27.9.16


UN GOBIERNO EN FUNCIONES INSUMISO AL PARLAMENTO

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            La cascada de acontecimientos políticos en la que estamos inmersos se ha convertido en la mejor forma de ocultar los asuntos que de verdad entrañan especial gravedad para nuestra democracia y el buen funcionamiento de sus instituciones. Es lo que ha sucedido hoy martes -27 de septiembre de 2016- en el Pleno del Congreso de los Diputados: el Gobierno de España, y en su nombre el Ministro de Economía y Competitividad, ha dado plantón al Congreso de los Diputados en un acto de inmensa gravedad política que supone atentar contra el Estado de Derecho y nuestra forma de gobierno parlamentaria.

            El Ministro se ha escudado para no ir al Congreso en que forma parte de un gobierno en funciones y en esa situación no está sometido a control. Según su criterio, del Título V de la Constitución se desprende que el control del Gobierno es solo posible cuando éste tiene la confianza de la Cámara. Sin embargo, este es una interpretación que va contra toda lógica en un sistema político que se sustenta sobre el principio de permanente supervisión y limitación de poderes.

            En primer lugar, el artículo 101.2 de la CE dice que el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Es decir, el Gobierno cesante sigue siendo Gobierno aunque de acuerdo con las previsiones del art. 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tenga sus funciones limitadas. Luego si el Gobierno cesante es Gobierno, sigue, de acuerdo con el artículo 108 de la CE, respondiendo solidariamente de su gestión ante el Congreso de los Diputados.

            En segundo lugar, es verdad que los instrumentos de control con sanción            –moción de censura- no tienen sentido para un Gobierno cesante puesto que no existe la relación fiduciaria entre éste y el parlamento, pero no sucede lo mismo cuando de lo que se trata es de que dicho gobierno informe y de cuenta de aquellas funciones que la ley reconoce que puede realizar. Recordemos que el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno dice que El Gobierno en funciones…limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos...”. Es decir, que, al menos, existen funciones de gestión ordinaria de asuntos públicos que puede realizar el Gobierno y de los que sería contrario a toda lógica y los principios del sistema parlamentario que no diera cuenta al Congreso de los Diputados. Es justamente lo que ha sucedido en el caso por el que la Cámara Baja requería la comparecencia del Sr. De Guindos: que diera cuenta de la decisión que tomó su ministerio para proponer el nombramiento como Director Ejecutivos en el Banco Mundial al ex Ministro Soria.

            El resultado de lo que ha acontecido en el Congreso de los Diputados es especialmente grave porque, como decía al principio, va contra dos principios básicos de nuestro sistema: el Gobierno se ha situado fuera del Derecho cuando no quiere dar cuenta ni tan siquiera de las competencias que la Ley del Gobierno le atribuye cuando se encuentra en funciones y ha violado uno de los núcleos más esenciales de la forma de gobierno parlamentario, consistente en que toda acción de gobierno debe estar sometida a control y responsabilidad parlamentaria. Por eso, como dijeran los clásicos, toda acción del Gobierno que no esté sometida a control acaba siendo tiranía. Pues bien, todo esto que erosiona la democracia y desprestigia las instituciones pasará desapercibido por mor del griterío y las cuitas de política interna de unos y otros.

12.7.11

Un nuevo impulso democrático para España



La ilusión por conquistar la democracia en España activó durante la Transición y el proceso Constituyente a miles de hombres y mujeres progresistas. Ciudadanos que pusieron todo su esfuerzo y lo mejor de su capacidad intelectual para transformar un Estado autocrático en una democracia parlamentaria equiparable a las de nuestro entorno político y geográfico. De aquél esfuerzo progresista, junto con los sectores conservadores demócratas, salió una Constitución que durante 33 años ha sido un ejemplo de inteligencia jurídica para hacer que un país casi tercermundista se convirtiera en una Nación referente político, social y cultural en el mundo.



Pero transcurridos esos años, los tiempos han cambiado sustancialmente. La democracia, afortunadamente, se ha consolidado en España y la sociedad reclama cosas bien distintas a las de hace tres décadas. Por eso, creo que desde el punto de vista institucional hay tres grandes cuestiones que ocuparon la atención del Constituyente del 78 que convendría analizar y actualizar a la realidad política y social de la España del siglo XXI: el sistema electoral, los partidos políticos y el funcionamiento del régimen parlamentario.



El sistema electoral. Es conocido por todos, que tanto el Constituyente como previamente la Ley para la Reforma Política y el RD 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, tenían muy claro que el establecimiento de un régimen electoral capaz de conformar mayorías parlamentarias estables y que consolidase los partidos políticos era esencial para afianzar la democracia en España. Por ello, un sistema electoral como el que tenemos: con la provincia como circunscripción, con la asignación de dos representantes fijos por provincia y la fórmula D´Hont como sistema de transformación de los votos en escaños, responde a esa finalidad de estabilidad y afianzamiento democrático. De hecho, los objetivos se cumplieron con creces en las primeras elecciones democrática (15 de junio de 1977) cuando se eligió un Congreso de los Diputados con 165 diputados de la UCD, 118 del PSOE, 20 del PCE, 16 de AP, 6 PSP, 11 PDPC y 8 del PNV, además de otras fuerzas menos significativas. La relación de fuerzas se puede decir que fue “perfecta” para el proceso constituyente que se iniciaba: dos grandes partidos de centro, uno de centro derecha (UCD) y otro centro izquierda (PSOE), dos fuerzas a sus extremos: AP y PCE y dos fuerzas que representaban el nacionalismo catalán (PDPC) y vasco (PNV). El objetivo de ese modelo electoral, como decía, se cumplió a la perfección: se consiguió un parlamento plural y estable que hizo una gran Constitución y ha servido durante estos años para consolidar la democracia y el modelo de partidos en España.



Pero 33 años después tenemos una nueva necesidad: los ciudadanos reclaman una participación más directa en los procesos electorales y en las decisiones políticas generales. Están cansados de un sistema electoral “cuasi plebiscitario” y desean poder incidir más con su voluntad en la conformación de las Cámaras parlamentarias. Por ello, los socialistas que siempre hemos sido “punta de lanza” en el cambio político en España, debemos hacer nuevas y valientes propuestas en el sistema electoral que se ajusten al sentir y las necesidades de la población. Para ello, abrir las listas al Congreso de los Diputados, establecer un sistema de restos nacional para compensar a las fuerzas políticas que tienen muy disperso su voto o estudiar un modelo “proporcional personalizado”, como el alemán, que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir parte de los representantes de forma directa y otra parte mediante el sistema tradicional de lista, pueden ser propuestas que ajusten nuestra Ley electoral a los nuevos tiempos.



El funcionamiento de los partidos políticos. Que los partidos políticos tenían que ser fundamentales para la consolidación democrática en la España de la Transición era tan claro para el Constituyente que los llevó al Título Preliminar (art. 6) donde se dice que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”. Después de cuarenta años de dictadura y una feroz persecución de aquellos que defendían la libertad política, los partidos políticos debían convertirse en los garantes de que el pluralismo político existente en la sociedad española tenía presencia en la nueva democracia. Nuevamente estamos ante un gran éxito: durante todos estos años los partidos políticos, más allá de sus patologías, han contribuido esencialmente para fortalecer la democracia en España. Pero, nuevamente, 33 años después la realidad ha cambiado sustancialmente y, también, en la organización, financiación y funcionamiento de los partidos se deben producir importantes reformas.


En primer lugar, los partidos deben ser mucho más claros en sus cuentas: tanto de sus gastos como de sus ingresos. Todos sabemos que muchos fenómenos de corrupción política están ligados a las estructuras paralelas de financiación que algunos desarrollan. Para ello, no sólo se deben clarificar los sistemas de financiación sino que hay que dotar de mejores instrumentos de control, tanto en el Parlamento como en el Tribunal de Cuentas y los órganos jurisdiccionales.



En segundo lugar, los partidos políticos deben superar la imagen de estructuras oligárquicas. Para ello, deben ser más democráticos, más abiertos a la ciudadanía y con unos órganos colegiados que realmente tomen las decisiones políticas de la organización y no sean meros refrendatarios de la voluntad del líder o los órganos ejecutivos.



El funcionamiento del sistema parlamentario. La forma de gobierno parlamentaria se sustenta sobre una relación de colaboración y cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Un modelo que es consciente de que la dirección política del Estado le corresponde al Ejecutivo pero que no olvida que el Parlamento es el órgano que tiene la legitimidad democrática directa y, por ello, le corresponde hacer las leyes, controlar al Gobierno y designar autoridades para otros órganos del Estado.


La práctica política en España durante estos 33 años ha llevado a una preeminencia tan grande de los partidos políticos y del Ejecutivo que el Parlamento y sus funciones han quedado transfiguradas: los procedimientos legislativos no responden a los objetivos de diálogo, contradicción y publicidad propios del trabajo parlamentario sino que se “retuercen” para hacer efectivo los intereses de Gobierno, el control sigue careciendo de la “frescura” y espontaneidad que debería tener para ser efectivo y la función de designación de autoridades del Estado está bloqueada por incapacidad de acuerdo entre las grandes fuerza políticas de las Cámaras. En este último caso, la imposibilidad de designar a los Magistrados del Tribunal Constitucional y otras autoridades del Estado se ha convertido en un auténtico escándalo. Como es sabido, la Constitución asigna esa función al Congreso y el Senado, pero el excesivo protagonismo del Ejecutivo y de los partidos políticos hace que la falta de acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas impida a las Cámaras realizar dicha función. Si la Constitución da un mandato al Parlamento en este asunto debe tener instrumentos para cumplirlo; por eso, estoy convencido que las Cámaras deberían establecer un procedimiento para que las estrategias obstruccionistas no impongan su criterio de bloqueo. Para ello, como para tantas otras cosas, se necesita una profunda revisión de los reglamentos parlamentarios donde se recobre la centralidad parlamentaria para que la Legislación, el control y la designación de autoridades recaigan de verdad en los representantes del pueblo y deje de estar “secuestrada” por el Ejecutivo o los partidos políticos.



Las reformas que propongo no son fáciles. De hecho, de hacerse, deberían servir para corregir los excesos de presidencialismo y la partitocracia que durante estos años se ha instalado en nuestro país. Pero si después de 33 años, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento, queremos fortalecer la democracia en España deberíamos actuar en los tres frentes señalados: sistema electoral, partidos políticos y funcionamiento de la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Las tres piezas forman parte del puzzle que conforma nuestro sistema de gobierno y los cambios que se propongan y se hagan tendrían que conjugarse de forma equilibrada y sopesada para obtener un resultado tan magnífico como el que se consiguió en la Transición: entonces, poner las bases para el cambio de una autocracia a una democracia; ahora, un nuevo impulso democrático con más participación ciudadana, más limitación y supervisión del poder y más respeto a las instituciones y las funciones que le confiere la Constitución.



Los que creemos en ese nuevo impulso democrático para España, estamos deseosos de que la Conferencia política que va a celebrar el PSOE en septiembre sea la oportunidad para que nuevamente los socialistas seamos la avanzadilla de la libertad, el regeneracionismo y el progreso político de nuestro país. ¡Veremos!