14.4.11
Bachillerato de excelencia
La Sra. Aguirre, haciendo gala de la valentía que la caracteriza, ha situado en el tablero del debate político preelectoral nada más y nada menos que el modelo educativo. ¡La felicito por el acierto que ha tenido! Además, le adelanto que estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el Bachillerato madrileño sea de excelencia. La educación española y la madrileña en particular, necesitan que hagamos cuantos esfuerzos sean necesarios para mejorar las capacidades formativas y humanas de generaciones que, sin duda, tendrán que sobrevivir gracias a que sus cabezas y sus almas sean capaces de entender el mundo de cambios constantes y fulgurantes en el que les va a tocar vivir y tomar decisiones.
Sin embargo, me temo que no estamos de acuerdo con los métodos a utilizar para llegar a ese objetivo. La Sra. Aguirre, como liberal confesa, ha tomado un camino que encantaría a algunos doctrinarios de esa ideología y a sectores que no tienen problema para confesar su creencia en una sociedad estratificada en la que, dependiendo del origen o las condiciones económicas de la persona, se pueda llegar a un nivel u otro en la escala social, económica y profesional.
A aquéllos que no estamos de acuerdo con sus postulados, la Sra. Aguirre nos llama “socialistas dogmáticos”. Le debo recordar que dogmática es aquella persona que asume una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento como ciertos, que los considera verdades absolutas y que, por lo tanto, no se molesta en buscarles explicación o darles una razón. Precisamente es lo que está haciendo la Sra. Aguirre con el tema educativo y la solución que ha puesto sobre la mesa para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos: dar por cierto, que con la selección de “los mejores” y la creación de centros especiales para ellos va a conseguir mejorar el rendimiento del sistema educativo y un mayor progreso para la formación de esas personas. Desde mi punto de vista no es así y quiero traer a estas páginas mis argumentos para que la Sra. Aguirre no me llame “dogmático”.
La educación es una actividad muy compleja para pretender solucionar sus problemas con reduccionismos electorales. La educación, sobre todo en los niveles infantil, primario y de estudios medios, debe cumplir al menos dos grandes objetivos:
- Por un lado, formar al estudiante en los recursos orales, gramaticales, de ciencia, sociedad y filosofía suficientes para poder integrarse en la sociedad productiva o seguir en estadios educativos superiores formándose para desarrollar una actividad profesional especializada.
- Por otro, la educación debe ser un instrumento básico para que el ser humano desarrolle las prácticas necesarias para vivir y entender la comunidad en la que se inserta. La educación en este sentido es un espacio para la integración social y cultural de la persona y el medio más adecuado para desarrollar las habilidades cívicas de convivencia: respeto a los otros, sentido de libertad, tratos en igualdad y no discriminación y capacidad para resolver los problemas de forma pacífica, entre otros.
Puesto que la educación debe cumplir esos dos objetivos, yo me decanto por un modelo de escuela comprensiva. Aquél en el que todos los niños y niñas estudian con los mismos objetivos, en las mismas aulas y con la misma titulación al final de las distintas etapas. Desde mi punto de vista, es el sistema que mejor garantiza la plena integración social del individuo y la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos. Un sistema que para nada está reñido con la excelencia y el máximo rendimiento, si los centros y los profesionales cuentan con grupos reducidos y con los recursos y los medios para una atención individualizada de los chicos y las chicas.
Frente a este sistema, existe el modelo educativo competitivo que consiste en una escuela que mantiene itinerarios educativos diferenciados en los estudios de los escolares, en algunos casos desde los doce años de edad, y al final de cada uno de estos itinerarios se alcanzan titulaciones terminales diferenciadas. Es un modelo que se parece mucho a lo que parece propugnar la Sra. Aguirre; sin embargo, la Presidenta se ha olvidado de que en Europa, en aquellos países en los que funciona este sistema, existe una política de becas muy eficaz y potente que permite proseguir con toda clase de garantías los estudios a todos los alumnos más allá de la extracción económica de la que provengan.
Hace unos años, una institución que creo no se le puede achacar que sea un nido de “socialistas dogmáticos”, la Fundación La Caixa, financió un amplio informe sobre los modelos educativos en Europa en el que concluía que, en conjunto, los sistemas educativos de la UE han conseguido un nivel muy alto de formación, de democratización, y de posibilidades de acceso a los estudios postobligatorios para alumnos de todos los grupos sociales. El informe seguía señalando que las interpretaciones sobre las diferencias internas entre los distintos países son complejas y diversas y, que, por lo tanto, no se pueden someter a reduccionismos. Pero, en general, se puede decir que hay una estrecha relación entre el nivel de rendimiento y el nivel de esfuerzo financiero que hace cada país: gasto por alumno o porcentaje del PIB dedicado a la educación. El informe descarta, y esto es importante para lo que estamos tratando, que el modelo de ordenación educativa sea determinante para conseguir mejores rendimientos. Por ello, finalmente concluye que, junto con la mejora en la financiación, se tienen que tener en cuenta los siguientes factores para mejorar nuestros sistemas educativos: el grado de cohesión que existe en la sociedad, los sistemas de formación, selección y actualización del profesorado y el buen funcionamiento de los centros escolares.
Dicho todo lo anterior y para terminar este artículo, la pregunta que yo haría a la Sra. Aguirre en este momento es: ¿Qué hace su proyecto político por la mejora de la financiación, por la consecución de la cohesión social en la sociedad madrileña, por la formación del profesorado o por la dignificación y buen funcionamiento de los centros escolares? Puesto que estamos en campaña y es momento de contrastar modelos: ¡Quedamos a la espera de su respuesta!
29.3.11
Respeto a las reglas en las elecciones municipales
En democracia las normas que establecen los procedimientos para el desarrollo de la actividad política han de ser consensuadas y una vez aprobadas todos deberíamos juramentarnos para no violarlas, no manipularlas y actuar en su interpretación con lealtad y total respeto. Que nadie lo olvide, si la confrontación política se lleva a las reglas de juego se pone en cuestión el sistema y perdemos todos.
Lo anterior viene a cuento por los nervios que se están empezando a detectar en algunos partidos políticos ante la entrada en vigor de las previsiones de la reforma de la Ley Electoral en materia de inauguraciones, primeras piedras, campañas de logros -prohibidas desde el 29 de marzo- y sobre publicidad en la “precampaña” -prohibida en el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña propiamente dicha, desde el 29 de marzo hasta el 6 de mayo-.
Que yo sepa, todos estábamos de acuerdo en que se tenía que acabar con las prácticas populista y de utilización de las Administraciones Públicas para que, mediante campañas de inauguraciones, corte de cintas, puesta de primeras piedras y actos de balance de gestión, desde las Administraciones y con dinero público se diera una evidente cobertura a la campaña electoral del partido gobernante.
De igual forma, todos estábamos de acuerdo en que era inaceptable que las campañas de publicidad que los partidos políticos desarrollan en la campaña electoral propiamente dicha -15 días antes de las elecciones- no deberían extenderse a todo el periodo electoral –desde el mismo día de la convocatoria de las elecciones- puesto que ello, además de generar ingentes gastos que son poco justificables en tiempos de crisis, someten al ciudadano a un bombardeo de eslóganes y clichés reduccionistas que impiden un conocimiento profundo y de detalle de las propuestas políticas.
Las previsiones de la Ley Electoral son claras: En cuanto a los actos de balance de gestión, inauguraciones y primeras piedras, la prohibición es total, puesto que no son más que una forma encubierta de publicidad para el partido gobernante. Eso no impide, obviamente, que las obras y los servicios se pongan en funcionamiento para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos. En cuanto a la publicidad, en lo que se ha llamado periodo “preelectoral”, se establece la prohibición de la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones.
Pese a que la voluntad del Legislador ha sido muy clara, basta con interpretar los preceptos de la Ley de acuerdo con la declaración que se hace en el Preámbulo, puedo entender que se presenten zonas de penumbra que deban ser aclaradas. Pues bien, no hay problema, para eso está la Junta Electoral Central que en ejercicio de sus competencias hace unos días emitió dos Instrucciones donde disipaba las dudas que sobre estas cuestiones se estaban planteando.
Sobre las “campañas de logros” y las “inauguraciones” la Junta Electoral ha señalado que de acuerdo con el artículo 50 puntos 2 y 3 quedan todas prohibidas salvo aquéllas que deban realizar los poderes públicos que hayan convocado el proceso electoral y estén previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre cuestiones electorales, así como aquellas campañas que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interés público o el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.
Sobre las campañas de publicidad en el período “preelectoral” la Junta Electoral ha dicho:
-“Que durante ese tiempo las formaciones políticas y las candidaturas no podrán contratar directamente ni a través de tercero, espacios, soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares, públicos (jardines, plazas, parques, etc...), ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos para la presentación de información ("mupis"), objetos publicitarios iluminados ("opis"), cabinas, medios de transporte o similares. Tampoco está permitida la inserción de anuncios en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios en Internet ("banners"), o en canales comerciales de televisión, o en otros soportes en medios digitales.
-Tampoco se considera permitido en el período indicado el reparto con fines de propaganda de material diverso como llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u otros objetos similares, que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política, ni la exhibición de fotos de los candidatos o de carteles con la denominación, siglas o símbolos de una formación política en el exterior de domicilios privados.
-En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con anterioridad a ésta, deberá ser inmediatamente retirada, siendo, en todo caso, responsable a efectos de la Administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiera la propaganda”.
Puesto que la voluntad del Legislador se ha expresado con claridad: evitar las prácticas antes citadas que rompían la “igualdad de armas” en los procesos electorales y aumentaban exponencialmente los gastos electorales, y la Junta Electoral Central ha interpretado aquellas cuestiones que presentaban cierta duda, ahora tan sólo queda que todos nos comportemos con lealtad y respeto a las reglas de juego. De no ser así, seguro que “enredaremos” la campaña electoral y el ciudadano harto de nuestras “pequeñas trifulcas” acabará “mandándonos a todos a la porra”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)