12.7.11

Un nuevo impulso democrático para España



La ilusión por conquistar la democracia en España activó durante la Transición y el proceso Constituyente a miles de hombres y mujeres progresistas. Ciudadanos que pusieron todo su esfuerzo y lo mejor de su capacidad intelectual para transformar un Estado autocrático en una democracia parlamentaria equiparable a las de nuestro entorno político y geográfico. De aquél esfuerzo progresista, junto con los sectores conservadores demócratas, salió una Constitución que durante 33 años ha sido un ejemplo de inteligencia jurídica para hacer que un país casi tercermundista se convirtiera en una Nación referente político, social y cultural en el mundo.



Pero transcurridos esos años, los tiempos han cambiado sustancialmente. La democracia, afortunadamente, se ha consolidado en España y la sociedad reclama cosas bien distintas a las de hace tres décadas. Por eso, creo que desde el punto de vista institucional hay tres grandes cuestiones que ocuparon la atención del Constituyente del 78 que convendría analizar y actualizar a la realidad política y social de la España del siglo XXI: el sistema electoral, los partidos políticos y el funcionamiento del régimen parlamentario.



El sistema electoral. Es conocido por todos, que tanto el Constituyente como previamente la Ley para la Reforma Política y el RD 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, tenían muy claro que el establecimiento de un régimen electoral capaz de conformar mayorías parlamentarias estables y que consolidase los partidos políticos era esencial para afianzar la democracia en España. Por ello, un sistema electoral como el que tenemos: con la provincia como circunscripción, con la asignación de dos representantes fijos por provincia y la fórmula D´Hont como sistema de transformación de los votos en escaños, responde a esa finalidad de estabilidad y afianzamiento democrático. De hecho, los objetivos se cumplieron con creces en las primeras elecciones democrática (15 de junio de 1977) cuando se eligió un Congreso de los Diputados con 165 diputados de la UCD, 118 del PSOE, 20 del PCE, 16 de AP, 6 PSP, 11 PDPC y 8 del PNV, además de otras fuerzas menos significativas. La relación de fuerzas se puede decir que fue “perfecta” para el proceso constituyente que se iniciaba: dos grandes partidos de centro, uno de centro derecha (UCD) y otro centro izquierda (PSOE), dos fuerzas a sus extremos: AP y PCE y dos fuerzas que representaban el nacionalismo catalán (PDPC) y vasco (PNV). El objetivo de ese modelo electoral, como decía, se cumplió a la perfección: se consiguió un parlamento plural y estable que hizo una gran Constitución y ha servido durante estos años para consolidar la democracia y el modelo de partidos en España.



Pero 33 años después tenemos una nueva necesidad: los ciudadanos reclaman una participación más directa en los procesos electorales y en las decisiones políticas generales. Están cansados de un sistema electoral “cuasi plebiscitario” y desean poder incidir más con su voluntad en la conformación de las Cámaras parlamentarias. Por ello, los socialistas que siempre hemos sido “punta de lanza” en el cambio político en España, debemos hacer nuevas y valientes propuestas en el sistema electoral que se ajusten al sentir y las necesidades de la población. Para ello, abrir las listas al Congreso de los Diputados, establecer un sistema de restos nacional para compensar a las fuerzas políticas que tienen muy disperso su voto o estudiar un modelo “proporcional personalizado”, como el alemán, que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir parte de los representantes de forma directa y otra parte mediante el sistema tradicional de lista, pueden ser propuestas que ajusten nuestra Ley electoral a los nuevos tiempos.



El funcionamiento de los partidos políticos. Que los partidos políticos tenían que ser fundamentales para la consolidación democrática en la España de la Transición era tan claro para el Constituyente que los llevó al Título Preliminar (art. 6) donde se dice que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”. Después de cuarenta años de dictadura y una feroz persecución de aquellos que defendían la libertad política, los partidos políticos debían convertirse en los garantes de que el pluralismo político existente en la sociedad española tenía presencia en la nueva democracia. Nuevamente estamos ante un gran éxito: durante todos estos años los partidos políticos, más allá de sus patologías, han contribuido esencialmente para fortalecer la democracia en España. Pero, nuevamente, 33 años después la realidad ha cambiado sustancialmente y, también, en la organización, financiación y funcionamiento de los partidos se deben producir importantes reformas.


En primer lugar, los partidos deben ser mucho más claros en sus cuentas: tanto de sus gastos como de sus ingresos. Todos sabemos que muchos fenómenos de corrupción política están ligados a las estructuras paralelas de financiación que algunos desarrollan. Para ello, no sólo se deben clarificar los sistemas de financiación sino que hay que dotar de mejores instrumentos de control, tanto en el Parlamento como en el Tribunal de Cuentas y los órganos jurisdiccionales.



En segundo lugar, los partidos políticos deben superar la imagen de estructuras oligárquicas. Para ello, deben ser más democráticos, más abiertos a la ciudadanía y con unos órganos colegiados que realmente tomen las decisiones políticas de la organización y no sean meros refrendatarios de la voluntad del líder o los órganos ejecutivos.



El funcionamiento del sistema parlamentario. La forma de gobierno parlamentaria se sustenta sobre una relación de colaboración y cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Un modelo que es consciente de que la dirección política del Estado le corresponde al Ejecutivo pero que no olvida que el Parlamento es el órgano que tiene la legitimidad democrática directa y, por ello, le corresponde hacer las leyes, controlar al Gobierno y designar autoridades para otros órganos del Estado.


La práctica política en España durante estos 33 años ha llevado a una preeminencia tan grande de los partidos políticos y del Ejecutivo que el Parlamento y sus funciones han quedado transfiguradas: los procedimientos legislativos no responden a los objetivos de diálogo, contradicción y publicidad propios del trabajo parlamentario sino que se “retuercen” para hacer efectivo los intereses de Gobierno, el control sigue careciendo de la “frescura” y espontaneidad que debería tener para ser efectivo y la función de designación de autoridades del Estado está bloqueada por incapacidad de acuerdo entre las grandes fuerza políticas de las Cámaras. En este último caso, la imposibilidad de designar a los Magistrados del Tribunal Constitucional y otras autoridades del Estado se ha convertido en un auténtico escándalo. Como es sabido, la Constitución asigna esa función al Congreso y el Senado, pero el excesivo protagonismo del Ejecutivo y de los partidos políticos hace que la falta de acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas impida a las Cámaras realizar dicha función. Si la Constitución da un mandato al Parlamento en este asunto debe tener instrumentos para cumplirlo; por eso, estoy convencido que las Cámaras deberían establecer un procedimiento para que las estrategias obstruccionistas no impongan su criterio de bloqueo. Para ello, como para tantas otras cosas, se necesita una profunda revisión de los reglamentos parlamentarios donde se recobre la centralidad parlamentaria para que la Legislación, el control y la designación de autoridades recaigan de verdad en los representantes del pueblo y deje de estar “secuestrada” por el Ejecutivo o los partidos políticos.



Las reformas que propongo no son fáciles. De hecho, de hacerse, deberían servir para corregir los excesos de presidencialismo y la partitocracia que durante estos años se ha instalado en nuestro país. Pero si después de 33 años, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento, queremos fortalecer la democracia en España deberíamos actuar en los tres frentes señalados: sistema electoral, partidos políticos y funcionamiento de la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Las tres piezas forman parte del puzzle que conforma nuestro sistema de gobierno y los cambios que se propongan y se hagan tendrían que conjugarse de forma equilibrada y sopesada para obtener un resultado tan magnífico como el que se consiguió en la Transición: entonces, poner las bases para el cambio de una autocracia a una democracia; ahora, un nuevo impulso democrático con más participación ciudadana, más limitación y supervisión del poder y más respeto a las instituciones y las funciones que le confiere la Constitución.



Los que creemos en ese nuevo impulso democrático para España, estamos deseosos de que la Conferencia política que va a celebrar el PSOE en septiembre sea la oportunidad para que nuevamente los socialistas seamos la avanzadilla de la libertad, el regeneracionismo y el progreso político de nuestro país. ¡Veremos!

20.6.11

EL “SECUESTRO” DEL TC. UNA POSIBLE SOLUCIÓN



Esta semana nuevamente vamos a hablar del Tribunal Constitucional y de sus problemas de renovación en el Congreso de los Diputados. En varias ocasiones en los últimos tiempos, hemos debatido iniciativas de diversos grupos parlamentarios sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos de control de constitucionalidad y sobre qué hacer ante la falta de renovación de sus magistrados en el plazo establecido. Tengo que decir que son iniciativas que traen causa en un momento en el cual lo que llevaba a esos planteamientos era el “atasco” que se vivía por la espera de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los posicionamientos de pura “oportunidad política” que unos y otros hacían ante dicha ausencia de sentencia o ante la posible sentencia desfavorable a sus postulados. ¡Ahora eso ya ha pasado! Pero, lamentablemente, seguimos teniendo un problema con la renovación del Tribunal Constitucional al igual que con otros órganos del Estado (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Dirección de RTVE).



La Proposición de Ley que ha presentado el grupo parlamentario de Convergencia i Unió para solucionar el problema de falta de acuerdo en los órganos parlamentarios en la designación de los nuevos Magistrados es algo así como si ante la ausencia de medicina adecuada en un hospital para curar una enfermedad se optase por “pegar un tiro” a los pacientes que llegasen con esa dolencia. Dicha iniciativa propone que los Magistrados en funciones que cumplan seis meses en esa situación cesen en sus cargos transcurrido dicho plazo. Teniendo en cuenta que para que el Tribunal Constitucional pueda reunirse debe existir un quórum, no sería nada extraño, en situaciones de atasco político como el que se está produciendo en estos últimos años, que el Tribunal Constitucional tuviera que “cerrar por imposibilidad” para poder seguir realizando sus funciones. ¡Supongo que nadie querrá que se dé una situación de esa naturaleza! Precisamente, evitar eso es lo que hace el Derecho cuando establece una prorroga sin límite de tiempo de los magistrados que han cumplido su mandato: asegurar que la institución seguirá desarrollando su actividad pase lo que pase. ¡Desde luego eso es lo que a mí me parece más razonable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y continuidad de la institución!


Por eso, no es al TC donde hay que mirar para solucionar los problemas sobre su renovación, sino a las Cámaras parlamentarías y, en especial, a sus dos grupos mayoritarios que son los que se han de poner de acuerdo para producir la renovación: en estos momentos el PSOE y el PP.



Antes de entrar en la consideración que la posición de los dos grupos mayoritarios me merece al no ser capaces de renovar el TC u otras instituciones del Estado, he de aclarar una cuestión previa: que la elección de las personas que han de conformar estas instituciones se lleve a cabo por el Parlamento me parece la opción más adecuada. Es la que goza de la legitimidad democrática, residenciada en las Cortes Generales, frente a la que proponen otros y que no deja de ser una solución corporativa carente totalmente de aquélla. La independencia es asunto bien distinto: tenerla o perderla no depende de quién haya elegido al cargo sino de las condiciones objetivas que se establezcan para garantizar dicha independencia y de la “fortaleza” y personalidad del elegido para actuar con libertad objetiva y no dejarse determinar por aquéllos que le han propuesto. Es una cuestión que está muy relacionada con la “autóritas” del personaje propuesto: cuanta más autoridad y profesionalidad más independencia, cuanta menos relevancia profesional y prestigio, seguro que es más influenciable. En todo caso, supongo que nadie es tan ingenuo como para pensar que se puede establecer la “independencia subjetiva”, eso resulta simple y llanamente imposible y un contrasentido.



Pero vayamos a la cuestión central: la renovación del tercio de los Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde proponer al Congreso de los Diputados. En este asunto la Política se la va a “jugar”. Los ciudadanos están muy cansados de los políticos y la política, porque observan que con demasiada frecuencia no somos capaces de resolver los problemas y más bien nos dedicamos a intentar endosar la responsabilidad de la inacción al adversario. La Constitución establece, con buen criterio según ya he dicho, que han de ser las Cortes Generales la que hagan las propuestas de dichos Magistrados –al igual que sucede con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Administración de RTVE - Una vez que se inicia el plazo para el proceso de renovación, los grupos parlamentarios deben comenzar los contactos para llegar a un acuerdo. En dichas negociaciones todos son responsables. El grupo mayoritario tiene la responsabilidad de dirigir y activar todas las negociaciones, pero los grupos minoritarios, en especial el primer partido de la oposición, también tienen responsabilidad y de ningún modo deberían activar tácticas parlamentarias obstruccionistas para impedir llegar a un acuerdo. Es lo que ha sucedido con la propuesta de Enrique López, en el Senado y el Congreso, que le está sirviendo al PP, puesto que sabía que tenía un veto del PSOE, para justificar su voluntad oculta de no querer llegar a un acuerdo. ¡Eso no es admisible! Y se convierte en un “fraude constitucional” que lleva al bloqueo de una institución básica del Estado.


Pero puesto que las cosas están así ¿qué hacer? Cuando los acuerdos de buena voluntad no se cumplen es cuando debe aparecer el Derecho, la norma. Eso es lo que tendría que suceder aquí. Lo primero que deberían hacer los grupos parlamentarios es reconocer que ellos son los responsables de la situación que se está produciendo en el TC. A continuación, deberían establecer un acuerdo por el cual se “juramenten” poner a funcionar una Mesa de negociación que, mediante la propuestas de candidatos de los distintos grupos parlamentarios y con la única posibilidad de que cada grupo pueda vetar a uno de los propuestos por los otros -y ese veto lleve consigo que el grupo que propuso al vetado pueda proponer otro candidato en su puesto-, en un plazo de dos meses tenga que llegar a un acuerdo.


Desde luego este procedimiento sería conveniente que se estableciese con todos los detalles en el Reglamento de la Cámara, pero tan sólo para este caso, y teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, los grupos se deberían comprometer a que mediante una Moción se estableciese el procedimiento y la constitución de la Mesa de negociación que llevase a la renovación del tercio de los Magistrados del Congreso de los Diputados y el resto de los miembros de instituciones que están pendientes.


Es una solución que sitúa la responsabilidad del nombramiento de las personas de las instituciones del Estado donde corresponde: en las Cámaras. Es una solución que pondría a cada uno en su sitio y que, de boicotearse, permitiría a los ciudadanos, que podrían seguir al día las negociaciones, pasar la “cuota de responsabilidad política” a quién active mecanismos de obstruccionismo parlamentario.