La ordenación territorial del Estado ha sido uno de los grandes problemas del constitucionalismo español en los últimos doscientos años. El siglo XIX y la mayor parte del XX han estado protagonizados por políticas que han negado la libertad, la democracia y los intentos de autonomía de parte de los territorios de España. Frente a los absolutismos, las dictaduras y las “libertades tuteladas” que generaron opresión y ahogo político tampoco faltaron reacciones desaforadas: cantonalismo, anarquismo o independentismo.
El Constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y sabía que tenía que establecer una solución al “problema territorial” que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías definido por dos grandes principios que se acompañan de dos complementarios: se reconoce la unidad España, patria común e indivisible de todos los españoles y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Luego la solución al “problema territorial” se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política. A estos dos grandes principios hay que añadirle los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además de la igualdad entre territorios es importante la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre todos los entes autonómicos y el Estado.
Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los ochenta, con la aprobación de los Estatutos de Autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante dos décadas y media, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, construimos una nueva organización territorial que comparada con lo que hemos sido en esta materia a lo largo de nuestra historia es para estar más que orgullosos.
Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado las dos fuerzas que desde los extremos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismos o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.
En la Legislatura pasada se completó parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los Estatutos de muchas Comunidades, proceso que ha de continuar con la reforma en aquellas otras que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es más que urgente). En la IX Legislatura habrá que esforzarse por la aprobación de un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas (por cierto, sería bueno que los municipios no dejasen pasar la oportunidad y reclamasen que en el marco de esas negociaciones sobre financiación también se viese la de los ente locales). A estas dos cuestiones, de no poca importancia, habría que añadirle otras dos no menos importantes para empezar a pensar que se puede cerrar el modelo territorial: un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para hacer frente a las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que atender y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles; y la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas y éstas entre sí: La Reforma del Senado, Las Conferencias de Presidentes, el fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y colaboración. Reformas que deben surgir de recordar que el artículo 2 de la Constitución además del derecho a la autonomía también habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.
Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En veintisiete años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los ciento ochenta anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo de imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural (por ejemplo, la gestión del agua en momentos de sequías donde unos territorios deben ser solidarios con otros).
Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos. En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad con todo lo relacionado con España y las Autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Luego esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es aquélla que sirve para construir la España plural sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos.
El Constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y sabía que tenía que establecer una solución al “problema territorial” que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías definido por dos grandes principios que se acompañan de dos complementarios: se reconoce la unidad España, patria común e indivisible de todos los españoles y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Luego la solución al “problema territorial” se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política. A estos dos grandes principios hay que añadirle los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además de la igualdad entre territorios es importante la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre todos los entes autonómicos y el Estado.
Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los ochenta, con la aprobación de los Estatutos de Autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante dos décadas y media, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, construimos una nueva organización territorial que comparada con lo que hemos sido en esta materia a lo largo de nuestra historia es para estar más que orgullosos.
Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado las dos fuerzas que desde los extremos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismos o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.
En la Legislatura pasada se completó parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los Estatutos de muchas Comunidades, proceso que ha de continuar con la reforma en aquellas otras que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es más que urgente). En la IX Legislatura habrá que esforzarse por la aprobación de un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas (por cierto, sería bueno que los municipios no dejasen pasar la oportunidad y reclamasen que en el marco de esas negociaciones sobre financiación también se viese la de los ente locales). A estas dos cuestiones, de no poca importancia, habría que añadirle otras dos no menos importantes para empezar a pensar que se puede cerrar el modelo territorial: un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para hacer frente a las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que atender y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles; y la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas y éstas entre sí: La Reforma del Senado, Las Conferencias de Presidentes, el fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y colaboración. Reformas que deben surgir de recordar que el artículo 2 de la Constitución además del derecho a la autonomía también habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.
Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En veintisiete años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los ciento ochenta anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo de imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural (por ejemplo, la gestión del agua en momentos de sequías donde unos territorios deben ser solidarios con otros).
Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos. En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad con todo lo relacionado con España y las Autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Luego esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es aquélla que sirve para construir la España plural sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos.
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