humanas de generaciones que, sin duda, tendrán que sobrevivir gracias a que sus cabezas y sus almas sean capaces de entender el mundo de cambios constantes y fulgurantes en el que les va a tocar vivir y tomar decisiones.

Sin embargo, me temo que no estamos de acuerdo con los métodos a utilizar para llegar a ese objetivo. La Sra. Aguirre, como liberal confesa, ha tomado un camino que encantaría a algunos doctrinarios de esa ideología y a sectores que no tienen problema para confesar su creencia en una sociedad estratificada en la que, dependiendo del origen o las condiciones económicas de la persona, se pueda llegar a un nivel u otro en la escala social, económica y profesional.

A aquéllos que no estamos de acuerdo con sus postulados, la Sra. Aguirre nos llama “socialistas dogmáticos”. Le debo recordar que dogmática es aquella persona que asume una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento como ciertos, que los considera verdades absolutas y que, por lo tanto, no se molesta en buscarles explicación o darles una razón. Precisamente es lo que está haciendo la Sra. Aguirre con el tema educativo y la solución que ha puesto sobre la mesa para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos: dar por cierto, que con la selección de “los mejores” y la creación de centros especiales para ellos va a conseguir mejorar el rendimiento del sistema educativo y un mayor progreso para la formación de esas personas. Desde mi punto de vista no es así y quiero traer a estas páginas mis argumentos para que la Sra. Aguirre no me llame “dogmático”.

La educación es una actividad muy compleja para pretender solucionar sus problemas con reduccionismos electorales. La educación, sobre todo en los niveles infantil, primario y de estudios medios, debe cumplir al menos dos grandes objetivos:

- Por un lado, formar al estudiante en los recursos orales, gramaticales, de ciencia, sociedad y filosofía suficientes para poder integrarse en la sociedad productiva o seguir en estadios educativos superiores formándose para desarrollar una actividad profesional especializada.

- Por otro, la educación debe ser un instrumento básico para que el ser humano desarrolle las prácticas necesarias para vivir y entender la comunidad en la que se inserta. La educación en este sentido es un espacio para la integración social y cultural de la persona y el medio más adecuado para desarrollar las habilidades cívicas de convivencia: respeto a los otros, sentido de libertad, tratos en igualdad y no discriminación y capacidad para resolver los problemas de forma pacífica, entre otros.

Puesto que la educación debe cumplir esos dos objetivos, yo me decanto por un modelo de escuela comprensiva. Aquél en el que todos los niños y niñas estudian con los mismos objetivos, en las mismas aulas y con la misma titulación al final de las distintas etapas. Desde mi punto de vista, es el sistema que mejor garantiza la plena integración social del individuo y la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos. Un sistema que para nada está reñido con la excelencia y el máximo rendimiento, si los centros y los profesionales cuentan con grupos reducidos y con los recursos y los medios para una atención individualizada de los chicos y las chicas.

Frente a este sistema, existe el modelo educativo competitivo que consiste en una escuela que mantiene itinerarios educativos diferenciados en los estudios de los escolares, en algunos casos desde los doce años de edad, y al final de cada uno de estos itinerarios se alcanzan titulaciones terminales diferenciadas. Es un modelo que se parece mucho a lo que parece propugnar la Sra. Aguirre; sin embargo, la Presidenta se ha olvidado de que en Europa, en aquellos países en los que funciona este sistema, existe una política de becas muy eficaz y potente que permite proseguir con toda clase de garantías los estudios a todos los alumnos más allá de la extracción económica de la que provengan.

Hace unos años, una institución que creo no se le puede achacar que sea un nido de “socialistas dogmáticos”, la Fundación La Caixa, financió un amplio informe sobre los modelos educativos en Europa en el que concluía que, en conjunto, los sistemas educativos de la UE han conseguido un nivel muy alto de formación, de democratización, y de posibilidades de acceso a los estudios postobligatorios para alumnos de todos los grupos sociales. El informe seguía señalando que las interpretaciones sobre las diferencias internas entre los distintos países son complejas y diversas y, que, por lo tanto, no se pueden someter a reduccionismos. Pero, en general, se puede decir que hay una estrecha relación entre el nivel de rendimiento y el nivel de esfuerzo financiero que hace cada país: gasto por alumno o porcentaje del PIB dedicado a la educación. El informe descarta, y esto es importante para lo que estamos tratando, que el modelo de ordenación educativa sea determinante para conseguir mejores rendimientos. Por ello, finalmente concluye que, junto con la mejora en la financiación, se tienen que tener en cuenta los siguientes factores para mejorar nuestros sistemas educativos: el grado de cohesión que existe en la sociedad, los sistemas de formación, selección y actualización del profesorado y el buen funcionamiento de los centros escolares.

Dicho todo lo anterior y para terminar este artículo, la pregunta que yo haría a la Sra. Aguirre en este momento es: ¿Qué hace su proyecto político por la mejora de la financiación, por la consecución de la cohesión social en la sociedad madrileña, por la formación del profesorado o por la dignificación y buen funcionamiento de los centros escolares? Puesto que estamos en campaña y es momento de contrastar modelos: ¡Quedamos a la espera de su respuesta!

Respeto a las reglas en las elecciones municipales

2011-03-29T16:33:00.003+02:00

En democracia las normas que establecen los procedimientos para el desarrollo de la actividad política han de ser consensuadas y una vez aprobadas todos deberíamos juramentarnos para no violarlas, no manipularlas y actuar en su interpretación con lealtad y total respeto. Que nadie lo olvide, si la confrontación política se lleva a las reglas de juego se pone en cuestión el sistema y perdemos todos.

Lo anterior viene a cuento por los nervios que se están empezando a detectar en algunos partidos políticos ante la entrada en vigor de las previsiones de la reforma de la Ley Electoral en materia de inauguraciones, primeras piedras, campañas de logros -prohibidas desde el 29 de marzo- y sobre publicidad en la “precampaña” -prohibida en el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña propiamente dicha, desde el 29 de marzo hasta el 6 de mayo-.

Que yo sepa, todos estábamos de acuerdo en que se tenía que acabar con las prácticas populista y de utilización de las Administraciones Públicas para que, mediante campañas de inauguraciones, corte de cintas, puesta de primeras piedras y actos de balance de gestión, desde las Administraciones y con dinero público se diera una evidente cobertura a la campaña electoral del partido gobernante.

De igual forma, todos estábamos de acuerdo en que era inaceptable que las campañas de publicidad que los partidos políticos desarrollan en la campaña electoral propiamente dicha -15 días antes de las elecciones- no deberían extenderse a todo el periodo electoral –desde el mismo día de la convocatoria de las elecciones- puesto que ello, además de generar ingentes gastos que son poco justificables en tiempos de crisis, someten al ciudadano a un bombardeo de eslóganes y clichés reduccionistas que impiden un conocimiento profundo y de detalle de las propuestas políticas.

Las previsiones de la Ley Electoral son claras: En cuanto a los actos de balance de gestión, inauguraciones y primeras piedras, la prohibición es total, puesto que no son más que una forma encubierta de publicidad para el partido gobernante. Eso no impide, obviamente, que las obras y los servicios se pongan en funcionamiento para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos. En cuanto a la publicidad, en lo que se ha llamado periodo “preelectoral”, se establece la prohibición de la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones.

Pese a que la voluntad del Legislador ha sido muy clara, basta con interpretar los preceptos de la Ley de acuerdo con la declaración que se hace en el Preámbulo, puedo entender que se presenten zonas de penumbra que deban ser aclaradas. Pues bien, no hay problema, para eso está la Junta Electoral Central que en ejercicio de sus competencias hace unos días emitió dos Instrucciones donde disipaba las dudas que sobre estas cuestiones se estaban planteando.

Sobre las “campañas de logros” y las “inauguraciones” la Junta Electoral ha señalado que de acuerdo con el artículo 50 puntos 2 y 3 quedan todas prohibidas salvo aquéllas que deban realizar los poderes públicos que hayan convocado el proceso electoral y estén previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre cuestiones electorales, así como aquellas campañas que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interés público o el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

Sobre las campañas de publicidad en el período “preelectoral” la Junta Electoral ha dicho:

-“Que durante ese tiempo las formaciones políticas y las candidaturas no podrán contratar directamente ni a través de tercero, espacios, soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares, públicos (jardines, plazas, parques, etc...), ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos para la presentación de información ("mupis"), objetos publicitarios iluminados ("opis"), cabinas, medios de transporte o similares. Tampoco está permitida la inserción de anuncios en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios en Internet ("banners"), o en canales comerciales de televisión, o en otros soportes en medios digitales.

-Tampoco se considera permitido en el período indicado el reparto con fines de propaganda de material diverso como llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u otros objetos similares, que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política, ni la exhibición de fotos de los candidatos o de carteles con la denominación, siglas o símbolos de una formación política en el exterior de domicilios privados.

-En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con anterioridad a ésta, deberá ser inmediatamente retirada, siendo, en todo caso, responsable a efectos de la Administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiera la propaganda”.

Puesto que la voluntad del Legislador se ha expresado con claridad: evitar las prácticas antes citadas que rompían la “igualdad de armas” en los procesos electorales y aumentaban exponencialmente los gastos electorales, y la Junta Electoral Central ha interpretado aquellas cuestiones que presentaban cierta duda, ahora tan sólo queda que todos nos comportemos con lealtad y respeto a las reglas de juego. De no ser así, seguro que “enredaremos” la campaña electoral y el ciudadano harto de nuestras “pequeñas trifulcas” acabará “mandándonos a todos a la porra”.

Reflexiones incómodas sobre economía

2011-03-22T09:35:00.001+01:00

Ahora que estamos inmersos en una precipitada carrera para la recapitalización de las entidades financieras como solución a los problemas de nuestra economía, me viene a la cabeza una reflexión “molesta” que he tenido la suerte de leer en una obra de Zygmunt Bauman y que querría compartir con todos aquéllos que estén dispuestos a pasar un rato con un profano en economía. ¡Advertidos quedan!

La crisis financiera internacional en la que estamos metidos desde 2008 no era tan imprevisible como muchos han intentado hacernos creer. Muy al contrario, es el resultado lógico del modelo capitalista posesivo y radical al que hemos confiado desde hace muchos años nuestra suerte y nuestro futuro en lo económico y lo social.

Vaya por delante que toda crítica al capitalismo no supone por mi parte simpatía alguna por el modelo del llamado “socialismo real”. Éste fue un sistema que con la promesa de que alcanzaríamos el reino de la libertad nos echaba en manos de quienes lo único que pretendían era cercenar las libertades y someter a la “esclavitud” a los individuos. Sin embargo, eso no debería impedirnos ver que el capitalismo lleva en su interior el “gen” de la destrucción y, lamentablemente, si no se ponen las medidas para neutralizar esa célula patógena, su expansión nos llevará una y otra vez a caer en profundas crisis.

Dicho toscamente, el capitalismo es un modelo económico que se sustenta en la ambición humana desmedida y que se hace exitoso cuanto mayor es la concentración de riqueza que consigue. Por ello, como dijera Rosa Luxemburgo, el capitalismo actúa como un “sistema parasitario” que prospera siempre que encuentre un organismo del que poder alimentarse. Necesita de economías “precapitalistas”, “tierras vírgenes” que poder colonizar para seguir generando concentración de capital. El resultado, tras el paso del capitalismo por esas tierras “inexploradas”, es la transformación de éstas en un desierto en el que es difícil que vuelva a germinar semilla alguna.

Al inicio del siglo XX el capitalismo se extendía en las “nuevas tierras” que eran ocupadas para la colonización y en los países que nacían a la vida independiente. La fórmula del sistema económico que se aplicaba era bien simple: cubrir las necesidades que esas nuevas sociedades tenían. La oferta se adecuaba a la demanda. Sin embargo, décadas después, cuando ya esas “nuevas tierras” han sido plenamente colonizadas y esquilmadas, el capitalismo requiere nuevos campos en los que el modelo siga floreciendo. Si en el planeta ya no hay más tierras vírgenes que ocupar la solución se ha de buscar en las propias sociedades desarrolladas. Para ello, se necesita cambiar el orden en las prioridades vitales. Si el modelo económico hasta ese momento había funcionado adaptando la oferta a la demanda, en el “nuevo tiempo económico” lo que se tiene que hacer es generar demanda para que la oferta funcione a pleno rendimiento.

La idea anterior es mucho más que una “estrategia económica”: fue nada más y nada menos que un cambio de paradigma económico y modo de vida. Mediante esa estrategia hemos pasado de unas sociedades de productores a otras de consumidores. El objetivo del nuevo modelo es contar con personas que nunca colmen sus necesidades. Lo importante es que todos vivamos enganchados a nuevas y permanentes necesidades que debemos satisfacer cada día (una nueva casa, unos nuevos electrodomésticos, un nuevo coche, ropa de temporada o una mejores vacaciones). ¿Pero cómo es posible vivir haciendo frente a los ingentes gastos que la nueva cultura nos reclama? El invento para solucionarlo fue el CRÉDITO: si necesitas consumir y no tienes dinero, no hace falta que esperes a conseguirlo, los bancos te lo prestan.

En la sociedad clásica, no era así: cuando se tenía necesidad de consumir, lo primero que se hacía era trabajar, apretarse el cinturón, privarse de otras cosas y esperar a reunir el dinero suficiente para poder hacer frente al gasto que conlleva lo que se ha decidido adquirir. Era la cultura de una persona precavida, ahorradora, respetuosa con los tiempos y consciente del valor de las cosas. Ahora, gracias a los bancos y a sus créditos, no se tiene que esperar, basta con acercarse a una de sus oficinas y pedir cuanto se necesita. -En tiempos no muy lejanos las entidades financieras no sólo te prestaban dinero para lo que le pedías sino que aprovechaban la ocasión para ofrecerte más aún para gastos complementarios-. Es una cultura en la que lo importante es el deseo y la voluntad de satisfacerlo y en la que el valor se aleja del precio puesto que se cuenta con quién está encantado de prestar el dinero que necesitas. Por eso, durante muchos años, mercancías que tenían un valor limitado aumentaron exponencialmente su precio.

Durante varias décadas hemos vivido alimentando una economía sustentada en el consumo permanente y desenfrenado. Pero esa forma de vivir no ha sido un capricho de las personas, fue una estrategia del capitalismo que necesitaba “nuevos campos que colonizar”, ahora en forma de ávidos consumidores que aseguran que las fábricas trabajan a pleno rendimiento y los productos salen de los almacenes, al tiempo que los bancos mediante la generación de “deudores permanentes” viven felizmente de los intereses de los créditos.

Durante todo este tiempo se ha estado atizando el deseo de consumo para que todos, jóvenes y mayores, ricos y pobres, blancos y negros, nos convirtiéramos en una “raza” de deudores. “El mundo es de la deuda y nadie debería vivir sin estar endeudado” ha sido el lema durante estos años. Por eso, no han faltado los “productos financieros” que facilitaban esa situación – leasing - y eran muy frecuentes las penalizaciones a aquellos clientes de bancos que pretendían cancelar sus créditos. El problema, como cuando se agotaron las “tierras vírgenes” a mediados del siglo pasado, es que ahora también se empiezan a agotar los potenciales deudores: ya no cabe seguir alimentando el sistema con más y más grandes deudas al tiempo que aparecen los impagos y los bancos no saben qué hacer. Por eso recurren al Estado y a las reservas monetarias de los países, porque, puesto que han esquilmado el mercado del crédito privado, la única forma de seguir adelante es que los países gasten sus ahorros y aumenten su endeudamiento para absorber la que ellos han generado.

En definitiva, lo que está sucediendo es que el capitalismo nuevamente no ha sabido controlar su célula autodestructiva, que se ha extendido y provocado una enorme metástasis en la economía global. Y puesto que no se adivinan soluciones todo se fía a estabilizar el modelo inyectando dinero y esperando que el deseo y el consumo activen las cadenas de producción de nuestras fábricas nuevamente. ¡Craso error! Eso tan sólo será un “parche” que nos pondrá en el camino de la próxima crisis que, puesto que el mercado del crédito ya está saturado, se producirá en mucho menos tiempo y con más intensidad.

Mientras tanto, nada se dice y menos se hace sobre los verdaderos problemas de nuestro mundo: el cambio climático, los movimientos migratorios, el hambre, las guerras y el avance de las desigualdades. Para hacer frente a estos problemas, se necesitaría un nuevo cambio de paradigma y, lamentablemente, la ambición humana y la voluntad de concentración de riqueza propia del capitalismo no tienen interés alguno en auspiciarlo.

Para lograr ese cambio de paradigma se requeriría activar en nuestras sociedades unos parámetros vitales muy distintos a los actuales: la sensibilidad ante las desigualdades, la injusticia, la opresión, la valorización de la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona. ¡Pero a quién interesan estos valores sino a socialistas trasnochados, a monjes, pacifistas y ecologistas visionarios! En definitiva, a gentes que no están en el sistema. Por lo tanto: ¡Sigamos con lo nuestro!

Racionalidad en el Estado Autonómico

2011-03-10T10:10:00.001+01:00

Racionalidad en el Estado Autonómico

El autor defiende el modelo de las autonomías frente a las tensiones generadas por centralistas e independentistas. Señala que el gran reto para los próximos años es configurar un modelo de financiación más equitativo y solidario.

La ordenación territorial del Estado ha sido uno de los grandes problemas del constitucionalismo español en los últimos 200 años. El siglo XIX y la mayor parte del XX han estado protagonizados por políticas que han negado la libertad, la democracia y los intentos de autonomía de parte de los territorios de España. Frente a los absolutismos, las dictaduras y las libertades tuteladas que generaron opresión y ahogo político no faltaron reacciones desaforadas: cantonalismo, anarquismo o independentismo.

El constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y supo que tenía que establecer una solución al problema territorial que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías que quedaba definido en dos grandes principios acompañados de otros dos complementarios: se reconoce la unidad España -patria común e indivisible de todos los españoles- y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Por tanto, la solución al problema territorial se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política.

A esos dos grandes principios hay que añadir los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además se reconocía la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre los entes autonómicos y el Estado.

Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los 80, con la aprobación de los estatutos de autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante tres décadas, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, hemos construido una nueva organización territorial que comparada con la que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente es para estar más que contentos.

Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado dos fuerzas que desde los extremos ideológicos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismo o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.

Ambos extremos se plantean la cuestión territorial en clave de oportunidad política. Desprecian las infinitas mejoras en la convivencia cívica y la racionalización en la acción de las administraciones públicas. Apuestan por la tensión y el enfrentamiento entre ciudadanos y territorios como la mejor garantía de que un día sus postulados se alzarán victoriosos. Por ello, pese a que la descentralización que se ha realizado en nuestro país durante estos años es incomparablemente positiva respecto de cualquier otro momento histórico, y muchos nacionalistas de la década de los 70 no podían llegar a soñar el nivel de autogobierno que han conseguido sus territorios, sus reclamaciones no se han moderado, muy al contrario, se han agudizado hasta el punto de que hoy día ya sólo les queda reclamar directamente la confederación o la secesión. Situación que, sin duda, es problemática: no olvidemos que el Estado autonómico se configuró en la Constitución del 78, en parte, para satisfacer el ansia de autogobierno del nacionalismo vasco y catalán.

En la legislatura pasada, pese al ruido y los errores que llevó consigo la reforma del Estatuto Catalán, se completó de forma muy positiva parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los estatutos de muchas comunidades. Este proceso iniciado hace unos años ha de continuar con la reforma en aquellas otras comunidades que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es urgente por más que las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid nada digan sobre la materia).

En la legislatura pasada también se aprobó un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, quizás con menos fortuna y con el pecado que todas las reformas en esta materia han tenido hasta ahora: la temporalidad y el casuismo. Por eso sería conveniente que en los próximos años nos esforzásemos en la consecución de un sistema de financiación suficiente, corresponsable, general, estable y transparente. La experiencia de negociaciones tan densas como conflictivas a propósito del periódico reparto territorial de los fondos públicos, con un déficit muy considerable de comprensión pública, invita a una regulación que vaya más allá de la mera enunciación de grandes principios en el artículo 156 de la CE. El vigente modelo de financiación, siempre pendiente del juego de los pulsos de poder, debería dar paso a un nuevo modelo con los perfiles básicos establecidos constitucionalmente: el grado de corresponsabilidad fiscal -porcentaje de participación territorial en los impuestos principales-, los criterios de distribución de gasto para asegurar la financiación de servicios básicos -como la población, el perfil demográfico, la dispersión o insularidad…-, así como la naturaleza de los Fondos de Nivelación y Suficiencia que han de garantizar la solidaridad, la cohesión y la igualdad. Un modelo que no debe olvidar que es al Estado al que le corresponde establecer las bases y la coordinación en la planificación general de la actividad económica y, por ello, las grandes cuestiones que afectan a la organización y estrategia económica de España se deben determinar desde el nivel estatal (por ejemplo, niveles de déficit o deuda de las administraciones públicas).

A estas dos importantes cuestiones -modernización estatutaria y financiación- habría que añadirle otras dos que no lo son menos para empezar a pensar que se puede culminar racionalmente el modelo territorial. En primer lugar, un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para cubrir las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que hacer frente y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles.

Y en segundo término, la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las autonomías y éstas entre sí: reforma del Senado, conferencias de presidentes, fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y la colaboración. Estas reformas deben surgir del artículo 2 de la Constitución, que además del derecho a la autonomía habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.

La cooperación, la coordinación y las técnicas para resolver los conflictos son clave en un Estado compuesto, y su desarrollo debería ir más allá de un proyecto político y convertirse en cuestión de Estado. Una organización territorial que se sustenta sobre un fino equilibrio entre unidad y autonomía, que tiene que evitar la estrategia de los uniformadores que niegan la pluralidad cultural de los diversos territorios de España y su capacidad de autogobierno, y a los disgregadores que pretenden romper el pacto constitucional negando España o considerándola una nación residual, no puede mantener en un segundo plano los instrumentos políticos y jurídicos que sobre la base de la lealtad institucional y constitucional ha de servir para generar eficiencia en el sistema y resolver los problemas que son consustanciales a todo Estado descentralizado.

Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En 30 años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los 180 anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural.

Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos.

En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad y tacticismo con todo lo relacionado con España y las autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es la que sirve para construir sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos, un espacio de convivencia y de desarrollo colectivo donde el individuo y sus derechos sean el centro de la acción política.

Elviro Aranda es profesor de Derecho Constitucional, diputado nacional del Grupo Socialista y portavoz adjunto de la Comisión Constitucional.

Publicado en el diario “El Mundo” el 9 de marzo de 2011.

MAS EXTRANJEROS CON DERECHO DE VOTO

2011-02-14T13:50:00.002+01:00

El día 25 de enero finalizó el plazo para que los extranjeros residentes en España con nacionalidad de países con los que se ha firmado convenio de reciprocidad se inscribiesen en el censo electoral a los efectos de poder votar en las elecciones municipales de 2011.

De las 350.287 personas que podían inscribirse lo han hecho 45.554 -poco más del 13%-. Unos números que para algunos resultan excesivamente bajos, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia del derecho de voto, no sólo para quienes lo ejercitan, sino para mejorar la convivencia de nuestros pueblos y ciudades.

Para que los inscritos en el censo para poder ejercer el voto se acerque a las personas extranjeras residentes, además de reducir la burocracia censal y reforzar las campañas informativas, tendríamos que replantearnos el sistema que se ha establecido para el reconocimiento del sufragio: la vía de los convenios país a país para garantizar la reciprocidad entre nacionales de uno y otro sitio. Me explico:

Como todo el mundo sabe, el asunto del sufragio de los extranjeros en España se ha de analizar desde las previsiones del artículo 13.2 de la CE que establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

Dicho artículo limita mucho el derecho de sufragio: tan sólo sufragio activo, en las elecciones municipales, y siempre que mediante convenio o ley se atienda el criterio de reciprocidad. Por lo tanto, si lo que estamos reconociendo es un sufragio muy restringido y tan sólo para las elecciones municipales no debemos olvidar que en esos procesos el voto puede ser un instrumento más para la integración de las personas extranjeras que viven, trabajan y contribuyen al desarrollo y sostenimiento de nuestra Nación. Eso es, precisamente, lo que pensó la Comisión de Venecia (European Commission for Democracy Thorugh Law) creada en el seno del Consejo de Europa cuando dijo que el derecho de voto de los extranjeros residentes de larga duración –al menos en las elecciones municipales- se ha de considerar una cuestión de estricta justicia qué, además, contribuye al desarrollo de su comunidad de residencia.

Por eso, el derecho de sufragio es uno de los factores más importantes con los que podemos contar para favorecer el proceso de integración y reconocimiento entre inmigrantes y nacionales. Una persona que vive de forma estable y legal en nuestro país, que trabaja y contribuye al sostenimiento de lo público, que tiene acceso a los servicios sociales, parece bastante lógico que también tenga la oportunidad de que, mediante el sufragio, se haga copartícipe de mantenimiento de dichos servicios públicos y sociales. Pero es más, el derecho de sufragio también va a contribuir de una forma esencial a que el inmigrante sea “sujeto de interés electoral” de los partidos políticos. El voto inmigrante obligará a los partidos a tenerlos en cuenta tanto al confeccionar las listas como a la hora de elaborar sus programas electorales.

Si estamos de acuerdo con ese planteamiento de fondo, lo que queda es cómo cumplir las previsiones del artículo 13.2 de la CE lo más favorable al derecho de sufragio de los extranjeros. Si leemos con cuidado el artículo concluimos que el derecho al voto se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos:

- Que se autorice mediante tratado o ley

- Que se haga atendiendo a criterios de reciprocidad

A su vez, dos son las posibilidades para cumplir esos mandatos: mediante la reforma de los artículos 176 y 177 de la LOREG y estableciendo en ellos las condiciones y los requisitos para el sufragio; o abriendo un proceso de firma y ratificación de tratados entre los países de donde fueran nacionales los inmigrantes a los que se quisiese reconocer el derecho.

Aunque algunos, tanto en la academia como en la política, piensan que decantarse por una opción u otra es indiferente, yo siempre he pensado que no es así, y que tomar un camino u otro es determinante para la extensión del derecho y las personas que podrán ejercitarlo. Como el asunto de la “reciprocidad” es la cuestión clave, si se opta por la vía de la reforma legal el Estado español tiene todas las cartas en sus manos para una interpretación más o menos amplia del término, y si se decide seguir por la vía de los convenios las condiciones quedan a disposición de las partes y las circunstancias política del país con el que se pacta.

Lo primero que se debe hacer es tener claro el concepto de “reciprocidad”. Sin extenderme mucho en su análisis, hemos de partir de la reciprocidad como principio estructural del derecho internacional, que, aunque tiene en muchos casos una mención expresa en los acuerdos y tratados, se encuentra de forma implícita en todas relaciones de esa naturaleza. Ahora bien, la cuestión de la reciprocidad en el caso que nos ocupa es bien distinta a cuando dos países pactan relaciones comerciales. Estamos hablando del ejercicio de un derecho individual -el de sufragio- que no sólo tiene un contenido de carácter subjetivo, sino que proyecta un “interés” de la sociedad que acoge a los inmigrantes puesto que es ella la que está más interesada en integrar a personas que viven, trabajan y contribuyen como cualquier otra en el funcionamiento y desarrollo del país. Por todo ello, el concepto de reciprocidad que establece el artículo 13.2 de la CE no se puede interpretar desde una perspectiva restrictiva como si los Estados que suscriben el tratado estuvieran, como decía antes, pactando relaciones comerciales o de otra naturaleza.

En segundo lugar, no se debe perder de vista que lo que el artículo 13.2 de la CE reconoce es el derecho de voto activo de los extranjeros no comunitarios en las elecciones municipales. Es decir, un derecho de sufragio muy restringido. Por eso hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales:

- Primera, que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que los municipios se deben considerar corporaciones de derecho público y por ello, aunque en sus elecciones los representantes se eligen mediante el ejercicio de derechos de participación política, no son equiparables a las instituciones representativas donde se expresa soberanía (elección del parlamento).

- Segunda, que el artículo 140 de la CE establece que los concejales “serán elegidos por los vecinos del municipio”. Luego no hay que perder de vista que el concepto de “vecino” incluye a todos los residentes en el municipio, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, que la elección de los concejales se hace gravitar ex constitutione sobre la condición de residente y no sobre la nacionalidad. Por eso, el propio Consejo de Estado, en su Informe para la reforma electoral, ya señaló que de la lectura conjunta de los artículo 13.2 y 140 de la CE se ha de llegar a la conclusión que la interpretación de la “reciprocidad” prevista en el citado precepto no se debería hacer de forma restrictiva y rígida sino que más bien habría que llegar a una interpretación amplia.

Luego, si el concepto de reciprocidad es un término del derecho internacional que cobra plena vigencia en la conformación de los pactos entre Estados en cuanto sujetos de derechos y obligaciones, y aquí de lo que estamos hablando es de reconocer el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes permanentemente como instrumento para su integración en la sociedad en la que viven. Si el derecho al voto que se reconoce es para la participación en las elecciones municipales, donde el ámbito de “soberanía” que se ejercita está especialmente reducido. Y, finalmente, es la Constitución la que dice que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio, y vecino es toda persona que viviendo de forma estable en esa localidad está empadronada. Podríamos concluir que es posible ser más generosos a la hora de reconocer el derecho de voto a los extranjeros.

El problema, desde mi punto de vista, es que en todo este proceso se instaló la idea, o la voluntad política, de hacer una interpretación estricta del concepto “reciprocidad”, y lo cierto es que esa forma de ver el término no es la más afortunada políticamente hablando y, ni mucho menos, la que mejor se ajusta a la Constitución. Por ello, aunque el camino abierto con los Convenios suscritos es de gran interés, deberíamos situarnos en él pensando que tan sólo hemos dado los primeros pasos para que los extranjeros participen de nuestras elecciones y que aún nos queda mucho trecho por recorrer.

Elviro Aranda Álvarez
Profesor de Derecho Constitucional
Diputado del PSOE

LA REFORMA ELECTORAL POSIBLE: ¡DE MOMENTO!

2011-01-20T14:08:00.002+01:00

Hace unas semanas, participando en un seminario donde se analizaba la reforma electoral que se está tramitando en el Parlamento, un prestigioso académico conocedor de estos asuntos decía que las leyes electorales, en su contenido más esencial, para que sean objeto de reforma necesitan que previamente hayan colapsado o que el sistema político haya quebrado. Yo no llego a tanto, pero reconozco que algo cierto hay en esa afirmación.

En estos días, estamos concluyendo el debate parlamentario más intenso que nunca se había hecho sobre nuestro régimen electoral desde la aprobación de la vigente ley de 1985. El resultado será, también, la reforma más importante que durante estos años se ha aprobado. Sin embargo, en la opinión pública especializada, los medios de comunicación y los partidos políticos minoritarios, la impresión es que se va a desaprovechar una oportunidad para modernizar un modelo electoral que trae causa en normas preconstitucionales y que algunos ven como la última hipoteca que nos dejo el tardofranquismo. Aunque es cierto que elementos del sistema son preconstitucionales, también es cierto que ello no ha impedido que el resultado de su aplicación durante estos treinta y cinco años haya sido francamente positivo.

Para no “enredarse” con las diferentes posibilidades electorales existentes, hay que decir que a partir de los dos grandes sistemas electorales: el mayoritario y el proporcional, las opciones mixtas que han ensayado los países democráticos de nuestro entorno son muy variadas. Por eso, al final se comprueba que decantarse por uno u otro tan sólo depende de las circunstancias políticas del país y de la importancia que se les dé a las normas tendentes a hacer compatibles representatividad y gobernabilidad.

En España, cuando se habla del sistema electoral es frecuente hacerlo como si no existiese nada más que el proporcional que se utiliza para la elección de los Diputados al Congreso; sin embargo, hay que recordar que, entre otros, también existe un sistema mayoritario de listas abiertas y desbloqueadas para el Senado aunque eso no suponga que las cosas cambien mucho a la hora de la elección de unos u otros representantes.

Pero limitémonos al sistema proporcional del Congreso de los Diputados. Es cierto que la proporcionalidad del modelo está corregida. Tanto la designación de la provincia como circunscripción, como la asignación de un número mínimo de dos diputados a cada una de ellas de forma fija antes de hacer el reparto en función de la población, cuanto la opción por la fórmula D´Hondt para transformar los votos en escaños son decisiones, una de carácter constitucional y las otras dos voluntad del Legislador, que se decantan por corregir la proporcionalidad a favor de la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria.

El resultado es que en estos años se ha conformado un mapa político del siguiente tenor: dos grandes partidos, entre dos y cinco partidos de corte nacionalista y, con dificultad, a demás, sobreviven dos pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD). Los dos grandes partidos se han alternado en el poder durante estos años y, cuando no han conseguido mayorías suficientes para gobernar en solitario, se han valido de los apoyos puntuales de los partidos nacionalistas que han cumplido esa función a cambio de una buena consideración para los intereses políticos de sus territorios. Hasta ahora esta dinámica política ha funcionado razonablemente bien, ¡aunque los ciudadanos que no pertenecen a territorios con partidos nacionalistas se consideren agraviados!, puesto que el desarrollo del estado autonómico hacía que el gobierno de turno tuviera recursos y posibilidades para satisfacer las necesidades de los partidos nacionalistas que funcionan como bisagra. Ahora bien: ¿qué sucederá cuando desplegado plenamente el Estado de las Autonomías no queden transferencias o cantidades económicas que transferir?

Cuando suceda lo anterior, que quien esté en condiciones de gobernar no pueda satisfacer las reclamaciones de aquéllos que se prestan a ser aliados parlamentarios –por ejemplo, algo que podría suceder cuando CiU ponga sobre la mesa para apoyar una investidura que se le reconozca a Cataluña un modelo de financiación similar al Concierto Vasco- entonces lo que sucederá es que habrán cambiado las condiciones políticas de nuestro país y, como decía al inicio de este artículo, es cuando surgirá con fuerza la necesidad de reformar el sistema electoral para que aparezca una fuerza política con capacidad de ser partido bisagra de carácter nacional.

Por eso las reformas electorales, de momento, difícilmente van a cambiar los elementos estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que “aliar” para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que pusieran en peligro la integridad de España probablemente se empezaría a pensar cómo hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los intereses generales estén en peligro.

Mientras tanto, nos tendremos que conformar con reformas que mejoren el ejercicio del derecho de sufragio, que corrijan prácticas fraudulentas en los empadronamientos o la emisión del voto, que mejoren el procedimiento electoral, que garanticen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los inmigrantes o que limiten los gastos electorales poniendo coto a campañas que más parece empiezan el día después de celebrada las últimas elecciones. ¡Por cierto! Todo lo anterior no es poco. Es de una gran importancia porque incluso afecta al ejercicio de derechos fundamentales y, de paso, perfecciona un régimen electoral que todo el mundo reconoce es de los mejores de nuestro entorno político.

EN DEFENSA DEL PARLAMENTO

2010-11-24T10:04:00.002+01:00

En los años 20 del siglo pasado Kelsen en su obra “Esencia y valor de la democracia” hacía una encendida defensa de los procedimientos y la institución parlamentaria para la pervivencia del régimen democrático. Decía el ilustre jurista austríaco que, puesto que es científicamente imposible fijar valores absolutos y la sociedad de los modernos se ha asentado sobre el principio de la tolerancia, la democracia encuentra su sustento más firme en el respeto a las formas, a los procedimientos y en la consideración a las instituciones del Estado.

Aunque la situación de nuestro tiempo está lejos de las circunstancias que dieron lugar al alegato en defensa de la democracia parlamentaria de Kelsen, lo cierto es que no viene mal recordar sus argumentos para reprender la desatención de las formas, los procedimientos y las instituciones que se produce en nuestra democracia parlamentaria.

Todos somos conscientes que los partidos son los sujetos políticos más importante de nuestro tiempo. Algunos, incluso, hemos llegado a la conclusión de que esa preeminencia de los partidos no tiene porqué ser mala siempre que se ejerza con equilibrio y moderación. Ahora bien, que instituciones que nada tienen que ver con los órganos representativos, salvo en que éstos participan en la elección de sus miembros, como son el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, estén atascadas y viendo como se erosiona su imagen por el “manoseo” que los partidos hacen de los tiempos para elegir a sus componentes, es totalmente inaceptable y produce un enorme daño al sistema político.

No es menor el daño que se hace a la democracia parlamentaria con el descuido y falta de atención que se tiene con el Parlamento, sus potestades y reglas de funcionamiento. Es una pena que haya tan poca voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios para reformar el Reglamento del Congreso y la Cámara tenga que aceptar resignadamente ataques a su autonomía, dejación de sus funciones y deba desarrollar el día a día a golpe de prácticas, usos y costumbres cuando lo razonable sería que hubiera una norma clara para organizar su trabajo.

El último caso, del que tengo constancia, ha sido la creación de una Oficina Presupuestaria mediante Ley. Dicha Oficina, en cuanto que órgano del Parlamento para el seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, es una reclamación y una necesidad desde hace muchos años en el funcionamiento de nuestras Cortes Generales. Desde luego, que constituida y organizada en las condiciones correctas debería convertirse en un instrumento de primer nivel para la información y control que los parlamentarios hacen de una materia tan importante y tan compleja como son los Presupuestos del Estado. Sin embargo, en las condiciones que se ha creado no solo no adquiere la relevancia que debería tener, sino que se constituye sin el más mínimo respeto al principio de autonomía normativa de las Cámaras que establece el artículo 72 de la CE. Como se introduce en la vida parlamentaria por la puerta pequeña no queda más remedio que diferir su organización y funcionamiento a una Resolución de la Presidencia de las Cámaras que supone un nuevo varapalo al Parlamento y sus reglas de funcionamiento.

Tampoco se hace ningún favor a la institución parlamentaria cuando se crean Comisiones de funcionamiento interno mediante Ley, se organizan procedimientos de control político de la acción gubernamental en la Unión Europea donde decisiones fundamentales son evacuadas por el Gobierno que se ha de controlar, o se subvierten los procedimientos legislativos y mediante enmiendas se introducen reformas de leyes que nada tiene que ver con el objeto de la iniciativa legislativa en trámite (v.gr. la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Todos sabemos que vivimos en una forma de gobierno de parlamentarismo racionalizado, donde por razones de necesidad para la gestión de la complejidad social y eficacia en el funcionamiento de las instituciones, el Ejecutivo ha adquirido una posición especialmente preeminente. Ahora bien, que el Parlamento abandone de forma tan exagerada las competencias, las formas y las funciones que le corresponde, supone una jibarización de la democracia que se traduce en descrédito para la política e irrelevancia de las instituciones. Pero ¡no lo olvidemos! El Poder nunca es una res nulius y cuando se hace dejación de potestades aparecen los poderes informales que ocupan la posición y van transformando el sistema hasta que un día nuestra democracia se convierta en mera pantomima en manos de poderes ocultos que no responden ante nadie.

Recuperar la cordura

2010-11-03T10:23:00.003+01:00

El sábado se celebró en el National Mall de Washington una multitudinaria manifestación convocada por el humorista Jon Stewart con el curioso y sugerente lema: “concentración para recuperar la cordura”.

Aplaudo la iniciativa y me llena de alegría que todavía, pese al sinsentido y el despropósito que recorre el mundo, haya gente que salga a la calle diciendo en sus pancartas “...estamos hartos de tantos gritos…que son malos para la salud y, por supuesto, para la garganta”.

Desde luego que los norteamericanos tienen porqué estar preocupados cuando observan cómo se gestionó la guerra de Irak, escuchan al candidato a senador por Kentucky del partido republicano cuestionando la ley de derechos civiles que acabó con la segregación racial en EEUU en 1964 y ven cómo el Tea Party progresa a lomos de las ideas más reaccionarias que nunca se han sostenido.

Pero ante tanta radicalidad y argumentos viscerales la pregunta es: ¿qué está sucedido para que la demagogia se apodere de la política? Se me ocurren algunos comportamientos y no pocos descuidos de nuestras latitudes:

¿No tendrá que ver con que hay gente en instituciones de gran relevancia que tiene comportamientos más propios de un “patio de vecinas” que de los altos cargos que ostenta? Estoy pensando en el Alcalde de Valladolid.

¿No tendrá que ver con personajes que caen en lo patético cuando se empeñan en negar la evidencia y pese a estar hasta el cuello de corrupción siguen negando que a ellos les afecte? Estoy pensando en el Presidente de la Comunidad de Valencia.

¿No tendrá que ver con dirigentes que, mediante la manipulación, hacen lo blanco negro e intenta camuflar actos de pederastia de sus protegidos bajo el paraguas de la ficción literaria? Estoy pensando en la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Salir a la calle y decir “basta” es un primer paso. Pero no es suficiente. El siguiente es echar de la política a todos aquéllos que no saben estar a la altura de lo que están representando. Aquéllos que menosprecian las instituciones, que juegan con los argumentos para decir hoy una cosa y la contraria al día siguiente, que buscan antes un titular que una buena explicación, que piensan que la política es tan solo un medio para el encumbramiento personal. A los que renuncian al valor pedagógico en el servicio público.

El problema es que hay virtudes y valores públicos que se han perdido en el camino de la consecución de los beneficios materiales e individuales que imperan en la sociedad del consumo y el hedonismo en la que vivimos:

La libertad. Muchos la han tergiversado y olvidan que tiene el límite del respeto a los demás. La libertad requiere de responsabilidad y, tanto en política como en la vida privada, actuamos como si la responsabilidad fuera de los otros pero nunca nuestra.

La igualdad. Pese a los esfuerzos que hacen las leyes para que impere, la discriminación sigue instalada en la sociedad, y bajo el argumento de la confianza y la cualificación, se esconde muchas veces la arbitrariedad y el nepotismo de algunos gobernantes.

El pluralismo, que pretende garantizarnos la diversidad de propuestas ideológicas para hacer más rica la democracia se castra mediante la homogeneización informativa y los corsés electorales.

La justicia, se erosiona con los jueces estrella, con los atentados a su independencia por la manipulación e interferencia de la política y con los juzgados colapsados que hacen imposible la tutela judicial.

Recuperar la cordura es recuperar el sentido común y, con él, las virtudes cívicas que siempre han guiado a las sociedades más preclaras: la responsabilidad, el rigor intelectual, el respeto a los demás, la fidelidad a las personas y las convicciones, la austeridad y el amor al trabajo bien hecho. Por supuesto, tener respeto por los principios y los valores democráticos que nos hemos dado en la Constitución y que son el mínimo común básico de convivencia de nuestra sociedad. Es bien simple ¡Será posible!

La fugacidad de la política

2010-10-21T16:18:00.003+02:00

Hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención en el mundo de la política: la fluidez con la que se desarrolla, lo fácil que es que cambie la percepción y el panorama en el que nos encontramos de un momento a otro. Es cierto que existen tendencias que marcan el camino de las decisiones que toman los distintos agentes (desde un responsable político de tercer nivel hasta el electorado al emitir su voto), pero una decisión o un pequeño acontecimiento oportuna e inteligentemente tomado puede marcar el curso del devenir político.

Esto viene a cuento, como supongo ya muchos intuyen, por la situación política del Gobierno de España. Hace unos días eran muchos los que pensaban que Zapatero tenía sus días contados. Unos se ilusionaban con la buena situación que tendrían en el 'postzapaterismo', y otros tomaban posiciones para abandonar el barco antes de que las vías de agua que ellos intuían les pudieran afectar. Por supuesto, la oposición del PP, se frotaba las manos puesto que veían elecciones a corto plazo en el mejor momento para sus intereses electorales, bien por la ventaja adquirida en las encuestas, bien por la situación económica y social aún en crisis.

Sin embargo, en el peor momento, cuando la situación es más delicada, se producen unas primarias que todos intentan se vean como una derrota de Zapatero y se tienen que negociar los Presupuestos Generales del Estado, que, por la transcendencia que tienen, suelen ser de una gestión parlamentaria muy compleja. Se producen dos acontecimientos que han cambiado radicalmente la situación: un pacto para lo que queda de legislatura y una fuerte remodelación del Gobierno.

No es que Zapatero haya conseguido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) para aprobar los Presupuestos, que efectivamente ha sido así, si no que también ha conseguido que estos dos partidos se comprometan con la gobernabilidad de España durante el próximo año y medio.

No han faltado los que han puesto el grito en el cielo por ese pacto, resultando muy curioso el comportamiento de éstos. Cuando gobierna la derecha, los pactos parlamentarios son fruto de la capacidad de diálogo y el compromiso con los ciudadanos; cuando gobierna la izquierda son acuerdos para la venta de España y la desintegración de la Nación. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Los pactos, en un sistema parlamentario, son lo normal, son la esencia del sistema, cuando se hacen con publicidad y en el marco constitucional, como así ha sido en este caso.

Pero este pacto es especialmente importante. Se produce en un momento delicado, cuando lo más grave de la crisis económica ha pasado y cuando se han activado todas las medidas posibles para generar confianza interna e internacional y empezar a salir del agujero. Es, por tanto, un pacto que engrandece a quienes lo firman porque ponen los intereses de España y la solución de los problemas en primer lugar. Algunos dirán que es un pacto para que Zapatero siga un tiempo más en la Moncloa, pero a los que así argumenten habría que preguntarles si les parecería mejor para España que el Presidente no diera la cara en los momentos difíciles.

Una hora después de culminar el 'primer acto' para aprobar tan importantes presupuestos en el Congreso de los Diputados, el Presidente da a conocer la más importante remodelación del Gobierno que ha hecho. Reduce los Ministerios, integra funciones en otras carteras e introduce personas de alto valor político en puestos de gran relevancia. Un Gobierno político, para una etapa de gran efervescencia política. Un Gobierno para la acción y la transmisión de las decisiones que se tomen. Un Gobierno para tirar del carro en el último tramo de la crisis y un Gobierno para presentarse ante los ciudadanos con argumentos bien ordenados y pedirles a los votantes que piensen detenidamente en quién ponen la responsabilidad de gobernar: en los que afrontan los problemas y ponen soluciones para resolverlos o en los que la única solución que aportan a la crisis es que les dejen mandar a ellos.

Dos acontecimientos, unos días transcurridos, y hemos pasado del principio del fin de Zapatero, a la situación de mayor estabilidad gubernamental de la Legislatura y el Gobierno más fuerte y político de los últimos seis años. ¡Alguien da más!

Instituciones en peligro

2010-10-14T13:50:00.002+02:00

Recientemente hemos tenido la oportunidad de tratar en el Congreso de los Diputados asuntos relacionados con dos Altas Instituciones del Estado que están sometidas a fuertes críticas: El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Lo más curioso de lo que está sucediendo con estos órganos constitucionales es que los problemas que se están planteando nada tienen que ver con su funcionamiento y las competencias que desempeñan, sino con la intervención que el Parlamento y, a través de él, los partidos políticos, hacen en la designación de los miembros que las conforman.

El Tribunal Constitucional se ha pasado tres años sin renovar el tercio de Magistrados que se han de elegir por el Senado. Si grave es la situación por el tiempo que han tenido que estar los Magistrados salientes en funciones, más grave es si se tiene en cuenta que dicha institución se compone de doce Magistrados que, por mandato constitucional (art. 159.2 CE), se han de renovar en bloques de cuatro cada tres años, con lo que ahora nos encontramos con que los Magistrados que se han de elegir por el Senado y por el Congreso de los Diputados se renuevan al mismo tiempo y, con ello, finalizarían su mandato simultáneamente. La renovación por tercios no es un capricho, es un instrumento para garantizar la autonomía e independencia del Alto Tribunal. Para solventar este problema hemos tenido que hacer una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que, pese al acuerdo de todos los grupos parlamentarios, plantea y planteará no pocos problemas.

Hace unos meses finalizó el mandato del Defensor del Pueblo. De acuerdo con las previsiones de su Ley orgánica, si no ha sido elegido nuevo Defensor ocupa su puesto, en funciones, la Defensora Adjunta Primera. Es la situación en la que nos encontramos en este momento, con lo que supone de precariedad e interinidad para la institución y las personas que la encarnan.

Como decía al principio, recientemente, en el Congreso nos hemos ocupados de temas relacionados con esas dos instituciones. El proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, durante el cual muchos han aprovechado la oportunidad para seguir su estrategia de deslegitimación del Tribunal. Y la tramitación del Informe Anual del Defensor del Pueblo, en cuyo desarrollo ha tenido que comparecer la Defensora en funciones que, ante la precariedad de su situación y las “ganas” que algunos tienen de criticar a un órgano de carácter estatal que saca los colores a las Comunidades Autónomas, se ha visto desconsiderada y ninguneada.

Seguro que la crisis económica, el paro y la imperiosa necesidad de reactivar nuestro sector productivo son prioritarios en la acción política. Pero no deberíamos descuidar la atención que necesitan las instituciones constitucionales que hacen Estado y aseguran el normal funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Si abandonamos esas obligaciones estamos socavando nuestro sistema, ofreciendo oportunidades a aquéllos que trabajan para desintegrar España y dando argumentos a la ciudadanía que cada día está más desencantada con la política y los políticos.

Desde luego que en esta situación no todos tenemos la misma responsabilidad. El PSOE ha hecho mil intentos para que se renovase el Tribunal Constitucional y se elija el nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, con el primero, el PP se limitó a presentar a candidatos que sabía no podían ser aceptados por los demás grupos puesto que, como han señalado informes jurídicos posteriores, ni tan si quiera cumplían las condiciones para poder ser Magistrados; y, con el Defensor del Pueblo, por el poco interés que muestran en su renovación, se nota que se sienten cómodos con que siga ejerciendo el cargo la Defensora Adjunta que, ¡casualidad de la vida!, fue propuesta por ellos en la anterior renovación.

Sería más que conveniente que tuviéramos cuidado con los comportamientos de oportunismo y pura táctica, que aunque den una aparente ventaja no hacen más que desacreditar la nobleza y alto valor de la política y acercan cada día más a los demagogos y populistas al Poder.

Dos formas de comportarse ante la huelga

2010-09-27T12:41:00.002+02:00

El miércoles 29 de septiembre los sindicatos han convocado una huelga general. El 90 % de los socialistas no compartimos los argumentos que han llevado a la UGT y a CC.OO a plantear este paro.

Es cierto que la situación de los trabajadores es especialmente difícil en estos tiempos de crisis. También es cierto que aquellos que son más responsables de la situación en la que nos encontramos intentan “escabullir” su responsabilidad y hacen todo lo posible por salir indemnes de las dificultades, a la vez que endosan el problema a los más débiles.

Pero ante la realidad de los hechos y los imponderables que impone el sistema, el Gobierno está plantando cara. Se trabaja con responsabilidad, con sentido de Estado, sin demagogia y siendo conscientes de que lo primero es salvar el bache en el que nos encontramos. Por eso se ha hecho la reforma laboral, se ha aprobado la Ley de Economía Sostenible y se han elaborado unos presupuestos que desde la austeridad no descuidan a los que más lo necesitan (desempleados, ancianos y jóvenes).

Los sindicatos no entienden y no comparten las medidas del Gobierno y, en ejercicio de su derecho, se manifiestan contra su política. Los socialistas comprendemos a los sindicatos y entendemos que no descuiden en tiempos de tanta dificultad los intereses de los trabajadores. Todos los hombres y mujeres de izquierdas participamos de la defensa de la condiciones de vida de los más necesitados; pero en el contexto en el que nos encontramos, quien tiene responsabilidades de gobierno debe mirar también por relanzar la economía cuanto antes, auque para ello deba pedir sacrificios a todos.

La mejor muestra de que los socialistas entendemos a los sindicatos ha sido la generosidad del Ministerio de Fomento, que muy pronto supo comprender cómo había que comportarte ante la huelga y pactó unos servicios mínimos que dieran normalidad al ejercicio de un derecho constitucional. Todos sabemos que de cómo transcurran las cosas en el transporte depende en gran medida el éxito o fracaso del paro.

¿Pero qué ha pasado en la Comunidad de Madrid? Pues que la Sra. Aguirre no ha querido pactar los servicios mínimos con los sindicatos. Que, aunque la huelga no va en su contra y el Ministerio de Fomento había indicado el camino para llegar a un acuerdo, ella ha procurado que se escenificase una ruptura entre Administración y sindicatos. Después, para encender la mecha, ha establecido unos servicios mínimos que han “indignado” a los trabajadores.

Desde luego la Sra. Aguirre es coherente con su estrategia de ahogar a los sindicatos y, con ellos, anular la organización obrera para la defensa de los intereses laborales. Es un paso más en su estrategia bien calculada de erosionar los elementos básicos del sistema democrático: partidos políticos debilitados, Parlamento refrendatario de su poder personal, sindicatos vituperados y política populista y carismática donde los ciudadanos son considerados como meros consumidores silenciosos.

Pero no basta con desarrollar una política que anule la participación cívica. Hay que procurar que el poder institucional no esté en manos de los que no son afines. Para ello, no basta con neutralizar a los ciudadanos sino que hay que boicotear a las Administraciones que están dirigidas por otras fuerzas políticas.

¡Espero equivocarme! Pero no pactar servicios esenciales en el transporte de Madrid no es más que una incitación a los sindicatos para que no cumplan los servicios abusivos que ha impuesto y, así, poder sentarse a esperar que el caos en la capital sea lo mayor posible y poder atacar al Gobierno y a los sindicatos: a uno por no haber parado la huelga y a los otros por haberla hecho provocando daños a los ciudadanos.

¡Una jugada redonda! Si no fuese tan evidente y tan constatable para todos los que conocen las artes políticas de la Sra. Aguirre. Al menos, espero que no haya ningún tipo de percance en los bienes o las personas.

Sobre las primarias

2010-09-22T17:39:00.004+02:00

Los que llevamos muchos años trabajando en política sabemos bien de la dificultad para dinamizar a los militantes de un partido, incluso en procesos electorales. Desgraciadamente, en nuestro país, para llegar a la democracia participativa aún queda mucho trecho que recorrer.

Digamos las cosas como son, que partidos de gobierno, como son el PSOE o el PP, en una Comunidad Autónoma de casi siete millones de habitantes, tengan una militancia que no supera el 0.5 % es un grave problema.

Por lo tanto, cuando se produce un proceso político como las primarias del PSM, que sirve para activar a la organización, a sus militantes y para que los ciudadanos conozcan de nuestro trabajo, proyectos y candidatos, creo que todo el mundo debería estar de acuerdo en que es bueno para quien las promociona y para el sistema democrático.

Cuando escribo estas líneas ya se ha dado a conocer que la candidatura de Trinidad Jiménez ha conseguido casi seis mil quinientos avales, y, desde hace unos días también se sabe que la candidatura de Tomás Gómez tiene un número parecido.

Eso quiere decir que casi el 73% de los afiliados del PSM han estampado su firma por uno u otro de los candidatos, que el 73% de los afiliados se han activado y que han tomado posición en el proceso de primarias. Por supuesto, otra cosa será lo que después voten, aunque estos resultados algún indicio dan. Pero lo que está claro es que, además de que se habla de un proceso que dignifica la democracia interna de los partidos –en este caso del PSM- para elegir a sus candidatos, los afiliados se empiezan a movilizar y tienen las ganas de participar en el proceso preelectoral y en el electoral que vendrá después.

Seguro que de este proceso de primarias podremos sacar conclusiones que nos lleven a mejorar el sistema (por ejemplo, regular de forma más clara los órganos imparciales que controlan el proceso, los recursos económicos y materiales para los contendientes o un sistema de voto por correo), pero de lo que no me cabe la menor duda es que está siendo bueno para el PSM y, por tanto, para la democracia en España también.

Ahora toca que nadie lo estropee con exabruptos, que todos respeten las reglas del juego y que aprovechemos la oportunidad de estar en los medios de comunicación social para transmitir a los ciudadanos madrileños que hay un proyecto político social demócrata, de fortalecimiento democrático y de protección de los servicios públicos frente a las políticas ultra liberales y neoconservadoras de Doña Esperanza Aguirre. Ambos candidatos deben definir cual es la mejor manera para que esa comunicación se produzca, donde cada uno pueda resaltar sus potencialidades, pero en ningún caso buscando encerronas de filibusterismo político a corto plazo, sino siendo conscientes que uno y el otro deben prepararse para ganar al verdadero rival ideológico que es el PP.

Tampoco sobra que reflexionemos sobre quién puede liderar en mejores condiciones ese proyecto político alternativo al PP para Madrid. Quién de los dos candidatos presenta mejores condiciones por trayectoria política, por credibilidad ciudadana, por impulso político y capacidad de aunar e integrar a todos los socialistas madrileños.

Yo, en eso, lo tengo claro. Creo que esa persona es Trinidad Jiménez. No porque las encuestas le den como mejor candidata, que también-, sino porque claramente tiene más experiencia, más credibilidad, más capacidad de diálogo y, por eso, estoy seguro está en mejores condiciones para unir a todo el partido y colaborar con otras fuerzas políticas para cambiar Madrid. Por eso, el día tres de octubre le voy a dar mi voto para que sea nuestra candidata a la Comunidad de Madrid.

Curso clave para la universidad madrileña

2010-09-13T14:11:00.003+02:00

Estos días ha empezado un nuevo curso en la Universidad madrileña. Va a ser el año en el que todas nuestras universidades estén adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia). Este proceso ha requerido un ingente esfuerzo para los centros universitarios; tanto es así, que ha supuesto cambiar radicalmente el modelo de universidad. En nuestra enseñanza superior ya se habla de Grado y Posgrado y, dentro de este último, de Máster y Doctorado. Supone cambiar las técnicas de cómputo de los estudios que se realizan, los controles de calidad de los centros y los profesores y, lo que es más importante, las técnicas pedagógicas y educativas. Toda una revolución que debe servir para facilitar la comparación entre universidades europeas, con lo que se favorece la movilidad de estudiantes y profesores. En definitiva: crear un gran espacio europeo para la ciencia, la investigación y la transmisión del conocimiento. ¡Nada más y nada menos!

La universidad, la investigación y el desarrollo tecnológico que conlleva es una de las potencialidades de nuestra Comunidad Autónoma. No en vano, contamos con 13 universidades, tenemos más de 276.000 alumnos, cuatro de las seis universidades públicas están entre las diez primeras de España y todas ellas cuentan con una plantilla de más de 20.000 personas que se dedican a la docencia, la investigación y el desarrollo. Pero, lamentablemente, en este inicio de curso nuevamente tengo que denunciar la falta de política universitaria en Madrid.

Es difícil de entender, pero la Comunidad de Madrid no tiene un Plan Estratégico que maximice el inmenso potencial de recursos materiales y humanos de nuestras universidades. Aunque en la inauguración del curso 2010-2011 la Sr. Aguirre presumía del dinero que se ha puesto para financiar la universidad, lo cierto es que fue en el 2006 cuando la CAM elaboró el último e incumplido Plan de Financiación de la Universidad. En el 2008 se firmó un Contrato Programa, que nuevamente se ha incumplido y, durante el 2010, el recorte de más del 4% en inversión en universidad ha llevado a que los Rectores hayan tenido que exigir públicamente el pago de retrasos de gasto corriente incluidos en el citado Contrato Programa. ¡Veremos que pasa con los Presupuestos del 2011!

Por eso es alucinante que la Presidenta alardee de gasto universitario, cuando incluso su Gobierno ha reconocido esos incumplimientos, además de decir que no iban a seguir haciendo frente a las inversiones en obras de rehabilitación. Hasta tal punto han llegado los recortes que algunos Decanos han visto en este último año reducido su presupuesto para obras más de un 40%, nada más y nada menos, que en un tiempo en el que se estaban habilitando sus centros para el Plan Bolonia.

Frente a esa política de estrangulamiento de la universidad por la CAM, el Gobierno de España ha sido el que, a través de iniciativas como el Programa Campus de Excelencia, ha otorgado fondos a las universidades públicas madrileñas para desarrollar proyectos de excelencia, con el objeto de impulsar la calidad y la mejora de los campus universitarios y alentar un nuevo modelo económico basado en el conocimiento. Tengo que recordar aquí que de los cinco proyectos a los que se otorgó la distinción Campus de Excelencia Internacional 2009, tres de ellos son de universidades públicas madrileñas.

Por todo ello, hoy, cuando inauguramos el nuevo curso, quiero desde esta tribuna denunciar la propaganda de Esperanza Aguirre en política universitaria y dejar constancia que quién se está implicando en el desarrollo y la modernización de la Universidad y el progreso de la Ciencia y la Investigación es el Gobierno de Zapatero.

Lo que se juega en las primarias

2010-09-06T12:32:00.001+02:00

La crisis internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han sumido la economía española en una profunda crisis en los últimos años.

El Gobierno de Zapatero ha puesto todo su empeño para neutralizar cuanto antes la grave situación: corrigiendo la debilidad estructural de nuestro sector productivo, moderando el déficit, generando solvencia en los mercados financieros internacionales y, todo ello, sin descuidar las políticas sociales que arropan a los más necesitados (jóvenes, parados, ancianos, dependientes).

Está siendo un esfuerzo ímprobo, pero pese a datos negativos coyunturales, se empieza a ver la luz al final de túnel. Los próximos veinte meses serán clave para reactivar nuestra economía y poder recuperar el apasionante proyecto de políticas sociales que en la legislatura pasada pusimos en marcha los socialistas (mejora de las pensiones, ley de dependencia, apoyo a la natalidad, becas, ayudas a la investigación y el desarrollo).

Si las cosas funcionan en este sentido, el proyecto social demócrata que lidera José Luis Rodríguez Zapatero recobrará fuerza, se reducirá el paro que la crisis ha generado y podremos relanzar las políticas de igualdad y fortalecimiento de la libertad en España. Por supuesto, en ese momento, las expectativas electorales del PSOE para el 2012 mejorarán sustancialmente. Todo lo anterior viene a propósito de los guiños en clave Nacional que algunos están haciendo en el proceso de primarias en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Se equivocan de medio a medio los que así actúan. Por supuesto, están haciendo un flaco favor al proyecto socialista y alimentan la estrategia de la derecha social y mediática. De lo que se trata ahora es de que los militantes madrileños elijamos a los mejores candidatos para enfrentarnos a la derecha en las elecciones regionales y municipales del 2011.

Las primarias serán un proceso político interno que si es llevado limpia y lealmente, contribuirán a revitalizar nuestra militancia y nuestro electorado; nos pondrá en mejores condiciones para afrontar las elecciones del 2011, fortalecerá la democracia en el partido socialista y, por ende, el proyecto socialista Nacional.

Cuando los militantes socialistas vayamos a votar en las primarias, tenemos que tener bien claro que lo que se está jugando es elegir el mejor candidato/a para enfrentarse al PP en Madrid. Se trata de que el proyecto socialista que entre todos hemos construido, tenga las mejores opciones para hacerse realidad a partir de la primavera que viene. Aquéllos que juegan a otra cosa, que se dejan embaucar por los cantos de “liderazgo galáctico”, equivocan gravemente el tiro y hacen un flaco favor al proyecto socialista que, como siempre, ha de estar por encima de los intereses personales.

Primarias en el PSM

2010-08-25T18:11:00.002+02:00

Se inicia un nuevo curso político y los socialistas nos aprestamos a dar un ejemplo de fortalecimiento y democratización de los partidos políticos.

El asunto de las primarias del PSM, que como 'serpiente de verano', ha recorrido las páginas de toda la prensa durante estos días estivales, puede ser un primer paso en uno de los debates pendientes en nuestra joven democracia: la democracia interna de los partidos políticos.

La Constitución española de 1978 regula los partidos políticos en el Título Preliminar, en el mismo sitio donde se define el modelo de Estado, la forma de Gobierno, la organización territorial o los principios del ordenamiento jurídico.

En una democracia representativa los partidos políticos son esenciales. Hasta tal punto es así, que me atrevo a decir que si desapareciesen, irremediablemente surgirían organizaciones, quizás con otro nombre, que cumplirían su función. Porque como dice el artículo 6 de la Constitución “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.

La sociedad es plural y la estructura representativa de un Estado democrático necesita instrumentos para trasladar la 'foto del pluralismo social' a los órganos que han de tomar las decisiones que competen a todos. Por eso, los partidos políticos son esenciales, porque sirven para dar racionalidad al pluralismo social, porque transmiten esa diversidad de opiniones a las instituciones y, no menos importante, porque desde las instituciones envían a los ciudadanos decisiones y acciones políticas que ordenan la vida en común.

Esa importancia transcendental de los partidos políticos es razón más que suficiente para que su organización y funcionamiento se cuiden al detalle. Quien ha de cumplir tan importante función debe dar ejemplo con sus actos, debe evitar predicar una cosa para la vida pública y hacer lo contrario en su funcionamiento interno. El Constituyente era consciente de esto y por eso, en el mismo artículo 6 dijo que “su estructura interna y funcionamiento –el de los partidos políticos- deberán ser democráticos”.

Sin embargo, lo cierto es que en estos años algunos nos hemos esforzados para mejorar la democracia interna de los partidos. En el PSOE las primarias para elegir a sus candidatos y líderes no son nuevas. Otros han optado por predicar democracia pero seguir la práctica digital del 'Jefe' para realizar sus recambios de cuadros y elección de candidatos.

En las próximas semanas los socialistas madrileños vamos a dar otro ejemplo de cómo la democracia no sólo hay que predicarla sino que también hay que practicarla en la organización partidaria. Trinidad Jiménez, Tomás Gómez y Jaime Lissavetzky van a reclamar el apoyo de los militantes para ser, los dos primeros, candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y el segundo, candidato a la Alcaldía de Madrid capital. Los tres enfrentarán ese reto con un mismo programa, el de los socialistas madrileños, con perfiles personales, humanos y políticos distintos que los militantes tendrán que valorar para decidir quienes son los mejores para enfrentarse al PP madrileño.

Frente a aquellos partidos que van a elegir a sus candidatos a dedo o, en el mejor de los casos, en órganos controlados por el poder del partido, los socialistas madrileños, todos y cada uno de los militantes, vamos a decidir y lo vamos a hacer en libertad (voto personal y secreto) y públicamente. ¿Hay algo más precioso en democracia?. Espero que no lo desaprovechemos y los ciudadanos entiendan la generosidad de una organización , el PSOE, que como siempre en la historia política de España, se apresta a ser punta de lanza en el fortalecimiento de nuestra democracia.

La política necesita vacaciones

2010-07-21T10:24:00.004+02:00

Definitivamente, la política española necesita unas vacaciones. Aquéllos que asocian ese período de tiempo estival con algo parecido a un premio por el trabajo realizado durante el año, pensarán que muchos políticos no se han merecido dicha recompensa. En términos generales, creo que no es así, en la política también hay quién trabaja duro. Sin embargo, las vacaciones a las que me refiero son de otro tipo: es un tiempo para pararse, para pensar, para meditar, para observar con detenimiento los acontecimientos y poder adoptar desde la reflexión y el análisis sosegado las decisiones políticas.

Es cierto que la política, casi por definición, actúa sometida al principio de la inmediatez. Se dice de un Expresidentes del Gobierno que, cuando un colaborador suyo le interrogaba sobre para cuándo tenía que tener lo que le había pedido, le respondía: “...para antes de ayer”. Pero lo que caracteriza al ser racional y, por extensión, a las instituciones que actúan con pautas propias de los sujetos que las conforman, es que necesita analizar las situaciones, entender los acontecimientos, elaborar propuestas de respuesta y, una vez ensayadas, ponerlas en práctica. Todo ello, irremediablemente necesita tiempo, claridad y un cierto sosiego.

Sin embargo, los acontecimientos políticos más importantes que están en la escena nacional y, quizás, también en la internacional, requieren respuestas inmediatas, instantáneas. Parece como si detrás de todos esos acontecimientos, que demandan respuesta al segundo, se ocultara una “mano negra conspiradora” que pretende que todos nos volvamos locos haciendo un día una cosa y al otro la contraria. Da la impresión como si algunos se hubieran conjurado para que el estrés, la tensión y la improvisación actúen como armas de destrucción de la capacidad para ver, analizar, entender y responder, que es lo que caracteriza a los seres humanos.

Cuando nos sentimos de esa forma, es cuando resultan imprescindibles unas vacaciones. Se necesita parar. Desactivar por unos días y tomar oxígeno, para después volver con la cabeza ordenada y las ideas aclaradas.

Si vemos cómo se comportan algunos en los últimos tiempos, cuestionando las instituciones, ninguneando los poderes del Estado y diciendo una cosa y la contraria, parece bastante claro que hay que recomendarles vacaciones. Seguro que los ciudadanos lo van a entender bien, y puede que hasta premien a aquellos que tras el descanso vacacional recobren el sentido y el equilibrio. Si por el contrario, seguimos en las mismas: “erre que erre” en los despropósitos, muchos tendrán vacaciones…definitivas, cuando esos mismo ciudadanos les manden a su casa.

Responsabilidad política

2010-07-14T13:07:00.001+02:00

La joven democracia española ha sufrido muchos casos de corrupción política a lo largo de los años. Quizás por ello, ahora que se están conociendo algunos verdaderamente graves, los ciudadanos 'los ven pasar' sin darles demasiada importancia. Pero eso no debería llevar a la dirección de los partidos políticos a comportase como si fuera un asunto intranscendente para los intereses del país y la democracia. Incluso, diría yo, para sus intereses electorales.

Los mismos que consideran la corrupción una cuestión menor desde el punto de vista político, también suelen, confundir responsabilidad política y responsabilidad civil o penal. Aunque es una obviedad que no debería tener que recordarse, en un régimen parlamentario no se requiere la vulneración de la legalidad para que se active la responsabilidad de carácter político. Ambas, aunque hagan referencia a los mismos hechos, son responsabilidades de signo muy distinto.

¡Perdón por la pedantería! Pero en este asunto, es bueno recordar que el sistema parlamentario nació en Inglaterra cuando, precisamente, la responsabilidad política se disoció de la responsabilidad penal. Mientras el Gobierno era del Rey y dependía de su confianza, el Parlamento no tenía otra forma de derrocarlo que acusarlo y hacerlo juzgar por un delito. Cuando el principio monárquico se sustituye por el principio democrático, el Parlamento ya no tiene necesidad de recurrir al impeachment (que se mantiene en los sistemas presidenciales) y basta entender que se ha producido un daño o que las cosas no van bien para que se retire la confianza al Gobierno o al responsable político. Es decir, que esa responsabilidad no supone culpa o negligencia, tan sólo que no se ha actuado bien en la toma de las decisiones.

Tampoco se debería olvidar que, además de la responsabilidad política ordinaria, que se depura a través de las distintas técnicas de control parlamentario y que afecta a los responsables gubernamentales, hay una responsabilidad política difusa que se manifiesta a través de la dimisión de los cargos políticos que no han actuado bien o han evidenciado ser incapaces de impedir que otros actúen mal, sean o no miembros de partidos con responsabilidad de gobierno.

La democracia parlamentaria moderna fuertemente vinculada a la existencia de los medios de comunicación y la opinión pública hace suya la ficción de que existe un 'parlamento invisible', que pese a que el Parlamento en sentido estricto permanezca inamovible, produce un movimiento en el ánimo de los ciudadanos que ha de ser medido en el momento de la renovación de las cámaras. Por ello, la responsabilidad política, además de los efectos formales que pueda producir, se proyecta en la estima y consideración que los ciudadanos tienen de sus políticos y en la opción de voto que tomarán el día de las elecciones.

La moraleja de todo lo dicho es bien clara: la responsabilidad política se puede afrontar en las instituciones y en el momento en el que los casos de corrupción se producen, generando confianza y tranquilidad en los ciudadanos; o se puede intentar evadir con artificios y trucos políticos que tan sólo conseguirán que los votantes se indignen con quién así se comporta y le retire su confianza o, lo que es peor, abandone la política y, el día de las elecciones, en vez de ir a votar, se vaya a tomar el sol en la playa o a comerse la tortilla en la sierra.

El despropósito en la política

2010-07-07T10:24:00.005+02:00

Definitivamente, la política se ha vuelto loca en España en los últimos tiempos. O quizás, sería mejor decir que algunos políticos que ostentan altas responsabilidades han perdido el sentido de Estado y piensan tan sólo en clave de oportunidad electoral. ¡No lo se! Pero lo que está sucediendo a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional por el Estatuto de Autonomía Catalán y, ahora, la Ley del Aborto, es para echarse a llorar o manda a muchos a la porra.

Las Cortes Generales, que ostentan en España la función legislativa, han aprobado ambas leyes. El Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ha pronunciado su decisión sobre el Estatuto y ha iniciado el trámite para decidir sobre la Ley del Aborto. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen presunción de constitucionalidad y, por ello, una vez que han sido publicadas entran en vigor. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad es perfectamente legítima pero, salvo contados casos que ha de dirimir el propio Tribunal, no paraliza la vigencia de una ley. Las Leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento y ningún poder del Estado puede alegar legitimidad alguna para no cumplirlas.

Todo lo dicho en el párrafo anterior son reglas de juego de nuestro Estado democrático. No son cuestiones discutidas o discutibles, salvo que se quiera romper el pacto constitucional. Todo eso es lo que están poniendo en cuestión, nada más y nada menos, que varios Presidentes de Comunidades Autónomas en los últimos días: Montilla, cuestionando al Tribunal Constitucional por la Sentencia del Estatuto y organizando una manifestación para enfrentar legitimidades. Valcálcer, diciendo que no hay razones para acatar la Ley del Aborto porque, según él, “todavía no está en su punto final”, cosa que obviamente todo el mundo sabe que es falsa. Las leyes son de obligado cumplimiento para todos y, especialmente para los poderes públicos, desde su entrada en vigor. Esperanza Aguirre, ha buscado las revueltas de la objeción de conciencia de los médicos para impedir que se pueda prestar el servicio sanitario en los centros públicos. Núñez Feijoo, se ha negado a dar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo la información necesaria para poder cumplir los protocolos previos a la intervención médica.

¡No es posible tanta irresponsabilidad! Quizás la crisis profunda y el “griterío televisivo” hayan hecho inmunes e indiferente a los ciudadanos ante tanto despropósito. Pero, tiempo al tiempo, o reaccionamos pronto y hacemos que todo el mundo, especialmente quién ostentan altas responsabilidades públicas, recobre el sentido del deber y el cumplimiento de los principios democráticos o vamos a arruinar la gran obra de libertad y convivencia que los españoles hemos construido trabajosamente en los últimos treinta y cinco años. Y, mucho cuidado, la “piel de toro” ha sido demasiado tiempo un espacio de envidias y cainismo, ¡no lo olvidemos!

Proyecto Europa

2010-06-16T11:25:00.003+02:00

La semana pasada, cuando publicaba mi columna sobre la conveniencia de apostar por el desarrollo científico y la innovación, aún no había tenido oportunidad de leer el Informe “Proyecto Europa 2030” que ha presentado el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE que preside Felipe González.

Ahora que lo he hecho, quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece para volver sobre un camino que entiendo tiene que ser la salida de la actual situación de crisis y desánimo generalizado: la apuesta por el desarrollo científico y la innovación tecnológica.

El trabajo, en lo tocante a las posibilidades de crecimiento económico en Europa, empieza con una expresión que a buen seguro muchos intuíamos ya: “…los tiempos en que la ventaja competitiva de la UE se media en costes salariales hace mucho que ha quedado atrás”” (…) “...Hoy día, el seguro de prosperidad y desarrollo en Europa es la inteligencia, la innovación y la creatividad”.

Pero ¡mucho cuidado! No basta con sentarnos a disfrutar de nuestra cohesión social y capacidades en ciencia e innovación. Aunque Europa aún juega con ventaja respecto de sus competidores asiáticos en talento humano, no va a ser así siempre. Si no hacemos una apuesta fuerte por la sociedad del conocimiento, las economías emergentes de Oriente también nos adelantarán en desarrollo tecnológico en dos décadas.

El Informe identifica tres problemas que aquejan al mundo de la investigación y el desarrollo.

Primero, que se gasta poco en ciencia e innovación. Aunque en la última década los cambios tecnológicos en el mundo han sido espectaculares, Europa lleva muchos años con su gasto en I+D congelado en el 1,8 del PIB. En España recientemente hemos llegado al 0.9 del PIB (en los próximos años habría que llegar al 3% de PIB).

Segundo, se deben simplificar los procedimientos de acceso a la financiación pública de empresas. Hoy en día, las PYMEs suponen la mitad del PIB en la UE y sólo se benefician del 15% de los programas de I+D.

Tercero, se debe desarrollar un Espacio Europeo de Investigación. Un espacio sin fronteras para el movimiento del potencial científico mediante la circulación de investigadores, tecnología y capital.

Pero la apuesta debe ir más allá. Para ello se necesita, además, mejorar la cantidad y la calidad de la inversión en ciencia e innovación, activar un compromiso permanente por la excelencia en todos los niveles educativos. La mejora de la educación y las capacidades en todos los niveles es prioritaria, pero lo más acuciante es la necesidad de que Europa cree una red de centros universitarios de máximo nivel capaces de rivalizar con los del resto del mundo. La situación de la Universidad en Europa es muy endeble (de las 100 mejores universidades del mundo sólo 27 están en Europa). En España la situación es de extrema debilidad, no tenemos ninguna entre las grandes, ni tan siquiera de Europa. La universidad debe ser un instrumento fundamental para equilibrar la oferta y la demanda de conocimiento técnico, que prepare a las personas para situaciones de transición laboral y forme en el uso de las nuevas tecnologías y capacidades. La universidad debe estar en la vanguardia del cambio de paradigma social, económico y político que se está produciendo.

Y en Madrid. ¿Qué pasa en la Comunidad que según algunos es uno de los polos tecnológicos de Europa? Pues que la enseñanza básica se degrada día a día: el fracaso escolar aumenta considerablemente en la enseñanza primaria y secundaria; la inversión en educación desciende cada presupuesto hasta el extremo de ocupar el puesto número 11 de las 17 comunidades españolas; y la brecha entre colegios e institutos del norte y el sur, públicos y privados, se extiende año tras año.

Qué decir de la universidad madrileña. ¡Endeudada hasta las cejas! Incapaz de pagar las nóminas de su personal, teniendo algunos centros que cerrar por vacaciones para ahorrar luz y servicio de seguridad. Y todo ello, no por una mala gestión, sino porque la Comunidad de Madrid les debe más de 250 millones de euros para gastos corrientes y de inversión cuyo abono retrasa sistemáticamente. En febrero de este año los seis Rectores de las universidades públicas se reunieron con la Presidenta para hablar de la deuda y la Sra. Aguirre se comprometió a elaborar un calendario de pago que, a 15 de junio, aún no se ha hecho efectivo.

Por eso, el problema es que cuando uno confronta las buenas intenciones de informes y documentos sobre cómo superar la situación en la que nos encontramos, con nuestra práctica cotidiana se empieza a alarmar y pensar lo bueno que sería que aprendiéramos a comportarnos como señala el lema del ecologismo: “piensa global, actúa local”. ¡Quizás así nos iría un poco mejor! O, al menos, tendríamos una idea acertada del lugar que ocupamos en el Mundo.

Ante la crisis: Ciencia e innovación

2010-06-09T10:07:00.001+02:00

Aunque en los últimos tiempos parece que todo lo que sucede en España sólo tiene que ver con los mercados de valores, la deuda externa, el déficit y los ajustes salariales, por suerte no es así. Tanto en el sector público como en el privado se toman todos los días decisiones de política productiva e inversión que, sin duda, serán las que nos hagan recuperar el camino del crecimiento económico y la generación de empleo.

La semana pasada el Gobierno de España presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Una norma que ha de contribuir al desarrollo de una nueva economía, sustentada sobre la investigación, el desarrollo y la innovación. Es cierto que dicha norma, de momento, es tan sólo una declaración de buenas intenciones: una apuesta política que va a requerir mucho más que buenas palabras para que se haga efectiva.

Pero, como ya he dicho en otras ocasiones, salir del “agujero” en el que nos encontramos no se va a conseguir con medidas en las “finanzas de la especulación”, sino con un cambio radical en el modelo productivo español. Que el diferencial con el bono alemán esté por las nubes -207 puntos básicos- es grave, pero seguro que es pasajero. Ahora bien, que la economía española haya perdido, también respecto de la alemana, un 20% de competitividad desde que entramos en el euro, sí que es un lastre que o corregimos o nos condena, para siempre, al furgón de cola de la Unión.

Por eso creo que la nueva Ley de la Ciencia es necesaria y oportuna en este momento. Es necesaria porque la legislación sobre la materia que tenemos en nuestro país data de 1986 y durante estos años han cambiado sustancialmente las cosas en España. En estos años nuestra comunidad científica se ha multiplicado por seis. La Unión Europea ha conformado un Espacio Europeo de Investigación y Desarrollo que nos demanda una mayor coordinación y planificación de nuestros recursos en I+D+i. Finalmente, el Estado de las autonomías ha permitido el desarrollo de sistemas regionales de I+D+i que no existían y que también requieren de coordinación y cooperación.

Es oportuna porque, como decía, es la mejor manera para apostar por un cambio de modelo productivo que se fije en sectores económicos modernos y sostenibles que prioricen el valor añadido de nuestros recursos científicos y de innovación. Para ello, está bien que por fin se diseñe una carrera científica estable, predecible y basada en criterios de mérito y capacidad, que se establezca un marco estable de financiación y una mayor coordinación entre todas las políticas de ciencia e innovación que se desarrollan por las distintas Administraciones Públicas.

Finalmente, a los que nos “duele Madrid” nos gustaría que ese camino que abre la Ley de la Ciencia del Estado fuera seguido también por la Administración autonómica. Es desolador ver donde está la política de ciencia, investigación e innovación en nuestra Comunidad. Baste un ejemplo: si por curiosidad alguno de ustedes pasa a la página Web de la Consejería de Educación comprobará, que en materia de ciencia e investigación se sigue haciendo referencia al Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2005-2008 –IV PRICIT- Pero lo peor de todo no es que no se haya renovado el Plan, lo más grave es que pese a que hace dos años que se cumplió el plazo de aplicación nadie ha dado cuenta de si se han cumplido sus objetivos.

Sería bueno que la Consejería nos contase qué ha sido de los 750 investigadores y técnicos que se iban a incorporar al servicio I+D+i de la Comunidad, con los 1000 grupos de investigación que se iban a crear, con la creación y coordinación de 200 laboratorios públicos de investigación, o con los 10 institutos de investigación; qué con la financiación de 500 empresas, con la firma de 2000 acuerdos y convenios con empresas y centros de investigación o, para no extenderme más, con el proyecto de cooperación con 50 regiones de Europa en materia tecnológica.

¡Sin reproches! Pero siendo conscientes de dónde está lo importante, estaría bien que todos, también la Comunidad de Madrid, aprovecháramos la oportunidad para ponernos al frente del desarrollo científico y tecnológico, porque seguro que es una inversión a largo plazo que no va a solucionar los problemas que nos aquejan de un día para otro, pero que, sin duda, será la garantía de nuestro desarrollo y estabilidad en los próximos años. ¡Quedamos a la espera!

La política como 'guerra total'

2010-06-02T11:44:00.005+02:00

La semana pasada asistimos a dos acontecimientos que expresan el despropósito y la falta de altura de miras que se ha instalado en la acción política española en los últimos años. Esos acontecimientos son los siguientes: la posición ante la renovación del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-Ley para hacer frente a la crisis financiera.

Evidentemente, en estás línea no voy a entrar a analizar estas dos medidas, sobradamente conocidas por todos, y de las que también me he ocupado en otras ocasiones. Las tomo tan sólo como ejemplo de la “ceguera” que acompaña a muchos responsables políticos que son capaces de arriesgar las instituciones o la viabilidad del país tan sólo para conseguir cierta rentabilidad electoral.

Como decía, el primero es el asunto del Tribunal Constitucional que lleva más de dos años ejerciendo sus funciones en una situación de precariedad, tan sólo por la incapacidad política de los partidos para ponerse de acuerdo y efectuar la renovación de los Magistrados que ya cumplieron su mandato. Esta situación es, de por si, grave, pero se convierte en algo mucho peor cuando vemos la estrategia política de algunos y comprobamos que están instalados en argumentos falsos con la única finalidad de aprovecharse de la lamentable situación en la que se encuentra tan alta institución del Estado.

No es cierto que no se pueda renovar el Tribunal Constitucional por estar “a la mitad del partido”, como dice el PP, porque el Tribunal trabaja siempre sin solución de continuidad y “no hay partido alguno en juego” –salvo el que ellos están jugando, claro-; y tampoco es cierto, que el Alto Tribunal esté deslegitimado para dictar sentencia porque no se haya renovado en su momento o no haya conseguido dictar sentencia en estos años, como dicen otros desde Cataluña. Unos y otros se equivocan en su análisis, pero lo peor es que no es un error de apreciación, es, nada más y nada menos, que intentar “secuestrar” al Tribunal mediante la presión que ejercen con aseveraciones falsas machaconamente publicada en los medios con un fin exclusivamente particular.

El segundo asunto se produjo el jueves 27 de mayo que el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-Ley en el que se incluían las medidas urgentes para reducir el déficit y hacer frente a la crisis económica. Todos sabemos que son medidas duras, dolorosas; se puede pensar incluso que algunas de ellas no se tendrían que haber tomado si ciertas decisiones de política económica de años pasados se hubieran hecho de otra forma. Pero, en todo caso, lo que todo el mundo reconoce es que la situación actual es de tal extrema urgencia para nuestro país y para la viabilidad de Europa y su modelo de Unión política y económica, que es irremediable adoptar medidas de esta naturaleza. ¿Qué es lo que están haciendo el resto de los países de la Unión, si no?

Sin embargo, cuando lo que se estaba votando era que España, y con nosotros el resto del continente europeo, actuase con decisión y energía para salvar un momento de vida o muerte para nuestro futuro económico (imaginen qué hubiera sucedido con la bolsa, a qué precio se hubiera situado nuestra deuda y cómo hubieran interpretado los mercados que el Parlamento no se pusiese de acuerdo para aprobar las medidas planteadas por el Gobierno), algunos tan sólo pensaban en que de no prosperar el Real Decreto-Ley el Gobierno tendrían que convocar elecciones y, a partir de entonces, para ellos se abría una oportunidad para alcanzar el poder.

Como decía al inicio, ambos ejemplos son muestras palmarias de la insensatez política en la que estamos instalados. No pensamos en la pervivencia de las instituciones del Estado y, lo que es peor, las utilizamos para nuestra “pequeña política”. A fuerza de despropósito, incluso somos capaces de poner en peligro la estabilidad de nuestra maltrecha economía por ambición y estrategia cortoplacista.

La política en España, en los últimos años, ha caído en manos de gente que ha olvidado o desconoce que en democracia las reglas de juego y las instituciones no se pueden utilizar en beneficio propio. Que no entienden que el adversario y su punto de vista es tan respetable como el propio, y que las decisiones se han de tomar defendiendo con valor y convicción tus criterios, pero siendo consciente de que cuando se quiere llegar a acuerdos con otros que piensan distinto en algún momento se ha de ceder algo para que otro pueda renunciar también a parte de su criterio máximo.

Frente a la política del respeto y la defensa de los valores democráticos, se ha instalado la estrategia del arrinconamiento al diferente o, si es posible, su aniquilación. Es un planteamiento de “guerra total” que como en toda conflagración no sólo acaba con los rivales sino que deja innumerables bajas entre “los civiles” –léase aquí los ciudadanos y sus derechos- y arrasa con la cultura y los modos cívicos que durante décadas hemos ido interiorizando para vivir en un mundo de respeto y tolerancia. ¡Será posible que en algún momento alguien ponga fin a está estrategia suicida!

Madrid contaminado

2010-05-28T10:34:00.002+02:00

Que la calidad del aire de Madrid no es buena, es algo que saben todos los ciudadanos. Basta con dar un paseo por cualquiera de las arterias de la ciudad o ser aficionado al ejercicio al aire libre, -que por cierto, se ha convertido en un hobby de alto riesgo para los pulmones de los deportistas- para poder comprobarlo.

En invierno las calderas y el tráfico ahogan el aire limpio que nos deberían garantizar los vientos y las lluvias. En primavera y verano, desaparecen las calderas de las calefacciones, pero siguen los coches atascando las calles y escupiendo humo, y la calma atmosférica y el aumento de las temperaturas nos suponen que la contaminación se mantiene, cuando no aumenta.

“Ecologistas en Acción” presenta año tras año su informe sobre calidad del aire en Madrid y reiteradamente señala el grave problema que tenemos. Ahora, hasta el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid ha presentado el suyo en el que apunta la excesiva contaminación de nuestra ciudad y, lo que es más grave, los indicios racionales de que el Ayuntamiento está intentando esconder el problema mediante el cambio de las estaciones de medición y la presentación de los datos de forma conjunta y global en todo el año.

Ante tales evidencias, la Sra. Botella, Concejala de Medio Ambiente, hace un tiempo nos obsequió con un “sorprendente” consejo para evitar la contaminación: “no quedarse parados, ¡circular!”. Puesto que la intensidad de la contaminación no es igual en todos los puntos, lo mejor es, según la Concejala, “mantenerse en movimiento constante”. Ahora, nuevamente, niega el problema y, al mismo tiempo, nos dice que el Ayuntamiento está pensando pedir a la Unión Europea que se aplique la moratoria de cinco años que prevé la Directiva sobre contaminación atmosférica para poder solucionar la contaminación que se extiende por toda la ciudad. ¡Así es la Sra. Botella! Te expone un argumento y el contrario al mismo tiempo, ¡sin pestañear!

Una de las cosas que menos perdona el ciudadano a los políticos es que intenten negar la evidencia, o que le engañen ¡En los últimos tiempos hemos tenido sonoros ejemplos! Y lo que está pasando en Madrid con la contaminación atmosférica es un caso palmario. Todos los madrileños lo sabemos y es absurdo que intenten negar algo que vemos, olemos y sentimos a todas horas. Pero, a pesar de ello, el Gobierno capitalino se afana día tras día en intentar hacernos entender a todos que lo que vemos negro en realidad es blanco.

Madrid tiene un problema de congestión circulatoria que hace intransitable la ciudad, sobre todo en horas punta. Ahora, además, nos estamos dando cuenta que, ese problema nos está envenenado. Las dolencias respiratorias aumentan progresivamente y los muertos por enfermedades pulmonares también. No es cuestión de dramatizar, pero tampoco es admisible que se intente esconder el problema como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid.

Y, si no, ¿qué es lo que hay tras la siguiente operación de cambio de estaciones de medición?: teníamos una en la Plaza de Carlos V que, curiosamente, se ha desplazado a las inmediaciones del parque Tierno Galván; teníamos dos más, una en Recoletos y otra en Plaza de España, y resulta que se han cambiado a Sanchinarro y las Tablas. Creo que también había otra en Chamartín que ha desaparecido y, sin embargo, ha aparecido una nueva en el parque del Museo de Ciencias Naturales. ¡Pura casualidad! O como dice la Sra. Botella: cambios para cumplir los mandatos de la Directiva de la Unión.

Precisamente, quiero dedicar mis últimas palabras a leyes y directivas. Aunque la legislación sobre la materia es muy técnica y requiere un análisis más detallado que el que unas líneas en un artículo de opinión permiten se pueden señalar tres aspectos:

Primero, que tenemos una legislación básica de carácter general, la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que es muy clara estableciendo condiciones para la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica. En concreto, la Ley establece un detallado régimen sancionador y, entre otros hechos constitutivos de sanción, el punto h) del artículo 30 establece que es un hecho muy grave “Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta Ley, cuando ello haya generado o haya impedido evitar, una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

Segundo, que en el 2008 se aprobó por la UE una Directiva que incorpora los últimos avances sanitarios, científicos y la experiencia de los Estados miembros en la aplicación de protocolos para la protección de la calidad del aire, y que dice: “que la ubicación de los puntos de muestreo del aire en las grandes aglomeraciones urbanas debe hacerse en las áreas situadas dentro de zonas y aglomeraciones donde se registren las concentraciones más altas a las que la población puede hallarse directa o indirectamente expuestas durante un periodo de tiempo significativo”.

Tercero, que parece que la Sra. Botella no ha leído estos apartados de la Ley 34/2007 y de la Directiva 2008/50/CE. Sin embargo, por sus declaraciones, sí ha leído el apartado de la Directiva en el que se establece la posibilidad de solicitar a la Unión moratorias por incumplir las previsiones de contaminación, lo que lleva implícito que conoce el problema. Luego, si el Ayuntamiento de Madrid es consciente de lo que está sucediendo y no hace nada para solucionarlo, quizás lo que deberíamos hacer es recomendarles la lectura del Código Penal y el tipo de responsabilidad por lesiones a la salud pública.

It's the politics... Stupid

2010-05-24T12:00:00.004+02:00

Desde que James Calvilles, asesor de Bill Clinton en la campaña de 1992, hiciera famosa la frase “es la economía, estúpido” se ha utilizado esta expresión para remarcar aquello que ha de ser prioritario en la acción política de gobierno. Pero como suele suceder, siempre hay quien “coge el rábano por las hojas” y piensa que de ella se desprende tan sólo que la acción política es hacer frente a las exigencias de la economía.

Lo que está sucediendo en el mundo, y particularmente en Europa, en los últimos tiempos tiene que ver con ese craso error. Muchos piensan que la política es gestionar las cuestiones económicas sin poner trabas a los dictados de los mercados y “organizar” una estructura de poder que mediante algunas concesiones a los ciudadanos, una buena campaña de imagen y unos candidatos telegénicos, nos garantice conquistar el poder o mantenerlo si ya se está en él.

El siglo XXI nos ha traído el “abandono de la política”. Los partidos hace tiempo que dejaron de ser herramientas para transformar la sociedad. En los últimos tiempos nos hemos dejado obnubilar por los cantos de sirena de la economía, sus cifras y artificios y hemos abandonado el valor ético de la política. En estas condiciones, aquéllos que rigen sus comportamientos sólo por la codicia han asentado su estilo de vida como modelo del hombre o mujer de éxito.

Pero la política desde la Ilustración, especialmente en la izquierda, siempre ha estado guiada por la consecución de valores y principios de libertad, igualdad y justicia social. Hace un par de décadas le preguntaban a Norberto Bobbio si entre los muchos signos de desgracias en los que se movía la humanidad veía algo positivo. El profesor de Turín respondió que sí, que veía al menos uno: la creciente importancia dada en los debates internacionales, entre los hombres de cultura y políticos, en seminarios de estudio y en conferencias gubernamentales, al problema del reconocimiento de los derechos del hombre.

Por eso, nunca deberíamos olvidar que los derechos de libertad e igualdad fueron el referente político de las revoluciones liberales. Después, acompañaron a la conformación del Estado de Derecho, y tras la revolución obrera y social que consolidó los derechos sociales y laborales de los trabajadores, cierran el círculo para la conformación del Estado democrático contemporáneo. ¡Nada más y nada menos! La historia política reciente del mundo occidental.

La política se ha hecho durante los últimos tres siglos para construir un espacio de convivencia en comunidad, donde se respete la dignidad humana y las condiciones necesarias para que los hombres y mujeres puedan desplegar todas sus capacidades sin más limitaciones que sus condiciones físicas o mentales.

En el siglo XIX Stuart Mill escribe “Sobre la Libertad” para señalar que las condiciones en las que se relacionan los individuos en la sociedad no puede generar artificios que subyuguen e impongan despóticamente un modo de vida a las personas o las minorías. En el XX, Carlos Rosselli, escribe “Socialismo Liberal” para negar el socialismo marxista, que entendía el mundo en clave de materialismo económico, y declara que la acción del socialista liberal es la acción en la comunidad para conformar un sentimiento activo a favor de las causas de los pobres y los oprimidos desde los valores de libertad, igualdad y solidaridad.

Aunque en la segunda mitad del siglo XX, en Europa, se hizo mucha política para el desarrollo de esa sociedad ilustrada, de derechos y solidaria –baste recordar la conformación de los orígenes de la Unión Europea o las cartas constitucionales de posguerra-, en los últimos tiempos hemos perdido el referente, y tanto individuos como instituciones hemos caído rendidos en los brazos de la “madre codicia” que nos promete seguridad, riqueza y felicidad tan sólo con cumplir las reglas de los mercados y la globalización económica y financiera.

El resultado. Este inmenso descontrol que ha puesto en cuestión las conquistas en derechos, libertades y fortaleza institucional que tan trabajosamente hemos construido desde finales del siglo XVIII. Esperemos que aún haya tiempo para aprender la lección y pongamos límites a los que embutidos en caros trajes tan sólo representan la vuelta a la “ley de la selva”.

Tiempos de responsabilidad

2010-05-14T11:15:00.002+02:00

La economía europea y mundial está subida en una 'montaña rusa'. Los 'especuladores' cambian la situación de las monedas y la estabilidad de los países de un día para otro. El poder político, en especial en Europa, se presenta famélico y extremadamente débil ante la ingente y desgarradora fuerza oculta de los mercados de la especulación internacional. ¡Digamos las cosas como son!: con la desregulación del sistema financiero internacional hemos creado un monstruo dispuesto a engullirnos que ahora no sabemos como controlar.

En la historia de las ideas, cuando una nueva clase social u organización se hace más fuerte que la predominante hasta ese momento, ocupa el poder y determina la nueva organización de la comunidad. En estos días un potente agente social está mostrando su capacidad de dominación: la economía especulativa, un poder que ha acumulado en los últimos años miles y miles de billones de dólares con los que recorre el plantea montado a lomos de bit informáticos poniendo en jaque a los poderes políticos tradicionales. Es un poder que no tiene reglas morales, que desprecia los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, que solo se mueve al calor del máximo beneficio y que necesita crecer ilimitadamente para subsistir.

Europa está sufriendo con más rigor que otros los embates de la estrategia especulativa, en parte porque cuando se aprobó el Tratado de Unión Monetaria, nos olvidamos de la Unión Económica y la inmensa desigualdad entre países de la Comunidad pone al Euro en una situación de extrema debilidad. En esta situación, Europa ha tenido que tomar precipitadamente las riendas de su destino. El Consejo del fin de semana pasado creó un fondo de salvación de las economías del euro de 750.000 millones de euros, autorizó al Banco Europeo a entrar en el mercado de la deuda soberana y reclama a las economías más expuestas (España, Portugal, Irlanda e Italia) que hagan ajustes más severos para afrontar la crisis financiera. Pero no será suficiente. Como ha señalado Felipe González, necesitaremos también que Europa haga gobernanza económica para evitar las divergencias tan insoportables entre países y que se regulen los mercados financieros. De no ser así podremos sortear las dificultades presentes, pero nadie podrá garantizar que no vuelvan a repetirse.

¿Y en nuestro país? ¿Qué necesitamos en España? Primero afrontar la crisis con valentía y rigor. Cosa que ha hecho con gran responsabilidad el Gobierno al tomar las medidas de ajuste que el Presidente Zapatero expuso en el Congreso el miércoles 12 de mayo. Segundo, tener altura de miras y sentido de Estado por parte de los agentes políticos y económicos. Los agentes económicos han dado sobrados ejemplos de saber estar a la altura de la responsabilidad que conlleva afrontar sacrificios colectivos. ¿Pero qué pasa con los agentes políticos? Pues que desgraciadamente va a costar mucho que el sentido de Nación y proyecto común se imponga.

Durante demasiado tiempo llevamos viviendo en una estrategia política “frentista”. Parece que todos estamos dispuestos a “quedarnos tuertos si el adversario se queda ciego” y con esta dinámica política tan sólo hemos atizado el rencor y “el esperar mi oportunidad” para asestar un golpe más duro que el que tú me has infligido anteriormente. Ha sido una dinámica que ha distanciado a todas las fuerza políticas y generado una inmensa desconfianza. Ahora la situación política necesita de espacios de encuentro y entendimiento y, desgraciadamente, existen pocos foros y pocas personas que puedan llevar a cabo esa labor. El debate en el Parlamento entre el Presidente del Gobierno y el Sr. Rajoy lo ha puesto en evidencia: ante la solicitud de sentido de Estado que Zapatero pide al líder de la oposición, Rajoy responde con el desprecio y el reproche incoherente que lleva a los populares a presentarse defensores de medida sociales que habían votado en contra tan sólo por el hecho de que ahora se retiren para reducir el déficit –cheque bebé-.

España ha tenido que superar grandes dificultades en su historia reciente y lo ha hecho con buen resultado cuando todos hemos sabido estar unidos para conjurarnos contra el terror, la predestinación o los enemigos externos. La pregunta en este momento de incertidumbre es ¿Seremos capaces de superar nuestra histórica fatalidad y demostrar que también ahora todos vamos a contribuir para superar las dificultades? ¡Veremos!

Otra política para Madrid

2010-05-11T11:02:00.003+02:00

La fiesta del 2 de mayo y la encuesta publicada en un periódico de tirada nacional han dado el pistoletazo de salida a las próximas elecciones autonómicas y locales en Madrid. Tengo la impresión de que hemos entrado en la cuenta atrás de unas elecciones que van a ser las más importantes en nuestra Comunidad Autónoma desde hace mucho tiempo.

La situación política madrileña, con una aguda crisis que ha llevado a más de medio millón de madrileños al paro, la falta de sensibilidad de la Sra. Aguirre respecto los problemas de los ciudadanos, el abandono de los servicios públicos más esenciales y la sensación de que la corrupción es un mal generalizado en todo el Gobierno, están haciendo que los ciudadanos empiecen a mostrar su desencanto y hartazgo con el PP y la Presidenta.

La encuesta a la que hacía referencia lo señalaba: aunque el PP sigue gozando de un importante apoyo en la Comunidad de Madrid, se empieza a sentir el desgaste que provoca tanto error, tanta irresponsabilidad y tanta corrupción. Las palabras de la Sra. Aguirre de hace unos días, diciendo que la “corrupción es un problema consustancial a las instituciones públicas”, la retratan con plena nitidez. No entiende la acción política como un servicio público, sino como un instrumento para el enriquecimiento y la generación de oportunidades para la empresa privada.

Dicen algunos que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde quién gobierna. Aunque tiene algo de verdad esta forma de entender cómo se producen los cambios políticos en nuestra democracia, pienso que se trata de una idea incompleta. Es cierto que los errores del gobernante son muy importantes para el cambio del voto de los ciudadanos, pero no se debe perder de vista que los electores también necesitan una alternativa política sólida, solvente, bien construida y con un liderazgo fuerte que genere confianza y credibilidad. Veamos dos ejemplos de esa política que genera confianza y credibilidad:

El primero es el trabajo de “los alcaldes del sur” por sus ciudades, quienes, pese a la estrategia de descrédito puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad y los medios de comunicación afines al PP, siguen todo los días reclamando respeto a sus proyectos para salir de la crisis y colaboración de la Comunidad con sus municipios. Este fin de semana he tenido la oportunidad de leer con detenimiento el documento “Por el Sur”, Plan estratégico del Sur de Madrid, que presentaron hace unos días los alcaldes a la Presidenta de nuestra Comunidad. En ese documento se encuentran muchas ideas y proyectos concretos para reactivar la economía de esos municipios y, con ellos, la de toda la Comunidad.

No voy a entrar en detalles de este documento, tan sólo me permito la inmodestia de dar la dirección de mí blog en donde podéis consultarlo con todo detenimiento -http://elviroarandaalvarez.blogspot.com/-. Pero si quiero hacerme eco de unas palabras dirigidas a la Sra. Aguirre por los alcaldes que dan cuenta de la buena voluntad y el sentido de respeto institucional que ha guiado su iniciativa: “…has de saber, además, estimada presidenta, que a los alcaldes de los municipios de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto nos mueve, por encima de todo, el interés de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que nos demandan un trabajo conjunto entre administraciones para solucionar los problemas existentes en materia de Movilidad, Infraestructuras para el Empleo, nuevas Viviendas, dotaciones Sociales y la aplicación de la Ley de la Dependencia, financiada al 50% por el Gobierno de España”.

El segundo ejemplo de esa alta política que dignifica a los partidos y a quienes la llevan a cabo es el plan de colaboración que desde que llegó al Ministerio de Fomento ha puesto en marcha el Ministro Blanco con la Comunidad de Madrid –Véase también en mí blog, a título de ejemplo, el Plan de Cercanías para Madrid- Una nueva forma de relación entre instituciones que ha renunciado al “frentismo” y que se plasma en importantes proyectos para mejorar las infraestructuras madrileñas. Con esta forma de hacer política ganamos todos los madrileños, pero también ganan y se dignifican quienes la llevan a cabo. Si me permiten un ejemplo partidista de la bondad de esa política, les diría: ¿Recuerdan ustedes dónde ha quedado la frase que tan machaconamente repetía el PP de Madrid hace meses “Zapatero asfixia a Madrid”? ¡En el baúl de los recuerdos por desactivada!

Por todo ello, tan sólo me resta recordar a todos aquellos que aún no han aprendido la lección, que el trabajo conjunto, la lealtad institucional y el cumplimiento del deber de cooperación entre Administraciones y poderes públicos es lo que asegura la solvencia y la credibilidad de la política ante los ciudadanos y puede llevar a un partido político a la victoria electoral.

Plan Ferroviario de Cercanías para Madrid - Plan Estratégico del Sur de Madrid

2010-05-10T11:13:00.003+02:00

Plan Ferroviario de Cercanías para Madrid

Plan Estratégico del Sur de Madrid

En defensa del Tribunal Constitucional

2010-05-05T10:21:00.003+02:00

La situación en la que se ha puesto al Tribunal Constitucional por la Sentencia del nuevo Estatuto de Cataluña es inaceptable. Creo, sinceramente, que el momento en el que nos encontramos merece más reflexión, prudencia y sentido de Estado que el que algunos están manifestando con sus declaraciones y comportamientos. Estas líneas seguro que no van a solucionar el problema, pero al menos espero que puedan contribuir a una mayor responsabilidad.

Empecemos por lo obvio: el Tribunal Constitucional es el intérprete último -que no único- de la Constitución. Eso quiere decir que el Alto Tribunal es un órgano jurisdiccional -aunque no forma parte del Poder Judicial- que tiene asignada por la Constitución la importante misión de asegurar que las normas que aprueban otros poderes del Estado no son contrarias a la Carta Magna. Por eso, es el garante de la coherencia y unidad del ordenamiento jurídico del Estado. ¡Ahí es nada! Como ha señalado la doctrina científica, el Tribunal Constitucional es el órgano que cierra el sistema jurídico-político en cualquier Estado constitucional, y eso, evidentemente, lo convierte en la piedra angular del sistema político y jurídico.

Es cierto que, directamente, lo que está sucediendo no tiene que ver con la capital y alta misión que el Tribunal Constitucional tiene encomendada. Se debe, más bien, a una cuestión estrictamente política: la obsesiva posición de unos y otros para que la sentencia que dicte el Tribunal sobre el Estatut sea favorables a sus intereses. El problema, además de lo inaceptable de las presiones para que un Tribunal falle a favor de ciertas pretensiones, es que se está erosionando el prestigio y poniendo en cuestión a un órgano del Estado de la importancia antes señalada.

La cosa ya se veía venir en el trámite parlamentario para la reforma del Estatuto. El PP desplegó entonces un discurso catastrofista y apocalíptico que evidenciaba que no iba a quedarse en una posición política pasajera. Recuerden el “se rompe España” o el argumento tan reiterado de que ese nuevo Estatuto suponía una “reforma constitucional encubierta”. Pese a esos pronósticos, la verdad es que en estos años de vigencia de ese texto no hemos visto fractura alguna en la “piel de toro” y la Constitución sigue tan vigente como antes de aquellas fechas. Bueno, a decir verdad, si que han aparecido algunas grietas en nuestro sistema institucional, pero no por el Estatuto, sino más bien por el comportamiento de unos y otros ante el Estatuto.

Hasta aquí, aunque las palabras que se utilizaban eran “duras y sonoras”, la cosa transcurría en el ámbito político y, por tanto, aquellas eran perfectamente aceptables. Todo se complicó cuando se interpuso el Recurso de Inconstitucionalidad y unos y otros empezaron a maniobrar para intentar ganarse una sentencia favorable.

El PP, en un cálculo estratégico sobre las convicciones políticas de algunos Magistrados, se niega de plano a negociar la sustitución de aquellos que habían cumplido su mandato. Y claro, puesto que la Constitución requiere una mayoría cualificada para que puedan ser elegidos los nuevos, se impide de facto que se renueven los ya cesantes. Al mismo tiempo, se recusa a un Magistrado por el hecho de que en su labor académica e investigadora, años antes de ser miembro del Tribunal Constitucional, hubiera escrito un artículo sobre la reforma estatutaria catalana. También se intenta recusar a la Presidenta del Tribunal aportando otro trabajo científico sobre el proyecto de Estatuto, en este caso que ni tan siquiera era suyo, sino de su marido, ilustre administrativista.

Tampoco se han comportado con absoluta limpieza los defensores del Estatut, ya que, desde su aprobación en Cataluña mediante referéndum, empezaron a extender la falsa idea de que el voto de los catalanes le confiere suficiente legitimidad democrática para que ningún tribunal pueda cambiar lo que el pueblo catalán ha aprobado. Quien piensa así se olvida que el único soberano en nuestro sistema es el “pueblo español”, del que forman parte los ciudadanos de todos los territorios del Estado (1.2 de la CE), y de que la votación en referéndum del Estatut no supone más que la culminación de un procedimiento legislativo específico que la propia Constitución ha establecido para la reforma de ese tipo de normas.

También es reprochable la falta de altura de miras de los Magistrados del Tribunal Constitucional que después de casi cuatro años y más de seis intentos no han conseguido un acuerdo suficiente para dictar sentencia. Sin duda el tema es complicado y políticamente discutido, pero los señores Magistrados, al fijarse en exceso en los “detalles y sutilezas jurídicas”, han perdido la perspectiva y la relevancia política que el asunto entraña, por no hablar de daño que al Alto Tribunal le produce la tardanza en emitir sentencia y las constantes filtraciones que se producen sobre sus deliberaciones.

El resultado es que entre unos y otros han generado una gran crisis en la imagen y el prestigio del Tribunal Constitucional. Parece que todos estuvieran dispuestos a arrastrar a la institución al precipicio de su desaparición -¡para gozo de los antisistema!- si no son atendidas sus pretensiones. En esta situación, ¿será posible que aparezcan cabezas con la suficiente altura de miras para poner en marcha una dinámica que solucione el tremendo atolladero, en el que el empecinamiento, la prepotencia y la miopía en los objetivos, nos han metido?

El velo en las aulas

2010-04-27T11:19:00.003+02:00

El debate que ha abierto la joven de 16 años Najwa Malha, alumna del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo, al decidir llevar velo en el aula, pese a que el reglamento interno del centro impide portar cualquier prenda que cubra la cabeza, plantea un dilema de difícil solución.

No es un tema nuevo. En Francia este asunto está en la política y en el debate académico desde 1989 y aún no ha encontrado una solución adecuada. En 1989, el Consejo de Estado francés estableció que llevar signos religiosos “no es en sí mismo, incompatible con el principio de laicismo del Estado”, salvo si obstaculiza las actividades de enseñanza. Por ello, dice el Consejo de Estado, son los directores de los colegios quienes deben decidir caso a caso. En 1994 una circular precisó la prohibición de “signos ostentosos” y que en caso de incumplimiento, el alumno se expone a ser expulsado. Sin embargo, cuando se han aplicado las sanciones de expulsión, los tribunales administrativos siempre las han anulado con el argumento de que no se puede privar del derecho a la educación.

En España, afortunadamente, vivimos en una sociedad pluralista, democrática, abierta e integradora. Una sociedad desarrollada construida sobre la libertad, la igualdad y la tolerancia. Valores, todos ellos, que nos hacen grandes como comunidad, pero que entrañan tener que conjugar intereses muchas veces contradictorios. El caso que nos ocupa es uno de ellos. Lo que está en juego en este caso es muy importante: se trata de cómo conjugar ámbito público y privado y el estatuto de libertad e igualdad de todos los ciudadanos. El ámbito público debe estar separado del privado. La escuela, lugar por excelencia de esa separación debe ser neutral entre creyentes y no creyentes y dedicarse a la difusión de los valores de la razón, la tolerancia y la ciudadanía.

Por eso la solución no es fácil. Cuando hablamos de derechos fundamentales lo primero que hay que tener presente es que ninguno de ellos es absoluto y, por lo tanto, que cuando tenemos un conflicto entre varios hay que llegar a una solución mediante la ponderación entre ellos. En el “caso Najwa Malha” el problema está entre la libertad individual e ideológica de la alumna, el principio de laicidad del Estado, el derecho-deber a la enseñanza, la no discriminación y la política de integración y convivencia en una sociedad culturalmente plural.Los poderes públicos garantizarán el derecho a la educación y preservarán la laicidad del Estado. Evidentemente, el ejercicio de ese derecho se ha de hacer cumpliendo las normas de organización, funcionamiento y convivencia de los centros. Ahora bien, esas normas no pueden ser tan estrictas que impidan la manifestación de la libertad ideológica y expresión de los alumnos si no interfiere el funcionamiento ordinario de las clases y el centro.

Por otro lado, los poderes públicos deben garantizar la laicidad del Estado evitando el uso institucional de distintivos de cualquier creencia religiosa en las aulas. Pero que se impida que los centros pongan esos símbolos no quiere decir que puedan evitar que los alumnos porten esos emblemas en ejercicio de su libertad ideológica y religiosa, siempre que no se consideren vejatorios o discriminatorios o, aquí otra vez, impidan el normal funcionamiento del trabajo escolar.

En este contexto se ha de resolver el dilema que nos ha planteado Najwa Malha. Los afectados (Estado, Comunidad Autónoma de Madrid y colegio) deberían asumir su responsabilidad y actuar desde la ponderación y el equilibrio que la complejidad del asunto requiere:- El Estado garantizando que en los centros escolares se respeta la laicidad, la libertad ideológica y religiosa de las personas.- La Comunidad Autónoma asegurando el derecho a la educación y estableciendo unas normas comunes para la convivencia en los colegios, que faciliten la integración cultural desde el respeto a la diversidad y a los valores constitucionales. En casos como éste, asegurándose que este tipo de prendas o distintivos no son impuestos a las niñas, particularmente si son menores, por una consideración discriminatoria.- Los centros escolares estableciendo reglamentos de funcionamiento interno que no discriminen a ningún colectivo de alumnos, que garanticen el mejor funcionamiento de la labor educativa y que faciliten la formación desde la libertad, la igualdad y el respeto.

Aguirre y los alcaldes del sur

2010-04-20T11:33:00.001+02:00

Resulta desolador el espectáculo de “política Chikilicuatre” que ha dado la Sra. Aguirre ante la reclamación de siete alcaldes, ¡socialistas, si! Pero representantes de millón y medio de madrileños, que la semana pasada se movilizaron para reclamarle una reunión en la que poder exponer sus proyectos para reactivar económica y socialmente sus municipios.

Los alcaldes de los municipios de Getafe, Leganés, Alcorcón, Parla, Aranjuez, Fuenlabrada y Pinto han diseñado un Plan Estratégico del Sur con medidas concretas en educación, sanidad, infraestructuras y desarrollo industrial, que pretende relanzar económicamente la zona y dar un impulso al empleo. Un Plan que, de llevarse a término, dignificaría servicios sociales depauperados durante los últimos años, crearía 30 millones de metros cuadrados de suelo industrial y generaría 200.000 nuevos empleos en la industria madrileña. Se podrá estar o no de acuerdo con el Plan de los alcaldes del sur. Con las medidas de política social a tomar, con los proyectos industriales a realizar, con las inversiones en educación o sanidad que reclaman. Incluso es comprensible si se dice que algunos de esos proyectos hoy día son imposibles de realizar por la grave crisis que atravesamos y necesidad de austeridad en el gasto. Pero es totalmente inaceptable el comportamiento “chulesco”, “frívolo”, “vejatorio” y “amenazador” con el que se ha obsequiado a los alcaldes del sur en la Real Casa de Correos.

La cosa ya empezó mal el día en el que los alcaldes decidieron hacerse oír yendo a pié desde Getafe hasta la Puerta del Sol para reclamar de la Presidenta una reunión que tenían solicitada hacía un año. Se dijo que era “una romería”, “un acto de campaña electoral”, “ganas de perder el tiempo en numeritos para la prensa que lo único que hace es despistarles de las obligaciones con sus municipios y sus ciudadanos”. Es decir, en vez de respetar el derecho de expresión y la libertad de reclamación y protesta que todo ciudadano tiene, más aún si es representante público, desde la Presidencia y las Consejerías de la Comunidad se activa una estrategia de desautorización mediante “gracietas, frivolidades” y con insinuaciones amenazadoras sobre de donde había salido el dinero para montar el acto.Al día siguiente llegó la entrevista con la Sra. Presidenta, y como todo estaba bien diseñado por doña Esperanza Aguirre para que no se hablara de lo importante: el Plan Estratégico del Sur, había que seguir atizando la chulería, la desconsideración y los debates inútiles que pudieran llenar las páginas de la prensa y ocultar lo que allí se pretendía reclamar.

Para ello, se monta la trifulca de los cartelitos “alcaldes socialistas del sur”, el Vicepresidente Granados en la rueda de prensa se dedica a meterse con el PSM y ha decir que con lo que han planteado los alcaldes tan solo se podía hablar de filosofía, y otras ocurrencias similares. Nuevamente, procurar que la reunión quede en un rifirrafe propio de comadres de una corrala cualquiera de aquellas que abundaban en el Madrid de finales del XIX.La conclusión de todo esto. Pues una muestra más de cómo está la política madrileña. A un nivel que, o cambiamos pronto, o un día de estos hay que cerrar por incompetencia generalizada. Mientras tenemos medio millón de madrileños en el paro, se destruyen empresas y oportunidades de empleo para autónomos, se deteriora la enseñanza pública, se vende la sanidad madrileña, se tiene paralizada la aplicación de la ley de la dependencia y se estrangula la universidad, nos hemos instalado en la política del espectáculo y el sensacionalismo.

Lo importante ya no es tener buenos proyectos políticos y equipos profesionales para poder ejecutarlos. Ahora lo que importa es que la política y a los políticos se les vea formando parte del gran escenario sálvame de luxe o gran hermano. En esta “tragicomedia” el partido político es poco más que una fabrica para construir “chascarrillos” del Club de la Comedia y sus dirigentes y portavoces sujetos formados para, desde la vacuidad, ser los más ingeniosos y dicharacheros. Nos sorprendemos todos los días de la antipolítica instalada en Italia, ¿pero alguien se ha parado a pensar en el estado en el que la política está en la Comunidad de Madrid?

Corrupción y política

2010-04-08T13:22:00.003+02:00

El levantamiento del secreto en el 'caso Gürtel' nos pone nuevamente ante el debate de la corrupción política en el PP. Por mucho que Mariano Rajoy quiera minimizar el problema la cosa es más que preocupante: Cuatro Comunidades Autónomas afectadas –Madrid, Galicia, Castilla y León y Valencia-. Importante de municipios –Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda, etc…-. Dirigentes de la organización del PP: Luis Bárcenas, tesorero; Pablo Crespo, Secretario de Organización del PP en Galicia. Más de sesenta cargos públicos: Francisco Camps, presidente de Comunidad Autónoma; Rita Barberá, alcaldesa; Víctor Campos, Vicepresidente, José Manuel Fernández, presidente del Parlamento de Castilla y León; Alberto López Viejo, ex Consejero, Benjamín Martín Vasco, Diputado, Ginés López, alcalde, Clemente Aguado, ex viceconsejero, Alfonso Bosch, diputado, etc. Por supuesto, tampoco debe olvidar Rajoy el “caso Matas” con un desvío de mas de 52 millones de euros en la construcción del “Palma Arena” y los múltiples procesos abiertos contra Carlos Fabra en Castellón.

Para un partido político que es alternativa de gobierno la situación no debería verse como una cuestión menor. Más bien, el PP y Rajoy deberían dar pronto explicaciones convincentes de lo que ha estado pasando y corregir muchas cosas. Hace no mucho tiempo hablando con un dirigente del PP me contaba como veía él nuestro sistema democrático y, la verdad, que escuchando sus explicaciones uno entiende porqué es posible que pasen cosas como las que están pasando. Me decía este importante dirigente popular que en España hemos pasado de una democracia representativa a una democracia de opinión. En este nuevo modelo político los partidos de masas, los representantes parlamentarios y los proyectos políticos has pasado a un segundo plano. Lo importante es la opinión pública….bueno más bien la “opinión publicada”. Los verdaderos sujetos políticos son los mass media capaces de determinar qué y como se ven los asuntos políticos. En este modelo lo importante es estar posicionado en los medios de comunicación, que se repitan los mensajes que quieres que queden en la opinión y catapultar cuadros políticos que den bien antes las cámaras y sean dóciles ideológicamente. No se si tiene razón el alto dirigente del PP que me contaba su teoría, pero la verdad es que cuando uno analiza la forma de funcionar de algunos partidos en estos tiempos me queda una duda preocupante.

Cada día es más frecuente ver partidos de cuadros -'organizaciones anoréxicas'- sustentados tan sólo en una red clientelar. Son partidos que han perdido la cohesión interna y se han convertido en 'archipiélagos' de poder. En ellos, el clientelismo es el recurso que ejercitan los 'nuevos reyes de taifas' –locales, provinciales o regionales- para granjearse el apoyo incondicional de los afiliados activos –militantes- que deben ayudarle a vencer en los congresos provinciales o regionales. En este tipo de organizaciones el número de afiliados no es lo más importante, lo verdaderamente relevante es que la participación sea escasa y la movilización limitada para que la competencia real se produzca tan sólo entre las facciones y los cuadros de cada una de los grupos que previamente han quedado fidelizados con algún puesto orgánico o institucional.

Este tipo de partido no necesita “a los mejores” de la sociedad para el trabajo interno y la representación en las instituciones, sino a personas dóciles que se adapten fácilmente a los mandatos del Jefe. Por supuesto, en este tipo de organización, el debate crítico sobre los problemas políticos de la sociedad brillan por su ausencia, y puesto que la organización carece de proyecto e ideología, no queda más remedio que dedicarse a la gestión de lo cotidiano y a hacer política a golpe de titular de los medios de comunicación de masas afines siguiendo las directrices de los gurús de la sociología que otean diariamente las preferencias de los ciudadanos mediante encuestas de opinión.

El resultado: un partido desestructurado, con múltiples centros de poder, con una organización atomizada carente de cohesión estatal, con necesidades económicas ingentes para cubrir la falta de organización, la ineficiencia y la necesidad de estar constantemente en los medios de comunicación. Un partido al que en muchos casos no le queda más remedio que estar estrechamente vinculado a organizaciones, empresas y sectores de negocio privado solícitos a ofrecer sus servicios a cambio de un trato preferente en los contratos de los servicios públicos que se gestionan por los cargos del partido que copan las instituciones.

La derecha, a por la Complutense

2010-04-05T11:47:00.001+02:00

La operación de acoso y derribo que la derecha política y mediática ha emprendido contra el Rector Carlos Berzosa no tiene nombre. La verdad es que sorprenderme no me sorprende lo más mínimo, ya sabemos como se las gasta doña Esperanza Aguirre y su entorno político y mediático. Recuerden la que montaron en el hospital de Leganes a propósito de las sedaciones, tan sólo para socavar el buen nombre de profesionales que cumplían con su trabajo, por el hecho de que no se aquietaban a sus pretensiones privatizadoras de la sanidad madrileña.

Ahora le toca a la Universidad Complutenses. Para ello, lo primero es sacar a la calle a un grupo de estudiantes, que a buen seguro es la primera vez que iban a una manifestación, y armar un escándalo con un intento de agresión al Rector. El argumento para la asonada es bien peregrino: oponerse a que los Colegios Mayores pasen a ser mixtos y reivindicar el mantenimiento de la segregación entre sexos. ¡Nada más y nada menos, a estas alturas! La verdad es que si los colegiales reclaman mejoras en su equipamiento, modernización, servicios de biblioteca, comedor o cafetería, nadie en su sano juicio tendría nada que decirles, al contrario, inclusos se les debería apoyar. ¡Esos si, que miren a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid! Que es quién debe poner los dineros suficientes para financiar la Universidad y, en particular, sus plazas de alojamiento.

Una vez encendido el fuego ya tan sólo es cuestión de alimentar las llamas: cuando el Rector, con buen criterio, dice que el intento de agresión no va a quedar impune y se va a abrir expediente disciplinario a los colegiales que le zarandearon, no transcurrió un día cuando el portavoz de educación del PP en la Asamblea de Madrid, en vez de salir a respaldar la Rector agredido, se descuelga con unas declaraciones recomendando a Berzosa que “no se transforme en una especie de Cruz Martínez Esteruelas de chapita de baratillo cuando cierra determinadas universidades o expulsa a determinadas personas o estudiantes de la universidad, y que se deje de arrebatos con reglamentos franquistas del año 54”.

Las declaraciones no tienen desperdicio, y denotan bien a las claras por donde va la línea de acción del PP en este asunto. Por eso, la cosa no podía quedar ahí. Las “fuerzas vivas” de la derecha mediática están “encendidas” y hay que seguir alimentándolas. La siguiente aparición estelar del señor Soler –el Portavoz de educación que se está haciendo famoso- es que el Rector se gasta el dinero de la universidad en hacer viviendas de lujo para los profesores cuando los colegios se caen a pedazos. Una nueva infamia, mucho más grave cuando el PP y la Consejería sabe que esas viviendas no las paga la universidad sino la empresa adjudicataria y, más aún, sabe que ese proyecto es nada más y nada menos que de Gustavo Villapalos, Rector que fue de la Complutense y Consejero de Educación con el PP. ¡ Pero no importa! La cuestión es difamar, atizar el fuego y procurar hacer daño a la Universidad y su Rector.

El último aporte a la estrategia de acoso lo ha hecho la propia Presidente Esperanza Aguirre que ha dicho que respalda las declaraciones del Portavoz del PP y dice que es cuestionable la realización de las viviendas en estos momentos. Claro, la Señora Aguirre no dice ni una palabra del dinero que su Gobierno debe a la Universidad madrileña, que le ha llevado a tener que cerrar en vacaciones por no tener presupuesto para pagar la luz y la vigilancia.

Aquellos que amamos la universidad, que sabemos que es uno de los patrimonios más ricos de la Comunidad de Madrid, no podemos más que revolvernos en nuestro interior por lo que está pasando. Pero una vez que hemos digerido nuestra indignación por comportamientos tan temerarios, ¡vamos a ser capaces de defender una universidad de calidad, pública y que no favorezca comportamientos discriminatorios!

La hora de la política

2010-03-23T17:48:00.007+01:00

Los últimos días nos han deparado buenas noticias en la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para reducir el déficit de las Administraciones Públicas. Al final de la semana pasada la Sra. Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales presentó, junto con los Consejeros de las Comunidades Autónomas, un acuerdo Sanitario para reducir el gasto farmacéutico. Es bien conocido por todos, que de entre las ingentes partidas presupuestarias que requiere un sistema público de salud de la potencia del que tenemos en nuestro país, el gasto farmacéutico es uno de las más importantes. Por ello, todo lo que suponga optimización de los fármacos y concienciación de los usuarios para un uso racional será fundamental para limitar dicho gasto.

Seguimos ese buen tono esta semana con la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas para analizar qué medidas se toman para seguir esa estela de racionalización del gasto y como pueden contribuir todos los poderes públicos para cumplir los objetivos europeos de bajar el déficit público. En España, hoy por hoy, tanto cuando se ponen en marcha políticas de gasto con la generación de derechos y prestaciones para los ciudadanos, como cuando se tienen que aplicar políticas de contención del déficit, siempre se habrá de contar con la acción concertada de Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es lo propio de un Estado compuesto donde ya nada, o casi nada, se puede hacer sin tener en cuenta los diversos niveles del poder. Por eso es tan importante que los líderes en el Estado y las Comunidades Autónomas tengan en cuenta la gran responsabilidad que tienen. Si se sabotea la colaboración y la coordinación, no es exagerado pensar que se pueda poner en peligro el buen funcionamiento del Estado.

Pero tanto bueno en los tiempos políticos que corren me “empezaba a extrañar”. ¡Efectivamente! Entre tantas alegrías saltó la liebre. Sin saber de dónde y por quién, en los teletipos de las Agencias de Prensa y en los noticieros subsiguientes se empieza a decir que algunos “sotto voce” están pidiendo una moratoria de la aplicación de la Ley de la Dependencia. ¡Bueno! En voz baja, algunos, porque mientras escribo estas líneas he podido oír a la Sra. Consejera de Hacienda de la Comunidad de Galicia decir que “la Ley de la Dependencia es una bomba financiera para las Comunidades Autónomas”. En la misma línea, el Consejero Beteta de la Comunidad de Madrid se ha despachado diciendo que el problema que tenemos es que Rodríguez Zapatero esta inmerso “en una orgía de gasto público”.

En resumidas cuentas. Si la orgía de gasto es el pago de las prestaciones a los desempleados, la asistencia social, el pago de la educación o la sanidad pública y los servicios sociales, la inversión pública para activar la economía y el coste que supone la prestación a los dependientes, supongo que lo que nos están diciendo es que hay que recortar ahí. Parece que sí, puesto que las propuestas que hace el PP es reducir los impuestos, y subvencionar a los empresarios.

Pues si es así, estamos ante un claro e interesante dilema ideológico. Como parece que aún hoy dos y dos son cuatro, si queremos reducir el déficit tendremos que recaudar más o gastar menos. Para ello, tendremos que mojarnos y decir si estamos en un lado u otro. Se bien que una “política económica fina” hace que las medidas sean un poco más complejas que ese maniqueísmo, pero en términos de discurso general es así.

La derecha lo dice bien claro: queremos menos impuestos, más dineros para los sectores empresariales y financieros y menos gasto social. Pues bien, frente a esto los socialistas debemos saber mandar un mensaje claro y alternativo también a los ciudadanos: Diciéndoles que vamos a salir de la crisis sin “pisotear” a los más débiles, comprometidos con las políticas sociales que amplifican derechos y generan empleo –es el caso de la Ley de la Dependencia-, haciendo inversión pública que ayuda a activar la economía y las pequeñas y medianas empresas que pasan dificultad y, aquí esta lo importante, pidiendo un esfuerzo adicional a los que más tienen, porque la solidaridad pública consiste en que el que tiene debe comprometerse más con lo público para que los poderes ayuden a salir del bache a los que tienen dificultades. Porque un Estado Social y democrático necesita tener fortaleza y buen tino para que no se rompa la cohesión social.

El problema es que vivimos en un mundo donde ha triunfado la cultura del individualismo posesivo y hacer políticas que requieran obligaciones y sacrificios colectivos tiene una prensa fatal. ¡Pero cuando los grandes proyectos políticos se han cimentado diciendo a cada uno lo que quiere oír!

La política como despropósito

2010-03-16T10:44:00.001+01:00

Hoy me he vuelto a desayunar con dos noticias sobre “los desvaríos” políticos de Esperanza Aguirre que me han cortado la digestión. La verdad es que hace tiempo que me hice el firme propósito de tomarme con más “deportividad” la chulería, el desparpajo y la irresponsabilidad de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ¡pero no puedo! Tengo que confesarles que me revela su forma tan poco cuidada y su falta de respeto institucional en el ejercicio de la alta responsabilidad que le han otorgado los madrileños.

La primera ha sido el anuncio de que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha una “campaña de rebelión” a la subida del IVA aprobada en el Parlamento de España. Lo primero que hay que decir sobre el asunto es que tanto el PP como Esperanza Aguirre tienen perfecto derecho a pensar que la subida del IVA no es la medida económica más adecuada; por supuesto, también me parece bien que ese partido y sus dirigentes hagan cuantas campañas crean oportunas en contra de la medida fiscal ¡faltaría más! El problema es que Doña Esperanza Aguirre se apropia de las instituciones madrileñas y desde ellas se ocupa de atacar las medidas políticas de otro gobierno legítimo –el de Rodríguez Zapatero- y, mientras tanto, descuida el deber de colaboración con todos los poderes del Estado y las obligaciones que su cargo le requiere para resolver los problemas de los madrileños. Esperanza Aguirre debería no olvidar que en nuestra Comunidad hay medio millón de parados y estamos a la cabeza entre las regiones de España en destrucción de pequeñas y medianas empresas.

La segunda ha sido una nueva disputa entre Esperanza Aguirre y Gallardón a propósito del modelo para la gestión de ayudas a la rehabilitación de viviendas. Ayer habían quedado en el Ministerio de Vivienda el director general de Vivienda de la Comunidad y la Concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid con la Ministra -señora Corredor- para firmar un acuerdo por el cual a la ciudad de Madrid le corresponderían 17 millones de euros para dicho fin. Pues bien, una nueva “trifulca” entre las administraciones autonómica y local ha hecho que no se pueda cerrar el acuerdo con el Ministerio y, claro está, los afectados serán nuevamente los ciudadanos de nuestra ciudad que no podrán disfrutar de esas ayudas.

Hacer política confrontando con todo el mundo y a todas horas es “marca de la casa” de la señora Aguirre. Un día aparece como la defensora a ultranza de las corridas de toros tan sólo para darle un “sopapo” a Cataluña y la iniciativa que su parlamento tomó para decidir si se prohíbe su celebración en esa región; otro, aparece pidiendo un gobierno de concentración nacional en España para contradecir a su presidente Mariano Rajoy; al día siguiente, pidiendo elecciones generales anticipadas para rematar el golpe bajo a su “supuesto” líder nacional. En definitiva, estar todos los días en las portadas de los medios de comunicación por ser la que más “desparpajo” tiene.

Sin embargo, la señora Aguirre se olvida que gobernar una región de un Estado descentralizado conlleva, además de responsabilizarte de la dirección política de tu territorio, actuar y representar al Estado. Quizás en estos tiempos donde la política se hace a golpe de improperio eso puede parecer una mera formalidad. Pero no es así. Hacer política, muchos más si tienes tan alta responsabilidad, es comprometerse con la gobernabilidad de la Nación, no olvidar la lealtad institucional y el deber de ayuda mutua de todos los territorios y todas las instituciones. Y todo ello, no por exaltación de “míticos” ideales patrios, sino porque es lo que se requiere de los poderes públicos para un mejor y más eficiente servicio a los ciudadanos. Si resulta que hemos construido un Estado con múltiples centros de poder, y esos poderes en vez de utilizarse para la mejor prestación de los servicios que demanda el pueblo se afanan en hacerse la competencia, ponerse la zancadilla y jugar a “estoy dispuesto a perder un ojo si tu pierdes la vista”, luego no nos podemos quejar de que los ciudadanos pongan a los políticos como el tercer problema más grave de España, después del paro y la crisis económica.

Lo lamentablemente aquí, más que en otros sitios, es que con esos comportamientos pagan justos por pecadores. En política somos muchos los que intentamos todos los días cumplir con nuestra obligación y tener altura de miras cuando gestionamos, criticamos o hacemos oposición. Sin embargo, cada día son más las personas que al no saber estar a la altura de sus puestos y responsabilidad empañan el trabajo callado y discreto de muchos que no tiene la suerte de poder proyectar en los medios de comunicación que existe otra forma de entender y actuar en política.

Un nuevo estatuto de autonomía para Madrid

2010-03-09T11:00:00.004+01:00

En estos días, por razones puramente académicas, estoy estudiando algunas cuestiones de nuestro Estado de las Autonomías y no pasa un instante sin que me vengan a la cabeza las mil disfuncionalidades que la práctica del autogobierno madrileño presenta cada día.

Como todos ustedes saben, en la Legislatura pasada iniciamos en el Congreso de los Diputados un proceso de modernización de los Estatutos de Autonomía a la que se están sometiendo la mayoría de la Comunidades Autónomas. El proceso aún no ha terminado, y en esta Legislatura están en trámite en la Carrera de San Jerónimo los textos básicos de Castilla-La Mancha y de Extremadura.

El Estatuto de Autonomía no es una norma cualquiera, como decimos los juristas, forma parte del bloque de la constitucionalidad y eso supone que determina las reglas básicas de juego de la Comunidad Autónoma correspondiente. Por eso, hace tiempo que me llama la atención la poca importancia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por qué no decirlo, la oposición política madrileña, le da a la modernización del Estatuto de Autonomía de Madrid.

Madrid fue de los últimos territorios de España que accedió a la autonomía, aprobó su estatuto en 1983 y desde entonces, aunque se han hecho algunas reformas, podemos decir que la norma básica de nuestra Comunidad permanece inalterada puesto que salvo los cambios del 98 para asumir las competencias de educación y sanidad, el resto han sido cuestiones menores y de carácter puntual.

Asistimos todos los días a la estrategia de Esperanza Aguirre para estar presente en la política nacional. Es patético ver como se convoca un pleno de la Asamblea de Madrid para debatir sobre como puede contribuir nuestra Comunidad a la salida de la crisis y de lo único que se habla es de lo mal que lo hace Zapatero. No es menos lamentable que todos los días tengamos que desayunarnos con los datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales donde se reitera que Madrid es la última Comunidad de España en aplicar la Ley de la Dependencia. Bochorno produce conocer que la Comunidad de Madrid para “camuflar” las listas de espera sanitarias pone a funcionar criterios de recuento de pacientes distintos a los que se aplican en el resto del país. También tiene “tela”, y aquí me quedo para no aburrir al lector, ver como la Sra. Aguirre se niega a colaborar con el Gobierno de la Nación para la puesta en marcha del “Plan Renove” para activar el cambio de vehículos por parte de los ciudadanos.

Puede que alguien esté pensando ¿qué tiene que ver lo que está diciendo con el Estatuto de Autonomía? Pues más de lo que parece. En Madrid se “manipulan políticamente” las instituciones, en parte, porque las normas que las regulan son débiles y tienen una inconsistencia tal que quedan a disposición de cualquier agente político que quiera retorcerlas y aprovecharse de ellas. Los derechos de los madrileños no están protegidos con toda efectividad porque aunque estén regulados en leyes del Estado siempre aparece un reglamento de la Comunidad de Madrid que al no aprobarse bloquea el ejercicio del derecho… ¡y así en mil casos!

Necesitamos reformar el Estatuto de Autonomía de Madrid. Porque los madrileños necesitan que el ejercicio de los derechos básicos no queden al criterio arbitrario, oportunista y estratégico de un partido político. Porque la política madrileña debe pasar de las palabras grandilocuentes sobre patriotismo al compromiso real y efectivo con los problemas de España.

Para ello, se necesita un Estatuto que establezca criterios claros para la colaboración y cooperación de Madrid con el Estado y otra Comunidades Autónomas. Necesitamos institucionalizar la presencia de Madrid en Europa y el resto del Mundo. Madrid es una Comunidad moderna y la sociedad madrileña tiene muchos intereses en el resto de Europa y otras partes del planeta; sin embargo, el Estatuto de Autonomía no dice ni una palabra sobre cómo Madrid tiene presencia en la Unión Europea. Finalmente, y para no extenderme demasiado, necesita Madrid definir mucho mejor sus competencias, la financiación de los servicios públicos y la relaciones con los municipios.

La política en Madrid hace demasiado tiempo que se sustancia tan sólo con grandilocuentes declaraciones que aprovechan el abundante eco mediático que ofrece la capitalidad del Estado. Sin embargo, ese vocerío esconde una inmensa inconsistencia y una escasa preocupación por el respeto a las instituciones y las reglas de juego que nos dan la autonomía y el derecho de autogobierno. ¿Alguien será capaz algún día de hacer frente a este problema? ¡Veremos!.

Público vs. Privado

2010-02-23T09:50:00.002+01:00

La izquierda y la derecha han debatido desde siempre sobre la gestión de los servicios públicos. Pese a lo mucho que se ha dicho, la solución no es fácil y suelen abundar las simplificaciones. La derecha, con mucha frecuencia, tan sólo está interesada en buscar excusas para reducir el sector público. Por eso, la izquierda debe trabajar para su modernización sin dejarse atrapar por el discurso reduccionista y demagógico que intenta convencernos de que todo lo público es malo e ineficiente y todo lo privado asegurar una buena gestión. Para ello, sin olvidar que en las últimas décadas las grandes aportaciones para la conformación del Estado Social se han hecho desde lo público, tenemos que tener muy presente que no se vive de victorias pasadas y si queremos que lo público siga siendo referente de futuro necesita incorporar los cambios que la técnica y los nuevos tiempos ofrecen para ser más eficaz.

Todo esto viene a cuento a propósito de la Comunidad de Madrid y de cómo socialistas y populares enfrentan la gestión de los servicios públicos de nuestra Comunidad.

El Partido Popular lo tiene meridianamente claro en su discurso y su acción de gobierno: Todo aquello que pueda ser gestionado por la iniciativa privada no debe quedar en manos públicas. El sector público tiene dinámicas organizativas, relaciones laborales y criterios de trabajo que son por definición ineficientes; por lo tanto, la mejor manera de romper esa situación es llevar esos servicios al sector privado. Es un planteamiento que publicita Esperanza Aguirre todos los días y que desde mi punto de vista es el paradigma de la simplificación el error y la falsedad, en muchos casos. Dos ejemplos recientes:

El miércoles pasado el Juez Decano de los Juzgados de Móstoles tuvo que echar mano de los medios de comunicación para denunciar la situación desesperada en la que se encontraban los juzgados de dicho Partido Judicial. Resulta que desde hace más de dos años llevan denunciando en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid que la empresa que tiene la concesión para el mantenimiento de los servicios informáticos de sus instalaciones no les hace el menor caso. Que debido a esa situación se han encontrado en más de una ocasión con ordenadores que no funcionan, impresoras que permanecen durante meses estropeadas y sistemas informáticos que “se cuelgan” y hacen imposible efectuar cualquier diligencia judicial. Desde luego, esta situación no es una cuestión menor, puesto que la informática y “justicia en red” es la oportunidad de agilizar el servicio y evitar errores judiciales, la falta de un mantenimiento potente para solventar los problemas de funcionamiento tira por tierra cualquier plan de modernización por bien diseñado que esté. Por cierto, modernización que está haciendo el Gobierno de España.

Un par de días antes, tuvimos conocimiento de que algunos juzgados de Madrid han tenido que paralizar diligencia judiciales porque cuando requerían traductores a la Comunidad de Madrid para garantizar el derecho a la tutela judicial de los imputados que no saben castellano, la empresa concesionaria del servicio de traducción enviaba personas que no tenían la cualificación mínima para hacer su trabajo. Hasta tal punto ha sido la cosa, que una Jueza madrileña llegó a denunciar públicamente que estuvo a punto de tener que dejar en libertad a imputados por imposibilidad de realizar esos actos judiciales.

Como decía más arriba, los casos anteriores son dos ejemplos bien a las claras de algo que debería ser un obviedad: que la gestión privada de un servicio público no garantiza de por sí que se haga en las condiciones adecuadas y, mucho menos, que conlleve más eficiencia y eficacia. Por lo tanto, el slogan privado igual a buena gestión es sencillamente falso.

¡Lamentablemente!, en la Comunidad de Madrid, pese a fallos tan sonoros como los que he relatado, se necesita mucha pedagogía y mucha más confianza en la gestión pública de los servicios para que ese discurso ultra liberal que tan sólo pretende ampliar el negocio para las grandes empresas y el abandono de su responsabilidad de algunas administraciones, pueda ser interiorizado por los ciudadanos. Sobre todo si la izquierda deja que la derecha le gane el debate de las ideas y, algunos, cuando gestionan lo hacen con los mismos criterios privatizadores.

Confianza

2010-02-16T17:21:00.004+01:00

Aunque no es uno de los temas que más me apasionan, he decidido “tirarme a la piscina” y hablar de economía. Para aquellos que quieran ahorrar tiempo ya les anuncio que de economía no se “ni las cuatro reglas”. ¡Vamos, que lo mío no se soluciona en dos tardes! Pero tal como está el panorama, y el mareo al que nos someten los expertos con “finas valoraciones” con las que nos quedamos igual o peor que antes de escucharlas, me ha parecido que no vendría mal la opinión del “ciudadano corriente”.

Que estamos inmersos en una de las crisis más graves que España ha pasado en las últimas décadas creo que nadie lo duda hoy día. El número de parados, la recesión, el déficit público y la atonía industrial y comercial de nuestro país lo evidencian con toda claridad.

Inclusos los que no sabemos de economía intuimos que “la crisis perfecta” en la que vivimos es consecuencia, en realidad, de la conjunción de dos crisis: la crisis financiera internacional, que parece está pasando; y la crisis inmobiliaria, junto con la debilidad histórica de nuestro sector productivo, que me temo vamos a arrastrar aún durante algún tiempo.

La crisis internacional empieza a remitir. La economía norteamericana y las grandes economías europeas han empezado a crear riqueza y presentan de nuevo un PIB positivo. Muchos piensan que si los grandes crecen, el efecto arrastre será suficiente para que los países más débiles también salgan pronto de la crisis. Sin embargo, tengo para mí que eso no tiene por qué ser así, al menos a corto plazo. Me explico:

Hemos vivido una gran crisis financiera que ha necesitado de cuantiosas sumas de dinero para poder reflotar a grandes bancos que se encontraron de un día para otro en situación de quiebra técnica. Al mismo tiempo, muchos países han tenido que hacer cuantiosos gastos para proteger su estado social y a los miles de desempleados que la crisis generaba. Tampoco se ha de olvidar que esos países han tenido que intentar dinamizar su economía con fuerte inversión pública. Todo ello ha supuesto un espectacular aumento del déficit público y la necesidad de que, en este momento, la reactivación económica se tenga que hacer atrayendo grandes inversiones internacionales.

Los Estados que cuentan con una economía productiva fuerte, con mercados laborales dinámicos, empresas tecnológicamente desarrolladas y sectores productivos diversificados, lo tendrán más fácil. Ofrecen más confianza y seguridad. Los países que tienen problemas estructurales en su economía: escasa diversificación productiva, un mercado laborar excesivamente rígido, falta de desarrollo tecnológico y un abultado paro, necesitan tanto o más que los otros países la inversión extrajera, pero ofrecen menos confianza y seguridad al dinero transnacional y, por lo tanto, lo tendrán más complicado. En definitiva, que los criterios económicos de siempre, los que llevaron a la crisis, son los que van ha determinar quién, cuando y como se financia la salida del túnel.

Aquí es donde estamos ahora. Al final del túnel de la crisis económica internacional. Todos intentando atraer el dinero transnacional para activar sus respectivos sectores productivos. Por eso ahora empiezan los “codazos” y las estrategias de descrédito de unos u otros, porque todos quieren conseguir el dinero especulativo para su economía. ¡Pero si esto es así! Si la salida de la crisis la vamos a sustentar en aquellos que produjeron el gran colapso financiero ¿Qué hemos aprendido de todo cuanto ha pasado? ¿Quién nos garantiza que no va a volver a pasar dentro de unos años? Me temo que nadie.

Por eso, aunque pueda parecer una contradicción, lo mejor que podemos hacer los españoles es aprovechar las circunstancias para fortalecer nuestra economía productiva. Corregir los desequilibrios estructurales, desechar las estrategias de “dinero rápido” con “monocultivos” económicos como ha sido durante los últimos quince años la construcción –“el gran milagro de Aznar y Rato” que tanto jalea el PP-, e invertir en ciencia e innovación para que nuestras empresas sean competitivas en un mundo definitivamente abierto donde todavía hoy, desgraciadamente, prima la ley del más fuerte.

Para ello, estaría bien que todos arrimáramos el hombro. El Gobierno no descuidando a los más desvalidos e implementando estrategias de reducción del déficit, los sindicatos mirando más allá de los intereses de sus afiliados en activo, los empresarios no aprovechando la crisis para sacar beneficio y la oposición olvidándose del rédito electoral de la situación en la que nos encontramos y pensando en cómo pueden ser útiles a los intereses de España y sus ciudadanos. ¿Será posible?

El Área Única de Salud madrileña

2010-02-09T11:02:00.005+01:00

Para cuando este artículo vea la luz seguro que ya se han reunido los líderes en Madrid de los dos grandes sindicatos –UGT y CCOO- y la Ministra de Sanidad para hablar de la entrada en vigor de la Disposición Final Única de la Ley de Libertad de Elección en la Sanidad en la Comunidad de Madrid. Como todos ustedes conocen, dicha norma establece que “El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid se organiza en un Área Sanitaria Única integrada por el conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid”.

Actualmente, de acuerdo con las previsiones de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, nuestro territorio se organiza en 11 Áreas Sanitarias. Esta estructura organizativa de la sanidad pública madrileña no es un mero capricho, responde a criterios geográficos, poblacionales y socioeconómicos, y sirve para establecer funciones de autoridad sanitaria, salud pública y asistencia médica.

Para empezar por el principio. Tenemos que tener claro que el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 del Constitución española lo debe prestar la Comunidad de Madrid sin perder de vista la Ley General de Sanidad del Estado. No olvidemos que es el Estado el que de acuerdo con el artículo 149.1.16 de la CE ha de garantizar que en todo el territorio contamos con un modelo integral de Salud que asegure la consolidación de la universalidad, la equidad y la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones sanitarias de todos los españoles. Por eso, aunque las Comunidades Autónomas tienen las competencias sanitarias, eso no quiere decir que el ejercicio de esas funciones se pueda hacer olvidando la legislación básica sanitaria del Estado.

Evidentemente, en temas sanitarios todos tenemos claro que el derecho central es la protección de la salud de los ciudadanos. Pero como decía antes, no se debe olvidar que ese derecho se ha de prestar en condiciones de universalidad, igualdad y desarrollando una política de salud tendente a corregir los desequilibrios territoriales y sociales. Y esto es así no por capricho, sino porque sólo de esa forma se puede conseguir una organización y distribución de los recursos que garantice la protección de la salud; así cómo la continuidad en la atención sanitaria en todos sus niveles y la accesibilidad de los usuarios a los distintos servicios sanitarios.

Por eso precisamente, es la Ley General Sanitaria del Estado la que establece en el artículo 56 que las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio áreas de salud que garanticen una organización coordinada, racional e integral. Y es esa misma Ley la que dice que “las áreas de salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del área”. “…el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000…”.

Pese a lo que dice la Ley General Sanitaria del Estado y las razones organizativas de peso que le llevan a legislar así, la Ley de la Comunidad de Madrid introduce el “Área Única” incumpliendo ese mandato y despreciando esos criterios organizativos. Si esa forma de organizar la asistencia sanitaria responde a criterios altamente contrastados y son los que mejor garantizan la prestación del servicio en igualdad, eficiencia y participación, la pregunta salta a la vista: ¿qué busca la Comunidad de Madrid con su Área Única?

La Ley madrileña deja claro desde el primer momento que el objetivo fundamental es establecer la libertad de elección de médico de los pacientes. En su preámbulo hace un canto ideológico constante a la libertad de los pacientes, como si esa fuera la única cuestión que hay que abordar a la hora de organizar un sistema de salud. Pero por mucho que eso pueda sonar muy bien a quién no conoce la complejidad organizativa de un servicio de carácter universal, no es así. ¡Por supuesto que la libertad es un valor que todos apreciamos! Pero cuando tenemos que ocuparnos de organizar un servicio público de las dimensiones de la sanidad pública no basta con hacer declaraciones principialistas, hay que acometer estrategias organizativas que den racionalidad, viabilidad y eficiencia al sistema. Por eso precisamente la Ley sanitaria del Estado obliga a que las Comunidades Autónomas establezcan Áreas Sanitarias.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, saltándose el mandato de la ley básica del Estado ha decidido prescindir de esa organización. ¿Para defender la libertad de elección de los pacientes? No, libertad de elección de médico ya existe, no hace falta poner “patas arriba” el modelo sanitario para conseguirlo. Luego ¿Qué busca la Comunidad de Madrid con este nuevo sistema?

Parece bastante claro. Basta con conocer cual ha sido la trayectoria en la ordenación sanitaria de la Comunidad en estos últimos años. La privatización del servicio. Primero han sido los grandes centros: los nuevos hospitales. Ahora están pensando en los Centros de Atención Primaria. Y claro, para garantizar la mejor penetración del sector privado, y doblegar a los defensores del servicio de gestión pública, qué mejor que acabar con las Áreas Sanitarias. Al fin y a la postre, son ellas las que establecen los órganos de participación –Consejos de Salud- y, por lo tanto, son en ellas donde los ciudadanos, los sindicatos y los colectivos de médicos, ATS y el resto del personal sanitario están organizados y pueden dar la batalla contra la privatización. Por supuesto, tampoco es menos importante el objetivo de desligar a los profesionales de sus centros de trabajo y de esa manera facilitar el trasvase de médicos y ATS de los centros públicos a los nuevos centros privatizados.

Como decía, una medida que encaja perfectamente en un objetivo bien claro: el desmantelamiento del servicio público sanitario madrileño y su progresiva privatización. ¡Toda una opción política! Frente a ella los que aspiramos a gobernar en Madrid debemos hacer una propuesta clara, inteligible en defensa de la sanidad pública. No por mero capricho, sino porque la sanidad pública universal y gratuita durante treinta años ha sido una de las conquistas sociales más importantes conseguida por los españoles y no podemos ahora dejar que “arribistas de lucrativos negocios” vengan a quedarse con ella a precio de saldo. ¡Defendámosla con convicción!

Pacto por la Educación

2010-02-02T11:44:00.003+01:00

En la sociedad española han existido desde tiempo inmemorial debates que han dividido a nuestro pueblo y han contribuido al atraso y el estancamiento económico y cultural. La explicación de esa contumaz y continuada división es muy variada y, en parte, tiene que ver con la “oscuridad” y el distanciamiento con la modernidad que nuestro país ha sufrido en los últimos tres siglos (al menos hasta 1978).

Una de esas grandes cuestiones es la política educativa. Desgraciadamente, el pacto nacional por la educación, que debería haber sido una seña de identidad en la Constitución de 1978, no fue posible. Basta con leer su artículo 27 con sus diez apartados para observar como el Constituyente, ante la imposibilidad de pactar un modelo educativo que satisficiera a todos decidió –como en otros grandes asuntos, ¡por cierto!- elaborar un redactado donde cupieran los dos grandes modelos educativos que siempre han rivalizado en nuestra Nación: el derecho a la educación sustentado sobre un sistema de educación pública y la libertad de enseñanza y, con ella, la libertad para crear centro educativos y establecer modelos de educación.

La política educativa que se ha hecho durante estos últimos treinta años, desgraciadamente, tampoco ha conseguido superar esa división. Nuevamente bastaría con hacer un historial de las leyes educativas que se han aprobado durante estos años para comprobar como los dos grandes modelos han rivalizado y cómo se ha impuesto uno u otro en función de la fuerza política gobernante. Incluso en la política educativa de la derecha o la izquierda no han faltado bandazos que evidencian la falta de un modelo lo suficientemente elaborado e interiorizado detro de las propias fuerzas políticas.

El Ministro Gabilondo ha propuesto al PP un pacto de Estado por la educación y muchos nos felicitamos de que en tiempos políticos tan convulsos haya un Ministro valiente que abandone la estrategia - tan común en la forma de hacer política de estos tiempos- de gestionar pasando desapercibido y procurando no pisar ningún callo, y haya dado un paso adelante proponiendo cien medidas para el consenso educativo entre las dos grandes fuerzas política en España. También me congratulo por la disposición del PP a negociar dicho pacto. Bueno….me felicité por las primeras declaraciones de la Sra. De Cospedal y empecé a preocuparme cuando el PP hizo un acto público donde vino a recordarnos que si se quería pactar con ellos habría que reconocer muchas de sus propuesta educativas de máximo.

La Constitución, como decía, abre caminos para distintos modelos educativos, ahora bien, también es cierto que la misma Constitución establece determinados principios y valores que no deberíamos perder de vista a la hora de establecer un modelo educativo. Por ejemplo, no se ha de olvidar que ese modelo debe promocionar la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación; por ello, la educación debe actuar como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Esa educación de calidad, no discriminatoria, que fortalezca las potencialidades de los alumnos debe construirse sobre un sistema de Educación pública equitativa y universal en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos deben estar comprometidos con esa tarea.

Algunos que antes de empezar a negociar están poniendo ya “rayas rojas” deberían interiorizar muchos de esos principios básicos constitucionales y darle una vuelta a la política educativa que su partido ha puesto en práctica en Comunidades como la de Madrid, que en su afán privatizador está rompiendo la escuela pública de calidad, y en donde los centros privados y concertados generan, en muchos casos, desigualdad y segregación del alumnado.

Ayer conocimos que en los diez años de transferencia de la Educación a la Comunidad de Madrid la calidad educativa ha caído cinco puntos porcentuales y hemos pasado a ser una de la Comunidades Autónomas que menos invierte en Educación. Por eso, no se debe olvidar que en Madrid falta presupuesto para los colegios, institutos y universidades públicas y sobra complicidad con organizaciones cuyo cometido esencial, cuando se introducen en el mundo educativo, radica en hacer negocio y extender una moral privada que, en muchos casos, es claramente contradictoria con la tolerancia, la igualdad y no discriminación que propugna la Constitución española.

¡Ánimo Ministro! La Educación, la convivencia y el desarrollo de España está, en parte, en que su objetivo se cumpla.

Incendiando la convivencia

2010-01-26T10:08:00.004+01:00

Tengo que confesar que no termino de sorprenderme con el nivel de demagogia y oportunismo que muchos despliegan cuando se aproximan unas elecciones. Cuando veo la forma en la que PP se ha “recolocando” en el asunto del empadronamiento de inmigrantes en Vic y Torrejón, el estómago se me revuelve, y esa forma de hacer política me produce repugnancia y me entran unas ganas desesperadas de gritar a toda la ciudadanía: pero, ¿se pude aguantar tanta miseria e inconsciencia? ¡Por favor revelémonos ante este comportamiento político!

La llegada de inmigrantes a España en los últimos quince años ha supuesto que aumente la población en más de cuatro millones de personas. No se debe olvidar que esos nuevos ciudadanos han ayudado a rejuvenecer una pirámide poblacional altamente envejecida por los escasos nacimientos y el aumento de la esperanza de vida. En lo laboral, durante todos estos años, han ocupado sectores laborales poco apreciados por los autóctonos: trabajos agrícolas, empleo en el hogar, cuidado de ancianos y niños, hostelería, etc. Yo nací en un pueblo agrícola de la Mancha y frecuentemente voy a visitar a mi familia y tengo la oportunidad de observar cómo hoy día sin los inmigrantes las recolecciones de uva, aceituna y otros productos agrarios serían imposibles.

Llevamos más de año y medio de dura crisis económica y los primeros que han sentido el zarpazo del paro y los rigores de quedarse sin ingresos para vivir y hacer frente a su gastos han sido los más débiles en la cadena laboral: en gran medida inmigrantes que trabajaban en la construcción, en los oficios anejos a aquella o en la hostelería. Aunque no es tan frecuente de ver en televisión, en los locales de las ONGs de ayuda a los pobres diariamente se forman grandes colas de estas personas que buscan una bolsa de ayuda alimentaria (pan, leche, fruta, legumbres).

Sin embargo, pese al aumento tan espectacular de la población en tan pocos años y el fuerte impacto del paro en personas con tan complicada situación para subsistir a pesar de la falta de trabajo, no ha habido en nuestro país revueltas sociales, grandes alteraciones del orden público o enfrentamientos entre conciudadanos. Por eso, si en términos generales la gestión de la inmigración y las políticas de integración social y laboral están siendo positivas en España ¿qué sentido tiene que ciertos políticos vengan a confundir y a complicar las cosas cada vez que se aproximan las elecciones?

La Señora Sánchez Camacho – del PP de Cataluña- ha dicho que “aquí no cabemos todos” y el Señor González – del PP en Madrid- que la negativa al empadronamiento de Torrejón es para evitar los “piso patera”. A la Señora Sánchez Camacho lo que habría que preguntarle es si opinaba lo mismo cuando esos inmigrantes ocupaban puestos de trabajo que aportaban desarrollo y riqueza para la economía catalana y española, y si a quien quiere expulsar es a la mujer ecuatoriana que limpia en su casa o la inmigrante filipina que cuida de su hija. Al Señor González hay que recordarle que una cosa es el padrón, que es un registro para saber cuanta gente vive en una localidad y otra muy distinta las normas de habitabilidad de cada municipio, y que si hay infraviviendas lo que debe hacer el ayuntamiento de Torrejón es promocionar más vivienda de protección oficial y negar la cédula de habitabilidad a aquéllas que no reúnan las condiciones para ser habitadas.

Digamos las cosas por su nombre: lo que está haciendo el PP con su posición ante los casos de Vic y Torrejón es mero cálculo electoral. Como en tantas otras ocasiones está poniendo en marcha un discurso xenófobo y racista dirigido a conectar con los instintos más primarios de los ciudadanos, a la búsqueda del voto de aquellas personas que se han quedado sin trabajo y que, sin analizar con suficiente detenimiento la situación real de las causas del paro, piensan que expulsando a los inmigrantes ellos tendrían más oportunidades.

Esta forma de hacer política es despreciable, repugnante y merece el mayor desprecio, político y personal, a quién la hace. Contribuye a la fractura social y pone en peligro la convivencia cívica. Si seguimos atizando la hoguera de la exclusión y el racismo y mañana se produce una revuelta como sucedió en los suburbios de París o en El Ejido o Alcorcón hace años ¿quién será responsable?

Seguro que los que ahora contribuyen con su comportamiento insensato y corto placista a la erosión de la buena convivencia de todos estos años “esconderán la cabeza bajo el ala” y saldrán con la cantinela de la “falta de seguridad pública”, ¡culpando al Ministro Rubalcaba! La cuestión es seguir en la espiral electoralista y ver por dónde se puede seguir arañando un puñado de votos aunque pongamos el País patas arriba.

¡No me extraña que en las encuestas los ciudadanos digan que los políticos son el segundo problema de España!

Empadronarse

2010-01-19T08:50:00.001+01:00

Hay comportamientos que a muchos de los que estamos en política porque creemos en la defensa de la igualdad y la solidaridad como valores públicos nos indignan especialmente. Es lo que me está sucediendo a mí en estos días con la decisión de los ayuntamientos de Vic y Torrejón de no empadronar a los inmigrantes ilegales si no cumplen unos requisitos que por ningún lado establece la Ley.

En la legislatura pasada tuve la oportunidad de trabajar en inmigración en el Congreso de los Diputados. Fueron años difíciles por la llegada masiva de inmigrantes, y por la necesidad de poner en marcha políticas de control de la inmigración ilegal y de integración de aquellas personas que estaban en nuestro país de forma estable y plenamente integradas. Recuerdo que los socialistas, en el 2005 y 2006, además de encontrarnos con una inmensa bolsa de personas ilegales que contaban desde hacía años con trabajo y residencia estable, tuvimos que afrontar la llegada de forma masiva de pateras y cayucos a las costas de la península y de las islas Canarias.

Con un trabajo modélico desde la Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración y desde el Ministerio del Interior, se consiguió concienciar a la UE de que había que desarrollar políticas de control de fronteras para luchar contra las mafias que invitaban a muchos desesperados por el hambre y la miseria a echarse al mar. De esa forma se creo FRONTESX, hoy día, con la colaboración de los países emisores de inmigración, la llegada de cayucos y pateras es casi insignificante.

Además, entonces, se activó un plan de integración con una importante dotación económica para los municipios; se regularizó la situación de gente que de facto vivía y creaba riqueza entre nosotros desde hacía años; y, finalmente, se aprobó un plan de integración de la inmigración, un proyecto a largo plazo para que la diversidad cultural y social de nuestro tiempo deje de verse como “la invasión de los otros” y se reconozca como una oportunidad de engrandecernos humanamente y abrirnos al mundo reconociendo la diversidad.

La crisis económica ha sembrado nuevamente de miedos las relaciones entre autóctonos y foráneos, y son muchos los que piensan que el problema del paro se solucionaría si todos los que han venido de fuera volvieran a su país. Cuando escucho esta forma de argumentar me acuerdo del Alcalde de El Egido, al que una vez le preguntaron sobre los inmigrantes y respondió: “En El Egido a las ocho de la mañana todo los inmigrantes son bienvenidos, a las ocho de la noche no queremos a ninguno”. Es una actitud miserable y egoísta que, además, no se corresponde con la realidad: la mayoría de los inmigrantes se matan por trabajar ocupando puestos que los españoles no quieren y han contribuido sustancialmente a la riqueza de nuestra Nación.

Ahora municipios como el de Vic y Torrejón retuercen una obligación administrativa: el empadronamiento, que no tiene más valor que conseguir un recuento fiable de las personas que viven en cada localidad, para echar de su territorio a las personas que no tienen papeles. Algunos piensan que de esa forma pueden negar ciertos derechos, como la sanidad o la educación a los inmigrantes, pero se equivocan, ya que dichos derechos los tiene toda persona por el hecho de serlo y la condición de empadronado tan sólo afecta a la gestión del colegio o el centro de salud donde esa persona debe recibir atención.

Pero la hipocresía no acaba en el comportamiento de esos municipios. Algunos políticos con sus declaraciones o con su “ponerse de perfil” ante el asunto también están dando una imagen lamentable con la sola intención de arañar un puñado de votos.

El PP ahora dice que se debe endurecer la política migratoria y las condiciones de empadronamiento. Sin embargo, el Sr. Rajoy se olvida de que la Circular que se aplica para la interpretación del artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es donde se establecen las condiciones de empadronamiento, la aprobó él mismo siendo ministro de Administraciones Públicas. También se olvida que hace no más de dos meses terminamos de aprobar la nueva Ley de Derecho y Deberes de los Inmigrantes en España y en su trámite el PP no hizo ni una enmienda en ese sentido.

Finalmente, entre los que están “de perfil” me duele especialmente la poca contundencia que han manifestado hombres y mujeres de izquierdas con responsabilidades políticas en Madrid y, en especial, en Torrejón. El Corredor del Henares es una comarca de Madrid donde se han asentado importantes comunidades de personas de otros países que han venido a buscarse la vida al nuestro. En algunos de ellos la población extranjera puede llegar al 20 ó 30 por ciento, y así ha sido durante años sin que se hayan producido hechos destacables de violencia o alteración de la convivencia.

Antes al contrario, han contribuido sustancialmente a la generación de riqueza para esas poblaciones. Por ello, me parece lamentable que ahora que vienen tiempos difíciles se persiga a los más desfavorecidos y que muchos de los que enarbolan las banderas de la izquierda no sean capaces de salir con claridad y contundencia a denunciar esa hipocresía y mostrar a nuestros conciudadanos que la inmensa mayoría de los inmigrantes son personas tan respetables como cualquier otra.

Año de nieves...

2010-01-12T10:10:00.003+01:00

Dice el refrán que “año de nieves, año de bienes”, y la verdad es que después de más de dieciocho meses de rigurosa crisis económica no vendría mal que así fuese, en Madrid y en toda España.

De momento, la última nevada nos ha traído, además de bellas estampas en parajes y rincones emblemáticos de Madrid, una muestra más de cómo se ha de trabajar desde las Administraciones Públicas para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.

No es la primera vez que me ocupo de la buena coordinación entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Madrid, pero creo que merece la pena “repetirse”. Todos los madrileños saben que la nevada de la noche el lunes once fue una de las más intensas de los últimos años; que, además, las bajas temperaturas provocaron importantes capas de hielo, y que, todo ello, pronosticaba un día, cuando menos, complicado para el martes doce. Sin embargo, el trabajo intenso, organizado y sistemático de las máquinas quitanieves y la distribución de sal por ambas Administraciones, junto con la inteligencia de la ciudadanía que decidió dejar el coche en casa y utilizar el transporte público, hizo que un día que se pronosticaba caótico fuera un día más, un día incluso con menos atascos de los habituales en Madrid capital.

Pero, para decirlo todo, no se puede olvidar que la diligencia de las Administraciones Central y Autonómica y los medios y recursos que pusieron para resolver los problemas de la nevada no fueron acompañados por la acción de los municipios de la Comunidad Autónoma. Seguro que en muchos de ellos no por falta de ganas para solucionar las dificultades de tránsito de sus conciudadanos, sino por la insuficiencia de medios con la que tienen que hacer frente a servicios, en la mayoría de los casos, mucho más complicados que los que realizan las otras Administraciones.

El supuesto que nos ocupa en un buen ejemplo: quitar nieve y hielo entraña cierta complicación cuando se hace en carreteras, pero sin duda alguna, más complicación conlleva quitarlos en calles y aceras atestadas de coches y viandantes circulando. Algunos de esos municipios echaron mano del Ejército y tuvimos la posibilidad de ver por primera vez en Madrid actuar a la Unidad Militar para Emergencias Civiles (UME), una inteligente y acertada función que la nueva Ley de Defensa Nacional (2005) ha conferido a nuestras Fuerzas Armadas –nuevos tiempos, nuevos servicios-.

En cualquier caso, que tomen nota los Gobiernos de la Nación y de la Comunidad Autónoma y recuerden que no basta con cumplir con los cometidos que las leyes les confieren, sino que, además, hay que analizar las insuficiencias de los municipios para poder afrontar estas situaciones de emergencia y ponerles solución antes de que sucedan.

De nuevo aprovecho esta columna para enviar mis felicitaciones al Señor Ministro de Fomento y a la Señora Presidenta de la Comunidad por el nuevo ejemplo de cómo se puede hacer política que sirve a los ciudadanos y no a los intereses estratégicos y electoralistas de los partidos políticos. Seguro que con esta forma de trabajar de ambas Administraciones muchos madrileños distanciados y hastiados de los políticos se reconciliarán con ellos y volverán a creer en la gestión pública y en sus responsables.

Pero como de este acontecimiento climatológico también se ha deducido una deficiencia en la acción de los municipios para resolver el problema, quiero aprovechar la oportunidad para reclamar de los ediles locales más contundencia en la reivindicación de medios y recursos para poder hacer frente a la prestación de los servicios que se les reclaman. No hace muchos días oí a Pedro Castro reivindicar que se afronte la financiación de las corporaciones locales. Pues bien, sumémonos todos a esa petición y apoyemos al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias de España para que cuanto antes, y desde luego nunca después de la aprobación de la nueva Ley para las Administraciones Locales, se afronte una redefinición de las competencias de los municipios y los recursos necesarios para poder hacerles frente. Si conseguimos que los municipios estén bien dotados económicamente y la buena coordinación entre Administración Estatal y Autonómica se extienda también al espacio local, seguro que Madrid saldrá pronto de la crisis y dará buenos ejemplos de cómo se gobierna para los ciudadanos.

Posdata: Este artículo no es una carta a los Reyes Magos, es un mensaje a la sensatez.

Clientelismo y corrupción política

2009-12-15T13:42:00.001+01:00

En este largo fin de semana del puente de la Constitución los ratos que no me he ocupado de los placeres familiares, me he dedicado a la lectura de un par de libros sobre clientelismo y corrupción en la Italia de la década de los noventa, cuando el Juez Di Pietro puso en marcha la operación Tangentopoli contra los abusos de poder y apropiación de bienes públicos por destacados miembros de la política italiana de la época. Como muchos de ustedes recordarán, aquellos procesos judiciales acabaron con algunos de los partidos tradicionales –Democracia Cristiana, Partido Socialista- y ¡desgraciadamente! parece que poco hicieron para acabar con la corrupción, a la vista de cómo está “el patio” en el país hermano.

De todas maneras, de aquellos acontecimientos se han sacado interesantes conclusiones sobre el comportamiento de los partidos políticos en situaciones de corrupción que, tengo la impresión, son muy de aplicación para la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, que los denominados partidos de masas asentados en las reivindicaciones de miles de ciudadanos que se constituyen y se desarrollan con un proyecto anclado en unos principios claros y definidos; que se organizan mediante una estructura cohesionada que responde a la consecución de los objetivos de su proyecto político y que diseñan una estrategia capaz de servir para desarrollar una labor de oposición y, al mismo tiempo, construir una alternativa de gobierno, no existen.

En la actualidad la mayor parte de los partidos políticos se han convertido en organizaciones “archipiélagos” con múltiples centros de poder e influencia donde cada subgrupo actúa como facción en busca de sus intereses en la sociedad, el partido y las instituciones donde interactúan –y digo interactúan, porque viendo como se comportan algunos es difícil decir que hacen política-.

Por eso, lo que le interesa a los reyes de taifas de ese tipo de partidos no es tanto hacer políticas públicas en defensa de su ideales –libertad de mercado, defensa de la iniciativa privada, educación pública, sanidad, servicios sociales- sino ocupar las instituciones y los puestos que les corresponda en las Empresas, Cajas de Ahorro u otras organizaciones con individuos de su confianza más extrema. Puesto que el partido se ha convertido en una organización atomizada, disgregada y con escasos instrumentos de democracia interna, si consigo “colocar a los míos” en lugares de poder social o institucional me garantizo posibilidad de influencia y clientelismo tanto dentro como fuera de la organización.

Desgraciadamente, en estos momentos el clientelismo se ha convertido en una práctica política más común de lo que parece. No me refiero al clientelismo del señorito terrateniente y el campesino del siglo XIX, me estoy refiriendo a un clientelismo horizontal, entre sujetos que están en píe de igualdad, donde la práctica clientelar es la manera con la que los aparatos de esos partidos distribuyen recursos públicos y favores a cambio de apoyo electoral, es decir, utilizan patrimonialmente las instituciones con fines particulares.

Cuando una organización política no tiene principios ideológicos, no tiene un proyecto definido, no tiene una organización cohesionada e integradora, cuando su estrategia tan sólo responde al buen criterio del líder de turno y todo su poder está en las organizaciones publicas o privadas donde tiene consejeros y administradores las condiciones están puestas para que toda su política sea clientelar y más pronto que tarde se convierta en corrupción.

Es cierto que en muchos casos el clientelismo no es una práctica ilegal pero es siempre una actuación ilegítima que se aprovecha de que se han “colonizado” las instituciones y las empresas públicas con individuos a fines para llegar con más facilidad a los ciudadanos y conseguir su simpatía y, a poder ser, su voto (es lo que hacen algunos alcaldes en campaña electoral que se meten en el hogar del jubilado del pueblo o el consejero de una radio televisión que presta especial cuidado a los intereses del partido que le ha propuesto para ese cargo cuando llegan unas elecciones).

Pero normalmente la cosa no acaba ahí. Si las campañas electorales son costosas, los gastos cuantiosos, las aportaciones de los militantes testimoniales, tanto en lo material como en su compromiso personal, y las necesidades para llegar a una sociedad compleja y populosa ingentes las condiciones están servidas para que el “cliente”, que en muchos casos son grandes empresas con medios personales, económicos y materiales muy por encima que unos partidos de “cuadros anoréxicos” instalados en las instituciones y en las empresas públicas, se convierta en “proveedores” que facilitan los actos públicos, organizan los mítines, las reuniones de afiliados, las fiestas con electores y aporten sustanciosas cantidades que equilibran las cuentas maltrechas por las campañas electorales.

Por supuesto, tampoco faltarán los “listos” que gestionan “el negocio” y que pronto se hacen la cuenta que puesto que lo que hacen por el partido mancilla su integridad y se colocan en disposición de acabar en la cárcel lo mejor es hacer de cuando en cuando algo por su interés personal. Les puedo asegurar que todo lo que les he relatado son categorías generales que se compusieron del comportamiento ilegal, ilícito e ilegítimo de los partidos políticos italianos después de analizar todo lo que la Tangentopolis ofreció.

Ahora bien: ¿no les parece a ustedes que el comportamiento de algunos en nuestro país y, en especial en Madrid, tiene un gran parecido? Pues tomemos ejemplo y no tropecemos en la piedra que otros ya han manchado con la dignidad de la POLÍTICA y la confianza de los CIUDADANOS.

PD: Homenaje en el 9 de diciembre. Día Internacional contra la Corrupción

Sí a la reforma de la Ley 15/1997

2009-12-15T13:19:00.003+01:00

La semana pasada estuvimos de enhorabuena la mayoría de los socialistas madrileños. Pudimos disfrutar del primer paso para poner coto a uno de los dos atentados más grandes que en nuestra Comunidad se está dando al Estado Social, que tan costosamente construimos en las décadas de los 80 y 90: nuestro servicio público sanitario.

El artículo 43 de la Constitución establece que los poderes públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de los servicios necesarios. Algunos piensan que este artículo queda cumplimentado siempre que exista un sistema sanitario con financiación pública, aunque esté gestionado por empresas privadas.

Sin embargo, los socialistas siempre hemos pensado que lo que el artículo 43 de la Constitución establece es que además de la financiación del servicio se requiere que su provisión, es decir la gestión, sea fundamentalmente pública. Y aquí está el mal de lo que está sucediendo en Madrid. Doña Esperanza Aguirre está llevando tan lejos su afán privatizador de la sanidad que muy pronto no estará garantizado el mandato constitucional: que la provisión del servicio sanitario sea fundamentalmente público.

Soy consciente que el argumento anterior es meramente técnico, que lo que interesa al usuario al analizar uno u otro sistema son los efectos en la calidad de la sanidad que se presta y los coste que el servicio conlleva a las arcas públicas. Pues bien, aquí también, frente a lo que machaconamente dice la presidenta, los resultados son significativos.

El aumento de hospitales de gestión privada como el de Parla y de concesión administrativa como el de Valdemoro absorbe una cantidad tan grande de dinero que se transfiere a las empresas que no le queda más remedio a la Comunidad que reducir recursos humanos y materiales en los hospitales públicos tradicionales (Ramón y Cajal, La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Móstoles) sin que ello suponga un aumento de camas, de reducción de listas de espera o de más y mejores especialidades. Además, es un modelo que no garantiza la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, muy al contrario, los resultados que tenemos de lo que hasta ahora se ha hecho demuestra que el pago del canon que la Comunidad de Madrid tendrá que hacer a las empresas privadas que tienen la concesión o han realizado los centros va a salir a las arcas públicas tres o cuatro veces más caro que si se hubieran construido y gestionado públicamente.

Por ello, los socialistas creemos que la privatización de la sanidad pública no es la solución. Que la mejora del servicio sanitario y su sostenibilidad pasa por una financiación suficiente y una gestión eficiente. La financiación suficiente debe encuadrarse en el contexto de una fiscalidad progresiva y una priorización de la sanidad en el marco presupuestario. La gestión eficiente exige abordar en profundidad reformas en la estructura, organización y funcionamiento de los centros asistenciales; ello debe hacerse con la necesaria complicidad de los profesionales fomentando su real participación en la organización de sus actividades y su colaboración con la gestión de los centros.

Por todo lo anterior, muchos socialistas de Madrid estamos contentos porque se haya aprobado la toma en consideración de la reforma de la Ley 15/1997. Ahora toca que todos estemos a la altura de nuestros principios y trabajemos por una reforma de dicha norma que garantice que no pueda seguir desmantelándose un pilar básico del Estado Social: la sanidad pública de calidad. Los ciudadanos nos premiarán o castigarán por lo que hagamos en 2011.

Grito por la Universidad

2009-12-10T12:47:00.003+01:00

El viernes pasado, en una reunión de universitarios de Madrid con el director general de Relaciones Internacionales, José Manuel Martínez Sierra, tuve la oportunidad de conocer cómo se está implementando el proceso de creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior en las universidades madrileñas (el llamado Plan Bolonia). Y la verdad, ya les puedo adelantar que, no sólo por lo que nos transmitió el director general, sino también por lo que expresaron algunos de los responsables de los centros universitarios que participaron en la reunión, la situación es más que preocupante.

Aunque no han faltado los críticos a Plan Bolonia, unos desde el desconocimiento de lo que supone y otros por apuntarse a conspiraciones estrambóticas de manipulación y control internacional, lo cierto es que la Convergencia Europea en Enseñanza Superior es una de las apuestas educativas y de integración en Europa más importantes que, quizás, haya hecho nunca la Unión Europea.

La igualdad de oportunidades en la formación y el acceso al trabajo será mucho más fácil con un sistema universitario que permita la movilidad de los estudiantes, los docentes y los investigadores. Pero para que esta movilidad se produzca no basta con superar la barrera idiomática; se requiere un complejo proceso de convergencia en la estructura de la enseñanza superior que se imparte en toda Europa. Para ello, se han reformado en España los planes de estudio y se han creado los grados y posgrados que suponen adaptarse al modelo de títulos europeos. Se han puesto en marcha agencias y organismos capaces de evaluar con criterios similares al resto de los países la calidad de los estudios y se ha establecido un nuevo sistema de trabajo en las aulas con nuevas técnicas docentes y valoración del trabajo de los alumnos.

Como decía, la Convergencia Europea en Enseñanza Superior es un gran y apasionante reto para la universidad española que, todo hay que decirlo, aunque había progresado mucho en los últimos treinta años, no está precisamente en el mejor puesto del ranking mundial.

Si apasionante es el reto en España, no menos importante lo es en Madrid. La Comunidad de Madrid tiene trece universidades (seis públicas y siete privadas) y como se ha dicho tantas veces, y tan poca atención se presta desde las instituciones, esas universidades son uno de los valores añadidos más notables de nuestra Comunidad.

La política universitaria es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Las universidades gozan de autonomía para su gestión en el marco de esa política. Por eso, dejando claro lo anterior, tengo que recordar una vez más, pero quizás en un momento más desesperado por los cambios que se están produciendo, que la financiación es una cuestión prioritaria que debe afrontar esa política universitaria.

Los rectores y la comunidad universitaria madrileña llevan mucho tiempo diciendo que implantar Bolonia no se puede hacer a coste cero. Ahora que estamos a un año de su culminación muchos de esos rectores se están dando cuenta que efectivamente no se va a hacer a coste cero, se hará con fuertes recortes en su presupuesto. Como muestra un botón: los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2010 reducen la inversión en universidades casi un 4 por ciento. Para algunos centros, y he tenido oportunidad de saberlo directamente de algunos decanos, esos recortes llegarán hasta el 40 por ciento.

¿Alguien cree que, salvo voluntarismo de la comunidad universitaria o un milagro, se puede llevar a buen término la convergencia europea en estas condiciones? Sinceramente yo creo que no. Y puesto que la cuestión es de una importancia capital para Madrid y el futuro de nuestra universidad, con estas palabras quiero mostrar mi denuncia a la desidia y abandono que la Comunidad está sometiendo a las universidades. También, para decirlo todo, tengo que mostrar el diferente comportamiento que está realizando el Ministerio de Educación en este tema, en muchos casos sobrepasando sus competencias.

Dos ejemplos: los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 incluyen un importante aumento en política universitaria, más del 8 por ciento respeto al 2009, y con ello se van a seguir aumentando las becas; por ejemplo, las becas préstamos-renta que tan importantes son para los estudiantes que quieren salir a otros países a completar su formación (en Madrid este aumento de las becas supondrá 160 millones más que el 2009). También se ha puesto en marcha el proyecto de Campus de Excelencia Internacional que incentivara la calidad y la modernización de las universidades (150 millones de euros más).

El Ministerio está haciendo todo lo que puede para que la convergencia europea no naufrague, las universidades y los rectores también, hasta el punto de reclamar que les dejen pedir préstamos a los bancos para financiar sus necesidades, ahora bien, la pregunta es ¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en materia universitaria y quien más interesada debería estar en que un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestra Comunidad supere esta situación? Me temo que nada. ¡Desgraciadamente!

No a la Ley de Acompañamiento

2009-11-30T10:53:00.002+01:00

En el artículo de esta semana no querría dramatizar en exceso, pero sí hacer llegar al amable lector la importancia del problema que voy a intentar exponer: la perversión democrática, constitucional e institucional que supone la aprobación de la llamada “Ley de Acompañamiento” en los términos que se hace en la Comunidad de Madrid. También, y ya lo anticipo, quiero pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que pongan toda su capacidad institucional para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Muchos han oído hablar de la “Ley de Acompañamiento” que cada año aprueba la Asamblea de Madrid al tiempo que se tramita la Ley de Presupuestos. Incluso para muchos puede parecer algo normal y común en el trabajo legislativo parlamentario. Pero no es así. Hoy en día la “Ley de Acompañamiento” se ha convertido en uno de los atentados más graves que se asesta a la actividad legislativa y, con ello, a la democracia en nuestra Comunidad.

La técnica legislativa que hace acompañar de una ley “cajón de sastre” a la ley presupuestaria, como decía, no es nueva y aunque peculiar, no tiene por qué ser contraria a la Constitución, al respeto al Parlamento y a la función legislativa. Pero claro, siempre que se administre con prudencia, con criterio y moderación, cosa que hace muchos años no hace el Gobierno y la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

La “Ley de Acompañamiento” surge ante una necesidad técnica que se plantea a la hora de aprobar los Presupuestos. Como es sabido, la Ley de Presupuestos consiste en el conjunto de normas que conforman el programa anual de ingresos y gastos públicos de la Administración a la que nos estemos refiriendo, en este caso la Comunidad de Madrid. Pues bien, lo que sucede es que puesto que la Ley de Presupuestos tiene un procedimiento legislativo específico y unos límites materiales, muchas veces al aprobarla se hace necesario incluir cuestiones que no caben en dicha ley, asuntos que no tienen que ver con la política presupuestaria pero que inciden en la política de ingresos y gastos públicos. Para salvar ese problema se ideó la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la llamada “Ley de Acompañamiento”.

Como decía, es una ley que no tiene porqué ser inconstitucional (algo ha dicho ya el Tribunal Constitucional) si se utiliza con moderación y proporcionalidad. Si se hace así es un instrumento legislativo rápido y ágil para superar límites formales que impedirían que la Ley de Presupuestos fuera efectiva. El problema se plantea cuando se abusa. ¡Como siempre! Los problemas están en el uso generalizado de soluciones excepcionales que se aplican para resolver problemas concretos.

En el procedimiento legislativo es fundamental la deliberación, la publicidad y la integración de los intereses de los distintos grupos políticos que participan de la acción legislativa. La deliberación, la confrontación de posiciones políticas y la publicidad de ese debate para que los ciudadanos tengan completa información de lo que sucede en la Asamblea es fundamental para la democracia en nuestra Comunidad. Pero cuando un proyecto de ley se confecciona con la modificación de treinta o cuarenta leyes de la importancia de la Ley del Suelo, se califica para su tramitación por el procedimiento de urgencia y se debate a la par que la Ley de Presupuestos, la publicidad, la contraposición de opiniones y el conocimiento por los ciudadanos de lo que se está haciendo se hace imposible. De esa forma se oculta la acción legislativa, se manipula el sistema para hacerla opaca y se atenta contra la institución parlamentaria y la democracia misma.

Por ello, con estas líneas denuncio esta técnica legislativa antidemocrática del Gobierno de la Sra. Aguirre, el abuso que supone la utilización desproporcionada de la “Ley de Acompañamiento” en la Comunidad de Madrid, y pido públicamente a los grupos políticos de la oposición en la Asamblea que activen los mecanismos necesarios para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2010.

Seguro que no faltarán los que digan que este es un asunto excesivamente técnico y que queda muy alejado de los problemas inmediatos de los ciudadanos. A esos yo tan sólo quiero recordarles que estamos hablando de salud democrática, de respeto a las instituciones y que, como decía Ihering, “las formas son garantía de libertad”.

La buena política

2009-11-19T19:32:00.003+01:00

Después de semanas de intrigas, asechanzas, espionajes y casos de corrupción en la política madrileña, no está de más dedicar la columna de esta semana a uno de los ejemplos de la “buena política” que, afortunadamente, también suceden en nuestra Comunidad.

Existe una idea muy generalizada en la opinión pública que entiende que uno de los problemas más graves de nuestro Estado de las Autonomías es la incapacidad entre las distintas administraciones, sobre todo si están gobernadas por fuerzas políticas distintas, para coordinarse y prestar de forma eficiente los servicios públicos que los ciudadanos demandan.

Pues bien, precisamente el ejemplo de “buena política” que quiero traer a este artículo se refiere a este tipo de relaciones interaministrativas. El Ministerio de Fomento -el Sr. Blanco- y la Comunidad Autónoma de Madrid, con el nuevo clima de diálogo y cooperación, están demostrando que es posible sumar esfuerzos, olvidarse de cálculos estratégicos partidistas y poner por delante los intereses de los madrileños. El ejemplo, seguro que muchos de los lectores de estas líneas ya lo están pensando: la puesta en marcha de obras de infraestructuras que sin duda serán sustento básico para el desarrollo económico y social además de para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en nuestra Comunidad. Sin ánimo de exhaustividad, y tan sólo a título de ejemplo permítanme recordarles los siguientes:

Una de las primeras muestras de ese nuevo clima de cooperación fue la puesta en marcha de la estación de Cercanías de Sol, que presta servicios al segundo túnel Atocha-Chamartín (por cierto, abierto un año antes de lo previsto) y que conecta directamente un amplio núcleo de ferrocarriles suburbanos de la Comunidad con el centro neurálgico de la vida de Madrid mediante la conexión de las líneas 1, 2 y 3 del Metro.

La segunda es la inauguración y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de carreteras: la inauguración de la variante del Molar en la A-1, el nuevo enlace de Vicálvaro con el eje de O´Donnell (M-23). La inversión de más de 192 millones de euros para seguir mejorando las carreteras madrileñas, dos nuevos enlaces en la M-40 que permitirán conectar la M-511 y el nudo de la A-6. También, se podrá ampliar la R-3 hasta Tarancón y la R-5 hasta Talavera de la Reina.

El tercer caso es el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid. El Ministerio va a invertir en dicho plan más de 5.000 millones de euros y con ellos se permitirá sumar a la red suburbana de Madrid a doce nuevos municipios. Se construirán 115 kilómetros de nuevas líneas, 25 nuevas estaciones y se mejorarán 55 de las ya existentes. Sin olvidar la realización del tercer túnel Atocha-Chamartín que discurre por la calle de Serrano y que servirá para unir esas dos estaciones mediante la alta velocidad y que hará posible que el AVE llegue también a Barajas.

Como decía al inicio, es estos tiempos en los que la política madrileña está inundada de filibusterismo y desconfianza -en el mejor de los casos- no está de más felicitar al Sr. Blanco y a la Sra Aguirre por ese clima de colaboración y con él la buena política de infraestructuras que han puesto en marcha.

Sin duda lo más importante va a es que los ciudadanos se verán beneficiados en el día a día cuando mejore el transporte ferroviario y las carreteras en Madrid. Pero desde luego, no menos importante es la consideración que esos mismos ciudadanos pueden llegar a tener de nuestro Estado Autonómico cuando observen que el trabajo concertado entre distintas administraciones no genera inconvenientes y retrasos sino que hace que se sumen esfuerzos y voluntades para prestar un servicio público más rápido y más próximo qué, en definitiva, es de lo que se trata.

Creo sinceramente que esta forma de actuar dignifica la política y la acción de los políticos que, cada uno desde sus responsabilidades, la concebimos como un servicio público y una contribución cívica con la sociedad de la que formamos parte.

Es posible que muchos de los que se dejan llevar por el pragmatismo político den poca importancia a esta última consecuencia, pero en los tiempos que corren, cuando parece que todo lo político en Madrid está marcado por el despropósito, el egoísmo y la improvisación, es mucho más que oportuno hacer pedagogía de la buena política. De esa política que se hace con la cabeza, con el corazón y con la voluntad de diálogo y cooperación. Una política que, al estar hecha desde una actitud positiva, da frutos que recogen los madrileños y tiene la virtualidad de responder a un plan diseñado a medio o largo plazo que garantiza que Madrid no va a bloquearse social y económicamente por la falta de previsión en sus infraestructuras.

¡Felicidades señor ministro de Fomento! ¡Felicidades señora presidenta de la Comunidad de Madrid! Ya para finalizar…, señora Aguirre, tan sólo pedirle un favor: ¿sería posible poner en práctica esta misma voluntad de diálogo y cooperación con otras políticas también prioritarias en Madrid como la educación, sanidad y servicios sociales? ¡Los ciudadanos se lo agradecerían!

Esperanza Aguirre tocada

2009-11-11T11:46:00.001+01:00

Que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón no se entienden ya lo sabíamos hace tiempo. Que Doña Esperanza sueña con el puesto de “lideresa” del PP Nacional también. Que para poder encumbrarse a tan altas cotas no le importaría dar un empujoncito al Señor Rajoy para que caiga por el precipicio de la desaparición política parece bastante obvio.

Estas batallas por el poder interno en el Partido Popular no son nada nuevo, suceden en todos los partidos e, incluso diría yo, suceden en todas las organizaciones, particularmente las que desarrollan funciones públicas donde la posibilidad de formar parte de su dirección está condicionada por la consideración que de esas personas tenga lo opinión pública. Lo lamentable de todo este vodevil del PP es que la batalla por el poder se ha desarrollado en las instituciones y que se han puesto en peligro los intereses de los ciudadanos que nada tienen que ver con esas refriegas palaciegas de la Derecha.

El 3 de septiembre de 2009 pasará a la pequeña historia del PP como el día en el que su líder iba a poner los puntos sobre las íes de los barones díscolos de Valencia y Madrid que con sus luchas en los Gobiernos, los Parlamentos, las Cajas de Ahorro y otras instituciones tanto daño estaban haciendo al Partido y a los intereses de valencianos y madrileños. Si ha sido así, no tengo por menos que felicitar al Señor Rajoy, por lo que supone de reforzamiento de su liderazgo. No debemos olvidar que el sistema democrático necesita no sólo un Gobierno para el Estado sino también una oposición real y cierta con capacidad de ser alternativa para cuando los ciudadanos demanden un cambio político. También le felicito porque ha sacado el debate puramente interno del PP de los espacios donde los ciudadanos salen dañados y lo ha llevado a la calle Génova y a los órganos de dirección y disciplina de su organización. ¡Mis felicitaciones!

Los acontecimientos políticos que han sucedido en el PP el 3 de septiembre de 2009 serán motivo de mil valoraciones diferentes. Yo quisiera señalar aquí una de no poca entidad: el supermartes de Rajoy ha sido el día en el que Esperanza Aguirre ha sufrido la derrota política más grande desde que es Presidenta de Madrid. Rajoy, en el discurso que ha hecho al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, ha dicho que “es inadmisible mover manifiestos para obligar a la gente a firmar contra mí”, en clara alusión a la recogida de firmas de alcaldes del PP que promocionó la Sra. Aguirre para pedir que se sancione a Conejal Cobo por sus declaraciones al Diario 'El País'. Mientras tanto, la Señora Presidenta de la Comunidad Autónoma, que es también Presidente del PP de Madrid, ha excusado su ausencia al Comité Ejecutivo Nacional, al parecer porque tenía que inaugurar una escuela infantil y no quería interferir en las resoluciones que se tomasen sobre el Caso Gürtel y Manuel Cobo.

Diga lo que diga la Señora Aguirre, aunque intente ahora pasar por la más férrea defensora del tocado por la mano poderosa de Señor Rajoy para presidir Caja Madrid —Rodrigo Rato—, lo cierto es que ha perdido el pulso, ha perdido la designación del candidato, ha dejado sin efecto los pactos que con unos y otros llevaba haciendo desde hace meses y ha recibido una fuerte reprimenda a su forma despótica y autoritaria de hacer política. Quizás lo único que se le puede considerar es que haya tenido, ¡de momento! la astucia política de replegarse cuando ha observado que la batalla estaba perdida, ¡que no es poco! Pero los que llevamos mucho tiempo viendo cómo evoluciona la política madrileña no recordamos derrota más grande de la Señora Aguirre, ¿será un augurio de lo que puede pasar en los próximos tiempos? Para que así sea los ciudadanos madrileños deben poder percatarse de que se han cruzado muchas rayas rojas de lo que es un comportamiento democrático y respetuoso al sistema político en la Comunidad de Madrid y, para decirlo todo, esos mismos ciudadanos deben poder visualizar una alternativa política firme, clara y con objetivos definidos para nuestra Comunidad. ¡Que lo veamos!

Política que avergüenza a Madrid

2009-11-11T11:42:00.003+01:00

Madrid tiene muchos problemas. El primero, el aumento alarmante del paro. Ya estamos casi en medio millón de parados en nuestra Comunidad. No menos importante, y unido al anterior, es la rapidez con la que se están destruyendo empresas y negocios de los autónomos que constituyen la base de la economía madrileña. Qué decir de la educación, que tanto en los niveles infantiles, primarios e incluso universitarios, malvive gracias al voluntarismo de los profesionales, puesto que el presupuesto no les llega ni para pagar las facturas de la luz y el gas. Tampoco nos podemos olvidar de la sanidad pública, cada día más acorralada y con profesionales más desmotivados por la falta de apoyo y recursos. Las asociaciones y los colectivos profesionales se desgañitan en las calles denunciando estos asuntos pero nadie les escucha y nadie les apoya, ¡solos y abandonados! Al mismo tiempo la política sigue en los salones y sobre las moquetas alfombradas.

Si nos fijamos en Madrid capital la cosa no es menos grave: los impuestos, las tasas y los precios públicos suben un día y otro también para pagar obras faraónicas que tan sólo responden a los delirios de grandeza del Alcalde. Mientras tanto, el tráfico sigue siendo un caos que se agrava cada día. El asfalto de las calles y las baldosas de las aceras se levantan y se pegan permanentemente en una suerte de obra infinita que está llevando a los madrileños a la desesperación y la locura. Y qué me dicen de la contaminación en Madrid. La sequía, el cambio climático, las chimeneas y los tubos de escape están sembrando Madrid de gases venenosos y el número de enfermos y muertos por problemas respiratorios aumenta año tras año. ¡Pero no se preocupen!, la Concejala de Medio Ambiente (Parques y Jardines creo que se llama el Área) tiene la solución: pedir a los ciudadanos que “circulen”, que no se queden parados en un sitio, y ordenar que se retiren las estaciones que miden la contaminación en la capital. Ya saben: “ojos que no ven…”.

Madrid tiene muchos problemas. Y puesto que es así, la pregunta sería: ¿pero tiene Madrid una clase política que trabaje para solucionar sus problemas? Viendo como se comportan algunos dirigentes políticos madrileños empiezo a tener serias dudas de que así sea. Podría poner múltiples ejemplos, pero como evidentemente no es posible, me limitaré a los casos más recientes, más publicitados y más sangrantes.

El primero, el “Caso Gürtel”. Todo el mundo sabe que es unos de los supuestos más graves de corrupción política que se ha dado en España, que enfanga a todo el PP, pero que Esperanza Aguirre y el Gobierno de Madrid es quién más tienen que aclarar en cuanto a sus relaciones con los sujetos que componían la trama. Sin embargo, frente a lo que la razón reclama -entrar en el fondo del asunto y limpiar toda mancha de corrupción- se toman medidas que lo único que buscan es “dejar fuera de juego” al adversario político, que evidentemente no está en otro partido, sino en el propio: en la calle Génova o en la ciudad de Valencia.

El segundo, el “Caso de los Espías de la Comunidad de Madrid”, lo que Manuel Cobo llama la “pequeña gestapillo” que parece se dedicó durante años a gamonear a políticos de todo signo, pero fundamentalmente del propio PP, para que los dossieres bien documentados estuviesen preparados en el cajón de quién Manda por si alguien un día se me pone díscolo y hay que llamarle a capítulo.

El tercero, el “Caso Caja Madrid”, donde uno ya no sabe quién es quién y qué fines persigue: Esperanza intentando poner de presidente a uno de los miembros de su Gobierno que más manchado está por los múltiples casos de corrupción que le están salpicando. Rajoy promocionando a un candidato que hasta ahora no han dicho “esta boca es mía” y que se ha destacado recientemente por abandonar una responsabilidad financiera internacional que comprometía a España por meros intereses personales. El Alcalde de Madrid callado pero sacando a su alter ego a que incendie el bidón de gasolina que se derrama por todas las plantas de la sede de Génova.

Los ciudadanos en Madrid tienen muchos problemas. Pero estoy seguro de que la sociedad será capaz de solucionarlos antes o después. Es cierto que sin una buena dirección política costará más tiempo y más sacrificios, pero se solventarán. Ahora bien, esos dirigentes políticos que avergüenza a una sociedad que se esfuerza todos los días para salir adelante y zafarse de los apuros ¿será capaz de dignificarse haciendo la maleta y marchándose a casa? Tengo la impresión de que no. No importa…..llegará la primavera del 2011 y entonces hablaremos. Mientras tanto, quizás lo mejor sería no hacer el mínimo caso a gente que no tiene nada que decir y que sólo se ocupa de urdir conspiraciones frente adversarios reales o supuestos.

"Mangoneos" en Caja Madrid

2009-11-02T12:11:00.002+01:00

Empieza a ser más que preocupante el espectáculo que la “política regional madrileña” está dando con el asunto de Caja Madrid. En los últimos tiempos los enfrentamientos por el control de la que es la cuarta entidad financiera de España ha sido una constante en cierta “aristocracia política” que no le basta con su poder en las instituciones parlamentarias y ejecutivas y quiere “agarrar” tan sabrosa institución financiera. Hemos asistido a la esgrima por cambiar las normas de la Entidad, al cese de miembros de órganos directivos, a demandas judiciales y, en definitiva, a toda suerte de estratagemas para que la lucha de poder entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón se decantara de un lado u otro.

El último acto de tan bochornoso espectáculo se está produciendo en estos días con la renovación de la presidencia de la Caja. La sra. Aguirre y el PP de Mariano Rajoy se han quitado “la careta” y están luchando a pecho descubierto y sin complejos por ser uno u otro el que decide quién pone al nuevo Presidente. La Presidente ya ha hecho público su candidato: su Vicepresidente Ignacio González. El sr. Rajoy se resiste a esa propuesta y, parece, que está maniobrando, en “otras instancias” para ver si puede colocar a una persona más a fin a su cuerda que aleje Caja Madrid de la Presidenta Aguirre que tanto se esfuerza por marcar distancias y diferencias con su liderazgo a “la gallega”: que no se note si bajo o subo.

Estamos ante otra muestra de abuso de poder en Madrid. Ante un comportamiento de un partido político que no sólo se apropia de las instituciones políticas y económicas sino que también establece en ellas el campo de batalla para sus enfrentamientos internos. El PP está haciendo meritos sobrados para que los ciudadanos se revelen y les digan “hasta aquí hemos llegado”. Aunque, para decirlo todo, también es cierto que el comportamiento de la oposición política y algunos agentes sociales y sindicales deja mucho que desear, con sus idas y venidas, que más allá de discursos políticamente correcto suenan a confusión y no menos calculo estratégico interno.

Ante tanta “mala política” ¿donde queda el respeto al Derecho y los procedimientos tan importantes en democracia? Si no leo mal el artículo 48.2 de los Estatutos de Caja Madrid dice que el nombramiento –del Presidente-habrá de adoptarse por el Consejo y deberá recaer en persona dotada de la capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias del cargo. En ese mismo sentido, el artículo 12.3. Apartado c) de la Ley de Cajas de Ahorro establece que uno de los principios que ha de guiar la elección de cargos directivos de dichas instituciones es la profesionalidad, para asegurar la eficacia del servicio a la economía regional y nacional, y mantener la capacidad de ahorro.

Vistos los artículos legales anteriores, alguien me quiere decir qué imagen están dando aquellos que sin tener en cuenta el mínimo decoro y el respeto a las Leyes hacen ostentación de que por encima de los órganos de la Caja competentes –Consejo de Administración- ellos son los que quitan y ponen cargos y, además, lo hacen incluso designando a personas que tiene nula experiencia profesional en el sector financiero y bancario.

Mientras tanto, la previsión de beneficio para 2009 de Caja Madrid se estima en un 45 % menos que en el ejercicio anterior. ¡Tomaremos nota los impositores!