Se ha iniciado el curso escolar en la Comunidad de Madrid y a problemas que vienen de lejos (falta de escuelas infantiles, incumplimiento de las ratios de alumnos por aula, aulas barracones, segregación de alumnos con necesidades especiales, escasa financiación, etc) tenemos que añadir la descarada estrategia del Gobierno de Esperanza Aguirre para intentar que no se imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Que la Consejería de la Comunidad de Madrid expida Ordenes para fomentar la “objeción de conciencia” a una asignatura aprobada por el Parlamento español en una ley orgánica es todo un escándalo y la muestra más clara y palpable de una deslealtad institucional que va contra los principios más básicos de nuestro Estado constitucional. Sin embargo, parece que en el PP cuando son ellos los que se comportan como “insumisos a la ley” no pasa nada, y mientras tanto intentan dar lecciones de respeto a la Constitución a otros. Practican sin rubor el dicho popular “haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga”.
Pero que además lo hagan contra una asignatura que lo que pretende es formal a nuestros jóvenes en los valores y principios propios de una sociedad democrática donde la tolerancia, la defensa de la libertad y la igualdad y el desarrollo de la solidaridad son los referentes que guían una organización que se construye para que la persona humana pueda desplegar toda su dignidad, parece más que un escándalo un problema de ubicación en nuestra democracia. ¿O es que algunos no se han enterado aún que las formas políticas, como todo en esta vida, necesita de cuidados, pedagogía y comprensión? O, peor aún, ¿no será que algunos con la excusa de la defensa de la libertad lo que pretenden es mantener una atalaya de privilegio para desde allí seguir impartiendo sus doctrinas sectarias y enajenadoras? Mientras se comportan así la Sra. Aguirre habla de que hay que evitar el “relativismo de valores” al que nos lleva el Gobierno socialista. ¡Señora Presidenta los valores de una sociedad democrática están establecidos en la Constitución y es bueno que los difundamos y cumplamos todos!
Sea como sea, lo cierto es que la derecha política y social de Madrid ha reaccionado sin contemplaciones ante los mandatos de una Ley; es decir, contra la voluntad de la soberanía popular, para de esta forma defender su modelo educativo y su forma de entender no ya sólo la organización la enseñanza sino los contenidos que se deben incorporar en ella. Para ellos, formar en la Constitución y los valores democráticos no sólo no es una prioridad sino que entienden que va contra la libertad de las personas ¡nada más y nada menos!
Esta forma de entender la escuela y lo que se imparte en ella por parte de la derecha madrileña tendría que hacernos reflexionar a los hombres y mujeres de izquierda a la hora de presentar nuestro proyecto ante la sociedad. No olvidar que la escuela además de calidad debe ofrecerse en equidad. En el debate sobre escuela pública escuela privada concertada no sólo está en juego si el centro concertado está al alcance de todos los padres que han de escolarizar a sus hijos, que deberían, puesto que imparten enseñanza obligatoria y por ello cobran del erario público. Lo verdaderamente importante es que la escuela pública garantiza mejor la profesionalidad de los docentes, que están seleccionados con criterios de mérito y capacidad más objetivos y, lo que es fundamental, la escuela pública no tiene más “ideario del centro” que los principios de una sociedad democrática y los contenidos educativos que se formulan en los planes de estudios. Y da la casualidad que la inmensa mayoría de los centros privados, muchos concertados, tienen un ideario de carácter religioso y marcado contenido conservador que, evidentemente, se proyecta en las actividades del centro. Desde luego que este tipo de escuela es constitucional, la reconoce el artículo 27.6 de la CE, pero desde opciones políticas progresistas y trayectoria ilustrada es más que una confusión un grave error, o incurrir en ignorancia, no darse cuenta que para nada es equiparable un modelo de escuela privada a la escuela pública.
Que la Consejería de la Comunidad de Madrid expida Ordenes para fomentar la “objeción de conciencia” a una asignatura aprobada por el Parlamento español en una ley orgánica es todo un escándalo y la muestra más clara y palpable de una deslealtad institucional que va contra los principios más básicos de nuestro Estado constitucional. Sin embargo, parece que en el PP cuando son ellos los que se comportan como “insumisos a la ley” no pasa nada, y mientras tanto intentan dar lecciones de respeto a la Constitución a otros. Practican sin rubor el dicho popular “haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga”.
Pero que además lo hagan contra una asignatura que lo que pretende es formal a nuestros jóvenes en los valores y principios propios de una sociedad democrática donde la tolerancia, la defensa de la libertad y la igualdad y el desarrollo de la solidaridad son los referentes que guían una organización que se construye para que la persona humana pueda desplegar toda su dignidad, parece más que un escándalo un problema de ubicación en nuestra democracia. ¿O es que algunos no se han enterado aún que las formas políticas, como todo en esta vida, necesita de cuidados, pedagogía y comprensión? O, peor aún, ¿no será que algunos con la excusa de la defensa de la libertad lo que pretenden es mantener una atalaya de privilegio para desde allí seguir impartiendo sus doctrinas sectarias y enajenadoras? Mientras se comportan así la Sra. Aguirre habla de que hay que evitar el “relativismo de valores” al que nos lleva el Gobierno socialista. ¡Señora Presidenta los valores de una sociedad democrática están establecidos en la Constitución y es bueno que los difundamos y cumplamos todos!
Sea como sea, lo cierto es que la derecha política y social de Madrid ha reaccionado sin contemplaciones ante los mandatos de una Ley; es decir, contra la voluntad de la soberanía popular, para de esta forma defender su modelo educativo y su forma de entender no ya sólo la organización la enseñanza sino los contenidos que se deben incorporar en ella. Para ellos, formar en la Constitución y los valores democráticos no sólo no es una prioridad sino que entienden que va contra la libertad de las personas ¡nada más y nada menos!
Esta forma de entender la escuela y lo que se imparte en ella por parte de la derecha madrileña tendría que hacernos reflexionar a los hombres y mujeres de izquierda a la hora de presentar nuestro proyecto ante la sociedad. No olvidar que la escuela además de calidad debe ofrecerse en equidad. En el debate sobre escuela pública escuela privada concertada no sólo está en juego si el centro concertado está al alcance de todos los padres que han de escolarizar a sus hijos, que deberían, puesto que imparten enseñanza obligatoria y por ello cobran del erario público. Lo verdaderamente importante es que la escuela pública garantiza mejor la profesionalidad de los docentes, que están seleccionados con criterios de mérito y capacidad más objetivos y, lo que es fundamental, la escuela pública no tiene más “ideario del centro” que los principios de una sociedad democrática y los contenidos educativos que se formulan en los planes de estudios. Y da la casualidad que la inmensa mayoría de los centros privados, muchos concertados, tienen un ideario de carácter religioso y marcado contenido conservador que, evidentemente, se proyecta en las actividades del centro. Desde luego que este tipo de escuela es constitucional, la reconoce el artículo 27.6 de la CE, pero desde opciones políticas progresistas y trayectoria ilustrada es más que una confusión un grave error, o incurrir en ignorancia, no darse cuenta que para nada es equiparable un modelo de escuela privada a la escuela pública.
