Responsabilidad política

La joven democracia española ha sufrido muchos casos de corrupción política a lo largo de los años. Quizás por ello, ahora que se están conociendo algunos verdaderamente graves, los ciudadanos 'los ven pasar' sin darles demasiada importancia. Pero eso no debería llevar a la dirección de los partidos políticos a comportase como si fuera un asunto intranscendente para los intereses del país y la democracia. Incluso, diría yo, para sus intereses electorales.

Los mismos que consideran la corrupción una cuestión menor desde el punto de vista político, también suelen, confundir responsabilidad política y responsabilidad civil o penal. Aunque es una obviedad que no debería tener que recordarse, en un régimen parlamentario no se requiere la vulneración de la legalidad para que se active la responsabilidad de carácter político. Ambas, aunque hagan referencia a los mismos hechos, son responsabilidades de signo muy distinto.

¡Perdón por la pedantería! Pero en este asunto, es bueno recordar que el sistema parlamentario nació en Inglaterra cuando, precisamente, la responsabilidad política se disoció de la responsabilidad penal. Mientras el Gobierno era del Rey y dependía de su confianza, el Parlamento no tenía otra forma de derrocarlo que acusarlo y hacerlo juzgar por un delito. Cuando el principio monárquico se sustituye por el principio democrático, el Parlamento ya no tiene necesidad de recurrir al impeachment (que se mantiene en los sistemas presidenciales) y basta entender que se ha producido un daño o que las cosas no van bien para que se retire la confianza al Gobierno o al responsable político. Es decir, que esa responsabilidad no supone culpa o negligencia, tan sólo que no se ha actuado bien en la toma de las decisiones.

Tampoco se debería olvidar que, además de la responsabilidad política ordinaria, que se depura a través de las distintas técnicas de control parlamentario y que afecta a los responsables gubernamentales, hay una responsabilidad política difusa que se manifiesta a través de la dimisión de los cargos políticos que no han actuado bien o han evidenciado ser incapaces de impedir que otros actúen mal, sean o no miembros de partidos con responsabilidad de gobierno.

La democracia parlamentaria moderna fuertemente vinculada a la existencia de los medios de comunicación y la opinión pública hace suya la ficción de que existe un 'parlamento invisible', que pese a que el Parlamento en sentido estricto permanezca inamovible, produce un movimiento en el ánimo de los ciudadanos que ha de ser medido en el momento de la renovación de las cámaras. Por ello, la responsabilidad política, además de los efectos formales que pueda producir, se proyecta en la estima y consideración que los ciudadanos tienen de sus políticos y en la opción de voto que tomarán el día de las elecciones.

La moraleja de todo lo dicho es bien clara: la responsabilidad política se puede afrontar en las instituciones y en el momento en el que los casos de corrupción se producen, generando confianza y tranquilidad en los ciudadanos; o se puede intentar evadir con artificios y trucos políticos que tan sólo conseguirán que los votantes se indignen con quién así se comporta y le retire su confianza o, lo que es peor, abandone la política y, el día de las elecciones, en vez de ir a votar, se vaya a tomar el sol en la playa o a comerse la tortilla en la sierra.

El despropósito en la política

Definitivamente, la política se ha vuelto loca en España en los últimos tiempos. O quizás, sería mejor decir que algunos políticos que ostentan altas responsabilidades han perdido el sentido de Estado y piensan tan sólo en clave de oportunidad electoral. ¡No lo se! Pero lo que está sucediendo a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional por el Estatuto de Autonomía Catalán y, ahora, la Ley del Aborto, es para echarse a llorar o manda a muchos a la porra.

Las Cortes Generales, que ostentan en España la función legislativa, han aprobado ambas leyes. El Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ha pronunciado su decisión sobre el Estatuto y ha iniciado el trámite para decidir sobre la Ley del Aborto. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen presunción de constitucionalidad y, por ello, una vez que han sido publicadas entran en vigor. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad es perfectamente legítima pero, salvo contados casos que ha de dirimir el propio Tribunal, no paraliza la vigencia de una ley. Las Leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento y ningún poder del Estado puede alegar legitimidad alguna para no cumplirlas.

Todo lo dicho en el párrafo anterior son reglas de juego de nuestro Estado democrático. No son cuestiones discutidas o discutibles, salvo que se quiera romper el pacto constitucional. Todo eso es lo que están poniendo en cuestión, nada más y nada menos, que varios Presidentes de Comunidades Autónomas en los últimos días: Montilla, cuestionando al Tribunal Constitucional por la Sentencia del Estatuto y organizando una manifestación para enfrentar legitimidades. Valcálcer, diciendo que no hay razones para acatar la Ley del Aborto porque, según él, “todavía no está en su punto final”, cosa que obviamente todo el mundo sabe que es falsa. Las leyes son de obligado cumplimiento para todos y, especialmente para los poderes públicos, desde su entrada en vigor. Esperanza Aguirre, ha buscado las revueltas de la objeción de conciencia de los médicos para impedir que se pueda prestar el servicio sanitario en los centros públicos. Núñez Feijoo, se ha negado a dar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo la información necesaria para poder cumplir los protocolos previos a la intervención médica.

¡No es posible tanta irresponsabilidad! Quizás la crisis profunda y el “griterío televisivo” hayan hecho inmunes e indiferente a los ciudadanos ante tanto despropósito. Pero, tiempo al tiempo, o reaccionamos pronto y hacemos que todo el mundo, especialmente quién ostentan altas responsabilidades públicas, recobre el sentido del deber y el cumplimiento de los principios democráticos o vamos a arruinar la gran obra de libertad y convivencia que los españoles hemos construido trabajosamente en los últimos treinta y cinco años. Y, mucho cuidado, la “piel de toro” ha sido demasiado tiempo un espacio de envidias y cainismo, ¡no lo olvidemos!