Público vs. Privado

La izquierda y la derecha han debatido desde siempre sobre la gestión de los servicios públicos. Pese a lo mucho que se ha dicho, la solución no es fácil y suelen abundar las simplificaciones. La derecha, con mucha frecuencia, tan sólo está interesada en buscar excusas para reducir el sector público. Por eso, la izquierda debe trabajar para su modernización sin dejarse atrapar por el discurso reduccionista y demagógico que intenta convencernos de que todo lo público es malo e ineficiente y todo lo privado asegurar una buena gestión. Para ello, sin olvidar que en las últimas décadas las grandes aportaciones para la conformación del Estado Social se han hecho desde lo público, tenemos que tener muy presente que no se vive de victorias pasadas y si queremos que lo público siga siendo referente de futuro necesita incorporar los cambios que la técnica y los nuevos tiempos ofrecen para ser más eficaz.

Todo esto viene a cuento a propósito de la Comunidad de Madrid y de cómo socialistas y populares enfrentan la gestión de los servicios públicos de nuestra Comunidad.

El Partido Popular lo tiene meridianamente claro en su discurso y su acción de gobierno: Todo aquello que pueda ser gestionado por la iniciativa privada no debe quedar en manos públicas. El sector público tiene dinámicas organizativas, relaciones laborales y criterios de trabajo que son por definición ineficientes; por lo tanto, la mejor manera de romper esa situación es llevar esos servicios al sector privado. Es un planteamiento que publicita Esperanza Aguirre todos los días y que desde mi punto de vista es el paradigma de la simplificación el error y la falsedad, en muchos casos. Dos ejemplos recientes:

El miércoles pasado el Juez Decano de los Juzgados de Móstoles tuvo que echar mano de los medios de comunicación para denunciar la situación desesperada en la que se encontraban los juzgados de dicho Partido Judicial. Resulta que desde hace más de dos años llevan denunciando en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid que la empresa que tiene la concesión para el mantenimiento de los servicios informáticos de sus instalaciones no les hace el menor caso. Que debido a esa situación se han encontrado en más de una ocasión con ordenadores que no funcionan, impresoras que permanecen durante meses estropeadas y sistemas informáticos que “se cuelgan” y hacen imposible efectuar cualquier diligencia judicial. Desde luego, esta situación no es una cuestión menor, puesto que la informática y “justicia en red” es la oportunidad de agilizar el servicio y evitar errores judiciales, la falta de un mantenimiento potente para solventar los problemas de funcionamiento tira por tierra cualquier plan de modernización por bien diseñado que esté. Por cierto, modernización que está haciendo el Gobierno de España.

Un par de días antes, tuvimos conocimiento de que algunos juzgados de Madrid han tenido que paralizar diligencia judiciales porque cuando requerían traductores a la Comunidad de Madrid para garantizar el derecho a la tutela judicial de los imputados que no saben castellano, la empresa concesionaria del servicio de traducción enviaba personas que no tenían la cualificación mínima para hacer su trabajo. Hasta tal punto ha sido la cosa, que una Jueza madrileña llegó a denunciar públicamente que estuvo a punto de tener que dejar en libertad a imputados por imposibilidad de realizar esos actos judiciales.

Como decía más arriba, los casos anteriores son dos ejemplos bien a las claras de algo que debería ser un obviedad: que la gestión privada de un servicio público no garantiza de por sí que se haga en las condiciones adecuadas y, mucho menos, que conlleve más eficiencia y eficacia. Por lo tanto, el slogan privado igual a buena gestión es sencillamente falso.

¡Lamentablemente!, en la Comunidad de Madrid, pese a fallos tan sonoros como los que he relatado, se necesita mucha pedagogía y mucha más confianza en la gestión pública de los servicios para que ese discurso ultra liberal que tan sólo pretende ampliar el negocio para las grandes empresas y el abandono de su responsabilidad de algunas administraciones, pueda ser interiorizado por los ciudadanos. Sobre todo si la izquierda deja que la derecha le gane el debate de las ideas y, algunos, cuando gestionan lo hacen con los mismos criterios privatizadores.

Confianza

Aunque no es uno de los temas que más me apasionan, he decidido “tirarme a la piscina” y hablar de economía. Para aquellos que quieran ahorrar tiempo ya les anuncio que de economía no se “ni las cuatro reglas”. ¡Vamos, que lo mío no se soluciona en dos tardes! Pero tal como está el panorama, y el mareo al que nos someten los expertos con “finas valoraciones” con las que nos quedamos igual o peor que antes de escucharlas, me ha parecido que no vendría mal la opinión del “ciudadano corriente”.

Que estamos inmersos en una de las crisis más graves que España ha pasado en las últimas décadas creo que nadie lo duda hoy día. El número de parados, la recesión, el déficit público y la atonía industrial y comercial de nuestro país lo evidencian con toda claridad.

Inclusos los que no sabemos de economía intuimos que “la crisis perfecta” en la que vivimos es consecuencia, en realidad, de la conjunción de dos crisis: la crisis financiera internacional, que parece está pasando; y la crisis inmobiliaria, junto con la debilidad histórica de nuestro sector productivo, que me temo vamos a arrastrar aún durante algún tiempo.

La crisis internacional empieza a remitir. La economía norteamericana y las grandes economías europeas han empezado a crear riqueza y presentan de nuevo un PIB positivo. Muchos piensan que si los grandes crecen, el efecto arrastre será suficiente para que los países más débiles también salgan pronto de la crisis. Sin embargo, tengo para mí que eso no tiene por qué ser así, al menos a corto plazo. Me explico:

Hemos vivido una gran crisis financiera que ha necesitado de cuantiosas sumas de dinero para poder reflotar a grandes bancos que se encontraron de un día para otro en situación de quiebra técnica. Al mismo tiempo, muchos países han tenido que hacer cuantiosos gastos para proteger su estado social y a los miles de desempleados que la crisis generaba. Tampoco se ha de olvidar que esos países han tenido que intentar dinamizar su economía con fuerte inversión pública. Todo ello ha supuesto un espectacular aumento del déficit público y la necesidad de que, en este momento, la reactivación económica se tenga que hacer atrayendo grandes inversiones internacionales.

Los Estados que cuentan con una economía productiva fuerte, con mercados laborales dinámicos, empresas tecnológicamente desarrolladas y sectores productivos diversificados, lo tendrán más fácil. Ofrecen más confianza y seguridad. Los países que tienen problemas estructurales en su economía: escasa diversificación productiva, un mercado laborar excesivamente rígido, falta de desarrollo tecnológico y un abultado paro, necesitan tanto o más que los otros países la inversión extrajera, pero ofrecen menos confianza y seguridad al dinero transnacional y, por lo tanto, lo tendrán más complicado. En definitiva, que los criterios económicos de siempre, los que llevaron a la crisis, son los que van ha determinar quién, cuando y como se financia la salida del túnel.

Aquí es donde estamos ahora. Al final del túnel de la crisis económica internacional. Todos intentando atraer el dinero transnacional para activar sus respectivos sectores productivos. Por eso ahora empiezan los “codazos” y las estrategias de descrédito de unos u otros, porque todos quieren conseguir el dinero especulativo para su economía. ¡Pero si esto es así! Si la salida de la crisis la vamos a sustentar en aquellos que produjeron el gran colapso financiero ¿Qué hemos aprendido de todo cuanto ha pasado? ¿Quién nos garantiza que no va a volver a pasar dentro de unos años? Me temo que nadie.

Por eso, aunque pueda parecer una contradicción, lo mejor que podemos hacer los españoles es aprovechar las circunstancias para fortalecer nuestra economía productiva. Corregir los desequilibrios estructurales, desechar las estrategias de “dinero rápido” con “monocultivos” económicos como ha sido durante los últimos quince años la construcción –“el gran milagro de Aznar y Rato” que tanto jalea el PP-, e invertir en ciencia e innovación para que nuestras empresas sean competitivas en un mundo definitivamente abierto donde todavía hoy, desgraciadamente, prima la ley del más fuerte.

Para ello, estaría bien que todos arrimáramos el hombro. El Gobierno no descuidando a los más desvalidos e implementando estrategias de reducción del déficit, los sindicatos mirando más allá de los intereses de sus afiliados en activo, los empresarios no aprovechando la crisis para sacar beneficio y la oposición olvidándose del rédito electoral de la situación en la que nos encontramos y pensando en cómo pueden ser útiles a los intereses de España y sus ciudadanos. ¿Será posible?

El Área Única de Salud madrileña

Para cuando este artículo vea la luz seguro que ya se han reunido los líderes en Madrid de los dos grandes sindicatos –UGT y CCOO- y la Ministra de Sanidad para hablar de la entrada en vigor de la Disposición Final Única de la Ley de Libertad de Elección en la Sanidad en la Comunidad de Madrid. Como todos ustedes conocen, dicha norma establece que “El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid se organiza en un Área Sanitaria Única integrada por el conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid”.

Actualmente, de acuerdo con las previsiones de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, nuestro territorio se organiza en 11 Áreas Sanitarias. Esta estructura organizativa de la sanidad pública madrileña no es un mero capricho, responde a criterios geográficos, poblacionales y socioeconómicos, y sirve para establecer funciones de autoridad sanitaria, salud pública y asistencia médica.

Para empezar por el principio. Tenemos que tener claro que el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 del Constitución española lo debe prestar la Comunidad de Madrid sin perder de vista la Ley General de Sanidad del Estado. No olvidemos que es el Estado el que de acuerdo con el artículo 149.1.16 de la CE ha de garantizar que en todo el territorio contamos con un modelo integral de Salud que asegure la consolidación de la universalidad, la equidad y la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones sanitarias de todos los españoles. Por eso, aunque las Comunidades Autónomas tienen las competencias sanitarias, eso no quiere decir que el ejercicio de esas funciones se pueda hacer olvidando la legislación básica sanitaria del Estado.

Evidentemente, en temas sanitarios todos tenemos claro que el derecho central es la protección de la salud de los ciudadanos. Pero como decía antes, no se debe olvidar que ese derecho se ha de prestar en condiciones de universalidad, igualdad y desarrollando una política de salud tendente a corregir los desequilibrios territoriales y sociales. Y esto es así no por capricho, sino porque sólo de esa forma se puede conseguir una organización y distribución de los recursos que garantice la protección de la salud; así cómo la continuidad en la atención sanitaria en todos sus niveles y la accesibilidad de los usuarios a los distintos servicios sanitarios.

Por eso precisamente, es la Ley General Sanitaria del Estado la que establece en el artículo 56 que las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio áreas de salud que garanticen una organización coordinada, racional e integral. Y es esa misma Ley la que dice que “las áreas de salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del área”. “…el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000…”.

Pese a lo que dice la Ley General Sanitaria del Estado y las razones organizativas de peso que le llevan a legislar así, la Ley de la Comunidad de Madrid introduce el “Área Única” incumpliendo ese mandato y despreciando esos criterios organizativos. Si esa forma de organizar la asistencia sanitaria responde a criterios altamente contrastados y son los que mejor garantizan la prestación del servicio en igualdad, eficiencia y participación, la pregunta salta a la vista: ¿qué busca la Comunidad de Madrid con su Área Única?

La Ley madrileña deja claro desde el primer momento que el objetivo fundamental es establecer la libertad de elección de médico de los pacientes. En su preámbulo hace un canto ideológico constante a la libertad de los pacientes, como si esa fuera la única cuestión que hay que abordar a la hora de organizar un sistema de salud. Pero por mucho que eso pueda sonar muy bien a quién no conoce la complejidad organizativa de un servicio de carácter universal, no es así. ¡Por supuesto que la libertad es un valor que todos apreciamos! Pero cuando tenemos que ocuparnos de organizar un servicio público de las dimensiones de la sanidad pública no basta con hacer declaraciones principialistas, hay que acometer estrategias organizativas que den racionalidad, viabilidad y eficiencia al sistema. Por eso precisamente la Ley sanitaria del Estado obliga a que las Comunidades Autónomas establezcan Áreas Sanitarias.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, saltándose el mandato de la ley básica del Estado ha decidido prescindir de esa organización. ¿Para defender la libertad de elección de los pacientes? No, libertad de elección de médico ya existe, no hace falta poner “patas arriba” el modelo sanitario para conseguirlo. Luego ¿Qué busca la Comunidad de Madrid con este nuevo sistema?

Parece bastante claro. Basta con conocer cual ha sido la trayectoria en la ordenación sanitaria de la Comunidad en estos últimos años. La privatización del servicio. Primero han sido los grandes centros: los nuevos hospitales. Ahora están pensando en los Centros de Atención Primaria. Y claro, para garantizar la mejor penetración del sector privado, y doblegar a los defensores del servicio de gestión pública, qué mejor que acabar con las Áreas Sanitarias. Al fin y a la postre, son ellas las que establecen los órganos de participación –Consejos de Salud- y, por lo tanto, son en ellas donde los ciudadanos, los sindicatos y los colectivos de médicos, ATS y el resto del personal sanitario están organizados y pueden dar la batalla contra la privatización. Por supuesto, tampoco es menos importante el objetivo de desligar a los profesionales de sus centros de trabajo y de esa manera facilitar el trasvase de médicos y ATS de los centros públicos a los nuevos centros privatizados.

Como decía, una medida que encaja perfectamente en un objetivo bien claro: el desmantelamiento del servicio público sanitario madrileño y su progresiva privatización. ¡Toda una opción política! Frente a ella los que aspiramos a gobernar en Madrid debemos hacer una propuesta clara, inteligible en defensa de la sanidad pública. No por mero capricho, sino porque la sanidad pública universal y gratuita durante treinta años ha sido una de las conquistas sociales más importantes conseguida por los españoles y no podemos ahora dejar que “arribistas de lucrativos negocios” vengan a quedarse con ella a precio de saldo. ¡Defendámosla con convicción!

Pacto por la Educación

En la sociedad española han existido desde tiempo inmemorial debates que han dividido a nuestro pueblo y han contribuido al atraso y el estancamiento económico y cultural. La explicación de esa contumaz y continuada división es muy variada y, en parte, tiene que ver con la “oscuridad” y el distanciamiento con la modernidad que nuestro país ha sufrido en los últimos tres siglos (al menos hasta 1978).

Una de esas grandes cuestiones es la política educativa. Desgraciadamente, el pacto nacional por la educación, que debería haber sido una seña de identidad en la Constitución de 1978, no fue posible. Basta con leer su artículo 27 con sus diez apartados para observar como el Constituyente, ante la imposibilidad de pactar un modelo educativo que satisficiera a todos decidió –como en otros grandes asuntos, ¡por cierto!- elaborar un redactado donde cupieran los dos grandes modelos educativos que siempre han rivalizado en nuestra Nación: el derecho a la educación sustentado sobre un sistema de educación pública y la libertad de enseñanza y, con ella, la libertad para crear centro educativos y establecer modelos de educación.

La política educativa que se ha hecho durante estos últimos treinta años, desgraciadamente, tampoco ha conseguido superar esa división. Nuevamente bastaría con hacer un historial de las leyes educativas que se han aprobado durante estos años para comprobar como los dos grandes modelos han rivalizado y cómo se ha impuesto uno u otro en función de la fuerza política gobernante. Incluso en la política educativa de la derecha o la izquierda no han faltado bandazos que evidencian la falta de un modelo lo suficientemente elaborado e interiorizado detro de las propias fuerzas políticas.

El Ministro Gabilondo ha propuesto al PP un pacto de Estado por la educación y muchos nos felicitamos de que en tiempos políticos tan convulsos haya un Ministro valiente que abandone la estrategia - tan común en la forma de hacer política de estos tiempos- de gestionar pasando desapercibido y procurando no pisar ningún callo, y haya dado un paso adelante proponiendo cien medidas para el consenso educativo entre las dos grandes fuerzas política en España. También me congratulo por la disposición del PP a negociar dicho pacto. Bueno….me felicité por las primeras declaraciones de la Sra. De Cospedal y empecé a preocuparme cuando el PP hizo un acto público donde vino a recordarnos que si se quería pactar con ellos habría que reconocer muchas de sus propuesta educativas de máximo.

La Constitución, como decía, abre caminos para distintos modelos educativos, ahora bien, también es cierto que la misma Constitución establece determinados principios y valores que no deberíamos perder de vista a la hora de establecer un modelo educativo. Por ejemplo, no se ha de olvidar que ese modelo debe promocionar la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación; por ello, la educación debe actuar como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Esa educación de calidad, no discriminatoria, que fortalezca las potencialidades de los alumnos debe construirse sobre un sistema de Educación pública equitativa y universal en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos deben estar comprometidos con esa tarea.

Algunos que antes de empezar a negociar están poniendo ya “rayas rojas” deberían interiorizar muchos de esos principios básicos constitucionales y darle una vuelta a la política educativa que su partido ha puesto en práctica en Comunidades como la de Madrid, que en su afán privatizador está rompiendo la escuela pública de calidad, y en donde los centros privados y concertados generan, en muchos casos, desigualdad y segregación del alumnado.

Ayer conocimos que en los diez años de transferencia de la Educación a la Comunidad de Madrid la calidad educativa ha caído cinco puntos porcentuales y hemos pasado a ser una de la Comunidades Autónomas que menos invierte en Educación. Por eso, no se debe olvidar que en Madrid falta presupuesto para los colegios, institutos y universidades públicas y sobra complicidad con organizaciones cuyo cometido esencial, cuando se introducen en el mundo educativo, radica en hacer negocio y extender una moral privada que, en muchos casos, es claramente contradictoria con la tolerancia, la igualdad y no discriminación que propugna la Constitución española.

¡Ánimo Ministro! La Educación, la convivencia y el desarrollo de España está, en parte, en que su objetivo se cumpla.