La verdad es que la construcción de la Unión Europea no gana para sustos en los últimos años. Primero fue la negativa mediante referéndum de Francia y Holanda al Tratado Constitucional. Ahora es Irlanda, también mediante la voz directa de los ciudadanos, la que dice “no” al Tratado de Lisboa.
Es curioso que los dos tropiezos que ha tenido Europa en los últimos tiempos sean en dos circunstancias que actúan a favor de la participación y la capacidad de decidir de los europeos. Como decía, el primero se produce cuando se pretende aprobar un Tratado constitucional -o su alternativa (Tratado de Lisboa)- que lo que pretenden es mejorar los derechos de los ciudadanos (Carta de Derechos), reforzar la democracia de la Unión (fortaleciendo el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales) y simplificar el Derecho originario que “enreda” al europeo de a pie que no sabe donde están y cómo se aplican las normas de la Unión. El segundo, cuando son directamente los ciudadanos mediante referéndum, eso sí, no en su calidad de ciudadanos de la Unión, sino como franceses, holandeses o irlandeses, los que rechazan la apertura y la democratización de Europa.
Digo que estas dos circunstancias son curiosas porque resulta que, pese a la crítica ya manida de déficit democrático en la Unión Europea, cuando Europa se pone manos a la obra para solventar esos problemas con nuevas normas, y cuando se da la voz a los ciudadanos para que sean ellos los que las aprueben, es cuando se produce la negativa. “¡Claro!” -me dirán algunos-, precisamente por eso, cómo hay tanta “incomodidad” acumulada e impresión de “ninguneo”, cuando finalmente se da la oportunidad de pronunciarse a los ciudadanos éstos lo hacen, no ya pensando en la bondad de lo que se les presenta y en que son ellos quienes deciden, sino pensando que durante mucho tiempo “han pasado de ellos” y ahora es el momento de responder diciendo que “no”, “¡no a lo que sea!” “¡No a todo!”.
Bueno, seguro que de eso hay mucho. Pero tengo para mí que no es lo más importante. La Unión Europea es una estructura política de una gran complejidad, que toma decisiones que deben ser útiles para muchas personas con culturas y situaciones políticas y económicas muy distintas (ahora más con veintisiete miembros) y eso, todavía, no se ha entendido suficientemente. Digamos las cosas como son: la “apreciada” ciudadanía europea está en “pañales” mal que nos pese. La ciudadanía sirve para el reconocimiento de derechos de las personas que son miembros de los distintos países: circulación, voto, acceso a la administración, derechos sociales, residencia, etc. Pero la ciudadanía en su sentido republicano tiene un contenido mucho más profundo que, creo, viene muy a cuento ahora. Requiere de compromiso con la comunidad política de la que formas parte, de un individuo participativo que es consciente de que los derechos de los que disfruta se deben preservar mediante su aportación a la estructura y al funcionamiento de la organización política.
En tiempos de crisis, de dificultades, es complicado pedir compromiso y responsabilidad pública a los ciudadanos. Mucho menos cuando se tiene la sensación de que en los “buenos tiempos” se ha estado construyendo la casa común sin consultar ni tan siquiera dónde van a ir los cuadros y el resto de la decoración. Por eso, tengo la impresión que ahora, pese a que pueda parecer paradójico, es el momento de las decisiones políticas desde los Estados y de los liderazgos fuertes. Es el momento de que, siendo conscientes de que los ciudadanos “tienen ganas a los burócratas de Bruselas”, nos pongamos a trabajar con responsabilidad para cambiar las normas; es decir, para aprobar el Tratado de Lisboa, y poner en marcha la nueva Europa. No se ha de olvidar que el Tratado que está en cuestión ofrece grandes ventajas para los europeos y el proceso de integración y, sinceramente, creo que no podemos perder la oportunidad. Díganme si no están de acuerdo con lo siguiente:
-Se afirman, por vez primera, los fundamentos democráticos en que se basa la Unión (pluralismo, libertad, derechos humanos, justicia, Estado de Derecho, solidaridad y no discriminación, etc.), y se refuerza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos al incluirse la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado;
-Se establece una vinculación más estrecha de los parlamentos nacionales al proceso de decisión a escala europea: se crea un mecanismo de «alerta rápida» para el respeto del principio de subsidiariedad. Dicho mecanismo proporcionará a los parlamentos nacionales un camino directo para intervenir en el proceso legislativo;
-Se refuerzan los poderes del Parlamento Europeo con la generalización del procedimiento de codecisión y un derecho de decisión en materia presupuestaria igual al del Consejo;
-Se establece una mayor claridad en la atribución de competencias entre la Unión y los Estados Miembros, y entre las instituciones europeas;
-Se crean nuevas obligaciones para las instituciones europeas en lo referente a la consulta de la sociedad civil, la transparencia y el acceso a los documentos;
-Se refuerza la democracia participativa con la posibilidad concedida a los ciudadanos -si se reúne como mínimo un millón de ellos que representen un número significativo de Estados miembros-, de invitar a la Comisión a que presente una propuesta de ley que dichos ciudadanos consideren necesaria (petición legislativa).
Es cierto que hay descontento, pero el proyecto Europeo es tan grande y tan importante que no podemos renunciar a seguir construyéndolo. Desde luego que estamos pasando tiempos de dificultad y pesimismo. El referéndum de Irlanda es una dificultad más, pero de ningún modo el “tiro de gracia” a Europa, como algunos se han apresurado a decir, en una declaración que más parece que confundan sus deseos con la realidad.
