EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ha recogido en sus preceptos la necesidad de que en nuestro sistema educativo obligatorio se incluya la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Fundamentales.

Como es bien conocido por todos los interesados en estos temas, la puesta en práctica de dicha asignatura ha generado un gran debate entre partidarios y detractores de sus contenidos y de la conveniencia de que se explique en nuestros centros educativos.

Como en tantas ocasiones cuando hablamos de derechos y libertades fundamentales la cuestión está en la aparición de intereses que han de interpretarse de forma que puedan hacerse compatibles. En este caso no es menos:

Por un lado, está el derecho a la educación, reconocido en el artículo 27.1 Constitución como un derecho prestacional específico que hace nacer un derecho subjetivo en los ciudadanos y que, por lo tanto, ha de proveer el Estado (Sentencia del Tribunal Constitucional 86/85). Dicho derecho incluye el acceso a la enseñanza reglada que se ha de recoger en una programación general que debe aprobar el Estado (27.5 CE). Esos mismos poderes, además, tienen que inspeccionar y homologar el sistema educativo para que se cumpla lo previsto en la Ley (27.8 CE). Es decir, que se imparte la programación general aprobada por el Ministerio. También hay que tener en cuenta que la educación no sólo es un derecho, sino que también es una obligación: el artículo 27.4 de la Constitución establece que la enseñanza básica es obligatoria. Hasta aquí, siguiendo la letra de la Constitución, hemos dicho que la educación es un derecho que establece obligaciones de hacer para los poderes públicos (aprobar la programación, crear centros, inspeccionarlos y homologarlos, etc.). Pero también la Constitución establece algunos de los contenidos que ha de tener el derecho a la educación. El artículo 27.2 dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, los fines constitucionales de la educación no son neutrales desde el punto de vista funcional y axiológico, sino que la Constitución establece, como hemos visto, unos fines básicos que, cómo mínimo, ha de cumplir nuestro sistema educativo.

Por otro, esta la libertad de enseñanza (artículo 27.1 CE) y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 CE). El Tribunal Constitucional ha dicho que la libertad de enseñanza es una concreción de la libertad ideológica y religiosa prevista en el artículo 16 de la Constitución, que se plasma en el derecho a crear centros educativos (27.6 CE) y, para quienes llevan a cabo la acción de enseñar, hacerlo con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (artículo. 20.1.c. CE). También, como se apuntaba, libertad de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha dicho en innumerables ocasiones(vid. por todas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/1981, 77/1855 y 195/1989) que la libertad de enseñanza no debe hacernos perder de vista que el derecho a la educación no puede ser aséptica o meramente técnica; la enseñanza consiste en la trasmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores que, evidentemente, han de estar de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Constitución: desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. También el Tribunal Constitucional ha dicho en más de una ocasión que la actuación del Estado en la garantía de los derechos y las libertades no es de igual naturaleza: el ejercicio de derechos, con mucha frecuencia, necesitan de una configuración, un diseño y, por tanto, de la actuación del Legislador; en el caso de las libertades no es así, puesto que en muchos casos con ellas lo que se requiere es un dejar hacer para que los ciudadanos las ejerzan con plena libertad. Por tanto, es discutible que se pueda poner en pié de igualdad, respecto de la actuación del Legislador, el derecho a la educación en valores del 27.2 de la Constitución y la libertad de acceso a la enseñanza religiosa de los alumnos según las convicciones de los padres del 27.3 de la Constitución.

En consecuencia, la conclusión está bien clara. En la Constitución española de 1978 existe una moral pública reconocida. La que propugna que la persona y su dignidad se ha de desarrollar en una sociedad democrática de acuerdo con los valores de libertad e igualdad. Moral pública que requiere del respeto a los derechos y libertades públicas previstas en la Constitución como garantía de que la sociedad asegura la dignidad humana. Los poderes públicos no pueden hacer dejación de esa forma de actuar, el artículo 9.2 de la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos promover que las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en el que se integra sean reales y efectivas. Por eso, Educación para la Ciudadanía y los Derecho Fundamentales es una obligación para los poderes públicos, porque el artículo 27.2 de la Constitución mandata al Legislador para que se eduque en los principios democráticos y los valores constitucionales.

Finalmente, la conclusión anteriormente elaborada no es incompatible con el derecho de los padres para decidir sobre la formación religiosa o moral que reciban sus hijos. El Estado garantiza que a los niños se les educa en los valores constituciones y establece, también, la posibilidad de que puedan acceder a la educación religiosa o moral que hayan determinado los padres.

FUNDAMENTALISMO JUDICIAL

Nuevamente se ha situado en el centro del debate político los problemas que en nuestro país tenemos con el funcionamiento regular de la Justicia. Tengo la impresión de que son múltiples los factores que hacen que así sea. Pero el comportamiento de algunos Jueces, “metidos a predicadores” de su moral fundamentalista mediante las sentencias que dictan, contribuye poco a la mejora de tan alto Poder.
Digo esto a propósito del lamentable espectáculo que ha dando la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con las sentencias dictadas en los casos de aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Fundamentales. Como todo el mundo sabe, los sectores más reaccionarios del país, con la Iglesia Católica aportando los fundamentos doctrinales, se han alzado en armas para intentar boicotear una asignatura que lo único que pretende es que nuestros niños puedan conocer desde la escuela las claves de la convivencia en una sociedad libre y democrática. Con estas resoluciones estamos ante una clara y torticera forma de utilizar el derecho procesal para entrar en lo que no es competencia del Tribunal y poder desarrollar sus fundamentos en contra de la citada asignatura. Las dos “joyas” de la “justicia política moderna” de la Sección Tercera de la Sala del TSJA son las siguientes: Primero fue la Sentencia en la que se reconoce el derecho de objeción de conciencia ante la impartición de dicha asignatura. Allí el Juez dice, nada más y nada menos, que para acogerse al derecho de objeción de conciencia no es necesaria ninguna norma legal que la autorice y que, por tanto, puede plantearse por los padres en representación de sus hijos siempre que entiendan que la Ley que establece el currículo escolar vulnera derechos fundamentales. Esto es tanto como decir que ahora que estamos ante el periodo de elaboración de la declaración de la renta cualquiera de nosotros podemos objetar fiscalmente y negarnos a contribuir con al Estado con el argumento de que los gastos que hacen las Administraciones no se corresponden con nuestras convicciones; o, más claro aún, que ante una asignatura de historia de España que presenta el Descubrimiento como un gran hecho para España y América, un ciudadano ecuatoriano objete porque se obvia el exterminio de los pobladores indígenas. Para que no sucedan cosas de esta naturaleza, que sería tanto como el despropósito de poder echar mano de un derecho natural que nos asistiera a todos para revelarnos contra cualquier norma de convivencia que no nos interese, el Tribunal Constitucional ha dicho que la utilización del derecho a la objeción de conciencia requiere la existencia de una norma autorizante -constitucional, legal- o, incluso, su reconocimiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Evidentemente eso no sucede en el caso que nos ocupa. Muy al contrario: es el Estado el que establece específicamente mediante una ley orgánica que esa asignatura forma parte del programa obligatorio que se ha de impartir en todas las escuelas de España. Segundo. Ahora ha sido la estimación de una demanda de amparo por violación de los derechos fundamentales contra dos Decretos de la Junta de Andalucía que lo único que hacen es desarrollar los currículos correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en Andalucía. Currículos que, en lo que nos interesa, Educación para la Ciudadanía, se atienen a lo que dispone la Ley Orgánica 2/2006 y a los Reales Decretos 1513 y 1631 del Estado, que es quién tiene la competencia para la regulación de la legislación básica educativa de acuerdo con el artículo 149.13 de la Constitución. Para cualquier alumno de primero de Derecho es conocido que si un Tribunal tiene duda de la constitucionalidad de una ley, lo que ha de hacer es interponer una cuestión de inconstitucionalidad, y que si lo que le plantea duda de legalidad es un Real Decreto del Gobierno del Estado, lo que debe hacer es interponer una cuestión de legalidad ante el Tribunal Supremo (Véase el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). Sin embargo, El Juez del TSJA ha desoído nuevamente los fundamentos más elementales del derecho procesal para poder repetir los alegatos en contra de la Educación para la Ciudadanía, como ya hizo en el caso en el que reconocía la objeción de conciencia. El resultado en uno y otro supuesto es más que preocupante. No ya porque se pongan dificultades a la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. Los argumentos son tan burdos y tan contrarios a Derecho que basta con esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo para que la cuestión quede zanjada. El problema es que comportamientos de esta naturaleza demuestran que en sectores de notable poder en nuestra sociedad tenemos personas con tal grado de “integrismo” que llega a sorprender que en España hayamos avanzado en tan pocos años tanto en derechos y libertades. Luego si parece claro que en nuestro país todavía hay muchos enemigos de la libertad, estaría bien que todos aquellos que desde la izquierda o la derecha moderada amamos la democracia liberal hiciésemos cada día esfuerzos para entendernos y cerrar el paso a los extremos antisistema que aprovechan nuestras discrepancias para torpedear las libertades e intentar imponernos su fe.