POLITICA CHIKILICUATRE

El viernes al mediodía decidí desconectar “del trajín” diario de la política y dedicar el fin de semana a la familia y el cumpleaños, muy querido, de uno de mis sobrinos. Todo fue bien hasta el domingo a media mañana, cuando en un informativo oí al señor Rajoy en un acto con afiliados de Nuevas Generaciones decir que quiere un Partido Popular abierto a los nuevos tiempos y capaz de conectar con la mayoría de la gente de la España plural y diversa en la que vivimos.

El señor Rajoy hablando de “la España plural y diversa. ¡Dios mío! Una de dos: o Rajoy recitó el papel descuidado que algún asesor le redactó sin saber bien lo que decía o el cambio de discurso “del nuevo PP” pretende adelantar por la izquierda al Partido Socialista en materia territorial.

Los que tenemos memoria y hemos oído el discurso de Rajoy durante los cuatro años pasados en relación con España y la forma de organizar el Estado de las Autonomías no podemos más que sorprendernos por esas palabras. Hasta hace unos días España estaba resquebrajada, a punto de la fractura, a merced de los nacionalismos periféricos que no querían más que aprovecharse del Estado todo cuanto pudiesen antes de romper definitivamente el pacto constitucional y conseguir la independencia.

Para Rajoy los socialistas estábamos vendidos a los etarras y a los nacionalistas y con los pactos con unos y otros habíamos asestado la “puñalada más certera” que nunca se había dado a la unidad territorial de España. La imprudencia y la insensatez habían presidido todo cuanto en estos cuatro años había hecho el PSOE en materia territorial. Todo esto, según el Señor Rajoy hasta hace pocos días.

Ahora el Señor Rajoy empieza –supuestamente- a descubrir el cambio ideológico para el nuevo tiempo del Partido Popular y habla de un partido más abierto, capaz de conseguir el voto de trece o catorce millones de españoles y para ello entiende que es necesario modernizar su discurso, reconocer la pluralidad de España y respetar su diversidad. La verdad es que suena bien. Yo creo que hasta es muy recomendable para el PP y para los intereses de España que vayan por ese camino. Lo que ha dicho Rajoy es sin duda lo que decimos los socialistas desde siempre en materia territorial y, si analizan la Constitución, lo que mejor se ajusta a las pretensiones del Constituyente y, creo yo, a la realidad de nuestro Estado en estos momentos. Pero el problema no es el cambio. El problema es cómo se juega con los mensajes como si fueran intercambiables y sin más valor que el de llenar el discurso de media hora ante un auditorio que, por estar en este caso en territorio periférico y oídos jóvenes, requería de cierta apertura y progresía.

Creo que es muy preocupante la política “buñuelos de viento” con la que nos obsequian algunos “grandes líderes” del panorama nacional. Es más que un escándalo que cuando un partido (en este caso es el PP, pero podría ser cualquier otro) entra en un proceso congresual, y supuestamente se tiene que debatir sobre el proyecto político que va a ofrecer a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida y gestionar mejor la complejidad de la sociedad en la que vivimos, de lo único que se hable es de personalismos aderezados con una puesta en escena y dos ideas huecas, intrascendentes, quizás grandilocuentes, en muchos casos contradictorias con lo que se hace en el día a día. Pero no importa. Lo relevante es “dar la nota”, lo importante es llegar al final de los treinta minutos de discurso, caldear los corazones de los asistentes para que aplaudan entusiasmados y que, después, el corte de veinte segundos quede bien en televisión. No importa no tener canción, no tener melodía, no tener música, no tener coreografía. ¡No tener nada! Lo importante es “decir cualquier cosa” y con un poco de convicción y la publicidad necesaria la “sociedad aniñada” en la que vivimos comprará el producto y nosotros podemos seguir tirando hasta la próxima crisis. ¡Lamentable!

POLÍTICA TERRITORIAL INTELIGENTE

La ordenación territorial del Estado ha sido uno de los grandes problemas del constitucionalismo español en los últimos doscientos años. El siglo XIX y la mayor parte del XX han estado protagonizados por políticas que han negado la libertad, la democracia y los intentos de autonomía de parte de los territorios de España. Frente a los absolutismos, las dictaduras y las “libertades tuteladas” que generaron opresión y ahogo político tampoco faltaron reacciones desaforadas: cantonalismo, anarquismo o independentismo.

El Constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y sabía que tenía que establecer una solución al “problema territorial” que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías definido por dos grandes principios que se acompañan de dos complementarios: se reconoce la unidad España, patria común e indivisible de todos los españoles y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Luego la solución al “problema territorial” se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política. A estos dos grandes principios hay que añadirle los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además de la igualdad entre territorios es importante la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre todos los entes autonómicos y el Estado.

Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los ochenta, con la aprobación de los Estatutos de Autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante dos décadas y media, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, construimos una nueva organización territorial que comparada con lo que hemos sido en esta materia a lo largo de nuestra historia es para estar más que orgullosos.

Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado las dos fuerzas que desde los extremos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismos o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.



En la Legislatura pasada se completó parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los Estatutos de muchas Comunidades, proceso que ha de continuar con la reforma en aquellas otras que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es más que urgente). En la IX Legislatura habrá que esforzarse por la aprobación de un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas (por cierto, sería bueno que los municipios no dejasen pasar la oportunidad y reclamasen que en el marco de esas negociaciones sobre financiación también se viese la de los ente locales). A estas dos cuestiones, de no poca importancia, habría que añadirle otras dos no menos importantes para empezar a pensar que se puede cerrar el modelo territorial: un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para hacer frente a las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que atender y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles; y la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas y éstas entre sí: La Reforma del Senado, Las Conferencias de Presidentes, el fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y colaboración. Reformas que deben surgir de recordar que el artículo 2 de la Constitución además del derecho a la autonomía también habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.

Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En veintisiete años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los ciento ochenta anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo de imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural (por ejemplo, la gestión del agua en momentos de sequías donde unos territorios deben ser solidarios con otros).
Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos. En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad con todo lo relacionado con España y las Autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Luego esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es aquélla que sirve para construir la España plural sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos.

EL PP Y LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Casi dos años con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) interino tendría que ser motivo de preocupación para todos. Si además sabemos que la estrategia de bloqueo la puso en marcha el PP con la intención calculada de utilizar esta institución en su “plan de resistencia política” desde el mundo de los jueces y tribunales, pasa de un a preocupación a un escándalo y un despropósito que nunca más se debería repetir.

Desde luego ha sido una estrategia con consecuencias. El PP perdió las elecciones, entre otras cosas, por ese comportamiento desleal con el Estado y su buen funcionamiento. Pero lamentablemente, lo del CGPJ ha supuesto que un órgano que tiene como misión el gobierno y la administración de los jueces ha estado dos años paralizado y, lo que es peor, haciendo lo que nunca debería haber hecho: convertirse en la “tercera cámara parlamentaria”.

Las elecciones nos han traído una nueva legislatura, y con ella muchos pensábamos que este asunto, como el de la renovación del Tribunal Constitucional, tendría una pronta solución. Desgraciadamente, las señales que esta dando el PP son bien distintas. Sus “refriegas precongresuales” parecen que nuevamente van a hacer primar los intereses partidistas sobre el interés general.

Será un nuevo error del PP. Ahora más que nunca, el PP que pretende renovar sus equipos y estrategia debería ser capaz de demostrar que tiene sentido de Estado, que pese a su difícil situación política interna –que ojalá supere bien- es capaz de anteponer los intereses de España y un órgano constitucional como es el CGPJ a sus dificultades particulares.

Para aquellos que necesitan que les refresquen de lo que estamos hablando simplemente decirles lo siguiente:

Con el CGPJ estamos ante un órgano constitucional (art.122.2 CE) tan órgano como el Parlamento, el Gobierno, el Defensor del Pueblo u otros. Evidentemente con funciones distintas, pero órgano del Estado y, por tanto, pieza fundamental para el buen funcionamiento de la Justicia.

Después de tanto tiempo en interinidad es lógico que los vocales vivan pensando más en el momento en el que tendrán que “recoger su despacho” que en hacer frente a los problemas que la Administración de la Justicia les plantea. Y no son pocas, baste un pequeño ejemplo:

El CGPJ tiene funciones respecto de otros órganos constitucionales: propone dos candidatos para magistrados del TC; tiene audiencia en la designación del Fiscal General del Estado y tiene que informar muchos proyectos de ley que esté elaborando el Gobierno.


Tampoco podemos olvidar sus importantísimas funciones de administración y gobierno de los tribunales: competencias en la selección, formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados; nombramiento; ascensos y destinos; inspección y vigilancia de los Juzgados y Tribunales; potestad disciplinaria; dirección de la Escuela de Práctica Jurídica y, para no extenderme más, la organización de la formación continuada.

Como decía, las cuestiones que en el CGPJ están a la espera de una acción decidida son muchas e importantes. Y para ello se necesita que quién las ponga en marcha sepa que no está en precario. Por eso, el PP debería no buscar excusas de mal pagador y comprometerse en la solución.

No es de recibo volver con la matraca de la forma de elección. Como todo el mundo sabe el artículo 122.3 de la Constitución establece que para la elección de los 20 Vocales del CGPJ, 12 se tendrán que seleccionar de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías profesionales en los términos que establezca la Ley Orgánica. Los otro 8 se elegirán entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, 4 por el Congreso y 4 por el Senado.
La elección de los vocales de la carrera judicial podrá proponerse de forma interna, por jueces y magistrados, o por el Congreso de los Diputados y el Senado. Desde mi punto de vista la solución de mayor legitimación del órgano es la del Congreso Senado (que es quien representa a la soberanía popular). Los contrarios a esta solución dicen que si son los jueces y magistrados quienes eligen a sus miembros se preserva mejor la independencia judicial. Olvidan que la independencia objetiva se garantiza constitucionalmente mediante el estatuto jurídico de jueces y tribunales. No dicen que de esa forma se caería en una legitimidad corporativa que, además es parcial, puesto que no todos los jueces forman parte de las Asociaciones de jueces.
Pero además, sobre este asunto los socialistas ya hemos dado pasos para buscar acuerdos con el PP, no deberían olvidar que la última reforma del CGPJ establece que los Jueces y Magistrados propondrán 36 miembros para que el Congreso y el Senado elijan de entre ellos. Es decir, hemos buscado una solución intermedia, que garantiza la legitimidad democrática y asegura que los jueces hacen una propuesta. Sin embargo, el PP no se ha movido ni un milímetro para desatascar el problema.
¡Ya está bien! Estamos ante un asunto que concierne fundamentalmente a los dos grandes partidos y los dos tienen responsabilidad. Y esa responsabilidad se deduce conociendo los comportamientos de cada cual. Unos, sigue “sentado en la mesa” para solucionar el problema; otros, cuando se presenta en la mesa lo hacen para cortar sus patas, hacer leña y quemar la institución. ¡Mal camino!

CLERICALISMO Y FALSOS LIBERALES

Esperanza Aguirre aprovecha cualquier oportunidad para declarar su condición de liberal. Sin embargo, algunas decisiones que toma dejan bien a las claras que, o no sabe lo que ha sido el liberalismo político en la historia de las ideas, o tan sólo es una “muletilla” para poder atemperar su “desparpajo” e “imprudencia” ante un electorado conservador que busca de sus políticos un comportamiento más moderado.

Ahora nos hemos enterado de que su Consejero de Sanidad ha firmado un Protocolo para que la Iglesia católica participe en los Comités de Ética de los Hospitales. Dichos Comités están reconocidos en el Decreto 61/2003 que desarrolla las previsiones de la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Su finalidad es asesorar ante los posibles conflictos éticos que se puedan producirse en la práctica clínica asistencial, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y proteger los derechos de los pacientes. Evidentemente, ni emiten informes vinculantes ni sus decisiones suplen las de los profesionales, pero es fácil intuir que cuando un médico reclama la opinión del Comité para una situación difícil, hay muchas posibilidades de que siga sus indicaciones.

Pero la cuestión no es si el informe de los Comités es vinculante o informativo. La cuestión es que dichos Comités éticos son órganos de una administración pública que presta un servicio público y que, por tanto, deben estar constituidos por profesionales y expertos que proyecten su opinión técnica en ciencia, derecho o filosofía y no por personas que tienen como misión extender una moral privada. La cuestión es que en un Estado democrático constitucional y laico como es España, la Comunidad de Madrid han introducido a la Iglesia católica en un órgano público que tiene como misión emitir informes éticos y, evidentemente, los miembros de la Iglesia van a actuar conforme a su conciencia y creencias que no tienen por qué ser las de un Estado aconfesional.

A doña Esperanza Aguirre habría que recordarle que el padre del liberalismo John Locke (1689) en la última Carta sobre la Tolerancia decía que el Estado es una sociedad de hombres, constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil. Por eso, para Locke, la competencia del Estado no está extenderse de ningún modo a la salvación de las almas, porque Dios nunca ha dado autoridad a ningún hombre sobre otro para obligarle a profesar o compartir los criterios morales de su religión.
Habría que recordarle a la Sra. Presidenta que son los liberales de toda Europa los que, en su lucha por la tolerancia religiosa, la separación entre Iglesia y Estado y la aconfesionalidad de este último, marcan los hitos del Estado moderno y las libertades de las personas.

Habría que recordarle a Dña Esperanza que, en un Estado democrático, existe una moral pública recogida en la Constitución que reconoce la dignidad de la persona (10.1 CE), los valores de libertad, igualdad y pluralismo, y un amplio catálogo de derechos y libertades que, además de derechos subjetivos de las personas, son criterios axiológicos del sistema y, por tanto, determinan la actuación de los poderes públicos.

No debería olvidar que los poderes públicos han de velar porque esos valores comunes y constitucionales se cumplan y guíen la actuación ética, en este caso las decisiones y el actuar de los profesionales en los hospitales de la red pública sanitaria. La ética privada de la Iglesia está reconocida y protegida, pero en cuanto que forma parte de la libertad de conciencia se debe impartir a las personas que libremente lo soliciten. La Administración debe garantizar los valores públicos, los valores constitucionales y procurar que los individuos en ejercicio de su libertad pueden adscribirse a la iglesia que más les pazca.

Pero claro, lo que pasa es que los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid no quieren que así sea, o simplemente desconocen lo anterior. Si no, enlazando otro asunto que tiene mucho que ver con lo que estamos debatiendo, ¿qué sentido tiene que el Gobierno de Madrid se oponga a la Educación para la Ciudadanía que lo que pretende es educar en los valores constitucionales al mismo tiempo que se abre la puerta a la moral de la Iglesia dentro de los órganos públicos? Una cosa lleva a la otra: se ponen piedras en el camino de una asignatura que pretende educar en moral pública, en ciudadanía y derechos fundamentales, y se promociona la moral privada de los católicos.
Doña Esperanza Aguirre, cuando dice que es liberal, lo que quiere decir es que es liberal en lo económico, y que le gustan poco los derechos sociales y el compromiso de los poderes públicos con los servicios que luchan contra la desigualdad y mejoran la vida de los más necesitados. Pero desconoce o se olvida de la esencia del liberalismo: la defensa de la libertad de conciencia del individuo. Nuevamente, como en nuestros siglos XVIII y XIX, la derecha política española sigue en lo que toca a la moral y las libertades individuales “embozada”, con “capa y espada”, promoviendo motines de Esquilache y muy pegadita a los criterios de la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana.

EL DEBATE DEL AGUA. A VUELTAS CON LA ESTRATEGIA DE LOS AGRAVIOS

El desvarío de los agravios comparativos entre territorios y personas fue una de las piezas fundamentales en la política de oposición del PP en la legislatura pasada y en la campaña electoral que acabamos de finalizar. Agravios al centro de la península en favor de la periferia, y agravios a los españoles más necesitados de ayudas sociales por que los inmigrantes las acaparan con la connivencia del Gobierno.

Hemos iniciado la nueva legislatura y ante la primera medida del Gobierno, poner en marcha las obras necesarias para que antes de finales de año se pueda trasvasar agua del Ebro a Barcelona para hacer frente a necesidades de agua de boca para la ciudad y su zona metropolitana, el PP ha puesto el grito en el cielo. Y lo hace como siempre, sin complejos, removiendo los más bajos instintos de los ciudadanos y preocupándose un pimiento por darle a su posición un cierto rigor en los argumentos.

Con la boca pequeña dicen que les parece bien el trasvase del Ebro a Barcelona. Pero lo que realmente les interesa es destacar que donde se debería hacer el trasvase es a Valencia, Alicante y Murcia. Incluso doña Esperanza Aguirre, que se suma a todo lo que sea demagogia, reclama trasvase también para Madrid. Claro se olvidan que ¡efectivamente! Murcia, Valencia y Alicante cuando tienen necesidad agua para beber e incluso para riegos de socorro de la agricultura también la reciben. En los últimos cuatro años 1.069 Hm3. Frente a esos números ahora se está hablando de trasvasar a Barcelona 40 o 50 Hm3 y aunque la diferencia es más que notable esto les parece inadmisible. ¡Qué cosas! y ¡Qué miseria política!

La estrategia del PP no es nueva, la conocemos bien, por lo tanto nada de extrañarnos. La cuestión es qué debe hacer el partido socialista si el PP sigue por estos derroteros.

Puede hacer como en otros momentos, tomar las decisiones políticas que más convengan al interés general y no entrar en el debate y la demagogia del PP. En este asunto, poner las medidas necesarias para garantizar que en noviembre los barceloneses no tienen restricciones de agua para beber. Por cierto, que es lo que se hizo en la Legislatura pasada con el debate sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía y la política de integración de los inmigrantes. Desde luego yo no lo recomiendo.

Pero también puede armarse con la fuerza de la razón. Con la fuerza que dan los argumentos que dicen que se está haciendo lo que más conviene a las necesidades de los ciudadanos y la obligación que el Estado tiene de afrontar los problemas allí donde se presentan con prontitud y diligencia para atajarlos antes de que afecten de forma irreparable a los ciudadanos.

Para ello, el PSOE debe salir a la calle. Hablar a los ciudadanos y contarles con claridad lo que se está haciendo. Decirles que lo que tanto escandaliza al PP se hace frecuentemente en todos los territorios (que se lo cuenten a los castellano manchegos con el trasvase Taja-Segura), que aquellos que más hablan ahora, Valencia, Murcia, Alicante y también Madrid, reciben frecuentemente agua de Castilla-La Mancha para cubrir necesidades similares a las que ahora tiene Barcelona. No del Ebro, pero sí de otros ríos, ¡o es que la locura y la demencia de algunos políticos del PP les lleva a pensar que sino reciben el agua del Ebro ya no es lo mismo!

Hay que debatir, también sin complejos, pero con la razón de los datos y contarles a los ciudadanos que durante los cuatro años pasados se han invertido 7.700 millones de euros para aumentar la disponibilidad de agua en todos los territorios y que fruto de esa inversión ahora la España seca dispone de 763 Hm3 más de agua que en 2004.

Que se han puesto en funcionamiento 9 desalinizadoras, están en construcción otras 9 y 7 más en adjudicación; y que con el agua de las desalinizadoras en funcionamiento, junto con la modernización de regadíos y las campañas de racionalización que se ha llevado a cabo, hemos aumentado los recursos de agua para Valencia y Murcia en 130 Hm3 y 186 Hm3 respectivamente.

Precisamente por eso, por las medidas que se han puesto durante todos estos años, los valencianos y los murcianos no han sufrido restricciones en agua de boca, pueden regar en las situaciones más difíciles sus frutales y las fuentes y el riego de calles se hace con normalidad. ¡Por cierto, cosa que se ha prohibido en Barcelona!
Luego, ya está bien de demagogia, ya está bien de llenarse la boca con la unidad de España y con los actos propiciar todo aquello que pueda desgarrarnos y romper la convivencia pacífica. Ante esa aptitud lo malo no está sólo en el despropósito del PP, sino que quienes no responden con las ideas y la sensatez tampoco contribuye a la convivencia y, sin quererlo, dejan incendiar la sociedad.

A VUELTAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO

Estamos al inicio de una nueva legislatura y casi como práctica de buenas costumbres seguro que muchos nos acordaremos en los próximos días del funcionamiento del Parlamento y de la necesidad de remozar sus normas internas: el Reglamento del Congreso de los Diputados y el Reglamento del Senado.

Los discursos de toma de posesión de los Presidentes de ambas cámaras ya hace muchos años que recogen, también como práctica de buenas costumbres, la mención a su compromiso decidido de que, mediante la reforma de esas normas, se modernice el Parlamento y se consiga una mayor efectividad en el trabajo que se desarrolla en la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de la Marina.

Que desde 1982 no se haya podido hacer una reforma en profundidad, pese a que todos los que trabajan en las Cámaras, tanto como profesionales cuanto como representantes políticos, reconozcan que es muy necesaria, demuestra que la cuestión no es tan sólo un problema de mayor o menor voluntad política. Es, como espero poder demostrar, una cuestión que viene determinada por la forma de gobierno y por la pérdida de respeto al valor de las instituciones que se ha producido en los últimos años.

Nuestra democracia parlamentaria tiene un fuerte componente presidencialista. Creo que esto nadie lo niega a estas alturas. Elegimos a nuestros representantes al Congreso y al Senado y, la Cámara Baja, en una muestra de buen parlamentarismo elige, mediante el debate de investidura, al Presidente del Gobierno. La investidura conlleva la confianza al Presidente y, por ello, la Constitución reserva al Parlamento la posibilidad de retirársela mediante la moción de censura.

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría parlamentaria, organizada según la estructura de poder del partido mayoritario, se erige en una estructura de poder piramidal que hace que la forma en que se desarrolla el sistema sea en realidad una mera formalidad.

Lo verdaderamente relevante no es la fortaleza del Parlamento frente al Ejecutivo, sino si el partido más votado cuenta con los resortes necesarios para desplegar su estrategia política y acercarse a los partidos minoritarios que necesita para la estabilidad de su Gobierno.

A partir de aquí, todo el sistema queda trastocado. Las instituciones y los órganos que las componen pasan a formar parte de los recursos que unos y otros van a tener para desarrollar su estrategia política. ¡Y eso es lo malo! Que órganos que han de estar para garantizar la objetividad y el funcionamiento de los procedimientos entran desde el primer momento en el juego político.

La Presidencia y las Mesas de las Cámaras son órganos que se han de elegir y que deben desarrollar sus funciones en esa clave de imparcialidad y de respeto a la institución y el buen cumplimiento de los procedimientos mediante los cuales se desarrolla el debate político que antes señalaba.



Hace mucho tiempo que todos los partidos han visto que ocupar algún puesto en estos órganos es una oportunidad para reforzar su posición política (aquí quiero expresar mi alegría por la decisión del Grupo Socialista en esta Legislatura de ceder dos puestos de la Mesa a los grupos minoritarios, y mi decepción ante la contumaz decisión “acapáralo todo” del PP y no prestarse a estos acuerdos). Con ello, hace también mucho tiempo que se ha perdido el valor del consenso a la hora de elegir a las personas que van a ocupar esos puestos. ¡Éste es el gran problema!

Los Presidentes de las Cámaras difícilmente son hombres o mujeres de la institución, sino que, por el contrario, son personas de partido; y si por su idiosincrasia alguno no lo es, peor aún, puesto que pese a su voluntad de independencia se le ve y se le trata desde los otros grupos como tal.

Las Mesas que deben acompañar al Presidente/a en esa honrosa labor de dirigir, organizar y desarrollar el trabajo parlamentario se han convertido en órganos con representantes de los grupos parlamentarios (casi comisarios) que están muy atentos para garantizar que la ordenación del trabajo o la aprobación del orden del día se hace con beneficios para su estrategia parlamentaria.

Es decir, la lucha parlamentaria se ha llevado a órganos que no tienen esa función encomendada. La lucha política legítima se ha de desarrollar en el debate en las Comisiones y en los Plenos, pero no en las Mesas o las decisiones de los Presidentes/as. Es como querer ganar una carrera lesionando al rival antes de la salida.

A partir de aquí queda todo ya transfigurado. No importa mejorar los procedimientos legislativos o de control político, no importa mejorar las comisiones internas o las de investigación ¡Da igual!, cómo funcionen los procedimientos que tenemos regulados. Si somos capaces de determinar el trabajo en la Junta de Portavoces y en las Mesas, todo controlado, el resto no importa.

Pero eso ¿tiene que ser así? ¿Es la mejor manera para que el Parlamento refuerce su presencia en la sociedad? Sinceramente no. Ahora que vamos a volver a hablar de reformas reglamentarias pensemos en estos asuntos y otros de la misma guisa que quizás nos podrían llevar a hacer lo que en tantos años, con Gobiernos de uno y otro signo, no hemos podido hacer.

UN BUEN RESULTADO ELECTORAL PARA ESPAÑA

Como siempre los resultados electorales dan para hacer valoraciones de parte con los que todos presentarnos felices y contentos, al menos de cara a la galería, como ganadores.
Pero la realidad es que no todos han ganado y unos han perdido mucho más que otros. Ha ganado el bipartidismo, puesto que de 350 diputados las dos grandes fuerzas políticas han obtenido 322. Además, ha quedado claro que ambas fuerzas tienen su electorado en zonas bien distintas: el PSOE se ha fortalecido en los territorios de la periferia de España (especialmente en País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), y el PP se consolida en el centro peninsular (Madrid, Castilla y León, mejora en Castilla La-Mancha, y, aunque no es el centro, Valencia y Murcia). Ha perdido el nacionalismo radical y rupturista de la España constitucional. El retroceso de Esquerra es más que evidente, ha pasado de 8 a 3 diputados, del PNV ha pasado de 7 a 6 diputados y, lo que es más significativo ha perdido contundentemente en votos las elecciones en el País Vasco. También han quedado sin representación Eusko Alkartasuna (EA), y el nacionalismo andaluz, que ha desaparecido su representación en las elecciones de Andalucía. Tampoco le ha ido muy bien a IU que se ha visto afectada por la concentración del voto en el PSOE, pero que no debe olvidar que ha estado enviando mensajes confusos con las cuestiones territoriales (v.gr. como en el caso de Mondragón donde hasta hace unas horas gobernaban en coalición con ANV).

Luego los resultados no son buenos para todos, creo que tampoco son buenos para las estrategias maximalistas del PP y el PSOE, aunque tengo para mí que los resultados son muchísimo mejor para el PSOE. Lo son porque es el que más escaños y votos ha sacado y por lo tanto es quién va a gobernar, pero para lo que ahora me interesa, son mejores resultados porque sus votos están más repartidos a lo largo y ancho de toda España y hacen, nuevamente, al PSOE el partido que mejor cohesiona la Nación Española. No debemos de olvidar que, como decía antes, el PP gana en el centro de la península, pero ello no impide que el PSOE obtenga también el 40 % de los votos (v.gr. Madrid); sin embargo, el PP en Cataluña y el País Vasco es una fuerza política casi irrelevante.

Luego con esta situación tengo la impresión que se abren buenos tiempos para España. No la “España eterna” que ha predicado el PP durante los cuatro años pasados, ni la España confederal de los nacionalismos separatistas. Creo que serán buenos tiempos para la España plural que reconoce la autonomía y el autogobierno de nacionalidades o regiones desde la unidad de todos sus territorios. Una España que es capaz de reconocer las peculiaridades culturales, lingüísticas y sociales, que no tiene pretensiones de “uniformismos”, pero que al mismo tiempo sabe reconocer que vivir en un todo nos ha de llevar a no olvidar y tener muy presente la igualdad y la solidaridad, ya no sólo entre personas, sino también entre territorios.

Estoy convencido que se presentan buenos tiempos para la España de la Constitución de 1978, la España que está perfilada en el artículo 2 de la Carta Magna y que durante mucho tiempo los extremos han intentado deformar mediante tirones y desgarros. Para ello, los dos grandes partidos se deben poner de acuerdo cuanto antes en cuestiones importantes: restablecer, sin reproches, la unidad antiterrorista; elaborar un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas; una reforma en profundidad del régimen local, con especial atención a su sistema de financiación, para que la escasez de medios de los ayuntamientos deje de ser una excusa para dilapidar el suelo de sus municipios y planear desarrollos urbanísticos que hipotecan ya no sólo a los ciudadanos, sino también el futuro de esos pueblos. Tampoco estaría de más llegar a acuerdos sobre el funcionamiento y la renovación de cargos en órganos institucionales (v.gr. CGPJ, TC y otros) y, a poder ser, las reformas constitucionales que unos y otros planteamos y que por falta de tranquilidad y sosiego están pendientes (v.gr. Senado, Sucesión de la Corona, cuestiones electorales, etc.).
La IX Legislatura puede ser un tiempo para el diálogo y el acuerdo institucional, desde luego estoy convencido que ese es el mensaje que los ciudadanos han enviado a los partidos políticos, en especial a los dos grandes partidos, espero que los “pequeños intereses” de familias y de “terruños” no lo estropeen.

DOS DEBATES Y DOS ESTILOS DE HACER POLÍTICA

Ya hemos consumido más de la mitad de la campaña electoral y se han celebrado los debates electorales largamente esperados. ¡Felicidades por su recuperación después de quince años! Creo que la democracia ha ganado mucho aunque es cierto que existen otras fuerzas políticas, también existen otros debates, pero el debate entre el PSOE y el PP era la confrontación entre el candidato del quién gobierna y el candidato de la primera fuerza política de la oposición.
Han sido dos debates que han estado a la altura de lo que esperábamos. El primero de balance de legislatura, donde los candidatos dejaron entrever lo que habían hecho en los cuatro años.
Zapatero relató su política de empleo, con la creación de tres millones de puestos de trabajo; la mejora de las cuentas públicas, con un PIB que dobla el del resto de los países de la UE y un superavit del 2.3 % del PIB; la conquista de nuevos derechos; la extensión del Estado social; la reorientación de la política internacional o el empeño en una política comprometida con la educación, el conocimiento, el desarrollo y la innovación, en especial, en los sectores de nuevas energías y en la lucha contra el cambio climático.
Rajoy se esforzó por presentar los problemas de las familias para llegar a final de mes. Habló de los precios de los productos de primera necesidad, de las hipotecas y de la despensa llena que, según él, dejaron cuando se fueron del Gobierno. Hasta aquí bien, se esté o no de acuerdo, pero después se deslizó a terrenos más “pantanosos”; sobre la inmigración desbocada, las regularizaciones de efecto llamada y el peligro de los inmigrantes para los derechos de los españoles. Tampoco faltó el terrorismo y la acusación de que Zapatero traiciona a las víctimas, para rematar con que España se resquebraja con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El segundo debate era el de las propuestas de futuro, el de los proyectos para los próximos años. Zapatero inició su exposición con propuestas claras: dos millones de nuevos empleos; más estabilidad y seguridad laboral; más crecimiento de nuestra economía, que tendrá que diversificarse más; más mejoras en las pensiones y en el salario mínimo interprofesional; más obra pública para amortiguar el frenazo de la construcción de viviendas. Hasta aquí todo bien. Pero llegó el turno de Rajoy, y nuevamente apareció el precio de la leche, los huevos, el azúcar y las patatas. Rajoy descargaba con énfasis desesperado: “señor Zapatero la inflación se ha doblado y usted no hace nada para evitarlo”, “las hipotecas suben y suben y usted tan sólo nos cuenta que todo va bien”. En ese momento muchos entendimos que Rajoy había optado por “embarrar el campo” y olvidarse de las propuestas de futuro.
Tocó hablar de derechos y libertades y Zapatero siguió desgranando nuevos proyectos para desplegar algunas de las leyes estrella de la legislatura que acaba: Ley de dependencia, Ley de igualdad, apoyo a las familias o a la política educativa. Entra en escena Rajoy y no tarda dos segundos en despreciar los importantes temas que el Presidente había puesto sobre la mesa y se mete en la inmigración, ya no para descalificar políticas, sino para decir directamente que los inmigrantes roban los servicios sociales a los españoles. Claro se olvidó que los inmigrantes también trabajan, cotizan al Estado y por tanto también tienen derechos y se olvida que si lo que sucede es que tenemos más población con necesidades lo que hay que hacer es ampliar esas prestaciones. Rajoy a estas alturas ya había fijado sus pretensiones para el debate: cero propuestas de futuro y cuanto más se hablase del pasado mejor. Tan interesado estaba en el pasado que se metió en, iba a decir en el charco, pero ¡no! en el pantano de la guerra de Irak y el 11 de marzo y allí hizo las dos afirmaciones que le costaron el debate: primera, que Zapatero había apoyado la guerra de Irak (¡eso sí era una primicia mundial!); segunda, que los socialistas habíamos ganado las elecciones del 14 de marzo por la Guerra y el 11 de marzo; claro que se olvidó que el 14 de marzo los que decidieron fueron los españoles con su voto. Este discurso es el discurso del PP de toda la legislatura, el discurso de la deslegitimación de los resultados electorales de unas elecciones pasadas, y llega el momento de hacer propuestas para que los ciudadanos le voten el 9 de marzo de 2008 y Rajoy nuevamente presenta su obsesión: ganar las elecciones de 2004 ¡Suficiente para una derrota total!

Rajoy desaprovechó la oportunidad que tenía para presentarse como un estadista, como un hombre con el Estado en la cabeza, con un proyecto para ganar España y hacer progresar el país; sin embargo, renunció a ello para presentar sus obsesiones y reclamar la victoria del 2004. Rajoy se presentó como un líder encasquillado en una estrategia de pasado y tan empeñado en no corregir ni los errores que sus últimos segundos fueron para su “niña feliz” que “tan buenos réditos le había dado en el debate anterior”.
Zapatero aprovechó la oportunidad para lanzar propuestas de futuro, proyectos para los próximos años y corrigió cuestiones del debate anterior no tolerando que se le acusase y se le difamase sin la correspondiente réplica. Dio el primer golpe de efecto cuando presentó un libro blanco sobre los datos que iba a manejar para que todo el mundo lo tuviese y pudiera contrastar su veracidad y remató con una declaración que, a buen seguro, todos los españoles querían oír: que el PSOE apoyará sin condiciones al gobierno que salga de las urnas en política antiterrorista.
Los debates han sido un éxito de audiencia, han clarificado dónde está cada uno, es cierto que muchos españoles lo intuían, pero han podido verlo directamente. El PP nos acusa constantemente de que los socialistas siempre hablamos de pasado, pero cuando llega el momento de confrontar ante la televisión los modelos resulta que es Zapatero el que presenta el proyecto de futuro y Rajoy el que está obsesionado con seguir con argumentos viejos para deslegitimar unos resultados electorales que ya han caducado. ¡Dos estilos políticos! Usted decide.

LA IMPOSTURA DE RAJOY EN EL DEBATE

Después de quince años hemos tenido el primer debate entre los líderes de las dos fuerzas políticas que, una u otra, formarán gobierno a partir del 9 de marzo. Ha sido una nueva oportunidad para que los ciudadanos comprueben la enorme distancia política que existe entre el PP y PSOE. Por tanto, ha quedado claro que no es lo mismo votar a uno que a otro. Se podrá estar con un partido o con el otro, con los argumentos de unos u otros, pero desde luego la visión de España y como resolver sus problemas son bien distintos. Luego, no ir a votar con el argumento de que “son la misma cosa con distinto nombre” ha quedado en evidencia una vez más.

Voy a prescindir del análisis formal, de imagen y de quién puso más vehemencia en la defensa de sus argumentos, puesto que no por ser más guapo o enfatizar más las posiciones propias se lleva más razón, incluso se puede caer en el esperpento del fanático iluminado que utiliza la palabra tan sólo para impartir dogmas de fe.

Creo que Rajoy perdió el debate de los argumentos y la coherencia. Toda argumentación necesita de continuidad, de un hilo de unidad que desde el principio al final enganche las propuestas y transmita a los ciudadanos que se es coherente, que cada una de las ideas forma parte de un todo, de un estilo y un modelo de hacer política. Precisamente lo que le faltó a Rajoy.
En cada uno de los bloques se encargó de poner las tintas en aquello que entendía podía servir para la crispación, incluso sin despreciar la mentira (v.gr. cuando dijo que en el Gobierno de Zapatero la vivienda ha subido el 40%, cuando todo el mundo sabe que la vivienda estos cuatro años está moderando sus precios, y de una subida media al año del 18% al inicio de 2004 hemos pasado a una subida anual entorno al IPC). En economía se centró exclusivamente en los efectos de la subida de la inflación en los últimos meses, olvidando que ésta viene determinada por factores externos (precio petróleo, cereales, etc) y que esa situación es coyuntural, no ha sido así toda la legislatura, y con seguridad se moderará en los próximos meses.
En el bloque de derechos sociales y libertades, no fue capaz de hacer ni una propuesta, durante más del noventa por ciento del tiempo se centro en inmigración e intentar “colar” el mensaje de que los inmigrantes quitan a los españoles prestaciones en la sanidad, educación y servicios sociales. Un mensaje xenófobo, populista y muy peligroso para la convivencia en nuestro país.
En el bloque de política institucional no habló de otra cosas que no fuera ETA, la “traición a España” por la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el asunto de ETA, sin embargo, todo el mundo puede comprobar que las detenciones de etarras son permanentes y la capacidad de hacer daño, aunque la tienen, se reduce por momentos. Pese a eso el PP prefiere intentar acorralar al Gobierno con la política antiterrorista y no darle apoyo alguno. En el asunto del Estatuto Catalán, cuando se les dice que lo que no votaron y recurren al TC para Cataluña lo han votado para Andalucía o Valencia la respuesta es el silencio.

Después de un debate por parte de Rajoy bronco, displicente en algunos momentos y lleno de demagogia y no pocas mentiras, cuando le ofrecen los últimos tres minutos para hacer sus propuestas finales nos lee el “cuento de la niña”. Se quita la careta de boxeador y con tono relajado y pausado para la ocasión nos dice que quiere un país donde las niñas nazcan con un padre y una madre, que tengan una escuela donde poder estudiar ingles, un instituto, una universidad, que consigan un trabajo y una vivienda, le falto decir un marido para toda la vida, y que así con sus vecinos, sus amigos y toda su familia viva el resto de sus días feliz alegre y contenta.
Después de hacer un discurso de la catástrofe, sobre una España en manos de terroristas y quienes desde el Gobierno les acompañan y traicionan a las víctimas, según él, después de contarnos que los inmigrantes nos quitan el “pan de la boca”, que la situación económica del país nos lleva a una crisis que lo del 29 va a ser pecata minuta, que los catalanes y los vascos se van a independizar en cuatro días, después de todo eso nos describe un mundo idílico, con una niña feliz de “buena familia” que construirá otra “buena familia” que vivirá alegre en un país del empleo y la seguridad. Así entienden la política en el PP. Cuando gobierna el PSOE todo es poco para ganar las elecciones, las exageraciones, la demagogia y la mentira. Cuando gobierna ellos, todo se transforma en alegría, paz y concordia. Un mundo donde las cosas están en su sitio y donde la oposición tiene que actuar con “sentido de Estado”; es decir, a su servicio.

DEBATES ELECTORALES EN TELEVISIÓN

La importancia de los debates televisados en los procesos electorales creo que está fuera de toda duda a estas alturas. Quizás, para algunos, esos debates también tendrían que llegar a “segundos espadas” y, con ello, pasar de planteamientos generales de la acción política a cuestiones sectoriales. Para otros muchos, en esos debates también deberían participar los cabezas de listas de los partidos minoritarios con representación parlamentaria.
En todo caso, lo que está claro es que los debates televisados entre Zapatero y Rajoy son fundamentales, puesto que son los líderes de los dos partidos que representan a una amplísima mayoría de los españoles y con toda seguridad uno de ellos será el nuevo presidente del Gobierno.
En la campaña para las elecciones del nueve de marzo de dos mil ocho vamos a tener debates y creo que todo el mundo está de acuerdo que eso va a ser bueno para la mejor información de los ciudadanos y para el funcionamiento de nuestra democracia; y vamos a tener esos debates pese a la “curiosa” estrategia del PP que dice: “en democracia solo es bueno lo que a nuestros intereses les convenga”.
Hay que recordar que en España tan sólo hemos tenido debates durante gobiernos socialistas, con Felipe Gonzáles y ahora con José Luis Rodríguez Zapatero. En la presidencia de Aznar e incluso siendo candidato del PP Mariano Rajoy a los socialistas nos hubiera gustado que se celebrasen debates pero entonces los “estrategas”del PP estimaban que no eran beneficiosos para sus intereses. En la fase preparatoria de los debates que ahora se van a celebrar hemos asistido a otra “estratégica toma de posición del PP”. Nuevamente han jugado a que los debates se celebrasen si ellos estimaban que les beneficiaban y, por supuesto, intentando que Zapatero fuera a los debates con “una mano atada a la espalda”. Se ha denigrado a la televisión pública y descalificado a sus profesionales, incluso no se veía bien una institución de todas las televisiones como es la Academia de Televisión. Para el PP la independencia tan sólo la garantizaban dos televisiones privadas, pero no dos cualquiera, las dos que ellos decían. Creo, y esto no lo he podido contrastar pido perdón si no es cierto, que para el PP la mayor garantía de independencia eran los debates en esas televisiones que ellos proponían y como moderador Miguel Angel Rodríguez, que como ex Portavoz del Gobierno acumula buenas prácticas de “respeto a las instituciones y al pluralismo”.
Como decía, con el asunto de los debates electorales en televisión hemos asistido a otro buen ejemplo de cómo entiende la democracia y sus procedimientos el PP: es bueno todo lo que me favorezca a mí o todo lo que perjudique al adversario. ¡Lamentable! Que falta de sentido de Estado y de compromiso con el buen funcionamiento del sistema.
Pese a ese comportamiento, que por cierto, ha sido habitual durante toda la legislatura, los socialistas nos hemos comprometido con el funcionamiento democrático de nuestras instituciones. Hemos hecho del Parlamento el centro de la vida política durante estos cuatro años. El Presidente del Gobierno ha respondido semana tras semana a las preguntas de la oposición, pero no sólo en el Congreso de los Diputado, que por cierto rara vez lo hacía Aznar, sino también en el Senado, donde Aznar ni pisaba. Se han limitado las preguntas del grupo socialista para que la oposición tuviera un cupo mayor. Se han hecho muchos más debates monográficos. Se ha interpretado con generosidad las previsiones del reglamento para el límite de los tiempos en los debates. Se ha puesto en funcionamiento la Conferencia de Presidentes en el Senado.
No me voy a extender más pero tampoco quiero olvidar que se ha aprobado un nuevo Estatuto para la radio televisión española con una dirección consensuada y pautas claras para garantizar su independencia y profesionalidad.
En definitiva, se ha hecho todo lo que se ha podido y más para mejorar el debate parlamentario y el trabajo de la oposición. Si no se ha reformado el Reglamento del Congreso ha sido por el boicot del PP a que el Presidente Marín se apuntara ese tanto. Por cierto, Marín ha sido un gran presidente del Congreso de los Diputados que ha tenido que aguantar esa estrategia de manipulación que ha extendido el PP en la legislatura. Pues bien, en esa línea de fortalecer la democracia los socialistas hemos apostado por los debates electorales en televisión entre Zapatero y Rajoy, pese a que los estrategas de campaña digan que eso sólo beneficia al candidato aspirante, lo hacemos porque creemos que va a ser la oportunidad de que los dos líderes se miren a la cara cuando hagan sus propuestas y de esa forma los ciudadanos puedan elegir mejor a quién votar. Lo hacemos porque con ello servimos a la democracia y a los intereses de los ciudadanos y lo hacemos orgullosos y tranquilos por el trabajo bien hecho durante estos cuatro años. Sabemos que el PP va a los debates no por servicio a la democracia sino por interés electoral, porque les han dicho que necesitan esos debates para intentar ganar a Zapatero, sino ¿Por qué han tensado la cuerda sobre donde y cómo se tenían que celebrar? Sencillo, han esperado hasta el último momento para en función de cómo evolucionase la campaña tomar la decisión que más les beneficiase.

ILEGALIZACIONES EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

La importancia de los partidos políticos en una democracia representativa está fuera de dudas pese a las críticas apresuradas o poco reflexivas y a los errores que éstos comentan en el día a día.
Su importancia en nuestra Constitución se refleja en que tienen una regulación específica distinta al derecho de asociación (art. 22) en el artículo 6 que, además, para darles más fuerza, está en el Título Preliminar que se ocupa de recoger los elementos estructurales del Estado.
Lo dicho anteriormente les hace importantes, pero se suele olvidar, y por ello es bueno recordarlo, que ese mismo artículo dice que su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Y no quedan ahí los requisitos que se establecen a los partidos, también se dice que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Las resoluciones que están tomando el Tribunal Supremo y el Juez Garzón para la ilegalización y suspensión de todas las actividades de los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) nos ponen, nuevamente, ante el debate sobre la constitucionalidad de la ilegalización partidos políticos en nuestra democracia, teniendo en cuenta la importancia que tienen para conformar el pluralismo político de nuestra sociedad y proyectarlo en las instituciones del Estado.
Como es conocido por los que están atentos a estos temas, dicha posibilidad trae causa en la Ley 6/2002 de reforma de la Ley de Partido Políticos que condiciona la actividad de los partidos políticos a que respeten los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Para dicha Ley, si un partido político vulnera de forma reiterada y grave los principios democráticos, persiguiendo deteriorar o destruir el régimen de libertades o eliminar el sistema democrático puede ser declarado ilegal. La constitucionalidad de esta Ley ha sido declarada por el Tribunal Constitucional en la STC 48/2003 de 12 de marzo. El Alto Tribunal, señala entre sus argumento más importantes para fijar su posición, que lo que la Ley de Partidos pretende no es ilegalizar fines o ideas sino conductas o comportamientos de apoyo al terrorismo.
La cuestión que se plantea con la aplicación de la Ley de Partidos del 2002 no es si se pueden perseguir hechos delictivos que se comentan en los partidos políticos o su entorno o sus miembros, eso ya está regulado en el Código Penal; tampoco si se puede perseguir la “cooperación”, “colaboración” o “asociación ilícita” que también está ya en el Código Penal, la cuestión es que cuando se producen actuaciones de ese tipo, además de perseguir a quienes las comentan, se pueda disolver un partido político porque atenta contra los principios democráticos.
Algunos han visto en esto la incorporación a nuestro sistema lo que la doctrina constitucional ha llamado “la democracia militante”, entendido por tal aquel sistema que no acepta opciones políticas que pretendan cambiar el régimen político. Y han señalado que esto no es posible en nuestro sistema puesto que la Constitución establece entre sus Valores Superiores el Pluralismo político y como consecuencia de ello el Título X dedicado a la Reforma Constitucional no establece ningún límite a su cambio. Es decir, que nuestra Constitución no impide que se pueda cambiar cualquier cosa, incluido el modelo político.
La cuestión entonces es bien simple, y tiene que ver con la actuación de los partidos que ahora están en proceso de ilegalización, puesto que el Título X no establece límites para el cambio constitucional podríamos incluso pasar de una democracia a una autocracia, basta con que se respeten los procedimiento de reforma. Los que entiende que en democracia todas las ideas deben ser equivalentes y que el pluralismo hace que se deban respetar también a aquellos que pretenden acabar con el sistema.
Sin embargo, otros pensamos que esa equivalencia de posiciones es una enorme falacia. Realmente es comprensible que la democracia se destruya así misma y, además lo haga por mayoría. No debemos olvidar que la equivalencia entre las opciones de los demócratas y los antidemócratas en falsa. En democracia todos pueden defender sus ideas, pero si ganaran los autócratas ¿nos dejarían a los demócratas defender nuestras ideas en libertad? ¡Claro que no! Todo ello, sin olvidar que en el caso que nos ocupa los enemigos de la democracia están defendiendo sus posiciones con las armas y el chantaje.
Lo que sucede es que en democracia no basta con cumplir los procedimientos también están los valores democráticos, que son el acervo de derechos y libertades que las sociedades modernas han construido durante muchos años y que sirven para que la persona tenga garantizada su dignidad humana y la posibilidad de vivir en libertad, igualdad y con justicia.Para aquellos que sigan teniendo duda de estos argumentos se pueden ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “Caso Rafab Partis” y podrán leer lo que sigue: un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio de legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones: los medios utilizados a este efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos; y el cambio propuesto debe ser él mismo compatible con los principios democráticos”. ¡Evidente! Las Constituciones democráticas se sustentan sobre procedimientos y sobre valores. No lo olvidemos, sólo los Valores Constitucionales y su despliegue mediante los Derechos Fundamentales son la verdadera garantía de que los ciudadanos podrán vivir en democracia su libertad y los poderes públicos han de trabajar para la igualdad, la justicia y la solidaridad.

LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL EXTERIOR

Las elecciones y los procedimientos electorales no son un fin en si mismos, sino un medio para la provisión de los puestos políticos en las democracias representativas. Son un instrumento, pero un instrumento indisolublemente unido a la democracia y la forma que tiene de desarrollarse en la comunidad política. Por ello, todo sistema político representativo debe buscar el sistema electoral que mejor se adapta a sus necesidades, de tal suerte, que no hay buen sistema político con un mal sistema electoral, o a la inversa.

Esa indisoluble unidad entre forma de presentarse la democracia y el sistema electoral se ha producido con especial fuerza en nuestro país, donde el sistema electoral, y en especial el del Congreso de los Diputados, ha sido pieza fundamental para asegurar dos cuestiones que preocupaban sobre manera en nuestra Transición: la consolidación de la democracia representativa, fortaleciendo a los partidos políticos, y la garantía de que las elecciones ofrecieran mayorías suficientes para constituir gobiernos estables.

Si estudiamos con detenimiento los resultados electorales en estos treinta años podemos concluir rápidamente que los objetivos fijados para nuestro sistema electoral se han cumplido sobradamente: tenemos un sistema electoral –en el Congreso de los Diputados- proporcional con algunas correcciones que refleja la pluralidad social de nuestro país y que, al mismo tiempo, ha servido para el fortalecimiento institucional de los partidos políticos. Por otro lado, los resultados electorales no fraccionan en exceso la representación y con ello se consigue con relativa facilidad conformar gobiernos estables, de tal manera que en estos años las mociones de censuras que hayan prosperado son inexistentes y las convocatorias de elecciones anticipadas (¡de verdad!) nulas.

Luego tenemos un sistema electoral que ha funcionado adecuadamente para los objetivos marcados a mediados de los años setenta; ahora bien, después de tres décadas es obvio que han surgido problemas nuevos y, quizás, han aflorado otros que entonces no eran relevantes (v.gr. la “sangría” de votos que se producen en las candidaturas de carácter estatal por culpa de la fragmentación del territorio electoral en circunscripciones; la sobre representación de las candidaturas de carácter nacionalista que concentran sus votos en pocas circunscripciones, o el voto de los españoles en el extranjero y de los extranjeros residentes en España). Como decía, nuevas cuestiones para nuestro sistema electoral que ha de afrontar para su mejora pero que no lo pone en cuestión.

La propuesta de crear una “circunscripción del exterior” que presentamos los socialistas en el programa para las elecciones de 2008 plantea una de esa cuestiones no resueltas, o mal resueltas en nuestra legislación electoral. Cómo se hace efectivo el derecho de voto de los españoles que viven en el extranjero y que de acuerdo con el artículo 68.5 de la CE son electores y elegibles en todas las elecciones de manera que la ley debe reconocer ese derecho y el Estado facilitar el ejercicio de sufragio de esas personas.



Hasta ahora el sistema electoral para los españoles residentes en el extranjero se ha organizado mediante la confección del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y un procedimiento de votación establecido en el artículo 75 de la LOREG muy similar al voto por correo. Cómo es fácil de deducir, la confección del CERA y, sobre todo, su actualización para que se corresponda con las personas que realmente tienen en cada proceso electoral derecho al voto ha sido una cuestión compleja que ha requerido de no pocas modificaciones y mejoras (quizás una de las más importante fue que se estableciese la obligatoriedad de que el CERA debía actualizarse mes a mes). Pero sin duda, la cuestión que más problemas ha generado y que despierta un clamor más fuerte es el sistema de emisión del voto. La reivindicación es que se pueda emitir el voto, como el resto de los españoles, en urna. En este sentido la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en el exterior, establece en el artículo 4 que se promoverán las medidas legales tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales para la ciudadanía española en el exterior y se habilitarán los medios materiales, técnicos y humanos precisos que posibiliten la votación en urna, o a través de otro medio técnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante en las elecciones generales, europeas y autonómicas en las demarcaciones consulares, teniendo en cuenta la característica de los países de residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país de que se trate.
La circunscripción del exterior es la mejor solución para poder cumplir el mandato de la Ley 40/2006 de la ciudadanía española en el exterior, además de simplificar y dar seguridad y fiabilidad al procedimiento electoral en el extranjero. El voto en urna en la situación actual es obviamente complicado, no debemos de olvidar que los electores en el extranjero están censados en cualquiera de las cincuenta y dos circunscripciones del Estado y abrir urnas en todos los Consulados y Embajadas para ello sería arto difícil. Pero sobre todo, sería la mejor manera de simplificar el sistema electoral y la mejor manera para garantizar que todo el procedimiento está en manos de la administración electoral española. Ahora el voto por correo desde del exterior pone parte del proceso en los sistemas de correos de cada uno de los países y con ello se pierde la capacidad de supervisión y control de nuestra administración.Es cierto que la Constitución española dice en el artículo 68.2 que la circunscripción electoral es la provincia, pero como ya he señalado antes, también es cierto que el artículo 68.5 reconoce a los españoles en el extranjero que tienen derecho al sufragio activo o pasivo. Luego creo que este asunto debemos tratarlo como se han tratado los temas electorales hasta la fecha en nuestro país. Con tranquilidad, con espíritu de consenso y con vocación de llegar a los acuerdos que nos acerquen a solucionar los problemas que nuestro sistema electoral nos plantea. Creo que nadie duda de que este asunto requiere de una solución mejor que la que hasta ahora se le ha dado, donde no han faltado irregularidades y fraudes, y puesto que hay otro asuntos electorales que tratar, lo lógico es que nos planteemos en ese marco la vía de la circunscripción del exterior como una forma para su solución. Los socialistas, como siempre abriendo caminos para la democracia y la participación de los ciudadanos, otros poniendo “pegas” y que queriendo que todo siga cuanto más oscuro mejor. ¿Llevarán algo envuelto?

EL CASO GALLARDÓN

Se dice que nuestra democracia es de partidos porque son éstos los sujetos fundamentales en la conformación de los órganos representativos del Estado (Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas autonómicas y Plenos municipales). Aunque a muchos les pueda parecer lo anterior una “aberración” es una obviedad que todo el que conozca minimamente el sistema no discute. Es más, es así porque lo quiso la Constitución cuando nada más y nada menos que en el Título Preliminar, que es el que establece el modelo de Estado y sus elementos esenciales, reconoce que los partidos políticos son piezas esenciales para llevar hasta las instituciones el pluralismo de la sociedad (art. 6 CE).

El espectáculo que ha dado el PP con el proceso de exclusión de Gallardón de su lista electoral por Madrid al Congreso da para una pequeña reflexión sobre el comportamiento de los partidos en la confección de listas y el derecho de sufragio activo y pasivo que todo ciudadano tiene reconocido en el artículo 23 de la CE.

Tenemos un sistema electoral organizado para que en la práctica sean los partidos políticos los que ejerzan la función representativa, donde los individuos tienen escasísimas posibilidades de conseguir ejercer el derecho de sufragio pasivo sino están integrados en las candidaturas de los partidos. Lo que ha sucedido en el PP nos muestra que la posibilidad de que una persona sea candidato tan sólo depende del criterio del “Jefe del partido” que decide quién aparece en las listas. Hasta tal punto es decisión de uno la elaboración de las listas en el PP que Rajoy para justificar su decisión un día después dice que él tan sólo responde ante los ciudadanos (argumento parecido al de cierto personaje de triste recuerdo para los demócratas españoles que decía que sólo respondía ante Dios y la Historia).

Nuestro sistema electoral me parece bueno, creo que cumple adecuadamente su función, espero justificarlo en un próximo artículo, pero sin embargo, los prolegómenos del proceso electoral, la confección de las listas electorales deja mucho que desear en algunos partidos. ¡Claro estamos en el ámbito de los partidos! Se que aún no ha entrado en acción el derecho electoral y el procedimiento administrativo para impedir la arbitrariedad, ¡pero ojo! No se ha de olvidar que el artículo 6 de la CE también dice que la organización y funcionamiento de los partidos políticos deben ser democráticos. Luego, ¿para cuando la democracia en quienes tienen como misión hacerla efectiva? En algunos, como el PP, bastaría que pudiera aplicarse el principio me mérito y capacidad para que la cosa fuera un “pelín” menos arbitraria y más respetuosa con la Constitución.

LA PARIDAD LLEGA A LAS ELECCIONES GENERALES

Las políticas de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres ha sido una constante en las decisiones del gobierno socialista en la VIII Legislatura. Desde el punto de vista electoral lo más significativo es la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece medidas para garantizar una presencia equilibrada de ambos sexos en las listas electorales.
El nuevo artículo 45 bis de la LOREG, que ha introducido la Ley 3/2007 de igualdad, establece que las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Además, y para evitar que se releguen a las mujeres a los últimos puestos, dicho porcentaje se ha de mantener en cada tramo de cinco puestos. Para el Senado, también se establece esta medida, pero como el sistema electoral es abierto y desbloqueado se dice que cuando las candidaturas se agrupen en listas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.
La discriminación que sufre la mujer es un mal “endémico” de casi todas las sociedades y culturas, inaceptable en un régimen político que tiene como centro de su existencia la dignidad, la libertad e igualdad de todas las personas. La democracia no es nada sin el reconocimiento de una ciudadanía participativa de todos y todas los que forman la comunidad política. Pero durante mucho tiempo, aunque formalmente la universalidad política estaba reconocida, en la práctica la vida pública y las funciones representativas quedaban vedadas a las mujeres y se convertían en un “coto” de los hombres.
En estos últimos años las/os socialistas hemos desplegado una gran campaña para desvelar que la mitad de la población -las mujeres- estaban fuera de la política y que para superar esta injusticia debíamos poner en marcha acciones positivas que garantizasen que ellas también están en los parlamentos y el resto de instituciones públicas. Hemos avanzado mucho en concienciación social, pero quedaba por llevar las medidas al BOE para una transformación más profunda.
El nuevo artículo 44 bis de la LOREG es la garantía legal de que la igualdad y la lucha contra la no discriminación que establecen los artículos 14 y 9.2 de la CE se cumplen en los órganos de representación política (Cortes Generales, Parlamentos Autónomos y Plenos municipales), no es tan sólo la culminación de un compromiso político de los socialista, ¡que lo es!, es el cumplimiento de un mandato constitucional que no acepta ninguna discriminación, y menos en la vida pública representativa que ha de ser el mejor “escaparate” de lo que es nuestra sociedad. Ahora que estamos en proceso de confección de listas para el Congreso de los Diputados y el Senado lo que toca es estar muy atentos a que todos los partidos cumplen la ley. De no hacerlo, evidentemente habrá que exigirles que lo hagan, pero sobre todo deben ser los ciudadanos los que conozcan el comportamiento de cada uno de ellos y los que deben reprobarlos negándoles su voto por ese mal actuar con las mujeres, con el Estado de Derecho y la Constitución.

POLÍTICA PARA UN MUNDO CIVILIZADO

Conseguir que el hombre viva en paz y los pueblos no se hagan la guerra es un desideratum que desde siempre ha orientado a los filósofos y han buscado los políticos de buena voluntad. La paz de los hombres y los pueblos, como señaló Kant, no puede ser la “paz de los cementerios”, ha de ser la paz que sobre el principio de buena fe se consigue mediante el pacto y el acuerdo. Tanto Kant como Hobbes son conscientes de que la lucha de unos contra otros hunde sus raíces en la naturaleza humana. El miedo y la incertidumbre hacen al hombre desconfiado y generan un estado de guerra natural. Sólo la confianza y voluntad de renunciar a la violencia hacen que en la sociedad reine la paz. Por eso, el hombre debe salir del “estado de naturaleza” y construir la sociedad civil mediante el “contrato originario” resultado del imperativo categórico que le da la razón.
La misma exigencia racional que obliga a los individuos a ceder su fuerza y asociarse en una comunidad política que concentra todo el poder, entiende Kant, es necesaria para conformar una “Constitución cosmopolita” que establezca un derecho internacional capaz de imponerse a todos y ofrecer seguridad y justicia.
Estos principios tan claros y evidentes, aunque tan difíciles de conseguir, han guiado durante el último siglo todos los esfuerzos que se han hecho para establecer un orden internacional. Fueron los que llevaron al Presidente Wilson a patrocinar la fundación de la Sociedad de Naciones en 1918. También fueron los que guiaron a las Naciones que firmaron la Declaración de San Francisco (patrocinada por Rooselvelt y Churchill) en 1945, adoptando la Carta que dio lugar a las Naciones Unidas.
Durante todos estos años, estas organizaciones y el sistema jurídico internacional que conllevan, aunque “imperfecto”, han sido la mejor manera de unir Estados y establecer políticas que nos aproximasen a la conformación de una sociedad civil y un orden mundial que nos garanticen la paz. Es cierto que muchos conflictos no se han podido evitar, pero también lo es que otros muchos se han resuelto mediante la disuasión, el acuerdo e, incluso, la utilización de la fuerza legítima que ampara el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.
Naciones Unidas en estos años no ha sido la “República Mundial” que posee el monopolio legítimo de la violencia, pero, como señala Habermas, al menos ha sido un sistema en busca de un régimen de paz y de derechos humanos sancionado a nivel supranacional, que mediante la progresiva pacificación y liberación de la sociedad mundial crea las mejores condiciones de vida posible en una sociedad transnacional. Una “Sociedad” convencional que se sustenta sobre tres grandes principios: la universalización de su Derecho, la búsqueda de la paz y la protección de los derechos humanos y, la prohibición del uso de la fuerza de sus miembros con la amenaza realista de la persecución penal.
En los últimos años los golpes a este orden internacional vienen de muchos sitios. Quizás los más importantes de la injusticia, la desigualdad y el hambre que se extienden por el planeta. Seguro que el terrorismo internacional también está siendo un ataque que pone a prueba el sistema de Naciones Unidas. Pero lo que más daño hace es la nueva política de seguridad internacional inaugurada por Estados Unidos por la que se reserva el derecho a iniciar ataques militares (pre-emptive strike- Preemptive Stike Policy) como un derecho que determina él mismo y que aplica con plenos poderes (no olvidemos que es la potencia hegemónica y uno de los países fundadores). Este es un comportamiento que sitúa a un Estado por encima de Naciones Unidas y rompe con uno de los hechos civilizatorios más importantes que ha fraguado el género humano.
Para cometer tan grave atentado contra el progreso civilizatorio se ponen como justificación los valores morales, lo principios y la forma de vida de la sociedad dominante. Frente a la paz conseguida mediante el pacto a que nos lleva la razón y la confianza mutua que definía Kant hace más de dos siglos, retrocedemos hasta el “estado de naturaleza” donde el más fuerte amenaza permanentemente con su “músculo” a aquellos que no siguen sus criterios. Pero esa amenaza esconde miedo, y ese miedo le genera desconfianza hasta el punto de considerar a todos potenciales enemigos. Y en una sociedad cada día más transnacional e intercomunicada ¿quién es capaz de vivir desconfiando y luchando contra todos? El fracaso político y militar que se está produciendo en Afganistán e Irak confirma esos malos augurios.
Porque no es posible “vivir contra todos” hay que seguir construyendo puentes de entendimiento y acuerdo. Por eso son tan importantes propuestas como las que ha hecho en los últimos tiempos el Presidente Zapatero de la “Alianza de Civilizaciones” o la creación en Madrid de un gran Centro por la Paz. Porque nadie está en condiciones de imponer su forma de vida es tan importante que busquemos cómo entendernos. El unilateralismo hegemónico de una potencia mundial que actúa por encima del derecho internacional se olvida de que estamos en un mundo cada día más complejo y más intercomunicado donde ya no es posible dominar desde un único centro los conflictos entre culturas y religiones cada día más entrelazados. Por eso, sólo una comunidad internacional dispuesta a la cooperación y el entendimiento tiene capacidad de establecer un orden pacífico. Y ese orden pacífico no tenemos que buscarlo en nuevos experimentos políticos. Basta con que sigamos el camino que desde hace más de dos siglo nos abrió la Ilustración y el reconocimiento de que los hombres (y las mujeres) son seres de razón capaces de descubrir que para vivir en sociedad es necesario establecer un pacto de convivencia con normas claras y precisas que obliguen a todos por igual.

NOTAS PARA RELEER LA SEPARACIÓN DE PODERES

Si algo caracteriza al constitucionalismo del Estado moderno es su utilidad para garantizar la libertad de sus ciudadanos. Tanto el modelo constitucional del continente Europeo que se forja frente a las monarquías absolutas, como en el modelo del nuevo Estado federal de los Estados Unidos de América la Constitución es un instrumento para conquistar, fortalecer y mantener la libertad de las personas.
Para ello, no basta, aunque sea muy importante, con declarar los derechos individuales, sino que al mismo tiempo el Estado se debe organizar como un complejo organizativo sometido al Derecho y estructurado de acuerdo con el principio de separación de poderes. La expresión más popular de ésta idea está en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 al decir que toda sociedad en donde no estén garantizados los derechos, y establecida la separación de poderes carece de Constitución. Declaración que refleja de una forma perfecta esa indisoluble unidad entre la garantía de los derechos y la limitación del poder.
En los albores del siglo XXI, donde la globalización es una compleja realidad también en la formación de las organizaciones políticas si queremos que sigan siendo útiles a la defensa de los derechos de las personas. Cuando el constitucionalismo contemporáneo ha quebrado muchas de las fórmulas clásicas, por mor del avance del Estado social, de la aparición de nuevos poderes o por el desarrollo en muchos países del parlamentarismo racionalizado que ha debilitado al Parlamento y ha fortalecido, quizás sobre manera, al poder Ejecutivo, se hace más ineludible que nunca la reformulación de la separación de poderes en éste nuevo contexto político.
En el Estado contemporáneo la complejidad organizativa ha llevado, incluso, a reformular el concepto de “poder” para definirlo más bien como una agrupación de “órganos”. Una buena muestra lo tenemos en el “poder legislativo” que está organizado por un conjunto de órganos mediante los que actúa (Presidencia, Mesa, Pleno, Comisiones, etc.), y así en el resto de poderes clásicos. Pero esta reformulación de los poderes no queda ahí. No menos importante es la aparición de “nuevos poderes”: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo. Todo ello, sin olvidar que en las organizaciones políticas supranacionales modernas (v.gr. Unión Europea) uno de los debates más intensos también es el sistema de frenos y contrapesos de sus poderes.

Desde luego que este modesto artículo, de un modesto diputado y profesor de Derecho Constitucional no pretende tan ardua empresa, pero si que me atrevo, a sugerir la necesidad de no olvidar que el poder tiende siempre más a la autoridad y el abuso que a la autóritas y la limitación y que los ciudadanos y una sociedad cívica debe tener siempre presente y afinadas sus armas de defensa.
En el siglo XVIII Montesquieu, en el Libro XI, Capítulo VI de su obra el espíritu de las Leyes (1743) formula la versión más clásica de la división de poderes (que, por cierto, ya había expuesto John Locke en el capítulo XII de su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1690) diciendo que la experiencia demuestra que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él: lo emplea hasta que encuentra un límite. ¿Quién podrá pensar que incluso la virtud tiene límites? Para que nadie pueda abusar del poder, es necesario conseguir, mediante la adecuada ordenación de las cosas, que el poder frene al poder).
La formulación de la división de poderes que hace Montesquieu y que impregna el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se construye en Europa como contrapeso del poder del Estado, que en esos momentos no es otro que el poder de las monarquías absolutas. Es un poder que aunque supone un gran avance respecto a las sociedades premodernas, al concentrar toda la fuerza puede convertirse en el mayor instrumento de opresión. Los Estados europeos de finales del XVIII y el XIX son, o pretenden ser, Estado-Nación donde la idea de unidad es fundamental y, por ello, la separación de poderes que mejor se ajusta es la de carácter horizontal (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), incluso la formulación orgánico constitucional del Estado contemporáneo sigue priorizando esa separación horizontal del poder.
Sin embargo, como ya decía al inicio de este artículo, la formulación Norteamericana de la separación de poderes, que cada día tiene más fuerza y mejor se ha ajustado al Estado democrático, no se ocupa tan sólo de la división horizontal del poder, sino que se preocupa, y mucho, de la división vertical del poder. Por ello, y aunque algunos les pueda extrañar, de donde de verdad parte la teoría de la separación de poderes más consolidada no es de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Americana, la Constitución Federal de 1787 y la formulación teórica que hace el Federalista, eso sí, interpretando para esa nueva situación la obra de Monstesquieu.



Para el Federalista la verdadera división de poderes es la que se organiza con la doble garantía: la primera garantía, es la separación de poderes de las unidades territoriales que integran la Federación; la segunda garantía es la división de poderes a nivel federal. La división de poderes de una república compuesta no debe olvidar que el poder cedido por el pueblo debe estar dividido, en primer lugar, entre dos tipos de gobiernos distintos y, después, la parte asignada a cada uno de éstos debe estar subdividida entre departamentos distintos. De esta forma nace la doble garantía, para la defensa de los derechos del buen pueblo de América. Los distintos gobiernos de los Estados federados se controlan entre sí y, a su vez, cada uno de ellos se controla internamente con su separación de poderes.

La formulación americana de la división de poderes es mucho más compleja y más ajustada al modelo de Estado políticamente descentralizado. La división territorial del Estado no tiene que ser tan sólo fruto de la vocación de autogobierno de ciertos territorios, también es una buena forma de controlar al poder y, como ha señalado Pérez Royo, evitar que la relación mayoría-minoría sea uniforme en todo el territorio del Estado.
En un sistema de parlamentarismo racionalizado donde el Gobierno y la mayoría parlamentaria son una misma cosa y actúan al unísono, la organización territorial descentralizada es una oportunidad más para las minorías y el pluralismo. La mayoría del “poder central” puede que sea minoría en otros niveles territoriales. De esta manera se generan más frenos y contrapesos a los poderes, centrales o territoriales y se fortalece el pluralismo político tan necesario y tan mal tratado en las democracias contemporáneas.
Para concluir estas notas, he de decir que esta idea tan antigua y tan nueva es válida para la organización de los Estados en cuanto que organización política “clásica”, pero también puede ser válida para la formulación de organizaciones políticas supranacionales como la Unión Europea. Es bueno reforzar los instrumentos de división horizontal del poder. Para ello nada más acertado que el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea vayan fortaleciendo su presencia en la organización institucional de la Unión. Pero también son importantes instrumentos verticales de control del poder Comunitario, y quizás, en esa línea el procedimiento de alerta rápida que establece el Protocolo sobre la Subsidiariedad anexo al Tratado Constitucional de la Unión puede ser una buena manera de fortalecer el poder de los parlamentos nacionales en la construcción Europea que, en definitiva aquí representa el poder vertical.