Un nuevo impulso democrático para España

La ilusión por conquistar la democracia en España activó durante la Transición y el proceso Constituyente a miles de hombres y mujeres progresistas. Ciudadanos que pusieron todo su esfuerzo y lo mejor de su capacidad intelectual para transformar un Estado autocrático en una democracia parlamentaria equiparable a las de nuestro entorno político y geográfico. De aquél esfuerzo progresista, junto con los sectores conservadores demócratas, salió una Constitución que durante 33 años ha sido un ejemplo de inteligencia jurídica para hacer que un país casi tercermundista se convirtiera en una Nación referente político, social y cultural en el mundo.

Pero transcurridos esos años, los tiempos han cambiado sustancialmente. La democracia, afortunadamente, se ha consolidado en España y la sociedad reclama cosas bien distintas a las de hace tres décadas. Por eso, creo que desde el punto de vista institucional hay tres grandes cuestiones que ocuparon la atención del Constituyente del 78 que convendría analizar y actualizar a la realidad política y social de la España del siglo XXI: el sistema electoral, los partidos políticos y el funcionamiento del régimen parlamentario.

El sistema electoral. Es conocido por todos, que tanto el Constituyente como previamente la Ley para la Reforma Política y el RD 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, tenían muy claro que el establecimiento de un régimen electoral capaz de conformar mayorías parlamentarias estables y que consolidase los partidos políticos era esencial para afianzar la democracia en España. Por ello, un sistema electoral como el que tenemos: con la provincia como circunscripción, con la asignación de dos representantes fijos por provincia y la fórmula D´Hont como sistema de transformación de los votos en escaños, responde a esa finalidad de estabilidad y afianzamiento democrático. De hecho, los objetivos se cumplieron con creces en las primeras elecciones democrática (15 de junio de 1977) cuando se eligió un Congreso de los Diputados con 165 diputados de la UCD, 118 del PSOE, 20 del PCE, 16 de AP, 6 PSP, 11 PDPC y 8 del PNV, además de otras fuerzas menos significativas. La relación de fuerzas se puede decir que fue “perfecta” para el proceso constituyente que se iniciaba: dos grandes partidos de centro, uno de centro derecha (UCD) y otro centro izquierda (PSOE), dos fuerzas a sus extremos: AP y PCE y dos fuerzas que representaban el nacionalismo catalán (PDPC) y vasco (PNV). El objetivo de ese modelo electoral, como decía, se cumplió a la perfección: se consiguió un parlamento plural y estable que hizo una gran Constitución y ha servido durante estos años para consolidar la democracia y el modelo de partidos en España.

Pero 33 años después tenemos una nueva necesidad: los ciudadanos reclaman una participación más directa en los procesos electorales y en las decisiones políticas generales. Están cansados de un sistema electoral “cuasi plebiscitario” y desean poder incidir más con su voluntad en la conformación de las Cámaras parlamentarias. Por ello, los socialistas que siempre hemos sido “punta de lanza” en el cambio político en España, debemos hacer nuevas y valientes propuestas en el sistema electoral que se ajusten al sentir y las necesidades de la población. Para ello, abrir las listas al Congreso de los Diputados, establecer un sistema de restos nacional para compensar a las fuerzas políticas que tienen muy disperso su voto o estudiar un modelo “proporcional personalizado”, como el alemán, que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir parte de los representantes de forma directa y otra parte mediante el sistema tradicional de lista, pueden ser propuestas que ajusten nuestra Ley electoral a los nuevos tiempos.

El funcionamiento de los partidos políticos. Que los partidos políticos tenían que ser fundamentales para la consolidación democrática en la España de la Transición era tan claro para el Constituyente que los llevó al Título Preliminar (art. 6) donde se dice que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”. Después de cuarenta años de dictadura y una feroz persecución de aquellos que defendían la libertad política, los partidos políticos debían convertirse en los garantes de que el pluralismo político existente en la sociedad española tenía presencia en la nueva democracia. Nuevamente estamos ante un gran éxito: durante todos estos años los partidos políticos, más allá de sus patologías, han contribuido esencialmente para fortalecer la democracia en España. Pero, nuevamente, 33 años después la realidad ha cambiado sustancialmente y, también, en la organización, financiación y funcionamiento de los partidos se deben producir importantes reformas.

En primer lugar, los partidos deben ser mucho más claros en sus cuentas: tanto de sus gastos como de sus ingresos. Todos sabemos que muchos fenómenos de corrupción política están ligados a las estructuras paralelas de financiación que algunos desarrollan. Para ello, no sólo se deben clarificar los sistemas de financiación sino que hay que dotar de mejores instrumentos de control, tanto en el Parlamento como en el Tribunal de Cuentas y los órganos jurisdiccionales.

En segundo lugar, los partidos políticos deben superar la imagen de estructuras oligárquicas. Para ello, deben ser más democráticos, más abiertos a la ciudadanía y con unos órganos colegiados que realmente tomen las decisiones políticas de la organización y no sean meros refrendatarios de la voluntad del líder o los órganos ejecutivos.

El funcionamiento del sistema parlamentario. La forma de gobierno parlamentaria se sustenta sobre una relación de colaboración y cooperación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Un modelo que es consciente de que la dirección política del Estado le corresponde al Ejecutivo pero que no olvida que el Parlamento es el órgano que tiene la legitimidad democrática directa y, por ello, le corresponde hacer las leyes, controlar al Gobierno y designar autoridades para otros órganos del Estado.

La práctica política en España durante estos 33 años ha llevado a una preeminencia tan grande de los partidos políticos y del Ejecutivo que el Parlamento y sus funciones han quedado transfiguradas: los procedimientos legislativos no responden a los objetivos de diálogo, contradicción y publicidad propios del trabajo parlamentario sino que se “retuercen” para hacer efectivo los intereses de Gobierno, el control sigue careciendo de la “frescura” y espontaneidad que debería tener para ser efectivo y la función de designación de autoridades del Estado está bloqueada por incapacidad de acuerdo entre las grandes fuerza políticas de las Cámaras. En este último caso, la imposibilidad de designar a los Magistrados del Tribunal Constitucional y otras autoridades del Estado se ha convertido en un auténtico escándalo. Como es sabido, la Constitución asigna esa función al Congreso y el Senado, pero el excesivo protagonismo del Ejecutivo y de los partidos políticos hace que la falta de acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas impida a las Cámaras realizar dicha función. Si la Constitución da un mandato al Parlamento en este asunto debe tener instrumentos para cumplirlo; por eso, estoy convencido que las Cámaras deberían establecer un procedimiento para que las estrategias obstruccionistas no impongan su criterio de bloqueo. Para ello, como para tantas otras cosas, se necesita una profunda revisión de los reglamentos parlamentarios donde se recobre la centralidad parlamentaria para que la Legislación, el control y la designación de autoridades recaigan de verdad en los representantes del pueblo y deje de estar “secuestrada” por el Ejecutivo o los partidos políticos.

Las reformas que propongo no son fáciles. De hecho, de hacerse, deberían servir para corregir los excesos de presidencialismo y la partitocracia que durante estos años se ha instalado en nuestro país. Pero si después de 33 años, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento, queremos fortalecer la democracia en España deberíamos actuar en los tres frentes señalados: sistema electoral, partidos políticos y funcionamiento de la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Las tres piezas forman parte del puzzle que conforma nuestro sistema de gobierno y los cambios que se propongan y se hagan tendrían que conjugarse de forma equilibrada y sopesada para obtener un resultado tan magnífico como el que se consiguió en la Transición: entonces, poner las bases para el cambio de una autocracia a una democracia; ahora, un nuevo impulso democrático con más participación ciudadana, más limitación y supervisión del poder y más respeto a las instituciones y las funciones que le confiere la Constitución.

Los que creemos en ese nuevo impulso democrático para España, estamos deseosos de que la Conferencia política que va a celebrar el PSOE en septiembre sea la oportunidad para que nuevamente los socialistas seamos la avanzadilla de la libertad, el regeneracionismo y el progreso político de nuestro país. ¡Veremos!

EL “SECUESTRO” DEL TC. UNA POSIBLE SOLUCIÓN

Esta semana nuevamente vamos a hablar del Tribunal Constitucional y de sus problemas de renovación en el Congreso de los Diputados. En varias ocasiones en los últimos tiempos, hemos debatido iniciativas de diversos grupos parlamentarios sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos de control de constitucionalidad y sobre qué hacer ante la falta de renovación de sus magistrados en el plazo establecido. Tengo que decir que son iniciativas que traen causa en un momento en el cual lo que llevaba a esos planteamientos era el “atasco” que se vivía por la espera de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los posicionamientos de pura “oportunidad política” que unos y otros hacían ante dicha ausencia de sentencia o ante la posible sentencia desfavorable a sus postulados. ¡Ahora eso ya ha pasado! Pero, lamentablemente, seguimos teniendo un problema con la renovación del Tribunal Constitucional al igual que con otros órganos del Estado (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Dirección de RTVE).

La Proposición de Ley que ha presentado el grupo parlamentario de Convergencia i Unió para solucionar el problema de falta de acuerdo en los órganos parlamentarios en la designación de los nuevos Magistrados es algo así como si ante la ausencia de medicina adecuada en un hospital para curar una enfermedad se optase por “pegar un tiro” a los pacientes que llegasen con esa dolencia. Dicha iniciativa propone que los Magistrados en funciones que cumplan seis meses en esa situación cesen en sus cargos transcurrido dicho plazo. Teniendo en cuenta que para que el Tribunal Constitucional pueda reunirse debe existir un quórum, no sería nada extraño, en situaciones de atasco político como el que se está produciendo en estos últimos años, que el Tribunal Constitucional tuviera que “cerrar por imposibilidad” para poder seguir realizando sus funciones. ¡Supongo que nadie querrá que se dé una situación de esa naturaleza! Precisamente, evitar eso es lo que hace el Derecho cuando establece una prorroga sin límite de tiempo de los magistrados que han cumplido su mandato: asegurar que la institución seguirá desarrollando su actividad pase lo que pase. ¡Desde luego eso es lo que a mí me parece más razonable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y continuidad de la institución!

Por eso, no es al TC donde hay que mirar para solucionar los problemas sobre su renovación, sino a las Cámaras parlamentarías y, en especial, a sus dos grupos mayoritarios que son los que se han de poner de acuerdo para producir la renovación: en estos momentos el PSOE y el PP.

Antes de entrar en la consideración que la posición de los dos grupos mayoritarios me merece al no ser capaces de renovar el TC u otras instituciones del Estado, he de aclarar una cuestión previa: que la elección de las personas que han de conformar estas instituciones se lleve a cabo por el Parlamento me parece la opción más adecuada. Es la que goza de la legitimidad democrática, residenciada en las Cortes Generales, frente a la que proponen otros y que no deja de ser una solución corporativa carente totalmente de aquélla. La independencia es asunto bien distinto: tenerla o perderla no depende de quién haya elegido al cargo sino de las condiciones objetivas que se establezcan para garantizar dicha independencia y de la “fortaleza” y personalidad del elegido para actuar con libertad objetiva y no dejarse determinar por aquéllos que le han propuesto. Es una cuestión que está muy relacionada con la “autóritas” del personaje propuesto: cuanta más autoridad y profesionalidad más independencia, cuanta menos relevancia profesional y prestigio, seguro que es más influenciable. En todo caso, supongo que nadie es tan ingenuo como para pensar que se puede establecer la “independencia subjetiva”, eso resulta simple y llanamente imposible y un contrasentido.

Pero vayamos a la cuestión central: la renovación del tercio de los Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde proponer al Congreso de los Diputados. En este asunto la Política se la va a “jugar”. Los ciudadanos están muy cansados de los políticos y la política, porque observan que con demasiada frecuencia no somos capaces de resolver los problemas y más bien nos dedicamos a intentar endosar la responsabilidad de la inacción al adversario. La Constitución establece, con buen criterio según ya he dicho, que han de ser las Cortes Generales la que hagan las propuestas de dichos Magistrados –al igual que sucede con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Administración de RTVE - Una vez que se inicia el plazo para el proceso de renovación, los grupos parlamentarios deben comenzar los contactos para llegar a un acuerdo. En dichas negociaciones todos son responsables. El grupo mayoritario tiene la responsabilidad de dirigir y activar todas las negociaciones, pero los grupos minoritarios, en especial el primer partido de la oposición, también tienen responsabilidad y de ningún modo deberían activar tácticas parlamentarias obstruccionistas para impedir llegar a un acuerdo. Es lo que ha sucedido con la propuesta de Enrique López, en el Senado y el Congreso, que le está sirviendo al PP, puesto que sabía que tenía un veto del PSOE, para justificar su voluntad oculta de no querer llegar a un acuerdo. ¡Eso no es admisible! Y se convierte en un “fraude constitucional” que lleva al bloqueo de una institución básica del Estado.

Pero puesto que las cosas están así ¿qué hacer? Cuando los acuerdos de buena voluntad no se cumplen es cuando debe aparecer el Derecho, la norma. Eso es lo que tendría que suceder aquí. Lo primero que deberían hacer los grupos parlamentarios es reconocer que ellos son los responsables de la situación que se está produciendo en el TC. A continuación, deberían establecer un acuerdo por el cual se “juramenten” poner a funcionar una Mesa de negociación que, mediante la propuestas de candidatos de los distintos grupos parlamentarios y con la única posibilidad de que cada grupo pueda vetar a uno de los propuestos por los otros -y ese veto lleve consigo que el grupo que propuso al vetado pueda proponer otro candidato en su puesto-, en un plazo de dos meses tenga que llegar a un acuerdo.

Desde luego este procedimiento sería conveniente que se estableciese con todos los detalles en el Reglamento de la Cámara, pero tan sólo para este caso, y teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, los grupos se deberían comprometer a que mediante una Moción se estableciese el procedimiento y la constitución de la Mesa de negociación que llevase a la renovación del tercio de los Magistrados del Congreso de los Diputados y el resto de los miembros de instituciones que están pendientes.

Es una solución que sitúa la responsabilidad del nombramiento de las personas de las instituciones del Estado donde corresponde: en las Cámaras. Es una solución que pondría a cada uno en su sitio y que, de boicotearse, permitiría a los ciudadanos, que podrían seguir al día las negociaciones, pasar la “cuota de responsabilidad política” a quién active mecanismos de obstruccionismo parlamentario.

LA LETRA PEQUEÑA DE LAS ELECCIONES LOCALES

Después de más de una semana desde las elecciones locales y autonómicas y una vez pasado el “vértigo” que la emoción de la victoria o la desolación de la derrota produjo en unos y otros, llega el momento de analizar la “letra pequeña” que esas elecciones han escrito en la política española.

Lo primero que se puede observar es que la pérdida de votos del PSOE es significativamente más importante que la ganancia del PP: el primero ha perdido 1.500.000 votos y el segundo ha ganado 500.000. En segundo lugar, Izquierda Unida, que podría ser una fuerza política que recogiese parte del voto que ha abandonado el PSOE, no ha mejorado sus resultados de forma muy apreciable: tan sólo ha aumentado 220.000 votos respecto al 2007. Por su parte, el voto nulo y el voto en blanco que ha rondado 1.000.000 de sufragios incorpora más de 200.000 nuevas adhesiones respecto del 2007. Finalmente, UPyD, nueva fuerza política en estas elecciones, consigue 465.000 votos. Habría que incorporar los datos de otras fuerzas políticas y candidaturas, pero para lo que quiero reflejar en estas líneas creo que esos números son suficientes.

Desde mi punto de vista, con estos datos no es para que el PP esté tan eufórico cómo se mostraba la noche electoral. Desde luego que la sangría sufrida por el PSOE le ha llevado a pintar de azul la mayoría de los municipios y comunidades de España, pero si tenemos en cuenta que la campaña electoral que realizó el PP fue en clave nacional dudo que sea para estar tan contentos.

No dudo que esa campaña en clave nacional haya servido para fijar la estrategia que el PP ha puesto en marcha desde hace años, imputar a Zapatero todos los males que está sufriendo nuestro país por culpa de la crisis económica: el paro, el déficit, la debilidad de nuestro sector productivo, la deuda externa, la crisis de los bancos, etc... ¡Todo culpa de Zapatero! Sin duda, que muchos ciudadanos han comprado ese producto, pero me temo que ha sido más por el disgusto y la desesperación que esas personas sufren ante la situación en la que nos encontramos que por que las propuestas del PP para corregir esos problemas les hayan convencido. Se comprueba, nuevamente, que también en política es más fácil destruir que construir.

Es cierto que la consecución de una victoria tan sonada en municipios y comunidades autónomas puede allanar el camino para la victoria en unas elecciones generales, de hecho, ese efecto se ha producido en más de una ocasión. Ahora bien, de ningún modo garantiza que así sea. Más al contrario, se demuestra una vez más que el liderazgo y el proyecto político de Mariano Rajoy tiene grandes debilidades. La más importante es que, más allá de culpar a Zapatero de todas las desgracias de España, no ofrece ni una propuesta en positivo que le consolide como una alternativa creíble de gobierno.

Por eso, los resultados de las elecciones de 2012 están por escribir. Los ciudadanos nos han dado a los socialistas un aviso de notables dimensiones en las elecciones locales, nos han dicho que por ese camino no vamos bien y debemos hacer cambios importantes. Pero de ningún modo han dicho que estén convencidos que el PP sea la solución que necesita España.

Ahora toca poner en marcha los cambios que nos acerquen a los problemas de los ciudadanos. Para empezar, la más que previsible elección de Rubalcaba como candidato para las elecciones de 2012 aclaran los problemas de liderazgo. Pero digamos las cosas con toda claridad: no es suficiente. Los españoles conocen bien al PSOE y saben lo que quieren de él: políticas de Estado comprometidas con la cohesión y el desarrollo de España que conlleven un fuerte compromiso con la igualdad y la solidaridad.

También quieren representantes que les hablen claro, que tengan proyectos bien definidos y con una estrategia predeterminada. Los ciudadanos no son tontos y entienden de responsabilidad compartida cuando se les explican las cosas clara y sinceramente. Por ahí también el PSOE debe recorrer un buen camino para recuperar parte del electorado perdido, reorganizando sus políticas y explicando con claridad los sacrificios que se reclaman a cada sector de la población.

Si el PSOE sabe corregir los errores políticos cometidos, sabe explicar las decisiones que se han de tomar y pone a punto su organización seguro que podremos encarar con más seguridad la salida de la crisis que se empieza a divisar y, consiguientemente, las expectativas electorales para el 2012 cambiarán sustancialmente. ¡Veremos!

Tiempos de cambio en el PSOE

Aunque los resultados electorales del domingo pasado son los mejores que ha
obtenido nunca el PP en unas elecciones locales y regionales, lo cierto es que el mérito de esa victoria está más en el hundimiento del PSOE que en el ascenso del PP: 500.000 votos de subida del PP, por 1.500.000 de pérdida por el PSOE. No menos significativo es que la cuarta fuerza política, con casi el 4.5 % de los votos, haya sido el voto en blanco y el voto nulo.

Por ello, se abre un tiempo en el que los socialistas debemos pensar muy
seriamente que es lo que ha pasado. No basta con echarle la culpa a la crisis. Desde luego que la tremenda dificultad económica en la que está sumida España ha afectado, pero algo habremos hecho mal para que ni tan siquiera en aquellas comunidades autónomas y ciudades donde gobierna el PP con mayorías electorales muy elevadas y donde los casos de corrupción son alarmantes esa crisis no le haya pasado factura y, por el contrario, sigan mejorando sus resultados –por ejemplo, en Madrid, donde partíamos
de un pobre resultado del 34 % de los votos y ahora se ha convertido en un resultado indigente del 26 %-.

Aquellos que piensan en el PSOE que basta con la elección de un nuevo líder
para las elecciones generales de 2012 cometen un grave error. Tenemos un problema ideológico, una notable debilidad organizativa y una ausencia de estrategia que hace que nuestro análisis de la situación deba ser de mayor profundidad.

El PSOE mostró un rumbo ideológico claro en la primera legislatura de
Zapatero. No se puede olvidar que cuando la economía lo permitía hicimos los avances sociales más importantes de los últimos veinte años. Aunque es cierto que en los últimos años hemos tenido que frenar parte de esas políticas de redistribución de la riqueza porque la crisis redujo los ingresos y la solidaridad con los desempleados era prioritaria, ahora es el momento de tener claro que el PSOE es el proyecto transformador de la sociedad española donde se protege la libertad para no caer en la uniformidad y la tiranía, y la igualdad, para no deslizarnos en la jungla de la insolidaridad y las competiciones despiadadas. Los trabajadores y los jóvenes son los más afectados por esta crisis y, aunque el paro y la dificultad para encontrar un primer empleo les distancia de la política, mucho más les aparta no visualizar un partido político que apueste y comunice con claridad que está en la vida política para defender
sus necesidades. ¡Lo que siempre ha sido el PSOE!

Los ciudadanos viven con perplejidad la incapacidad de los socialistas para
mostrarnos fuertes, con equipos consistentes y estrategias bien definidas, con mensajes coherentes, persistentes y lo suficientemente claros para llegar a la ciudadanía y cohesionarla en torno a ese proyecto de transformación la mayoría socialdemócrata que existe en España.

Resulta muy triste comprobar cómo muchos que han llevado al partido en sus
territorios a resultado más propios de un partido minoritario que una fuerza de gobierno, ya han empezado a echar culpas a otros y niegan todo responsabilidad. El fracaso ha sido nacional pero eso no quita que en muchas comunidades –por ejemplo, Valencia, Murcia, Madrid- donde los resultados ya eran desoladores y la corrupción del PP es sistémica la situación no sea tan alarmante como para que sus líderes asuman la responsabilidad que les corresponde.

En política lo más grave no es perder las elecciones, lo verdaderamente trágico
es cuando se pierde el pulso de la calle y dejamos de ser una fuerza capaz de articular y proponer un proyecto político transformador que se haga mayoritario. Eso es lo que nos debe ocupar a los socialistas en los próximos meses. Sin prisa, pero sin pausa. ¡Ojala que así sea! Y muchas de las personas que ahora tan sólo tienen la calle para expresar su indignación por la incertidumbre en la que viven puedan encontrar en el PSOE nuevamente el proyecto de cambio para sus vidas, sus ciudades y el país

Contra la indiferencia

Estamos en plena campaña electoral. ¡Locales y autonómicas, si! pero sin duda, de una importancia capital, teniendo en cuenta las dificultades, incertidumbres y abatimiento en el que se encuentra sumida la sociedad española.

En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, un efecto casi consustancial es el “abandono de la política”. Sectores muy importantes de la sociedad se suman al abstencionismo electoral, al indiferentismo ante todo lo público y, al mismo tiempo, se idolatran todos los egoísmos personales y colectivos. Cuando esto sucede, el sentido cívico y la disposición de las personas por el servicio público se hunde, quedando debilitado el Estado y los ciudadanos “refugiados” en sus intereses privados.

El servicio público, la responsabilidad cívica son valores de una gran importancia en una democracia, pero tienen un especial significado cuando las cosas se ponen complicadas. Los “enemigos de lo público” aprovechan estas oportunidades para animar a que los ciudadanos abandonen la política y quedarse ellos con la gestión del Poder.

Dos son las formas que los autoritarios disfrazados de liberales tienen para que cunda la antipolítica: en primer lugar, la desinformación, la mentira y la propaganda. En segundo lugar, el desprecio por el compromiso político y el desinterés por los compromisos públicos.

Las campañas electorales están llenas de propaganda, de medias verdades, de “debates trucados”. La desinformación en la política es una práctica común de los autoritarios que busca la denigración del adversario, la exaltación del Jefe y el aburrimiento del ciudadano honrado. Pero en campaña, las prácticas de manipulación se desarrollan de forma exponencial –no hace falta más que ver cómo se está tratando el tema de la ilegalización de Sortu y Bildu por parte del PP-, es la estrategia de mantener contentos a los sectores fieles que votan sin “rechistar” y generar el desencanto y el abandono de los “tibios” o libre pensantes.

La segunda forma de desincentivar el compromiso político es intentar fijar la idea en los ciudadanos que no tiene sentido alguno comprometerse con lo público, debilitar la idea de interés general y ensalzar los intereses individuales y privados. No es de extrañar que muchos partidos cuando llegan tiempos electorales hablen del “contrato con los ciudadanos” o de “rebajas de impuestos” como grandes reclamos electorales.

En esta situación, y a pocos días de las elecciones, reclamo una acto contra la indiferencia, contra la resignación y el “abandono incentivado” por aquellos que pretenden conseguir un buen resultado electoral no porque les voten más personas sino porque no votan los que lo hacen a sus adversarios políticos.

Está bien salir a la calle y gritar que las cosas no pueden seguir así. Pero si esa fuerza popular no se organiza y no participa en las instituciones queda reducida a la nada, produce melancolía y desesperación. Por eso el día 22 de mayo hay que ir a los colegios electorales y votar, cada uno según su criterio y su opinión pero siempre expresando que no basta con ser sociedad desarticulada sino que también llevamos las reclamaciones a las instituciones.

LA CRISIS DE VALORES

El tiempo pasa y parece que la crisis no tiene intención de abandonarnos en muchos meses. Los indicadores sobre venta de viviendas, las predicciones económicas de entidades públicas y privadas, la situación de los países de nuestro entorno, todo hace preveer que, pese a pequeñas mejoras de carácter estacional, la crisis seguirá afectándonos duramente a los españoles.

De esta situación algunos no ven nada más que la oportunidad para la consecución del poder. La “cantinela” del PP, un día si y otra también, es que estamos en crisis por la funesta política de Zapatero. Pero desde luego, no hacen una propuesta en positivo ni tan siquiera defienden los intereses de España para una mejor imagen internacional. Si sus objetivos se cumplen y la crisis persiste verán cómo durante mucho tiempo la culpa seguirá siendo de Zapatero, de la herencia de deudas e hipotecas del Gobierno Socialista ¡Al tiempo!

Pero más allá de “pequeña política”, lo cierto es que a España como al resto de los países occidentales, gobierne quién gobierne, nos costará mucho salir de esta crisis, incluso aquellos que están creciendo y creando empleo no es descartable que vuelvan a la senda de la depresión y la parálisis económica, política e institucional.

El problema más grave de esta crisis no es la falta de liquidez de los Estados, del estancamiento económico o la destrucción del empleo, es el error en el diagnóstico de sus causas o la incapacidad de actuar en el centro del problema para atajar sus consecuencias. La crisis se está afrontando como si estuviéramos ante “una pequeña” dificultad del modelo económico del capitalismo financiero, cuando a lo que nos estamos enfrentando es a una crisis sistémica expresión del agotamiento del modelo político, económico y social en el que hemos vivido durante décadas.

Por eso no es una exageración, sino más bien identificar adecuadamente el problema, si digo que vivimos en una profunda crisis. Una crisis que va más allá del estancamiento económico, del colapso financiero, de efectos globales o nacionales. Estamos ante una crisis del sistema como hace muchas décadas no se había dado.

Seguro que se ha producido una “crisis financiera” de carácter mundial, debido a la falta de regulación de los mercados financieros y la avaricia de los bancos y grandes concentraciones de capital.

Seguro que se ha producido una “crisis económica nacional” debido a los excesos del “monocultivo urbanístico” y una política de crédito fácil ligada a esa economía del ladrillo.

Pero la crisis en la que vivimos va más allá de la economía y el modelo económico. Es una crisis del SISTEMA. Una crisis de la economía, pero también de la política, de las instituciones, de la sociedad, de los valores y de la posición que ocupamos los seres humanos en el planeta.



Una consideración muy personal antes de seguir. Los tiempos de crisis y de revolución no tienen por qué ser tiempos oscuros. Son tiempos de grandes cambios, son momentos donde se producen transformaciones fuertes que activan la capacidad de supervivencia de las personas. Tiempos en los que los pueblos hacen historia, por lo tanto, yo no me siento pesimista, al contrario, me parece una suerte poder vivir esta época y hacer lo que esté en mi mano para que el resultado de los cambios que se están produciendo sean positivos para el ser humano y el planeta.

La crisis más grave de cuantas estamos padeciendo es la de valores. La sociedad moderna se empieza a forjar a partir del siglo XVI y se consolida con la los principios ilustrados de siglo XVIII que levanta un modelo político donde los derechos de los individuos y la limitación del Poder son la esencia del nuevo mundo. La libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad van a marcar la historia desde entonces hasta nuestros días.

La crisis de valores lleva a la trivialización de los principios ilustrados y lo único que se aporta como alternativa es un nihilismos destructivo, un egoísmo posesivo y una incapacidad de entendernos siendo partes de una sociedad.

A partir de aquí, todos los elementos que sirven para hacernos parte de una comunidad política se empiezan a disolver: los partidos políticos pierden su ideología, las organizaciones sociales se convierten en grupúsculos de intereses particulares, las instituciones se instrumentalizan, el derecho se transgrede y las organizaciones internacionales se devalúan a favor de los más fuertes en la escena internacional.

Todo esto sucede al tiempo que en escenario internacional están surgiendo nuevos y pujantes agentes políticos y económicos. Los países emergentes (China, India, Rusia, Brasil) que cuentan con unas condiciones más favorables para hacerse con el liderazgo económico y político del mundo.

También ahora empezamos a comprobar que hemos tocado techo en un modelo de vida de consumo de los recursos naturales del planeta como si estos fueran infinitos. Es evidente que tenemos una crisis energética, alimentaria, de recursos naturales industriales que no ha hecho más que empezar y que generará notables conflictos en los próximos años.

El resultado de todo esto es un mundo en cambio que requiere tanto para la “política pequeña”-nacional-, como la “gran política”-internacional- del compromiso de los mejores. Sin embargo, desgraciadamente, no son éstos tiempos en los que la política cuente con grandes estadistas y hombres y mujeres capaces de liderar una sociedad de incertidumbres.

Bachillerato de excelencia

La Sra. Aguirre, haciendo gala de la valentía que la caracteriza, ha situado en el tablero del debate político preelectoral nada más y nada menos que el modelo educativo. ¡La felicito por el acierto que ha tenido! Además, le adelanto que estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el Bachillerato madrileño sea de excelencia. La educación española y la madrileña en particular, necesitan que hagamos cuantos esfuerzos sean necesarios para mejorar las capacidades formativas y humanas de generaciones que, sin duda, tendrán que sobrevivir gracias a que sus cabezas y sus almas sean capaces de entender el mundo de cambios constantes y fulgurantes en el que les va a tocar vivir y tomar decisiones.

Sin embargo, me temo que no estamos de acuerdo con los métodos a utilizar para llegar a ese objetivo. La Sra. Aguirre, como liberal confesa, ha tomado un camino que encantaría a algunos doctrinarios de esa ideología y a sectores que no tienen problema para confesar su creencia en una sociedad estratificada en la que, dependiendo del origen o las condiciones económicas de la persona, se pueda llegar a un nivel u otro en la escala social, económica y profesional.

A aquéllos que no estamos de acuerdo con sus postulados, la Sra. Aguirre nos llama “socialistas dogmáticos”. Le debo recordar que dogmática es aquella persona que asume una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento como ciertos, que los considera verdades absolutas y que, por lo tanto, no se molesta en buscarles explicación o darles una razón. Precisamente es lo que está haciendo la Sra. Aguirre con el tema educativo y la solución que ha puesto sobre la mesa para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos: dar por cierto, que con la selección de “los mejores” y la creación de centros especiales para ellos va a conseguir mejorar el rendimiento del sistema educativo y un mayor progreso para la formación de esas personas. Desde mi punto de vista no es así y quiero traer a estas páginas mis argumentos para que la Sra. Aguirre no me llame “dogmático”.

La educación es una actividad muy compleja para pretender solucionar sus problemas con reduccionismos electorales. La educación, sobre todo en los niveles infantil, primario y de estudios medios, debe cumplir al menos dos grandes objetivos:

- Por un lado, formar al estudiante en los recursos orales, gramaticales, de ciencia, sociedad y filosofía suficientes para poder integrarse en la sociedad productiva o seguir en estadios educativos superiores formándose para desarrollar una actividad profesional especializada.

- Por otro, la educación debe ser un instrumento básico para que el ser humano desarrolle las prácticas necesarias para vivir y entender la comunidad en la que se inserta. La educación en este sentido es un espacio para la integración social y cultural de la persona y el medio más adecuado para desarrollar las habilidades cívicas de convivencia: respeto a los otros, sentido de libertad, tratos en igualdad y no discriminación y capacidad para resolver los problemas de forma pacífica, entre otros.

Puesto que la educación debe cumplir esos dos objetivos, yo me decanto por un modelo de escuela comprensiva. Aquél en el que todos los niños y niñas estudian con los mismos objetivos, en las mismas aulas y con la misma titulación al final de las distintas etapas. Desde mi punto de vista, es el sistema que mejor garantiza la plena integración social del individuo y la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos. Un sistema que para nada está reñido con la excelencia y el máximo rendimiento, si los centros y los profesionales cuentan con grupos reducidos y con los recursos y los medios para una atención individualizada de los chicos y las chicas.

Frente a este sistema, existe el modelo educativo competitivo que consiste en una escuela que mantiene itinerarios educativos diferenciados en los estudios de los escolares, en algunos casos desde los doce años de edad, y al final de cada uno de estos itinerarios se alcanzan titulaciones terminales diferenciadas. Es un modelo que se parece mucho a lo que parece propugnar la Sra. Aguirre; sin embargo, la Presidenta se ha olvidado de que en Europa, en aquellos países en los que funciona este sistema, existe una política de becas muy eficaz y potente que permite proseguir con toda clase de garantías los estudios a todos los alumnos más allá de la extracción económica de la que provengan.

Hace unos años, una institución que creo no se le puede achacar que sea un nido de “socialistas dogmáticos”, la Fundación La Caixa, financió un amplio informe sobre los modelos educativos en Europa en el que concluía que, en conjunto, los sistemas educativos de la UE han conseguido un nivel muy alto de formación, de democratización, y de posibilidades de acceso a los estudios postobligatorios para alumnos de todos los grupos sociales. El informe seguía señalando que las interpretaciones sobre las diferencias internas entre los distintos países son complejas y diversas y, que, por lo tanto, no se pueden someter a reduccionismos. Pero, en general, se puede decir que hay una estrecha relación entre el nivel de rendimiento y el nivel de esfuerzo financiero que hace cada país: gasto por alumno o porcentaje del PIB dedicado a la educación. El informe descarta, y esto es importante para lo que estamos tratando, que el modelo de ordenación educativa sea determinante para conseguir mejores rendimientos. Por ello, finalmente concluye que, junto con la mejora en la financiación, se tienen que tener en cuenta los siguientes factores para mejorar nuestros sistemas educativos: el grado de cohesión que existe en la sociedad, los sistemas de formación, selección y actualización del profesorado y el buen funcionamiento de los centros escolares.

Dicho todo lo anterior y para terminar este artículo, la pregunta que yo haría a la Sra. Aguirre en este momento es: ¿Qué hace su proyecto político por la mejora de la financiación, por la consecución de la cohesión social en la sociedad madrileña, por la formación del profesorado o por la dignificación y buen funcionamiento de los centros escolares? Puesto que estamos en campaña y es momento de contrastar modelos: ¡Quedamos a la espera de su respuesta!

Respeto a las reglas en las elecciones municipales

En democracia las normas que establecen los procedimientos para el desarrollo de la actividad política han de ser consensuadas y una vez aprobadas todos deberíamos juramentarnos para no violarlas, no manipularlas y actuar en su interpretación con lealtad y total respeto. Que nadie lo olvide, si la confrontación política se lleva a las reglas de juego se pone en cuestión el sistema y perdemos todos.

Lo anterior viene a cuento por los nervios que se están empezando a detectar en algunos partidos políticos ante la entrada en vigor de las previsiones de la reforma de la Ley Electoral en materia de inauguraciones, primeras piedras, campañas de logros -prohibidas desde el 29 de marzo- y sobre publicidad en la “precampaña” -prohibida en el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña propiamente dicha, desde el 29 de marzo hasta el 6 de mayo-.

Que yo sepa, todos estábamos de acuerdo en que se tenía que acabar con las prácticas populista y de utilización de las Administraciones Públicas para que, mediante campañas de inauguraciones, corte de cintas, puesta de primeras piedras y actos de balance de gestión, desde las Administraciones y con dinero público se diera una evidente cobertura a la campaña electoral del partido gobernante.

De igual forma, todos estábamos de acuerdo en que era inaceptable que las campañas de publicidad que los partidos políticos desarrollan en la campaña electoral propiamente dicha -15 días antes de las elecciones- no deberían extenderse a todo el periodo electoral –desde el mismo día de la convocatoria de las elecciones- puesto que ello, además de generar ingentes gastos que son poco justificables en tiempos de crisis, someten al ciudadano a un bombardeo de eslóganes y clichés reduccionistas que impiden un conocimiento profundo y de detalle de las propuestas políticas.

Las previsiones de la Ley Electoral son claras: En cuanto a los actos de balance de gestión, inauguraciones y primeras piedras, la prohibición es total, puesto que no son más que una forma encubierta de publicidad para el partido gobernante. Eso no impide, obviamente, que las obras y los servicios se pongan en funcionamiento para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos. En cuanto a la publicidad, en lo que se ha llamado periodo “preelectoral”, se establece la prohibición de la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones.

Pese a que la voluntad del Legislador ha sido muy clara, basta con interpretar los preceptos de la Ley de acuerdo con la declaración que se hace en el Preámbulo, puedo entender que se presenten zonas de penumbra que deban ser aclaradas. Pues bien, no hay problema, para eso está la Junta Electoral Central que en ejercicio de sus competencias hace unos días emitió dos Instrucciones donde disipaba las dudas que sobre estas cuestiones se estaban planteando.

Sobre las “campañas de logros” y las “inauguraciones” la Junta Electoral ha señalado que de acuerdo con el artículo 50 puntos 2 y 3 quedan todas prohibidas salvo aquéllas que deban realizar los poderes públicos que hayan convocado el proceso electoral y estén previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre cuestiones electorales, así como aquellas campañas que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interés público o el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

Sobre las campañas de publicidad en el período “preelectoral” la Junta Electoral ha dicho:

-“Que durante ese tiempo las formaciones políticas y las candidaturas no podrán contratar directamente ni a través de tercero, espacios, soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares, públicos (jardines, plazas, parques, etc...), ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos para la presentación de información ("mupis"), objetos publicitarios iluminados ("opis"), cabinas, medios de transporte o similares. Tampoco está permitida la inserción de anuncios en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios en Internet ("banners"), o en canales comerciales de televisión, o en otros soportes en medios digitales.

-Tampoco se considera permitido en el período indicado el reparto con fines de propaganda de material diverso como llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u otros objetos similares, que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política, ni la exhibición de fotos de los candidatos o de carteles con la denominación, siglas o símbolos de una formación política en el exterior de domicilios privados.

-En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con anterioridad a ésta, deberá ser inmediatamente retirada, siendo, en todo caso, responsable a efectos de la Administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiera la propaganda”.

Puesto que la voluntad del Legislador se ha expresado con claridad: evitar las prácticas antes citadas que rompían la “igualdad de armas” en los procesos electorales y aumentaban exponencialmente los gastos electorales, y la Junta Electoral Central ha interpretado aquellas cuestiones que presentaban cierta duda, ahora tan sólo queda que todos nos comportemos con lealtad y respeto a las reglas de juego. De no ser así, seguro que “enredaremos” la campaña electoral y el ciudadano harto de nuestras “pequeñas trifulcas” acabará “mandándonos a todos a la porra”.

Reflexiones incómodas sobre economía

Ahora que estamos inmersos en una precipitada carrera para la recapitalización de las entidades financieras como solución a los problemas de nuestra economía, me viene a la cabeza una reflexión “molesta” que he tenido la suerte de leer en una obra de Zygmunt Bauman y que querría compartir con todos aquéllos que estén dispuestos a pasar un rato con un profano en economía. ¡Advertidos quedan!

La crisis financiera internacional en la que estamos metidos desde 2008 no era tan imprevisible como muchos han intentado hacernos creer. Muy al contrario, es el resultado lógico del modelo capitalista posesivo y radical al que hemos confiado desde hace muchos años nuestra suerte y nuestro futuro en lo económico y lo social.

Vaya por delante que toda crítica al capitalismo no supone por mi parte simpatía alguna por el modelo del llamado “socialismo real”. Éste fue un sistema que con la promesa de que alcanzaríamos el reino de la libertad nos echaba en manos de quienes lo único que pretendían era cercenar las libertades y someter a la “esclavitud” a los individuos. Sin embargo, eso no debería impedirnos ver que el capitalismo lleva en su interior el “gen” de la destrucción y, lamentablemente, si no se ponen las medidas para neutralizar esa célula patógena, su expansión nos llevará una y otra vez a caer en profundas crisis.

Dicho toscamente, el capitalismo es un modelo económico que se sustenta en la ambición humana desmedida y que se hace exitoso cuanto mayor es la concentración de riqueza que consigue. Por ello, como dijera Rosa Luxemburgo, el capitalismo actúa como un “sistema parasitario” que prospera siempre que encuentre un organismo del que poder alimentarse. Necesita de economías “precapitalistas”, “tierras vírgenes” que poder colonizar para seguir generando concentración de capital. El resultado, tras el paso del capitalismo por esas tierras “inexploradas”, es la transformación de éstas en un desierto en el que es difícil que vuelva a germinar semilla alguna.

Al inicio del siglo XX el capitalismo se extendía en las “nuevas tierras” que eran ocupadas para la colonización y en los países que nacían a la vida independiente. La fórmula del sistema económico que se aplicaba era bien simple: cubrir las necesidades que esas nuevas sociedades tenían. La oferta se adecuaba a la demanda. Sin embargo, décadas después, cuando ya esas “nuevas tierras” han sido plenamente colonizadas y esquilmadas, el capitalismo requiere nuevos campos en los que el modelo siga floreciendo. Si en el planeta ya no hay más tierras vírgenes que ocupar la solución se ha de buscar en las propias sociedades desarrolladas. Para ello, se necesita cambiar el orden en las prioridades vitales. Si el modelo económico hasta ese momento había funcionado adaptando la oferta a la demanda, en el “nuevo tiempo económico” lo que se tiene que hacer es generar demanda para que la oferta funcione a pleno rendimiento.

La idea anterior es mucho más que una “estrategia económica”: fue nada más y nada menos que un cambio de paradigma económico y modo de vida. Mediante esa estrategia hemos pasado de unas sociedades de productores a otras de consumidores. El objetivo del nuevo modelo es contar con personas que nunca colmen sus necesidades. Lo importante es que todos vivamos enganchados a nuevas y permanentes necesidades que debemos satisfacer cada día (una nueva casa, unos nuevos electrodomésticos, un nuevo coche, ropa de temporada o una mejores vacaciones). ¿Pero cómo es posible vivir haciendo frente a los ingentes gastos que la nueva cultura nos reclama? El invento para solucionarlo fue el CRÉDITO: si necesitas consumir y no tienes dinero, no hace falta que esperes a conseguirlo, los bancos te lo prestan.

En la sociedad clásica, no era así: cuando se tenía necesidad de consumir, lo primero que se hacía era trabajar, apretarse el cinturón, privarse de otras cosas y esperar a reunir el dinero suficiente para poder hacer frente al gasto que conlleva lo que se ha decidido adquirir. Era la cultura de una persona precavida, ahorradora, respetuosa con los tiempos y consciente del valor de las cosas. Ahora, gracias a los bancos y a sus créditos, no se tiene que esperar, basta con acercarse a una de sus oficinas y pedir cuanto se necesita. -En tiempos no muy lejanos las entidades financieras no sólo te prestaban dinero para lo que le pedías sino que aprovechaban la ocasión para ofrecerte más aún para gastos complementarios-. Es una cultura en la que lo importante es el deseo y la voluntad de satisfacerlo y en la que el valor se aleja del precio puesto que se cuenta con quién está encantado de prestar el dinero que necesitas. Por eso, durante muchos años, mercancías que tenían un valor limitado aumentaron exponencialmente su precio.

Durante varias décadas hemos vivido alimentando una economía sustentada en el consumo permanente y desenfrenado. Pero esa forma de vivir no ha sido un capricho de las personas, fue una estrategia del capitalismo que necesitaba “nuevos campos que colonizar”, ahora en forma de ávidos consumidores que aseguran que las fábricas trabajan a pleno rendimiento y los productos salen de los almacenes, al tiempo que los bancos mediante la generación de “deudores permanentes” viven felizmente de los intereses de los créditos.

Durante todo este tiempo se ha estado atizando el deseo de consumo para que todos, jóvenes y mayores, ricos y pobres, blancos y negros, nos convirtiéramos en una “raza” de deudores. “El mundo es de la deuda y nadie debería vivir sin estar endeudado” ha sido el lema durante estos años. Por eso, no han faltado los “productos financieros” que facilitaban esa situación – leasing - y eran muy frecuentes las penalizaciones a aquellos clientes de bancos que pretendían cancelar sus créditos. El problema, como cuando se agotaron las “tierras vírgenes” a mediados del siglo pasado, es que ahora también se empiezan a agotar los potenciales deudores: ya no cabe seguir alimentando el sistema con más y más grandes deudas al tiempo que aparecen los impagos y los bancos no saben qué hacer. Por eso recurren al Estado y a las reservas monetarias de los países, porque, puesto que han esquilmado el mercado del crédito privado, la única forma de seguir adelante es que los países gasten sus ahorros y aumenten su endeudamiento para absorber la que ellos han generado.

En definitiva, lo que está sucediendo es que el capitalismo nuevamente no ha sabido controlar su célula autodestructiva, que se ha extendido y provocado una enorme metástasis en la economía global. Y puesto que no se adivinan soluciones todo se fía a estabilizar el modelo inyectando dinero y esperando que el deseo y el consumo activen las cadenas de producción de nuestras fábricas nuevamente. ¡Craso error! Eso tan sólo será un “parche” que nos pondrá en el camino de la próxima crisis que, puesto que el mercado del crédito ya está saturado, se producirá en mucho menos tiempo y con más intensidad.

Mientras tanto, nada se dice y menos se hace sobre los verdaderos problemas de nuestro mundo: el cambio climático, los movimientos migratorios, el hambre, las guerras y el avance de las desigualdades. Para hacer frente a estos problemas, se necesitaría un nuevo cambio de paradigma y, lamentablemente, la ambición humana y la voluntad de concentración de riqueza propia del capitalismo no tienen interés alguno en auspiciarlo.

Para lograr ese cambio de paradigma se requeriría activar en nuestras sociedades unos parámetros vitales muy distintos a los actuales: la sensibilidad ante las desigualdades, la injusticia, la opresión, la valorización de la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona. ¡Pero a quién interesan estos valores sino a socialistas trasnochados, a monjes, pacifistas y ecologistas visionarios! En definitiva, a gentes que no están en el sistema. Por lo tanto: ¡Sigamos con lo nuestro!

Racionalidad en el Estado Autonómico

Racionalidad en el Estado Autonómico

El autor defiende el modelo de las autonomías frente a las tensiones generadas por centralistas e independentistas. Señala que el gran reto para los próximos años es configurar un modelo de financiación más equitativo y solidario.

La ordenación territorial del Estado ha sido uno de los grandes problemas del constitucionalismo español en los últimos 200 años. El siglo XIX y la mayor parte del XX han estado protagonizados por políticas que han negado la libertad, la democracia y los intentos de autonomía de parte de los territorios de España. Frente a los absolutismos, las dictaduras y las libertades tuteladas que generaron opresión y ahogo político no faltaron reacciones desaforadas: cantonalismo, anarquismo o independentismo.

El constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y supo que tenía que establecer una solución al problema territorial que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías que quedaba definido en dos grandes principios acompañados de otros dos complementarios: se reconoce la unidad España -patria común e indivisible de todos los españoles- y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Por tanto, la solución al problema territorial se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política.

A esos dos grandes principios hay que añadir los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además se reconocía la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre los entes autonómicos y el Estado.

Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los 80, con la aprobación de los estatutos de autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante tres décadas, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, hemos construido una nueva organización territorial que comparada con la que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente es para estar más que contentos.

Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado dos fuerzas que desde los extremos ideológicos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismo o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.

Ambos extremos se plantean la cuestión territorial en clave de oportunidad política. Desprecian las infinitas mejoras en la convivencia cívica y la racionalización en la acción de las administraciones públicas. Apuestan por la tensión y el enfrentamiento entre ciudadanos y territorios como la mejor garantía de que un día sus postulados se alzarán victoriosos. Por ello, pese a que la descentralización que se ha realizado en nuestro país durante estos años es incomparablemente positiva respecto de cualquier otro momento histórico, y muchos nacionalistas de la década de los 70 no podían llegar a soñar el nivel de autogobierno que han conseguido sus territorios, sus reclamaciones no se han moderado, muy al contrario, se han agudizado hasta el punto de que hoy día ya sólo les queda reclamar directamente la confederación o la secesión. Situación que, sin duda, es problemática: no olvidemos que el Estado autonómico se configuró en la Constitución del 78, en parte, para satisfacer el ansia de autogobierno del nacionalismo vasco y catalán.

En la legislatura pasada, pese al ruido y los errores que llevó consigo la reforma del Estatuto Catalán, se completó de forma muy positiva parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los estatutos de muchas comunidades. Este proceso iniciado hace unos años ha de continuar con la reforma en aquellas otras comunidades que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es urgente por más que las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid nada digan sobre la materia).

En la legislatura pasada también se aprobó un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, quizás con menos fortuna y con el pecado que todas las reformas en esta materia han tenido hasta ahora: la temporalidad y el casuismo. Por eso sería conveniente que en los próximos años nos esforzásemos en la consecución de un sistema de financiación suficiente, corresponsable, general, estable y transparente. La experiencia de negociaciones tan densas como conflictivas a propósito del periódico reparto territorial de los fondos públicos, con un déficit muy considerable de comprensión pública, invita a una regulación que vaya más allá de la mera enunciación de grandes principios en el artículo 156 de la CE. El vigente modelo de financiación, siempre pendiente del juego de los pulsos de poder, debería dar paso a un nuevo modelo con los perfiles básicos establecidos constitucionalmente: el grado de corresponsabilidad fiscal -porcentaje de participación territorial en los impuestos principales-, los criterios de distribución de gasto para asegurar la financiación de servicios básicos -como la población, el perfil demográfico, la dispersión o insularidad…-, así como la naturaleza de los Fondos de Nivelación y Suficiencia que han de garantizar la solidaridad, la cohesión y la igualdad. Un modelo que no debe olvidar que es al Estado al que le corresponde establecer las bases y la coordinación en la planificación general de la actividad económica y, por ello, las grandes cuestiones que afectan a la organización y estrategia económica de España se deben determinar desde el nivel estatal (por ejemplo, niveles de déficit o deuda de las administraciones públicas).

A estas dos importantes cuestiones -modernización estatutaria y financiación- habría que añadirle otras dos que no lo son menos para empezar a pensar que se puede culminar racionalmente el modelo territorial. En primer lugar, un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para cubrir las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que hacer frente y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles.

Y en segundo término, la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las autonomías y éstas entre sí: reforma del Senado, conferencias de presidentes, fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y la colaboración. Estas reformas deben surgir del artículo 2 de la Constitución, que además del derecho a la autonomía habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.

La cooperación, la coordinación y las técnicas para resolver los conflictos son clave en un Estado compuesto, y su desarrollo debería ir más allá de un proyecto político y convertirse en cuestión de Estado. Una organización territorial que se sustenta sobre un fino equilibrio entre unidad y autonomía, que tiene que evitar la estrategia de los uniformadores que niegan la pluralidad cultural de los diversos territorios de España y su capacidad de autogobierno, y a los disgregadores que pretenden romper el pacto constitucional negando España o considerándola una nación residual, no puede mantener en un segundo plano los instrumentos políticos y jurídicos que sobre la base de la lealtad institucional y constitucional ha de servir para generar eficiencia en el sistema y resolver los problemas que son consustanciales a todo Estado descentralizado.

Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En 30 años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los 180 anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural.

Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos.

En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad y tacticismo con todo lo relacionado con España y las autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es la que sirve para construir sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos, un espacio de convivencia y de desarrollo colectivo donde el individuo y sus derechos sean el centro de la acción política.

Elviro Aranda es profesor de Derecho Constitucional, diputado nacional del Grupo Socialista y portavoz adjunto de la Comisión Constitucional.

Publicado en el diario “El Mundo” el 9 de marzo de 2011.

MAS EXTRANJEROS CON DERECHO DE VOTO

El día 25 de enero finalizó el plazo para que los extranjeros residentes en España con nacionalidad de países con los que se ha firmado convenio de reciprocidad se inscribiesen en el censo electoral a los efectos de poder votar en las elecciones municipales de 2011.

De las 350.287 personas que podían inscribirse lo han hecho 45.554 -poco más del 13%-. Unos números que para algunos resultan excesivamente bajos, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia del derecho de voto, no sólo para quienes lo ejercitan, sino para mejorar la convivencia de nuestros pueblos y ciudades.

Para que los inscritos en el censo para poder ejercer el voto se acerque a las personas extranjeras residentes, además de reducir la burocracia censal y reforzar las campañas informativas, tendríamos que replantearnos el sistema que se ha establecido para el reconocimiento del sufragio: la vía de los convenios país a país para garantizar la reciprocidad entre nacionales de uno y otro sitio. Me explico:

Como todo el mundo sabe, el asunto del sufragio de los extranjeros en España se ha de analizar desde las previsiones del artículo 13.2 de la CE que establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

Dicho artículo limita mucho el derecho de sufragio: tan sólo sufragio activo, en las elecciones municipales, y siempre que mediante convenio o ley se atienda el criterio de reciprocidad. Por lo tanto, si lo que estamos reconociendo es un sufragio muy restringido y tan sólo para las elecciones municipales no debemos olvidar que en esos procesos el voto puede ser un instrumento más para la integración de las personas extranjeras que viven, trabajan y contribuyen al desarrollo y sostenimiento de nuestra Nación. Eso es, precisamente, lo que pensó la Comisión de Venecia (European Commission for Democracy Thorugh Law) creada en el seno del Consejo de Europa cuando dijo que el derecho de voto de los extranjeros residentes de larga duración –al menos en las elecciones municipales- se ha de considerar una cuestión de estricta justicia qué, además, contribuye al desarrollo de su comunidad de residencia.

Por eso, el derecho de sufragio es uno de los factores más importantes con los que podemos contar para favorecer el proceso de integración y reconocimiento entre inmigrantes y nacionales. Una persona que vive de forma estable y legal en nuestro país, que trabaja y contribuye al sostenimiento de lo público, que tiene acceso a los servicios sociales, parece bastante lógico que también tenga la oportunidad de que, mediante el sufragio, se haga copartícipe de mantenimiento de dichos servicios públicos y sociales. Pero es más, el derecho de sufragio también va a contribuir de una forma esencial a que el inmigrante sea “sujeto de interés electoral” de los partidos políticos. El voto inmigrante obligará a los partidos a tenerlos en cuenta tanto al confeccionar las listas como a la hora de elaborar sus programas electorales.

Si estamos de acuerdo con ese planteamiento de fondo, lo que queda es cómo cumplir las previsiones del artículo 13.2 de la CE lo más favorable al derecho de sufragio de los extranjeros. Si leemos con cuidado el artículo concluimos que el derecho al voto se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos:

- Que se autorice mediante tratado o ley

- Que se haga atendiendo a criterios de reciprocidad

A su vez, dos son las posibilidades para cumplir esos mandatos: mediante la reforma de los artículos 176 y 177 de la LOREG y estableciendo en ellos las condiciones y los requisitos para el sufragio; o abriendo un proceso de firma y ratificación de tratados entre los países de donde fueran nacionales los inmigrantes a los que se quisiese reconocer el derecho.

Aunque algunos, tanto en la academia como en la política, piensan que decantarse por una opción u otra es indiferente, yo siempre he pensado que no es así, y que tomar un camino u otro es determinante para la extensión del derecho y las personas que podrán ejercitarlo. Como el asunto de la “reciprocidad” es la cuestión clave, si se opta por la vía de la reforma legal el Estado español tiene todas las cartas en sus manos para una interpretación más o menos amplia del término, y si se decide seguir por la vía de los convenios las condiciones quedan a disposición de las partes y las circunstancias política del país con el que se pacta.

Lo primero que se debe hacer es tener claro el concepto de “reciprocidad”. Sin extenderme mucho en su análisis, hemos de partir de la reciprocidad como principio estructural del derecho internacional, que, aunque tiene en muchos casos una mención expresa en los acuerdos y tratados, se encuentra de forma implícita en todas relaciones de esa naturaleza. Ahora bien, la cuestión de la reciprocidad en el caso que nos ocupa es bien distinta a cuando dos países pactan relaciones comerciales. Estamos hablando del ejercicio de un derecho individual -el de sufragio- que no sólo tiene un contenido de carácter subjetivo, sino que proyecta un “interés” de la sociedad que acoge a los inmigrantes puesto que es ella la que está más interesada en integrar a personas que viven, trabajan y contribuyen como cualquier otra en el funcionamiento y desarrollo del país. Por todo ello, el concepto de reciprocidad que establece el artículo 13.2 de la CE no se puede interpretar desde una perspectiva restrictiva como si los Estados que suscriben el tratado estuvieran, como decía antes, pactando relaciones comerciales o de otra naturaleza.

En segundo lugar, no se debe perder de vista que lo que el artículo 13.2 de la CE reconoce es el derecho de voto activo de los extranjeros no comunitarios en las elecciones municipales. Es decir, un derecho de sufragio muy restringido. Por eso hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales:

- Primera, que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que los municipios se deben considerar corporaciones de derecho público y por ello, aunque en sus elecciones los representantes se eligen mediante el ejercicio de derechos de participación política, no son equiparables a las instituciones representativas donde se expresa soberanía (elección del parlamento).

- Segunda, que el artículo 140 de la CE establece que los concejales “serán elegidos por los vecinos del municipio”. Luego no hay que perder de vista que el concepto de “vecino” incluye a todos los residentes en el municipio, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, que la elección de los concejales se hace gravitar ex constitutione sobre la condición de residente y no sobre la nacionalidad. Por eso, el propio Consejo de Estado, en su Informe para la reforma electoral, ya señaló que de la lectura conjunta de los artículo 13.2 y 140 de la CE se ha de llegar a la conclusión que la interpretación de la “reciprocidad” prevista en el citado precepto no se debería hacer de forma restrictiva y rígida sino que más bien habría que llegar a una interpretación amplia.

Luego, si el concepto de reciprocidad es un término del derecho internacional que cobra plena vigencia en la conformación de los pactos entre Estados en cuanto sujetos de derechos y obligaciones, y aquí de lo que estamos hablando es de reconocer el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes permanentemente como instrumento para su integración en la sociedad en la que viven. Si el derecho al voto que se reconoce es para la participación en las elecciones municipales, donde el ámbito de “soberanía” que se ejercita está especialmente reducido. Y, finalmente, es la Constitución la que dice que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio, y vecino es toda persona que viviendo de forma estable en esa localidad está empadronada. Podríamos concluir que es posible ser más generosos a la hora de reconocer el derecho de voto a los extranjeros.

El problema, desde mi punto de vista, es que en todo este proceso se instaló la idea, o la voluntad política, de hacer una interpretación estricta del concepto “reciprocidad”, y lo cierto es que esa forma de ver el término no es la más afortunada políticamente hablando y, ni mucho menos, la que mejor se ajusta a la Constitución. Por ello, aunque el camino abierto con los Convenios suscritos es de gran interés, deberíamos situarnos en él pensando que tan sólo hemos dado los primeros pasos para que los extranjeros participen de nuestras elecciones y que aún nos queda mucho trecho por recorrer.

Elviro Aranda Álvarez
Profesor de Derecho Constitucional
Diputado del PSOE

LA REFORMA ELECTORAL POSIBLE: ¡DE MOMENTO!

Hace unas semanas, participando en un seminario donde se analizaba la reforma electoral que se está tramitando en el Parlamento, un prestigioso académico conocedor de estos asuntos decía que las leyes electorales, en su contenido más esencial, para que sean objeto de reforma necesitan que previamente hayan colapsado o que el sistema político haya quebrado. Yo no llego a tanto, pero reconozco que algo cierto hay en esa afirmación.

En estos días, estamos concluyendo el debate parlamentario más intenso que nunca se había hecho sobre nuestro régimen electoral desde la aprobación de la vigente ley de 1985. El resultado será, también, la reforma más importante que durante estos años se ha aprobado. Sin embargo, en la opinión pública especializada, los medios de comunicación y los partidos políticos minoritarios, la impresión es que se va a desaprovechar una oportunidad para modernizar un modelo electoral que trae causa en normas preconstitucionales y que algunos ven como la última hipoteca que nos dejo el tardofranquismo. Aunque es cierto que elementos del sistema son preconstitucionales, también es cierto que ello no ha impedido que el resultado de su aplicación durante estos treinta y cinco años haya sido francamente positivo.

Para no “enredarse” con las diferentes posibilidades electorales existentes, hay que decir que a partir de los dos grandes sistemas electorales: el mayoritario y el proporcional, las opciones mixtas que han ensayado los países democráticos de nuestro entorno son muy variadas. Por eso, al final se comprueba que decantarse por uno u otro tan sólo depende de las circunstancias políticas del país y de la importancia que se les dé a las normas tendentes a hacer compatibles representatividad y gobernabilidad.

En España, cuando se habla del sistema electoral es frecuente hacerlo como si no existiese nada más que el proporcional que se utiliza para la elección de los Diputados al Congreso; sin embargo, hay que recordar que, entre otros, también existe un sistema mayoritario de listas abiertas y desbloqueadas para el Senado aunque eso no suponga que las cosas cambien mucho a la hora de la elección de unos u otros representantes.


Pero limitémonos al sistema proporcional del Congreso de los Diputados. Es cierto que la proporcionalidad del modelo está corregida. Tanto la designación de la provincia como circunscripción, como la asignación de un número mínimo de dos diputados a cada una de ellas de forma fija antes de hacer el reparto en función de la población, cuanto la opción por la fórmula D´Hondt para transformar los votos en escaños son decisiones, una de carácter constitucional y las otras dos voluntad del Legislador, que se decantan por corregir la proporcionalidad a favor de la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria.

El resultado es que en estos años se ha conformado un mapa político del siguiente tenor: dos grandes partidos, entre dos y cinco partidos de corte nacionalista y, con dificultad, a demás, sobreviven dos pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD). Los dos grandes partidos se han alternado en el poder durante estos años y, cuando no han conseguido mayorías suficientes para gobernar en solitario, se han valido de los apoyos puntuales de los partidos nacionalistas que han cumplido esa función a cambio de una buena consideración para los intereses políticos de sus territorios. Hasta ahora esta dinámica política ha funcionado razonablemente bien, ¡aunque los ciudadanos que no pertenecen a territorios con partidos nacionalistas se consideren agraviados!, puesto que el desarrollo del estado autonómico hacía que el gobierno de turno tuviera recursos y posibilidades para satisfacer las necesidades de los partidos nacionalistas que funcionan como bisagra. Ahora bien: ¿qué sucederá cuando desplegado plenamente el Estado de las Autonomías no queden transferencias o cantidades económicas que transferir?

Cuando suceda lo anterior, que quien esté en condiciones de gobernar no pueda satisfacer las reclamaciones de aquéllos que se prestan a ser aliados parlamentarios –por ejemplo, algo que podría suceder cuando CiU ponga sobre la mesa para apoyar una investidura que se le reconozca a Cataluña un modelo de financiación similar al Concierto Vasco- entonces lo que sucederá es que habrán cambiado las condiciones políticas de nuestro país y, como decía al inicio de este artículo, es cuando surgirá con fuerza la necesidad de reformar el sistema electoral para que aparezca una fuerza política con capacidad de ser partido bisagra de carácter nacional.


Por eso las reformas electorales, de momento, difícilmente van a cambiar los elementos estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que “aliar” para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que pusieran en peligro la integridad de España probablemente se empezaría a pensar cómo hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los intereses generales estén en peligro.

Mientras tanto, nos tendremos que conformar con reformas que mejoren el ejercicio del derecho de sufragio, que corrijan prácticas fraudulentas en los empadronamientos o la emisión del voto, que mejoren el procedimiento electoral, que garanticen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los inmigrantes o que limiten los gastos electorales poniendo coto a campañas que más parece empiezan el día después de celebrada las últimas elecciones. ¡Por cierto! Todo lo anterior no es poco. Es de una gran importancia porque incluso afecta al ejercicio de derechos fundamentales y, de paso, perfecciona un régimen electoral que todo el mundo reconoce es de los mejores de nuestro entorno político.