EN DEFENSA DEL PARLAMENTO

En los años 20 del siglo pasado Kelsen en su obra “Esencia y valor de la democracia” hacía una encendida defensa de los procedimientos y la institución parlamentaria para la pervivencia del régimen democrático. Decía el ilustre jurista austríaco que, puesto que es científicamente imposible fijar valores absolutos y la sociedad de los modernos se ha asentado sobre el principio de la tolerancia, la democracia encuentra su sustento más firme en el respeto a las formas, a los procedimientos y en la consideración a las instituciones del Estado.

Aunque la situación de nuestro tiempo está lejos de las circunstancias que dieron lugar al alegato en defensa de la democracia parlamentaria de Kelsen, lo cierto es que no viene mal recordar sus argumentos para reprender la desatención de las formas, los procedimientos y las instituciones que se produce en nuestra democracia parlamentaria.

Todos somos conscientes que los partidos son los sujetos políticos más importante de nuestro tiempo. Algunos, incluso, hemos llegado a la conclusión de que esa preeminencia de los partidos no tiene porqué ser mala siempre que se ejerza con equilibrio y moderación. Ahora bien, que instituciones que nada tienen que ver con los órganos representativos, salvo en que éstos participan en la elección de sus miembros, como son el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, estén atascadas y viendo como se erosiona su imagen por el “manoseo” que los partidos hacen de los tiempos para elegir a sus componentes, es totalmente inaceptable y produce un enorme daño al sistema político.

No es menor el daño que se hace a la democracia parlamentaria con el descuido y falta de atención que se tiene con el Parlamento, sus potestades y reglas de funcionamiento. Es una pena que haya tan poca voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios para reformar el Reglamento del Congreso y la Cámara tenga que aceptar resignadamente ataques a su autonomía, dejación de sus funciones y deba desarrollar el día a día a golpe de prácticas, usos y costumbres cuando lo razonable sería que hubiera una norma clara para organizar su trabajo.

El último caso, del que tengo constancia, ha sido la creación de una Oficina Presupuestaria mediante Ley. Dicha Oficina, en cuanto que órgano del Parlamento para el seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, es una reclamación y una necesidad desde hace muchos años en el funcionamiento de nuestras Cortes Generales. Desde luego, que constituida y organizada en las condiciones correctas debería convertirse en un instrumento de primer nivel para la información y control que los parlamentarios hacen de una materia tan importante y tan compleja como son los Presupuestos del Estado. Sin embargo, en las condiciones que se ha creado no solo no adquiere la relevancia que debería tener, sino que se constituye sin el más mínimo respeto al principio de autonomía normativa de las Cámaras que establece el artículo 72 de la CE. Como se introduce en la vida parlamentaria por la puerta pequeña no queda más remedio que diferir su organización y funcionamiento a una Resolución de la Presidencia de las Cámaras que supone un nuevo varapalo al Parlamento y sus reglas de funcionamiento.

Tampoco se hace ningún favor a la institución parlamentaria cuando se crean Comisiones de funcionamiento interno mediante Ley, se organizan procedimientos de control político de la acción gubernamental en la Unión Europea donde decisiones fundamentales son evacuadas por el Gobierno que se ha de controlar, o se subvierten los procedimientos legislativos y mediante enmiendas se introducen reformas de leyes que nada tiene que ver con el objeto de la iniciativa legislativa en trámite (v.gr. la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Todos sabemos que vivimos en una forma de gobierno de parlamentarismo racionalizado, donde por razones de necesidad para la gestión de la complejidad social y eficacia en el funcionamiento de las instituciones, el Ejecutivo ha adquirido una posición especialmente preeminente. Ahora bien, que el Parlamento abandone de forma tan exagerada las competencias, las formas y las funciones que le corresponde, supone una jibarización de la democracia que se traduce en descrédito para la política e irrelevancia de las instituciones. Pero ¡no lo olvidemos! El Poder nunca es una res nulius y cuando se hace dejación de potestades aparecen los poderes informales que ocupan la posición y van transformando el sistema hasta que un día nuestra democracia se convierta en mera pantomima en manos de poderes ocultos que no responden ante nadie.

Recuperar la cordura

El sábado se celebró en el National Mall de Washington una multitudinaria manifestación convocada por el humorista Jon Stewart con el curioso y sugerente lema: “concentración para recuperar la cordura”.

Aplaudo la iniciativa y me llena de alegría que todavía, pese al sinsentido y el despropósito que recorre el mundo, haya gente que salga a la calle diciendo en sus pancartas “...estamos hartos de tantos gritos…que son malos para la salud y, por supuesto, para la garganta”.

Desde luego que los norteamericanos tienen porqué estar preocupados cuando observan cómo se gestionó la guerra de Irak, escuchan al candidato a senador por Kentucky del partido republicano cuestionando la ley de derechos civiles que acabó con la segregación racial en EEUU en 1964 y ven cómo el Tea Party progresa a lomos de las ideas más reaccionarias que nunca se han sostenido.

Pero ante tanta radicalidad y argumentos viscerales la pregunta es: ¿qué está sucedido para que la demagogia se apodere de la política? Se me ocurren algunos comportamientos y no pocos descuidos de nuestras latitudes:

¿No tendrá que ver con que hay gente en instituciones de gran relevancia que tiene comportamientos más propios de un “patio de vecinas” que de los altos cargos que ostenta? Estoy pensando en el Alcalde de Valladolid.

¿No tendrá que ver con personajes que caen en lo patético cuando se empeñan en negar la evidencia y pese a estar hasta el cuello de corrupción siguen negando que a ellos les afecte? Estoy pensando en el Presidente de la Comunidad de Valencia.

¿No tendrá que ver con dirigentes que, mediante la manipulación, hacen lo blanco negro e intenta camuflar actos de pederastia de sus protegidos bajo el paraguas de la ficción literaria? Estoy pensando en la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Salir a la calle y decir “basta” es un primer paso. Pero no es suficiente. El siguiente es echar de la política a todos aquéllos que no saben estar a la altura de lo que están representando. Aquéllos que menosprecian las instituciones, que juegan con los argumentos para decir hoy una cosa y la contraria al día siguiente, que buscan antes un titular que una buena explicación, que piensan que la política es tan solo un medio para el encumbramiento personal. A los que renuncian al valor pedagógico en el servicio público.

El problema es que hay virtudes y valores públicos que se han perdido en el camino de la consecución de los beneficios materiales e individuales que imperan en la sociedad del consumo y el hedonismo en la que vivimos:

La libertad. Muchos la han tergiversado y olvidan que tiene el límite del respeto a los demás. La libertad requiere de responsabilidad y, tanto en política como en la vida privada, actuamos como si la responsabilidad fuera de los otros pero nunca nuestra.

La igualdad. Pese a los esfuerzos que hacen las leyes para que impere, la discriminación sigue instalada en la sociedad, y bajo el argumento de la confianza y la cualificación, se esconde muchas veces la arbitrariedad y el nepotismo de algunos gobernantes.

El pluralismo, que pretende garantizarnos la diversidad de propuestas ideológicas para hacer más rica la democracia se castra mediante la homogeneización informativa y los corsés electorales.

La justicia, se erosiona con los jueces estrella, con los atentados a su independencia por la manipulación e interferencia de la política y con los juzgados colapsados que hacen imposible la tutela judicial.

Recuperar la cordura es recuperar el sentido común y, con él, las virtudes cívicas que siempre han guiado a las sociedades más preclaras: la responsabilidad, el rigor intelectual, el respeto a los demás, la fidelidad a las personas y las convicciones, la austeridad y el amor al trabajo bien hecho. Por supuesto, tener respeto por los principios y los valores democráticos que nos hemos dado en la Constitución y que son el mínimo común básico de convivencia de nuestra sociedad. Es bien simple ¡Será posible!

La fugacidad de la política

Hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención en el mundo de la política: la fluidez con la que se desarrolla, lo fácil que es que cambie la percepción y el panorama en el que nos encontramos de un momento a otro. Es cierto que existen tendencias que marcan el camino de las decisiones que toman los distintos agentes (desde un responsable político de tercer nivel hasta el electorado al emitir su voto), pero una decisión o un pequeño acontecimiento oportuna e inteligentemente tomado puede marcar el curso del devenir político.

Esto viene a cuento, como supongo ya muchos intuyen, por la situación política del Gobierno de España. Hace unos días eran muchos los que pensaban que Zapatero tenía sus días contados. Unos se ilusionaban con la buena situación que tendrían en el 'postzapaterismo', y otros tomaban posiciones para abandonar el barco antes de que las vías de agua que ellos intuían les pudieran afectar. Por supuesto, la oposición del PP, se frotaba las manos puesto que veían elecciones a corto plazo en el mejor momento para sus intereses electorales, bien por la ventaja adquirida en las encuestas, bien por la situación económica y social aún en crisis.

Sin embargo, en el peor momento, cuando la situación es más delicada, se producen unas primarias que todos intentan se vean como una derrota de Zapatero y se tienen que negociar los Presupuestos Generales del Estado, que, por la transcendencia que tienen, suelen ser de una gestión parlamentaria muy compleja. Se producen dos acontecimientos que han cambiado radicalmente la situación: un pacto para lo que queda de legislatura y una fuerte remodelación del Gobierno.

No es que Zapatero haya conseguido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) para aprobar los Presupuestos, que efectivamente ha sido así, si no que también ha conseguido que estos dos partidos se comprometan con la gobernabilidad de España durante el próximo año y medio.

No han faltado los que han puesto el grito en el cielo por ese pacto, resultando muy curioso el comportamiento de éstos. Cuando gobierna la derecha, los pactos parlamentarios son fruto de la capacidad de diálogo y el compromiso con los ciudadanos; cuando gobierna la izquierda son acuerdos para la venta de España y la desintegración de la Nación. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Los pactos, en un sistema parlamentario, son lo normal, son la esencia del sistema, cuando se hacen con publicidad y en el marco constitucional, como así ha sido en este caso.

Pero este pacto es especialmente importante. Se produce en un momento delicado, cuando lo más grave de la crisis económica ha pasado y cuando se han activado todas las medidas posibles para generar confianza interna e internacional y empezar a salir del agujero. Es, por tanto, un pacto que engrandece a quienes lo firman porque ponen los intereses de España y la solución de los problemas en primer lugar. Algunos dirán que es un pacto para que Zapatero siga un tiempo más en la Moncloa, pero a los que así argumenten habría que preguntarles si les parecería mejor para España que el Presidente no diera la cara en los momentos difíciles.

Una hora después de culminar el 'primer acto' para aprobar tan importantes presupuestos en el Congreso de los Diputados, el Presidente da a conocer la más importante remodelación del Gobierno que ha hecho. Reduce los Ministerios, integra funciones en otras carteras e introduce personas de alto valor político en puestos de gran relevancia. Un Gobierno político, para una etapa de gran efervescencia política. Un Gobierno para la acción y la transmisión de las decisiones que se tomen. Un Gobierno para tirar del carro en el último tramo de la crisis y un Gobierno para presentarse ante los ciudadanos con argumentos bien ordenados y pedirles a los votantes que piensen detenidamente en quién ponen la responsabilidad de gobernar: en los que afrontan los problemas y ponen soluciones para resolverlos o en los que la única solución que aportan a la crisis es que les dejen mandar a ellos.

Dos acontecimientos, unos días transcurridos, y hemos pasado del principio del fin de Zapatero, a la situación de mayor estabilidad gubernamental de la Legislatura y el Gobierno más fuerte y político de los últimos seis años. ¡Alguien da más!

Instituciones en peligro

Recientemente hemos tenido la oportunidad de tratar en el Congreso de los Diputados asuntos relacionados con dos Altas Instituciones del Estado que están sometidas a fuertes críticas: El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Lo más curioso de lo que está sucediendo con estos órganos constitucionales es que los problemas que se están planteando nada tienen que ver con su funcionamiento y las competencias que desempeñan, sino con la intervención que el Parlamento y, a través de él, los partidos políticos, hacen en la designación de los miembros que las conforman.

El Tribunal Constitucional se ha pasado tres años sin renovar el tercio de Magistrados que se han de elegir por el Senado. Si grave es la situación por el tiempo que han tenido que estar los Magistrados salientes en funciones, más grave es si se tiene en cuenta que dicha institución se compone de doce Magistrados que, por mandato constitucional (art. 159.2 CE), se han de renovar en bloques de cuatro cada tres años, con lo que ahora nos encontramos con que los Magistrados que se han de elegir por el Senado y por el Congreso de los Diputados se renuevan al mismo tiempo y, con ello, finalizarían su mandato simultáneamente. La renovación por tercios no es un capricho, es un instrumento para garantizar la autonomía e independencia del Alto Tribunal. Para solventar este problema hemos tenido que hacer una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que, pese al acuerdo de todos los grupos parlamentarios, plantea y planteará no pocos problemas.

Hace unos meses finalizó el mandato del Defensor del Pueblo. De acuerdo con las previsiones de su Ley orgánica, si no ha sido elegido nuevo Defensor ocupa su puesto, en funciones, la Defensora Adjunta Primera. Es la situación en la que nos encontramos en este momento, con lo que supone de precariedad e interinidad para la institución y las personas que la encarnan.

Como decía al principio, recientemente, en el Congreso nos hemos ocupados de temas relacionados con esas dos instituciones. El proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, durante el cual muchos han aprovechado la oportunidad para seguir su estrategia de deslegitimación del Tribunal. Y la tramitación del Informe Anual del Defensor del Pueblo, en cuyo desarrollo ha tenido que comparecer la Defensora en funciones que, ante la precariedad de su situación y las “ganas” que algunos tienen de criticar a un órgano de carácter estatal que saca los colores a las Comunidades Autónomas, se ha visto desconsiderada y ninguneada.

Seguro que la crisis económica, el paro y la imperiosa necesidad de reactivar nuestro sector productivo son prioritarios en la acción política. Pero no deberíamos descuidar la atención que necesitan las instituciones constitucionales que hacen Estado y aseguran el normal funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Si abandonamos esas obligaciones estamos socavando nuestro sistema, ofreciendo oportunidades a aquéllos que trabajan para desintegrar España y dando argumentos a la ciudadanía que cada día está más desencantada con la política y los políticos.

Desde luego que en esta situación no todos tenemos la misma responsabilidad. El PSOE ha hecho mil intentos para que se renovase el Tribunal Constitucional y se elija el nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, con el primero, el PP se limitó a presentar a candidatos que sabía no podían ser aceptados por los demás grupos puesto que, como han señalado informes jurídicos posteriores, ni tan si quiera cumplían las condiciones para poder ser Magistrados; y, con el Defensor del Pueblo, por el poco interés que muestran en su renovación, se nota que se sienten cómodos con que siga ejerciendo el cargo la Defensora Adjunta que, ¡casualidad de la vida!, fue propuesta por ellos en la anterior renovación.

Sería más que conveniente que tuviéramos cuidado con los comportamientos de oportunismo y pura táctica, que aunque den una aparente ventaja no hacen más que desacreditar la nobleza y alto valor de la política y acercan cada día más a los demagogos y populistas al Poder.

Dos formas de comportarse ante la huelga

El miércoles 29 de septiembre los sindicatos han convocado una huelga general. El 90 % de los socialistas no compartimos los argumentos que han llevado a la UGT y a CC.OO a plantear este paro.

Es cierto que la situación de los trabajadores es especialmente difícil en estos tiempos de crisis. También es cierto que aquellos que son más responsables de la situación en la que nos encontramos intentan “escabullir” su responsabilidad y hacen todo lo posible por salir indemnes de las dificultades, a la vez que endosan el problema a los más débiles.

Pero ante la realidad de los hechos y los imponderables que impone el sistema, el Gobierno está plantando cara. Se trabaja con responsabilidad, con sentido de Estado, sin demagogia y siendo conscientes de que lo primero es salvar el bache en el que nos encontramos. Por eso se ha hecho la reforma laboral, se ha aprobado la Ley de Economía Sostenible y se han elaborado unos presupuestos que desde la austeridad no descuidan a los que más lo necesitan (desempleados, ancianos y jóvenes).

Los sindicatos no entienden y no comparten las medidas del Gobierno y, en ejercicio de su derecho, se manifiestan contra su política. Los socialistas comprendemos a los sindicatos y entendemos que no descuiden en tiempos de tanta dificultad los intereses de los trabajadores. Todos los hombres y mujeres de izquierdas participamos de la defensa de la condiciones de vida de los más necesitados; pero en el contexto en el que nos encontramos, quien tiene responsabilidades de gobierno debe mirar también por relanzar la economía cuanto antes, auque para ello deba pedir sacrificios a todos.

La mejor muestra de que los socialistas entendemos a los sindicatos ha sido la generosidad del Ministerio de Fomento, que muy pronto supo comprender cómo había que comportarte ante la huelga y pactó unos servicios mínimos que dieran normalidad al ejercicio de un derecho constitucional. Todos sabemos que de cómo transcurran las cosas en el transporte depende en gran medida el éxito o fracaso del paro.

¿Pero qué ha pasado en la Comunidad de Madrid? Pues que la Sra. Aguirre no ha querido pactar los servicios mínimos con los sindicatos. Que, aunque la huelga no va en su contra y el Ministerio de Fomento había indicado el camino para llegar a un acuerdo, ella ha procurado que se escenificase una ruptura entre Administración y sindicatos. Después, para encender la mecha, ha establecido unos servicios mínimos que han “indignado” a los trabajadores.

Desde luego la Sra. Aguirre es coherente con su estrategia de ahogar a los sindicatos y, con ellos, anular la organización obrera para la defensa de los intereses laborales. Es un paso más en su estrategia bien calculada de erosionar los elementos básicos del sistema democrático: partidos políticos debilitados, Parlamento refrendatario de su poder personal, sindicatos vituperados y política populista y carismática donde los ciudadanos son considerados como meros consumidores silenciosos.

Pero no basta con desarrollar una política que anule la participación cívica. Hay que procurar que el poder institucional no esté en manos de los que no son afines. Para ello, no basta con neutralizar a los ciudadanos sino que hay que boicotear a las Administraciones que están dirigidas por otras fuerzas políticas.

¡Espero equivocarme! Pero no pactar servicios esenciales en el transporte de Madrid no es más que una incitación a los sindicatos para que no cumplan los servicios abusivos que ha impuesto y, así, poder sentarse a esperar que el caos en la capital sea lo mayor posible y poder atacar al Gobierno y a los sindicatos: a uno por no haber parado la huelga y a los otros por haberla hecho provocando daños a los ciudadanos.

¡Una jugada redonda! Si no fuese tan evidente y tan constatable para todos los que conocen las artes políticas de la Sra. Aguirre. Al menos, espero que no haya ningún tipo de percance en los bienes o las personas.

Sobre las primarias

Los que llevamos muchos años trabajando en política sabemos bien de la dificultad para dinamizar a los militantes de un partido, incluso en procesos electorales. Desgraciadamente, en nuestro país, para llegar a la democracia participativa aún queda mucho trecho que recorrer.

Digamos las cosas como son, que partidos de gobierno, como son el PSOE o el PP, en una Comunidad Autónoma de casi siete millones de habitantes, tengan una militancia que no supera el 0.5 % es un grave problema.

Por lo tanto, cuando se produce un proceso político como las primarias del PSM, que sirve para activar a la organización, a sus militantes y para que los ciudadanos conozcan de nuestro trabajo, proyectos y candidatos, creo que todo el mundo debería estar de acuerdo en que es bueno para quien las promociona y para el sistema democrático.

Cuando escribo estas líneas ya se ha dado a conocer que la candidatura de Trinidad Jiménez ha conseguido casi seis mil quinientos avales, y, desde hace unos días también se sabe que la candidatura de Tomás Gómez tiene un número parecido.

Eso quiere decir que casi el 73% de los afiliados del PSM han estampado su firma por uno u otro de los candidatos, que el 73% de los afiliados se han activado y que han tomado posición en el proceso de primarias. Por supuesto, otra cosa será lo que después voten, aunque estos resultados algún indicio dan. Pero lo que está claro es que, además de que se habla de un proceso que dignifica la democracia interna de los partidos –en este caso del PSM- para elegir a sus candidatos, los afiliados se empiezan a movilizar y tienen las ganas de participar en el proceso preelectoral y en el electoral que vendrá después.

Seguro que de este proceso de primarias podremos sacar conclusiones que nos lleven a mejorar el sistema (por ejemplo, regular de forma más clara los órganos imparciales que controlan el proceso, los recursos económicos y materiales para los contendientes o un sistema de voto por correo), pero de lo que no me cabe la menor duda es que está siendo bueno para el PSM y, por tanto, para la democracia en España también.

Ahora toca que nadie lo estropee con exabruptos, que todos respeten las reglas del juego y que aprovechemos la oportunidad de estar en los medios de comunicación social para transmitir a los ciudadanos madrileños que hay un proyecto político social demócrata, de fortalecimiento democrático y de protección de los servicios públicos frente a las políticas ultra liberales y neoconservadoras de Doña Esperanza Aguirre. Ambos candidatos deben definir cual es la mejor manera para que esa comunicación se produzca, donde cada uno pueda resaltar sus potencialidades, pero en ningún caso buscando encerronas de filibusterismo político a corto plazo, sino siendo conscientes que uno y el otro deben prepararse para ganar al verdadero rival ideológico que es el PP.

Tampoco sobra que reflexionemos sobre quién puede liderar en mejores condiciones ese proyecto político alternativo al PP para Madrid. Quién de los dos candidatos presenta mejores condiciones por trayectoria política, por credibilidad ciudadana, por impulso político y capacidad de aunar e integrar a todos los socialistas madrileños.

Yo, en eso, lo tengo claro. Creo que esa persona es Trinidad Jiménez. No porque las encuestas le den como mejor candidata, que también-, sino porque claramente tiene más experiencia, más credibilidad, más capacidad de diálogo y, por eso, estoy seguro está en mejores condiciones para unir a todo el partido y colaborar con otras fuerzas políticas para cambiar Madrid. Por eso, el día tres de octubre le voy a dar mi voto para que sea nuestra candidata a la Comunidad de Madrid.

Curso clave para la universidad madrileña

Estos días ha empezado un nuevo curso en la Universidad madrileña. Va a ser el año en el que todas nuestras universidades estén adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia). Este proceso ha requerido un ingente esfuerzo para los centros universitarios; tanto es así, que ha supuesto cambiar radicalmente el modelo de universidad. En nuestra enseñanza superior ya se habla de Grado y Posgrado y, dentro de este último, de Máster y Doctorado. Supone cambiar las técnicas de cómputo de los estudios que se realizan, los controles de calidad de los centros y los profesores y, lo que es más importante, las técnicas pedagógicas y educativas. Toda una revolución que debe servir para facilitar la comparación entre universidades europeas, con lo que se favorece la movilidad de estudiantes y profesores. En definitiva: crear un gran espacio europeo para la ciencia, la investigación y la transmisión del conocimiento. ¡Nada más y nada menos!

La universidad, la investigación y el desarrollo tecnológico que conlleva es una de las potencialidades de nuestra Comunidad Autónoma. No en vano, contamos con 13 universidades, tenemos más de 276.000 alumnos, cuatro de las seis universidades públicas están entre las diez primeras de España y todas ellas cuentan con una plantilla de más de 20.000 personas que se dedican a la docencia, la investigación y el desarrollo. Pero, lamentablemente, en este inicio de curso nuevamente tengo que denunciar la falta de política universitaria en Madrid.

Es difícil de entender, pero la Comunidad de Madrid no tiene un Plan Estratégico que maximice el inmenso potencial de recursos materiales y humanos de nuestras universidades. Aunque en la inauguración del curso 2010-2011 la Sr. Aguirre presumía del dinero que se ha puesto para financiar la universidad, lo cierto es que fue en el 2006 cuando la CAM elaboró el último e incumplido Plan de Financiación de la Universidad. En el 2008 se firmó un Contrato Programa, que nuevamente se ha incumplido y, durante el 2010, el recorte de más del 4% en inversión en universidad ha llevado a que los Rectores hayan tenido que exigir públicamente el pago de retrasos de gasto corriente incluidos en el citado Contrato Programa. ¡Veremos que pasa con los Presupuestos del 2011!

Por eso es alucinante que la Presidenta alardee de gasto universitario, cuando incluso su Gobierno ha reconocido esos incumplimientos, además de decir que no iban a seguir haciendo frente a las inversiones en obras de rehabilitación. Hasta tal punto han llegado los recortes que algunos Decanos han visto en este último año reducido su presupuesto para obras más de un 40%, nada más y nada menos, que en un tiempo en el que se estaban habilitando sus centros para el Plan Bolonia.

Frente a esa política de estrangulamiento de la universidad por la CAM, el Gobierno de España ha sido el que, a través de iniciativas como el Programa Campus de Excelencia, ha otorgado fondos a las universidades públicas madrileñas para desarrollar proyectos de excelencia, con el objeto de impulsar la calidad y la mejora de los campus universitarios y alentar un nuevo modelo económico basado en el conocimiento. Tengo que recordar aquí que de los cinco proyectos a los que se otorgó la distinción Campus de Excelencia Internacional 2009, tres de ellos son de universidades públicas madrileñas.

Por todo ello, hoy, cuando inauguramos el nuevo curso, quiero desde esta tribuna denunciar la propaganda de Esperanza Aguirre en política universitaria y dejar constancia que quién se está implicando en el desarrollo y la modernización de la Universidad y el progreso de la Ciencia y la Investigación es el Gobierno de Zapatero.

Lo que se juega en las primarias

La crisis internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han sumido la economía española en una profunda crisis en los últimos años.

El Gobierno de Zapatero ha puesto todo su empeño para neutralizar cuanto antes la grave situación: corrigiendo la debilidad estructural de nuestro sector productivo, moderando el déficit, generando solvencia en los mercados financieros internacionales y, todo ello, sin descuidar las políticas sociales que arropan a los más necesitados (jóvenes, parados, ancianos, dependientes).

Está siendo un esfuerzo ímprobo, pero pese a datos negativos coyunturales, se empieza a ver la luz al final de túnel. Los próximos veinte meses serán clave para reactivar nuestra economía y poder recuperar el apasionante proyecto de políticas sociales que en la legislatura pasada pusimos en marcha los socialistas (mejora de las pensiones, ley de dependencia, apoyo a la natalidad, becas, ayudas a la investigación y el desarrollo).

Si las cosas funcionan en este sentido, el proyecto social demócrata que lidera José Luis Rodríguez Zapatero recobrará fuerza, se reducirá el paro que la crisis ha generado y podremos relanzar las políticas de igualdad y fortalecimiento de la libertad en España. Por supuesto, en ese momento, las expectativas electorales del PSOE para el 2012 mejorarán sustancialmente. Todo lo anterior viene a propósito de los guiños en clave Nacional que algunos están haciendo en el proceso de primarias en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Se equivocan de medio a medio los que así actúan. Por supuesto, están haciendo un flaco favor al proyecto socialista y alimentan la estrategia de la derecha social y mediática. De lo que se trata ahora es de que los militantes madrileños elijamos a los mejores candidatos para enfrentarnos a la derecha en las elecciones regionales y municipales del 2011.

Las primarias serán un proceso político interno que si es llevado limpia y lealmente, contribuirán a revitalizar nuestra militancia y nuestro electorado; nos pondrá en mejores condiciones para afrontar las elecciones del 2011, fortalecerá la democracia en el partido socialista y, por ende, el proyecto socialista Nacional.

Cuando los militantes socialistas vayamos a votar en las primarias, tenemos que tener bien claro que lo que se está jugando es elegir el mejor candidato/a para enfrentarse al PP en Madrid. Se trata de que el proyecto socialista que entre todos hemos construido, tenga las mejores opciones para hacerse realidad a partir de la primavera que viene. Aquéllos que juegan a otra cosa, que se dejan embaucar por los cantos de “liderazgo galáctico”, equivocan gravemente el tiro y hacen un flaco favor al proyecto socialista que, como siempre, ha de estar por encima de los intereses personales.

Primarias en el PSM

Se inicia un nuevo curso político y los socialistas nos aprestamos a dar un ejemplo de fortalecimiento y democratización de los partidos políticos.

El asunto de las primarias del PSM, que como 'serpiente de verano', ha recorrido las páginas de toda la prensa durante estos días estivales, puede ser un primer paso en uno de los debates pendientes en nuestra joven democracia: la democracia interna de los partidos políticos.

La Constitución española de 1978 regula los partidos políticos en el Título Preliminar, en el mismo sitio donde se define el modelo de Estado, la forma de Gobierno, la organización territorial o los principios del ordenamiento jurídico.

En una democracia representativa los partidos políticos son esenciales. Hasta tal punto es así, que me atrevo a decir que si desapareciesen, irremediablemente surgirían organizaciones, quizás con otro nombre, que cumplirían su función. Porque como dice el artículo 6 de la Constitución “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.

La sociedad es plural y la estructura representativa de un Estado democrático necesita instrumentos para trasladar la 'foto del pluralismo social' a los órganos que han de tomar las decisiones que competen a todos. Por eso, los partidos políticos son esenciales, porque sirven para dar racionalidad al pluralismo social, porque transmiten esa diversidad de opiniones a las instituciones y, no menos importante, porque desde las instituciones envían a los ciudadanos decisiones y acciones políticas que ordenan la vida en común.

Esa importancia transcendental de los partidos políticos es razón más que suficiente para que su organización y funcionamiento se cuiden al detalle. Quien ha de cumplir tan importante función debe dar ejemplo con sus actos, debe evitar predicar una cosa para la vida pública y hacer lo contrario en su funcionamiento interno. El Constituyente era consciente de esto y por eso, en el mismo artículo 6 dijo que “su estructura interna y funcionamiento –el de los partidos políticos- deberán ser democráticos”.

Sin embargo, lo cierto es que en estos años algunos nos hemos esforzados para mejorar la democracia interna de los partidos. En el PSOE las primarias para elegir a sus candidatos y líderes no son nuevas. Otros han optado por predicar democracia pero seguir la práctica digital del 'Jefe' para realizar sus recambios de cuadros y elección de candidatos.

En las próximas semanas los socialistas madrileños vamos a dar otro ejemplo de cómo la democracia no sólo hay que predicarla sino que también hay que practicarla en la organización partidaria. Trinidad Jiménez, Tomás Gómez y Jaime Lissavetzky van a reclamar el apoyo de los militantes para ser, los dos primeros, candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y el segundo, candidato a la Alcaldía de Madrid capital. Los tres enfrentarán ese reto con un mismo programa, el de los socialistas madrileños, con perfiles personales, humanos y políticos distintos que los militantes tendrán que valorar para decidir quienes son los mejores para enfrentarse al PP madrileño.

Frente a aquellos partidos que van a elegir a sus candidatos a dedo o, en el mejor de los casos, en órganos controlados por el poder del partido, los socialistas madrileños, todos y cada uno de los militantes, vamos a decidir y lo vamos a hacer en libertad (voto personal y secreto) y públicamente. ¿Hay algo más precioso en democracia?. Espero que no lo desaprovechemos y los ciudadanos entiendan la generosidad de una organización , el PSOE, que como siempre en la historia política de España, se apresta a ser punta de lanza en el fortalecimiento de nuestra democracia.

La política necesita vacaciones

Definitivamente, la política española necesita unas vacaciones. Aquéllos que asocian ese período de tiempo estival con algo parecido a un premio por el trabajo realizado durante el año, pensarán que muchos políticos no se han merecido dicha recompensa. En términos generales, creo que no es así, en la política también hay quién trabaja duro. Sin embargo, las vacaciones a las que me refiero son de otro tipo: es un tiempo para pararse, para pensar, para meditar, para observar con detenimiento los acontecimientos y poder adoptar desde la reflexión y el análisis sosegado las decisiones políticas.

Es cierto que la política, casi por definición, actúa sometida al principio de la inmediatez. Se dice de un Expresidentes del Gobierno que, cuando un colaborador suyo le interrogaba sobre para cuándo tenía que tener lo que le había pedido, le respondía: “...para antes de ayer”. Pero lo que caracteriza al ser racional y, por extensión, a las instituciones que actúan con pautas propias de los sujetos que las conforman, es que necesita analizar las situaciones, entender los acontecimientos, elaborar propuestas de respuesta y, una vez ensayadas, ponerlas en práctica. Todo ello, irremediablemente necesita tiempo, claridad y un cierto sosiego.

Sin embargo, los acontecimientos políticos más importantes que están en la escena nacional y, quizás, también en la internacional, requieren respuestas inmediatas, instantáneas. Parece como si detrás de todos esos acontecimientos, que demandan respuesta al segundo, se ocultara una “mano negra conspiradora” que pretende que todos nos volvamos locos haciendo un día una cosa y al otro la contraria. Da la impresión como si algunos se hubieran conjurado para que el estrés, la tensión y la improvisación actúen como armas de destrucción de la capacidad para ver, analizar, entender y responder, que es lo que caracteriza a los seres humanos.

Cuando nos sentimos de esa forma, es cuando resultan imprescindibles unas vacaciones. Se necesita parar. Desactivar por unos días y tomar oxígeno, para después volver con la cabeza ordenada y las ideas aclaradas.

Si vemos cómo se comportan algunos en los últimos tiempos, cuestionando las instituciones, ninguneando los poderes del Estado y diciendo una cosa y la contraria, parece bastante claro que hay que recomendarles vacaciones. Seguro que los ciudadanos lo van a entender bien, y puede que hasta premien a aquellos que tras el descanso vacacional recobren el sentido y el equilibrio. Si por el contrario, seguimos en las mismas: “erre que erre” en los despropósitos, muchos tendrán vacaciones…definitivas, cuando esos mismo ciudadanos les manden a su casa.

Responsabilidad política

La joven democracia española ha sufrido muchos casos de corrupción política a lo largo de los años. Quizás por ello, ahora que se están conociendo algunos verdaderamente graves, los ciudadanos 'los ven pasar' sin darles demasiada importancia. Pero eso no debería llevar a la dirección de los partidos políticos a comportase como si fuera un asunto intranscendente para los intereses del país y la democracia. Incluso, diría yo, para sus intereses electorales.

Los mismos que consideran la corrupción una cuestión menor desde el punto de vista político, también suelen, confundir responsabilidad política y responsabilidad civil o penal. Aunque es una obviedad que no debería tener que recordarse, en un régimen parlamentario no se requiere la vulneración de la legalidad para que se active la responsabilidad de carácter político. Ambas, aunque hagan referencia a los mismos hechos, son responsabilidades de signo muy distinto.

¡Perdón por la pedantería! Pero en este asunto, es bueno recordar que el sistema parlamentario nació en Inglaterra cuando, precisamente, la responsabilidad política se disoció de la responsabilidad penal. Mientras el Gobierno era del Rey y dependía de su confianza, el Parlamento no tenía otra forma de derrocarlo que acusarlo y hacerlo juzgar por un delito. Cuando el principio monárquico se sustituye por el principio democrático, el Parlamento ya no tiene necesidad de recurrir al impeachment (que se mantiene en los sistemas presidenciales) y basta entender que se ha producido un daño o que las cosas no van bien para que se retire la confianza al Gobierno o al responsable político. Es decir, que esa responsabilidad no supone culpa o negligencia, tan sólo que no se ha actuado bien en la toma de las decisiones.

Tampoco se debería olvidar que, además de la responsabilidad política ordinaria, que se depura a través de las distintas técnicas de control parlamentario y que afecta a los responsables gubernamentales, hay una responsabilidad política difusa que se manifiesta a través de la dimisión de los cargos políticos que no han actuado bien o han evidenciado ser incapaces de impedir que otros actúen mal, sean o no miembros de partidos con responsabilidad de gobierno.

La democracia parlamentaria moderna fuertemente vinculada a la existencia de los medios de comunicación y la opinión pública hace suya la ficción de que existe un 'parlamento invisible', que pese a que el Parlamento en sentido estricto permanezca inamovible, produce un movimiento en el ánimo de los ciudadanos que ha de ser medido en el momento de la renovación de las cámaras. Por ello, la responsabilidad política, además de los efectos formales que pueda producir, se proyecta en la estima y consideración que los ciudadanos tienen de sus políticos y en la opción de voto que tomarán el día de las elecciones.

La moraleja de todo lo dicho es bien clara: la responsabilidad política se puede afrontar en las instituciones y en el momento en el que los casos de corrupción se producen, generando confianza y tranquilidad en los ciudadanos; o se puede intentar evadir con artificios y trucos políticos que tan sólo conseguirán que los votantes se indignen con quién así se comporta y le retire su confianza o, lo que es peor, abandone la política y, el día de las elecciones, en vez de ir a votar, se vaya a tomar el sol en la playa o a comerse la tortilla en la sierra.

El despropósito en la política

Definitivamente, la política se ha vuelto loca en España en los últimos tiempos. O quizás, sería mejor decir que algunos políticos que ostentan altas responsabilidades han perdido el sentido de Estado y piensan tan sólo en clave de oportunidad electoral. ¡No lo se! Pero lo que está sucediendo a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional por el Estatuto de Autonomía Catalán y, ahora, la Ley del Aborto, es para echarse a llorar o manda a muchos a la porra.

Las Cortes Generales, que ostentan en España la función legislativa, han aprobado ambas leyes. El Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ha pronunciado su decisión sobre el Estatuto y ha iniciado el trámite para decidir sobre la Ley del Aborto. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen presunción de constitucionalidad y, por ello, una vez que han sido publicadas entran en vigor. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad es perfectamente legítima pero, salvo contados casos que ha de dirimir el propio Tribunal, no paraliza la vigencia de una ley. Las Leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento y ningún poder del Estado puede alegar legitimidad alguna para no cumplirlas.

Todo lo dicho en el párrafo anterior son reglas de juego de nuestro Estado democrático. No son cuestiones discutidas o discutibles, salvo que se quiera romper el pacto constitucional. Todo eso es lo que están poniendo en cuestión, nada más y nada menos, que varios Presidentes de Comunidades Autónomas en los últimos días: Montilla, cuestionando al Tribunal Constitucional por la Sentencia del Estatuto y organizando una manifestación para enfrentar legitimidades. Valcálcer, diciendo que no hay razones para acatar la Ley del Aborto porque, según él, “todavía no está en su punto final”, cosa que obviamente todo el mundo sabe que es falsa. Las leyes son de obligado cumplimiento para todos y, especialmente para los poderes públicos, desde su entrada en vigor. Esperanza Aguirre, ha buscado las revueltas de la objeción de conciencia de los médicos para impedir que se pueda prestar el servicio sanitario en los centros públicos. Núñez Feijoo, se ha negado a dar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo la información necesaria para poder cumplir los protocolos previos a la intervención médica.

¡No es posible tanta irresponsabilidad! Quizás la crisis profunda y el “griterío televisivo” hayan hecho inmunes e indiferente a los ciudadanos ante tanto despropósito. Pero, tiempo al tiempo, o reaccionamos pronto y hacemos que todo el mundo, especialmente quién ostentan altas responsabilidades públicas, recobre el sentido del deber y el cumplimiento de los principios democráticos o vamos a arruinar la gran obra de libertad y convivencia que los españoles hemos construido trabajosamente en los últimos treinta y cinco años. Y, mucho cuidado, la “piel de toro” ha sido demasiado tiempo un espacio de envidias y cainismo, ¡no lo olvidemos!

Proyecto Europa

La semana pasada, cuando publicaba mi columna sobre la conveniencia de apostar por el desarrollo científico y la innovación, aún no había tenido oportunidad de leer el Informe “Proyecto Europa 2030” que ha presentado el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE que preside Felipe González.

Ahora que lo he hecho, quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece para volver sobre un camino que entiendo tiene que ser la salida de la actual situación de crisis y desánimo generalizado: la apuesta por el desarrollo científico y la innovación tecnológica.

El trabajo, en lo tocante a las posibilidades de crecimiento económico en Europa, empieza con una expresión que a buen seguro muchos intuíamos ya: “…los tiempos en que la ventaja competitiva de la UE se media en costes salariales hace mucho que ha quedado atrás”” (…) “...Hoy día, el seguro de prosperidad y desarrollo en Europa es la inteligencia, la innovación y la creatividad”.

Pero ¡mucho cuidado! No basta con sentarnos a disfrutar de nuestra cohesión social y capacidades en ciencia e innovación. Aunque Europa aún juega con ventaja respecto de sus competidores asiáticos en talento humano, no va a ser así siempre. Si no hacemos una apuesta fuerte por la sociedad del conocimiento, las economías emergentes de Oriente también nos adelantarán en desarrollo tecnológico en dos décadas.

El Informe identifica tres problemas que aquejan al mundo de la investigación y el desarrollo.

Primero, que se gasta poco en ciencia e innovación. Aunque en la última década los cambios tecnológicos en el mundo han sido espectaculares, Europa lleva muchos años con su gasto en I+D congelado en el 1,8 del PIB. En España recientemente hemos llegado al 0.9 del PIB (en los próximos años habría que llegar al 3% de PIB).

Segundo, se deben simplificar los procedimientos de acceso a la financiación pública de empresas. Hoy en día, las PYMEs suponen la mitad del PIB en la UE y sólo se benefician del 15% de los programas de I+D.

Tercero, se debe desarrollar un Espacio Europeo de Investigación. Un espacio sin fronteras para el movimiento del potencial científico mediante la circulación de investigadores, tecnología y capital.

Pero la apuesta debe ir más allá. Para ello se necesita, además, mejorar la cantidad y la calidad de la inversión en ciencia e innovación, activar un compromiso permanente por la excelencia en todos los niveles educativos. La mejora de la educación y las capacidades en todos los niveles es prioritaria, pero lo más acuciante es la necesidad de que Europa cree una red de centros universitarios de máximo nivel capaces de rivalizar con los del resto del mundo. La situación de la Universidad en Europa es muy endeble (de las 100 mejores universidades del mundo sólo 27 están en Europa). En España la situación es de extrema debilidad, no tenemos ninguna entre las grandes, ni tan siquiera de Europa. La universidad debe ser un instrumento fundamental para equilibrar la oferta y la demanda de conocimiento técnico, que prepare a las personas para situaciones de transición laboral y forme en el uso de las nuevas tecnologías y capacidades. La universidad debe estar en la vanguardia del cambio de paradigma social, económico y político que se está produciendo.

Y en Madrid. ¿Qué pasa en la Comunidad que según algunos es uno de los polos tecnológicos de Europa? Pues que la enseñanza básica se degrada día a día: el fracaso escolar aumenta considerablemente en la enseñanza primaria y secundaria; la inversión en educación desciende cada presupuesto hasta el extremo de ocupar el puesto número 11 de las 17 comunidades españolas; y la brecha entre colegios e institutos del norte y el sur, públicos y privados, se extiende año tras año.

Qué decir de la universidad madrileña. ¡Endeudada hasta las cejas! Incapaz de pagar las nóminas de su personal, teniendo algunos centros que cerrar por vacaciones para ahorrar luz y servicio de seguridad. Y todo ello, no por una mala gestión, sino porque la Comunidad de Madrid les debe más de 250 millones de euros para gastos corrientes y de inversión cuyo abono retrasa sistemáticamente. En febrero de este año los seis Rectores de las universidades públicas se reunieron con la Presidenta para hablar de la deuda y la Sra. Aguirre se comprometió a elaborar un calendario de pago que, a 15 de junio, aún no se ha hecho efectivo.

Por eso, el problema es que cuando uno confronta las buenas intenciones de informes y documentos sobre cómo superar la situación en la que nos encontramos, con nuestra práctica cotidiana se empieza a alarmar y pensar lo bueno que sería que aprendiéramos a comportarnos como señala el lema del ecologismo: “piensa global, actúa local”. ¡Quizás así nos iría un poco mejor! O, al menos, tendríamos una idea acertada del lugar que ocupamos en el Mundo.

Ante la crisis: Ciencia e innovación

Aunque en los últimos tiempos parece que todo lo que sucede en España sólo tiene que ver con los mercados de valores, la deuda externa, el déficit y los ajustes salariales, por suerte no es así. Tanto en el sector público como en el privado se toman todos los días decisiones de política productiva e inversión que, sin duda, serán las que nos hagan recuperar el camino del crecimiento económico y la generación de empleo.

La semana pasada el Gobierno de España presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Una norma que ha de contribuir al desarrollo de una nueva economía, sustentada sobre la investigación, el desarrollo y la innovación. Es cierto que dicha norma, de momento, es tan sólo una declaración de buenas intenciones: una apuesta política que va a requerir mucho más que buenas palabras para que se haga efectiva.

Pero, como ya he dicho en otras ocasiones, salir del “agujero” en el que nos encontramos no se va a conseguir con medidas en las “finanzas de la especulación”, sino con un cambio radical en el modelo productivo español. Que el diferencial con el bono alemán esté por las nubes -207 puntos básicos- es grave, pero seguro que es pasajero. Ahora bien, que la economía española haya perdido, también respecto de la alemana, un 20% de competitividad desde que entramos en el euro, sí que es un lastre que o corregimos o nos condena, para siempre, al furgón de cola de la Unión.

Por eso creo que la nueva Ley de la Ciencia es necesaria y oportuna en este momento. Es necesaria porque la legislación sobre la materia que tenemos en nuestro país data de 1986 y durante estos años han cambiado sustancialmente las cosas en España. En estos años nuestra comunidad científica se ha multiplicado por seis. La Unión Europea ha conformado un Espacio Europeo de Investigación y Desarrollo que nos demanda una mayor coordinación y planificación de nuestros recursos en I+D+i. Finalmente, el Estado de las autonomías ha permitido el desarrollo de sistemas regionales de I+D+i que no existían y que también requieren de coordinación y cooperación.

Es oportuna porque, como decía, es la mejor manera para apostar por un cambio de modelo productivo que se fije en sectores económicos modernos y sostenibles que prioricen el valor añadido de nuestros recursos científicos y de innovación. Para ello, está bien que por fin se diseñe una carrera científica estable, predecible y basada en criterios de mérito y capacidad, que se establezca un marco estable de financiación y una mayor coordinación entre todas las políticas de ciencia e innovación que se desarrollan por las distintas Administraciones Públicas.

Finalmente, a los que nos “duele Madrid” nos gustaría que ese camino que abre la Ley de la Ciencia del Estado fuera seguido también por la Administración autonómica. Es desolador ver donde está la política de ciencia, investigación e innovación en nuestra Comunidad. Baste un ejemplo: si por curiosidad alguno de ustedes pasa a la página Web de la Consejería de Educación comprobará, que en materia de ciencia e investigación se sigue haciendo referencia al Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2005-2008 –IV PRICIT- Pero lo peor de todo no es que no se haya renovado el Plan, lo más grave es que pese a que hace dos años que se cumplió el plazo de aplicación nadie ha dado cuenta de si se han cumplido sus objetivos.

Sería bueno que la Consejería nos contase qué ha sido de los 750 investigadores y técnicos que se iban a incorporar al servicio I+D+i de la Comunidad, con los 1000 grupos de investigación que se iban a crear, con la creación y coordinación de 200 laboratorios públicos de investigación, o con los 10 institutos de investigación; qué con la financiación de 500 empresas, con la firma de 2000 acuerdos y convenios con empresas y centros de investigación o, para no extenderme más, con el proyecto de cooperación con 50 regiones de Europa en materia tecnológica.

¡Sin reproches! Pero siendo conscientes de dónde está lo importante, estaría bien que todos, también la Comunidad de Madrid, aprovecháramos la oportunidad para ponernos al frente del desarrollo científico y tecnológico, porque seguro que es una inversión a largo plazo que no va a solucionar los problemas que nos aquejan de un día para otro, pero que, sin duda, será la garantía de nuestro desarrollo y estabilidad en los próximos años. ¡Quedamos a la espera!

La política como 'guerra total'

La semana pasada asistimos a dos acontecimientos que expresan el despropósito y la falta de altura de miras que se ha instalado en la acción política española en los últimos años. Esos acontecimientos son los siguientes: la posición ante la renovación del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-Ley para hacer frente a la crisis financiera.

Evidentemente, en estás línea no voy a entrar a analizar estas dos medidas, sobradamente conocidas por todos, y de las que también me he ocupado en otras ocasiones. Las tomo tan sólo como ejemplo de la “ceguera” que acompaña a muchos responsables políticos que son capaces de arriesgar las instituciones o la viabilidad del país tan sólo para conseguir cierta rentabilidad electoral.

Como decía, el primero es el asunto del Tribunal Constitucional que lleva más de dos años ejerciendo sus funciones en una situación de precariedad, tan sólo por la incapacidad política de los partidos para ponerse de acuerdo y efectuar la renovación de los Magistrados que ya cumplieron su mandato. Esta situación es, de por si, grave, pero se convierte en algo mucho peor cuando vemos la estrategia política de algunos y comprobamos que están instalados en argumentos falsos con la única finalidad de aprovecharse de la lamentable situación en la que se encuentra tan alta institución del Estado.

No es cierto que no se pueda renovar el Tribunal Constitucional por estar “a la mitad del partido”, como dice el PP, porque el Tribunal trabaja siempre sin solución de continuidad y “no hay partido alguno en juego” –salvo el que ellos están jugando, claro-; y tampoco es cierto, que el Alto Tribunal esté deslegitimado para dictar sentencia porque no se haya renovado en su momento o no haya conseguido dictar sentencia en estos años, como dicen otros desde Cataluña. Unos y otros se equivocan en su análisis, pero lo peor es que no es un error de apreciación, es, nada más y nada menos, que intentar “secuestrar” al Tribunal mediante la presión que ejercen con aseveraciones falsas machaconamente publicada en los medios con un fin exclusivamente particular.

El segundo asunto se produjo el jueves 27 de mayo que el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-Ley en el que se incluían las medidas urgentes para reducir el déficit y hacer frente a la crisis económica. Todos sabemos que son medidas duras, dolorosas; se puede pensar incluso que algunas de ellas no se tendrían que haber tomado si ciertas decisiones de política económica de años pasados se hubieran hecho de otra forma. Pero, en todo caso, lo que todo el mundo reconoce es que la situación actual es de tal extrema urgencia para nuestro país y para la viabilidad de Europa y su modelo de Unión política y económica, que es irremediable adoptar medidas de esta naturaleza. ¿Qué es lo que están haciendo el resto de los países de la Unión, si no?

Sin embargo, cuando lo que se estaba votando era que España, y con nosotros el resto del continente europeo, actuase con decisión y energía para salvar un momento de vida o muerte para nuestro futuro económico (imaginen qué hubiera sucedido con la bolsa, a qué precio se hubiera situado nuestra deuda y cómo hubieran interpretado los mercados que el Parlamento no se pusiese de acuerdo para aprobar las medidas planteadas por el Gobierno), algunos tan sólo pensaban en que de no prosperar el Real Decreto-Ley el Gobierno tendrían que convocar elecciones y, a partir de entonces, para ellos se abría una oportunidad para alcanzar el poder.

Como decía al inicio, ambos ejemplos son muestras palmarias de la insensatez política en la que estamos instalados. No pensamos en la pervivencia de las instituciones del Estado y, lo que es peor, las utilizamos para nuestra “pequeña política”. A fuerza de despropósito, incluso somos capaces de poner en peligro la estabilidad de nuestra maltrecha economía por ambición y estrategia cortoplacista.

La política en España, en los últimos años, ha caído en manos de gente que ha olvidado o desconoce que en democracia las reglas de juego y las instituciones no se pueden utilizar en beneficio propio. Que no entienden que el adversario y su punto de vista es tan respetable como el propio, y que las decisiones se han de tomar defendiendo con valor y convicción tus criterios, pero siendo consciente de que cuando se quiere llegar a acuerdos con otros que piensan distinto en algún momento se ha de ceder algo para que otro pueda renunciar también a parte de su criterio máximo.

Frente a la política del respeto y la defensa de los valores democráticos, se ha instalado la estrategia del arrinconamiento al diferente o, si es posible, su aniquilación. Es un planteamiento de “guerra total” que como en toda conflagración no sólo acaba con los rivales sino que deja innumerables bajas entre “los civiles” –léase aquí los ciudadanos y sus derechos- y arrasa con la cultura y los modos cívicos que durante décadas hemos ido interiorizando para vivir en un mundo de respeto y tolerancia. ¡Será posible que en algún momento alguien ponga fin a está estrategia suicida!

Madrid contaminado

Que la calidad del aire de Madrid no es buena, es algo que saben todos los ciudadanos. Basta con dar un paseo por cualquiera de las arterias de la ciudad o ser aficionado al ejercicio al aire libre, -que por cierto, se ha convertido en un hobby de alto riesgo para los pulmones de los deportistas- para poder comprobarlo.

En invierno las calderas y el tráfico ahogan el aire limpio que nos deberían garantizar los vientos y las lluvias. En primavera y verano, desaparecen las calderas de las calefacciones, pero siguen los coches atascando las calles y escupiendo humo, y la calma atmosférica y el aumento de las temperaturas nos suponen que la contaminación se mantiene, cuando no aumenta.

“Ecologistas en Acción” presenta año tras año su informe sobre calidad del aire en Madrid y reiteradamente señala el grave problema que tenemos. Ahora, hasta el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid ha presentado el suyo en el que apunta la excesiva contaminación de nuestra ciudad y, lo que es más grave, los indicios racionales de que el Ayuntamiento está intentando esconder el problema mediante el cambio de las estaciones de medición y la presentación de los datos de forma conjunta y global en todo el año.

Ante tales evidencias, la Sra. Botella, Concejala de Medio Ambiente, hace un tiempo nos obsequió con un “sorprendente” consejo para evitar la contaminación: “no quedarse parados, ¡circular!”. Puesto que la intensidad de la contaminación no es igual en todos los puntos, lo mejor es, según la Concejala, “mantenerse en movimiento constante”. Ahora, nuevamente, niega el problema y, al mismo tiempo, nos dice que el Ayuntamiento está pensando pedir a la Unión Europea que se aplique la moratoria de cinco años que prevé la Directiva sobre contaminación atmosférica para poder solucionar la contaminación que se extiende por toda la ciudad. ¡Así es la Sra. Botella! Te expone un argumento y el contrario al mismo tiempo, ¡sin pestañear!

Una de las cosas que menos perdona el ciudadano a los políticos es que intenten negar la evidencia, o que le engañen ¡En los últimos tiempos hemos tenido sonoros ejemplos! Y lo que está pasando en Madrid con la contaminación atmosférica es un caso palmario. Todos los madrileños lo sabemos y es absurdo que intenten negar algo que vemos, olemos y sentimos a todas horas. Pero, a pesar de ello, el Gobierno capitalino se afana día tras día en intentar hacernos entender a todos que lo que vemos negro en realidad es blanco.

Madrid tiene un problema de congestión circulatoria que hace intransitable la ciudad, sobre todo en horas punta. Ahora, además, nos estamos dando cuenta que, ese problema nos está envenenado. Las dolencias respiratorias aumentan progresivamente y los muertos por enfermedades pulmonares también. No es cuestión de dramatizar, pero tampoco es admisible que se intente esconder el problema como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid.

Y, si no, ¿qué es lo que hay tras la siguiente operación de cambio de estaciones de medición?: teníamos una en la Plaza de Carlos V que, curiosamente, se ha desplazado a las inmediaciones del parque Tierno Galván; teníamos dos más, una en Recoletos y otra en Plaza de España, y resulta que se han cambiado a Sanchinarro y las Tablas. Creo que también había otra en Chamartín que ha desaparecido y, sin embargo, ha aparecido una nueva en el parque del Museo de Ciencias Naturales. ¡Pura casualidad! O como dice la Sra. Botella: cambios para cumplir los mandatos de la Directiva de la Unión.

Precisamente, quiero dedicar mis últimas palabras a leyes y directivas. Aunque la legislación sobre la materia es muy técnica y requiere un análisis más detallado que el que unas líneas en un artículo de opinión permiten se pueden señalar tres aspectos:

Primero, que tenemos una legislación básica de carácter general, la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que es muy clara estableciendo condiciones para la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica. En concreto, la Ley establece un detallado régimen sancionador y, entre otros hechos constitutivos de sanción, el punto h) del artículo 30 establece que es un hecho muy grave “Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta Ley, cuando ello haya generado o haya impedido evitar, una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

Segundo, que en el 2008 se aprobó por la UE una Directiva que incorpora los últimos avances sanitarios, científicos y la experiencia de los Estados miembros en la aplicación de protocolos para la protección de la calidad del aire, y que dice: “que la ubicación de los puntos de muestreo del aire en las grandes aglomeraciones urbanas debe hacerse en las áreas situadas dentro de zonas y aglomeraciones donde se registren las concentraciones más altas a las que la población puede hallarse directa o indirectamente expuestas durante un periodo de tiempo significativo”.

Tercero, que parece que la Sra. Botella no ha leído estos apartados de la Ley 34/2007 y de la Directiva 2008/50/CE. Sin embargo, por sus declaraciones, sí ha leído el apartado de la Directiva en el que se establece la posibilidad de solicitar a la Unión moratorias por incumplir las previsiones de contaminación, lo que lleva implícito que conoce el problema. Luego, si el Ayuntamiento de Madrid es consciente de lo que está sucediendo y no hace nada para solucionarlo, quizás lo que deberíamos hacer es recomendarles la lectura del Código Penal y el tipo de responsabilidad por lesiones a la salud pública.

It's the politics... Stupid

Desde que James Calvilles, asesor de Bill Clinton en la campaña de 1992, hiciera famosa la frase “es la economía, estúpido” se ha utilizado esta expresión para remarcar aquello que ha de ser prioritario en la acción política de gobierno. Pero como suele suceder, siempre hay quien “coge el rábano por las hojas” y piensa que de ella se desprende tan sólo que la acción política es hacer frente a las exigencias de la economía.

Lo que está sucediendo en el mundo, y particularmente en Europa, en los últimos tiempos tiene que ver con ese craso error. Muchos piensan que la política es gestionar las cuestiones económicas sin poner trabas a los dictados de los mercados y “organizar” una estructura de poder que mediante algunas concesiones a los ciudadanos, una buena campaña de imagen y unos candidatos telegénicos, nos garantice conquistar el poder o mantenerlo si ya se está en él.

El siglo XXI nos ha traído el “abandono de la política”. Los partidos hace tiempo que dejaron de ser herramientas para transformar la sociedad. En los últimos tiempos nos hemos dejado obnubilar por los cantos de sirena de la economía, sus cifras y artificios y hemos abandonado el valor ético de la política. En estas condiciones, aquéllos que rigen sus comportamientos sólo por la codicia han asentado su estilo de vida como modelo del hombre o mujer de éxito.

Pero la política desde la Ilustración, especialmente en la izquierda, siempre ha estado guiada por la consecución de valores y principios de libertad, igualdad y justicia social. Hace un par de décadas le preguntaban a Norberto Bobbio si entre los muchos signos de desgracias en los que se movía la humanidad veía algo positivo. El profesor de Turín respondió que sí, que veía al menos uno: la creciente importancia dada en los debates internacionales, entre los hombres de cultura y políticos, en seminarios de estudio y en conferencias gubernamentales, al problema del reconocimiento de los derechos del hombre.

Por eso, nunca deberíamos olvidar que los derechos de libertad e igualdad fueron el referente político de las revoluciones liberales. Después, acompañaron a la conformación del Estado de Derecho, y tras la revolución obrera y social que consolidó los derechos sociales y laborales de los trabajadores, cierran el círculo para la conformación del Estado democrático contemporáneo. ¡Nada más y nada menos! La historia política reciente del mundo occidental.

La política se ha hecho durante los últimos tres siglos para construir un espacio de convivencia en comunidad, donde se respete la dignidad humana y las condiciones necesarias para que los hombres y mujeres puedan desplegar todas sus capacidades sin más limitaciones que sus condiciones físicas o mentales.

En el siglo XIX Stuart Mill escribe “Sobre la Libertad” para señalar que las condiciones en las que se relacionan los individuos en la sociedad no puede generar artificios que subyuguen e impongan despóticamente un modo de vida a las personas o las minorías. En el XX, Carlos Rosselli, escribe “Socialismo Liberal” para negar el socialismo marxista, que entendía el mundo en clave de materialismo económico, y declara que la acción del socialista liberal es la acción en la comunidad para conformar un sentimiento activo a favor de las causas de los pobres y los oprimidos desde los valores de libertad, igualdad y solidaridad.

Aunque en la segunda mitad del siglo XX, en Europa, se hizo mucha política para el desarrollo de esa sociedad ilustrada, de derechos y solidaria –baste recordar la conformación de los orígenes de la Unión Europea o las cartas constitucionales de posguerra-, en los últimos tiempos hemos perdido el referente, y tanto individuos como instituciones hemos caído rendidos en los brazos de la “madre codicia” que nos promete seguridad, riqueza y felicidad tan sólo con cumplir las reglas de los mercados y la globalización económica y financiera.

El resultado. Este inmenso descontrol que ha puesto en cuestión las conquistas en derechos, libertades y fortaleza institucional que tan trabajosamente hemos construido desde finales del siglo XVIII. Esperemos que aún haya tiempo para aprender la lección y pongamos límites a los que embutidos en caros trajes tan sólo representan la vuelta a la “ley de la selva”.