15.12.09

Clientelismo y corrupción política


En este largo fin de semana del puente de la Constitución los ratos que no me he ocupado de los placeres familiares, me he dedicado a la lectura de un par de libros sobre clientelismo y corrupción en la Italia de la década de los noventa, cuando el Juez Di Pietro puso en marcha la operación Tangentopoli contra los abusos de poder y apropiación de bienes públicos por destacados miembros de la política italiana de la época. Como muchos de ustedes recordarán, aquellos procesos judiciales acabaron con algunos de los partidos tradicionales –Democracia Cristiana, Partido Socialista- y ¡desgraciadamente! parece que poco hicieron para acabar con la corrupción, a la vista de cómo está “el patio” en el país hermano.




De todas maneras, de aquellos acontecimientos se han sacado interesantes conclusiones sobre el comportamiento de los partidos políticos en situaciones de corrupción que, tengo la impresión, son muy de aplicación para la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, que los denominados partidos de masas asentados en las reivindicaciones de miles de ciudadanos que se constituyen y se desarrollan con un proyecto anclado en unos principios claros y definidos; que se organizan mediante una estructura cohesionada que responde a la consecución de los objetivos de su proyecto político y que diseñan una estrategia capaz de servir para desarrollar una labor de oposición y, al mismo tiempo, construir una alternativa de gobierno, no existen.




En la actualidad la mayor parte de los partidos políticos se han convertido en organizaciones “archipiélagos” con múltiples centros de poder e influencia donde cada subgrupo actúa como facción en busca de sus intereses en la sociedad, el partido y las instituciones donde interactúan –y digo interactúan, porque viendo como se comportan algunos es difícil decir que hacen política-.




Por eso, lo que le interesa a los reyes de taifas de ese tipo de partidos no es tanto hacer políticas públicas en defensa de su ideales –libertad de mercado, defensa de la iniciativa privada, educación pública, sanidad, servicios sociales- sino ocupar las instituciones y los puestos que les corresponda en las Empresas, Cajas de Ahorro u otras organizaciones con individuos de su confianza más extrema. Puesto que el partido se ha convertido en una organización atomizada, disgregada y con escasos instrumentos de democracia interna, si consigo “colocar a los míos” en lugares de poder social o institucional me garantizo posibilidad de influencia y clientelismo tanto dentro como fuera de la organización.




Desgraciadamente, en estos momentos el clientelismo se ha convertido en una práctica política más común de lo que parece. No me refiero al clientelismo del señorito terrateniente y el campesino del siglo XIX, me estoy refiriendo a un clientelismo horizontal, entre sujetos que están en píe de igualdad, donde la práctica clientelar es la manera con la que los aparatos de esos partidos distribuyen recursos públicos y favores a cambio de apoyo electoral, es decir, utilizan patrimonialmente las instituciones con fines particulares.




Cuando una organización política no tiene principios ideológicos, no tiene un proyecto definido, no tiene una organización cohesionada e integradora, cuando su estrategia tan sólo responde al buen criterio del líder de turno y todo su poder está en las organizaciones publicas o privadas donde tiene consejeros y administradores las condiciones están puestas para que toda su política sea clientelar y más pronto que tarde se convierta en corrupción.




Es cierto que en muchos casos el clientelismo no es una práctica ilegal pero es siempre una actuación ilegítima que se aprovecha de que se han “colonizado” las instituciones y las empresas públicas con individuos a fines para llegar con más facilidad a los ciudadanos y conseguir su simpatía y, a poder ser, su voto (es lo que hacen algunos alcaldes en campaña electoral que se meten en el hogar del jubilado del pueblo o el consejero de una radio televisión que presta especial cuidado a los intereses del partido que le ha propuesto para ese cargo cuando llegan unas elecciones).




Pero normalmente la cosa no acaba ahí. Si las campañas electorales son costosas, los gastos cuantiosos, las aportaciones de los militantes testimoniales, tanto en lo material como en su compromiso personal, y las necesidades para llegar a una sociedad compleja y populosa ingentes las condiciones están servidas para que el “cliente”, que en muchos casos son grandes empresas con medios personales, económicos y materiales muy por encima que unos partidos de “cuadros anoréxicos” instalados en las instituciones y en las empresas públicas, se convierta en “proveedores” que facilitan los actos públicos, organizan los mítines, las reuniones de afiliados, las fiestas con electores y aporten sustanciosas cantidades que equilibran las cuentas maltrechas por las campañas electorales.




Por supuesto, tampoco faltarán los “listos” que gestionan “el negocio” y que pronto se hacen la cuenta que puesto que lo que hacen por el partido mancilla su integridad y se colocan en disposición de acabar en la cárcel lo mejor es hacer de cuando en cuando algo por su interés personal. Les puedo asegurar que todo lo que les he relatado son categorías generales que se compusieron del comportamiento ilegal, ilícito e ilegítimo de los partidos políticos italianos después de analizar todo lo que la Tangentopolis ofreció.




Ahora bien: ¿no les parece a ustedes que el comportamiento de algunos en nuestro país y, en especial en Madrid, tiene un gran parecido? Pues tomemos ejemplo y no tropecemos en la piedra que otros ya han manchado con la dignidad de la POLÍTICA y la confianza de los CIUDADANOS.



PD: Homenaje en el 9 de diciembre. Día Internacional contra la Corrupción

Sí a la reforma de la Ley 15/1997


La semana pasada estuvimos de enhorabuena la mayoría de los socialistas madrileños. Pudimos disfrutar del primer paso para poner coto a uno de los dos atentados más grandes que en nuestra Comunidad se está dando al Estado Social, que tan costosamente construimos en las décadas de los 80 y 90: nuestro servicio público sanitario.




El artículo 43 de la Constitución establece que los poderes públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de los servicios necesarios. Algunos piensan que este artículo queda cumplimentado siempre que exista un sistema sanitario con financiación pública, aunque esté gestionado por empresas privadas.




Sin embargo, los socialistas siempre hemos pensado que lo que el artículo 43 de la Constitución establece es que además de la financiación del servicio se requiere que su provisión, es decir la gestión, sea fundamentalmente pública. Y aquí está el mal de lo que está sucediendo en Madrid. Doña Esperanza Aguirre está llevando tan lejos su afán privatizador de la sanidad que muy pronto no estará garantizado el mandato constitucional: que la provisión del servicio sanitario sea fundamentalmente público.




Soy consciente que el argumento anterior es meramente técnico, que lo que interesa al usuario al analizar uno u otro sistema son los efectos en la calidad de la sanidad que se presta y los coste que el servicio conlleva a las arcas públicas. Pues bien, aquí también, frente a lo que machaconamente dice la presidenta, los resultados son significativos.




El aumento de hospitales de gestión privada como el de Parla y de concesión administrativa como el de Valdemoro absorbe una cantidad tan grande de dinero que se transfiere a las empresas que no le queda más remedio a la Comunidad que reducir recursos humanos y materiales en los hospitales públicos tradicionales (Ramón y Cajal, La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Móstoles) sin que ello suponga un aumento de camas, de reducción de listas de espera o de más y mejores especialidades. Además, es un modelo que no garantiza la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, muy al contrario, los resultados que tenemos de lo que hasta ahora se ha hecho demuestra que el pago del canon que la Comunidad de Madrid tendrá que hacer a las empresas privadas que tienen la concesión o han realizado los centros va a salir a las arcas públicas tres o cuatro veces más caro que si se hubieran construido y gestionado públicamente.




Por ello, los socialistas creemos que la privatización de la sanidad pública no es la solución. Que la mejora del servicio sanitario y su sostenibilidad pasa por una financiación suficiente y una gestión eficiente. La financiación suficiente debe encuadrarse en el contexto de una fiscalidad progresiva y una priorización de la sanidad en el marco presupuestario. La gestión eficiente exige abordar en profundidad reformas en la estructura, organización y funcionamiento de los centros asistenciales; ello debe hacerse con la necesaria complicidad de los profesionales fomentando su real participación en la organización de sus actividades y su colaboración con la gestión de los centros.




Por todo lo anterior, muchos socialistas de Madrid estamos contentos porque se haya aprobado la toma en consideración de la reforma de la Ley 15/1997. Ahora toca que todos estemos a la altura de nuestros principios y trabajemos por una reforma de dicha norma que garantice que no pueda seguir desmantelándose un pilar básico del Estado Social: la sanidad pública de calidad. Los ciudadanos nos premiarán o castigarán por lo que hagamos en 2011.

10.12.09

Grito por la Universidad


El viernes pasado, en una reunión de universitarios de Madrid con el director general de Relaciones Internacionales, José Manuel Martínez Sierra, tuve la oportunidad de conocer cómo se está implementando el proceso de creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior en las universidades madrileñas (el llamado Plan Bolonia). Y la verdad, ya les puedo adelantar que, no sólo por lo que nos transmitió el director general, sino también por lo que expresaron algunos de los responsables de los centros universitarios que participaron en la reunión, la situación es más que preocupante.




Aunque no han faltado los críticos a Plan Bolonia, unos desde el desconocimiento de lo que supone y otros por apuntarse a conspiraciones estrambóticas de manipulación y control internacional, lo cierto es que la Convergencia Europea en Enseñanza Superior es una de las apuestas educativas y de integración en Europa más importantes que, quizás, haya hecho nunca la Unión Europea.




La igualdad de oportunidades en la formación y el acceso al trabajo será mucho más fácil con un sistema universitario que permita la movilidad de los estudiantes, los docentes y los investigadores. Pero para que esta movilidad se produzca no basta con superar la barrera idiomática; se requiere un complejo proceso de convergencia en la estructura de la enseñanza superior que se imparte en toda Europa. Para ello, se han reformado en España los planes de estudio y se han creado los grados y posgrados que suponen adaptarse al modelo de títulos europeos. Se han puesto en marcha agencias y organismos capaces de evaluar con criterios similares al resto de los países la calidad de los estudios y se ha establecido un nuevo sistema de trabajo en las aulas con nuevas técnicas docentes y valoración del trabajo de los alumnos.




Como decía, la Convergencia Europea en Enseñanza Superior es un gran y apasionante reto para la universidad española que, todo hay que decirlo, aunque había progresado mucho en los últimos treinta años, no está precisamente en el mejor puesto del ranking mundial.




Si apasionante es el reto en España, no menos importante lo es en Madrid. La Comunidad de Madrid tiene trece universidades (seis públicas y siete privadas) y como se ha dicho tantas veces, y tan poca atención se presta desde las instituciones, esas universidades son uno de los valores añadidos más notables de nuestra Comunidad.




La política universitaria es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Las universidades gozan de autonomía para su gestión en el marco de esa política. Por eso, dejando claro lo anterior, tengo que recordar una vez más, pero quizás en un momento más desesperado por los cambios que se están produciendo, que la financiación es una cuestión prioritaria que debe afrontar esa política universitaria.




Los rectores y la comunidad universitaria madrileña llevan mucho tiempo diciendo que implantar Bolonia no se puede hacer a coste cero. Ahora que estamos a un año de su culminación muchos de esos rectores se están dando cuenta que efectivamente no se va a hacer a coste cero, se hará con fuertes recortes en su presupuesto. Como muestra un botón: los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2010 reducen la inversión en universidades casi un 4 por ciento. Para algunos centros, y he tenido oportunidad de saberlo directamente de algunos decanos, esos recortes llegarán hasta el 40 por ciento.




¿Alguien cree que, salvo voluntarismo de la comunidad universitaria o un milagro, se puede llevar a buen término la convergencia europea en estas condiciones? Sinceramente yo creo que no. Y puesto que la cuestión es de una importancia capital para Madrid y el futuro de nuestra universidad, con estas palabras quiero mostrar mi denuncia a la desidia y abandono que la Comunidad está sometiendo a las universidades. También, para decirlo todo, tengo que mostrar el diferente comportamiento que está realizando el Ministerio de Educación en este tema, en muchos casos sobrepasando sus competencias.




Dos ejemplos: los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 incluyen un importante aumento en política universitaria, más del 8 por ciento respeto al 2009, y con ello se van a seguir aumentando las becas; por ejemplo, las becas préstamos-renta que tan importantes son para los estudiantes que quieren salir a otros países a completar su formación (en Madrid este aumento de las becas supondrá 160 millones más que el 2009). También se ha puesto en marcha el proyecto de Campus de Excelencia Internacional que incentivara la calidad y la modernización de las universidades (150 millones de euros más).




El Ministerio está haciendo todo lo que puede para que la convergencia europea no naufrague, las universidades y los rectores también, hasta el punto de reclamar que les dejen pedir préstamos a los bancos para financiar sus necesidades, ahora bien, la pregunta es ¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en materia universitaria y quien más interesada debería estar en que un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestra Comunidad supere esta situación? Me temo que nada. ¡Desgraciadamente!

30.11.09

No a la Ley de Acompañamiento


En el artículo de esta semana no querría dramatizar en exceso, pero sí hacer llegar al amable lector la importancia del problema que voy a intentar exponer: la perversión democrática, constitucional e institucional que supone la aprobación de la llamada “Ley de Acompañamiento” en los términos que se hace en la Comunidad de Madrid. También, y ya lo anticipo, quiero pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que pongan toda su capacidad institucional para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.



Muchos han oído hablar de la “Ley de Acompañamiento” que cada año aprueba la Asamblea de Madrid al tiempo que se tramita la Ley de Presupuestos. Incluso para muchos puede parecer algo normal y común en el trabajo legislativo parlamentario. Pero no es así. Hoy en día la “Ley de Acompañamiento” se ha convertido en uno de los atentados más graves que se asesta a la actividad legislativa y, con ello, a la democracia en nuestra Comunidad.




La técnica legislativa que hace acompañar de una ley “cajón de sastre” a la ley presupuestaria, como decía, no es nueva y aunque peculiar, no tiene por qué ser contraria a la Constitución, al respeto al Parlamento y a la función legislativa. Pero claro, siempre que se administre con prudencia, con criterio y moderación, cosa que hace muchos años no hace el Gobierno y la Asamblea de la Comunidad de Madrid.




La “Ley de Acompañamiento” surge ante una necesidad técnica que se plantea a la hora de aprobar los Presupuestos. Como es sabido, la Ley de Presupuestos consiste en el conjunto de normas que conforman el programa anual de ingresos y gastos públicos de la Administración a la que nos estemos refiriendo, en este caso la Comunidad de Madrid. Pues bien, lo que sucede es que puesto que la Ley de Presupuestos tiene un procedimiento legislativo específico y unos límites materiales, muchas veces al aprobarla se hace necesario incluir cuestiones que no caben en dicha ley, asuntos que no tienen que ver con la política presupuestaria pero que inciden en la política de ingresos y gastos públicos. Para salvar ese problema se ideó la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la llamada “Ley de Acompañamiento”.




Como decía, es una ley que no tiene porqué ser inconstitucional (algo ha dicho ya el Tribunal Constitucional) si se utiliza con moderación y proporcionalidad. Si se hace así es un instrumento legislativo rápido y ágil para superar límites formales que impedirían que la Ley de Presupuestos fuera efectiva. El problema se plantea cuando se abusa. ¡Como siempre! Los problemas están en el uso generalizado de soluciones excepcionales que se aplican para resolver problemas concretos.




En el procedimiento legislativo es fundamental la deliberación, la publicidad y la integración de los intereses de los distintos grupos políticos que participan de la acción legislativa. La deliberación, la confrontación de posiciones políticas y la publicidad de ese debate para que los ciudadanos tengan completa información de lo que sucede en la Asamblea es fundamental para la democracia en nuestra Comunidad. Pero cuando un proyecto de ley se confecciona con la modificación de treinta o cuarenta leyes de la importancia de la Ley del Suelo, se califica para su tramitación por el procedimiento de urgencia y se debate a la par que la Ley de Presupuestos, la publicidad, la contraposición de opiniones y el conocimiento por los ciudadanos de lo que se está haciendo se hace imposible. De esa forma se oculta la acción legislativa, se manipula el sistema para hacerla opaca y se atenta contra la institución parlamentaria y la democracia misma.




Por ello, con estas líneas denuncio esta técnica legislativa antidemocrática del Gobierno de la Sra. Aguirre, el abuso que supone la utilización desproporcionada de la “Ley de Acompañamiento” en la Comunidad de Madrid, y pido públicamente a los grupos políticos de la oposición en la Asamblea que activen los mecanismos necesarios para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2010.




Seguro que no faltarán los que digan que este es un asunto excesivamente técnico y que queda muy alejado de los problemas inmediatos de los ciudadanos. A esos yo tan sólo quiero recordarles que estamos hablando de salud democrática, de respeto a las instituciones y que, como decía Ihering, “las formas son garantía de libertad”.

19.11.09

La buena política


Después de semanas de intrigas, asechanzas, espionajes y casos de corrupción en la política madrileña, no está de más dedicar la columna de esta semana a uno de los ejemplos de la “buena política” que, afortunadamente, también suceden en nuestra Comunidad.



Existe una idea muy generalizada en la opinión pública que entiende que uno de los problemas más graves de nuestro Estado de las Autonomías es la incapacidad entre las distintas administraciones, sobre todo si están gobernadas por fuerzas políticas distintas, para coordinarse y prestar de forma eficiente los servicios públicos que los ciudadanos demandan.



Pues bien, precisamente el ejemplo de “buena política” que quiero traer a este artículo se refiere a este tipo de relaciones interaministrativas. El Ministerio de Fomento -el Sr. Blanco- y la Comunidad Autónoma de Madrid, con el nuevo clima de diálogo y cooperación, están demostrando que es posible sumar esfuerzos, olvidarse de cálculos estratégicos partidistas y poner por delante los intereses de los madrileños. El ejemplo, seguro que muchos de los lectores de estas líneas ya lo están pensando: la puesta en marcha de obras de infraestructuras que sin duda serán sustento básico para el desarrollo económico y social además de para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en nuestra Comunidad. Sin ánimo de exhaustividad, y tan sólo a título de ejemplo permítanme recordarles los siguientes:



Una de las primeras muestras de ese nuevo clima de cooperación fue la puesta en marcha de la estación de Cercanías de Sol, que presta servicios al segundo túnel Atocha-Chamartín (por cierto, abierto un año antes de lo previsto) y que conecta directamente un amplio núcleo de ferrocarriles suburbanos de la Comunidad con el centro neurálgico de la vida de Madrid mediante la conexión de las líneas 1, 2 y 3 del Metro.



La segunda es la inauguración y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de carreteras: la inauguración de la variante del Molar en la A-1, el nuevo enlace de Vicálvaro con el eje de O´Donnell (M-23). La inversión de más de 192 millones de euros para seguir mejorando las carreteras madrileñas, dos nuevos enlaces en la M-40 que permitirán conectar la M-511 y el nudo de la A-6. También, se podrá ampliar la R-3 hasta Tarancón y la R-5 hasta Talavera de la Reina.



El tercer caso es el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid. El Ministerio va a invertir en dicho plan más de 5.000 millones de euros y con ellos se permitirá sumar a la red suburbana de Madrid a doce nuevos municipios. Se construirán 115 kilómetros de nuevas líneas, 25 nuevas estaciones y se mejorarán 55 de las ya existentes. Sin olvidar la realización del tercer túnel Atocha-Chamartín que discurre por la calle de Serrano y que servirá para unir esas dos estaciones mediante la alta velocidad y que hará posible que el AVE llegue también a Barajas.



Como decía al inicio, es estos tiempos en los que la política madrileña está inundada de filibusterismo y desconfianza -en el mejor de los casos- no está de más felicitar al Sr. Blanco y a la Sra Aguirre por ese clima de colaboración y con él la buena política de infraestructuras que han puesto en marcha.



Sin duda lo más importante va a es que los ciudadanos se verán beneficiados en el día a día cuando mejore el transporte ferroviario y las carreteras en Madrid. Pero desde luego, no menos importante es la consideración que esos mismos ciudadanos pueden llegar a tener de nuestro Estado Autonómico cuando observen que el trabajo concertado entre distintas administraciones no genera inconvenientes y retrasos sino que hace que se sumen esfuerzos y voluntades para prestar un servicio público más rápido y más próximo qué, en definitiva, es de lo que se trata.



Creo sinceramente que esta forma de actuar dignifica la política y la acción de los políticos que, cada uno desde sus responsabilidades, la concebimos como un servicio público y una contribución cívica con la sociedad de la que formamos parte.



Es posible que muchos de los que se dejan llevar por el pragmatismo político den poca importancia a esta última consecuencia, pero en los tiempos que corren, cuando parece que todo lo político en Madrid está marcado por el despropósito, el egoísmo y la improvisación, es mucho más que oportuno hacer pedagogía de la buena política. De esa política que se hace con la cabeza, con el corazón y con la voluntad de diálogo y cooperación. Una política que, al estar hecha desde una actitud positiva, da frutos que recogen los madrileños y tiene la virtualidad de responder a un plan diseñado a medio o largo plazo que garantiza que Madrid no va a bloquearse social y económicamente por la falta de previsión en sus infraestructuras.



¡Felicidades señor ministro de Fomento! ¡Felicidades señora presidenta de la Comunidad de Madrid! Ya para finalizar…, señora Aguirre, tan sólo pedirle un favor: ¿sería posible poner en práctica esta misma voluntad de diálogo y cooperación con otras políticas también prioritarias en Madrid como la educación, sanidad y servicios sociales? ¡Los ciudadanos se lo agradecerían!

11.11.09

Esperanza Aguirre tocada


Que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón no se entienden ya lo sabíamos hace tiempo. Que Doña Esperanza sueña con el puesto de “lideresa” del PP Nacional también. Que para poder encumbrarse a tan altas cotas no le importaría dar un empujoncito al Señor Rajoy para que caiga por el precipicio de la desaparición política parece bastante obvio.




Estas batallas por el poder interno en el Partido Popular no son nada nuevo, suceden en todos los partidos e, incluso diría yo, suceden en todas las organizaciones, particularmente las que desarrollan funciones públicas donde la posibilidad de formar parte de su dirección está condicionada por la consideración que de esas personas tenga lo opinión pública. Lo lamentable de todo este vodevil del PP es que la batalla por el poder se ha desarrollado en las instituciones y que se han puesto en peligro los intereses de los ciudadanos que nada tienen que ver con esas refriegas palaciegas de la Derecha.




El 3 de septiembre de 2009 pasará a la pequeña historia del PP como el día en el que su líder iba a poner los puntos sobre las íes de los barones díscolos de Valencia y Madrid que con sus luchas en los Gobiernos, los Parlamentos, las Cajas de Ahorro y otras instituciones tanto daño estaban haciendo al Partido y a los intereses de valencianos y madrileños. Si ha sido así, no tengo por menos que felicitar al Señor Rajoy, por lo que supone de reforzamiento de su liderazgo. No debemos olvidar que el sistema democrático necesita no sólo un Gobierno para el Estado sino también una oposición real y cierta con capacidad de ser alternativa para cuando los ciudadanos demanden un cambio político. También le felicito porque ha sacado el debate puramente interno del PP de los espacios donde los ciudadanos salen dañados y lo ha llevado a la calle Génova y a los órganos de dirección y disciplina de su organización. ¡Mis felicitaciones!




Los acontecimientos políticos que han sucedido en el PP el 3 de septiembre de 2009 serán motivo de mil valoraciones diferentes. Yo quisiera señalar aquí una de no poca entidad: el supermartes de Rajoy ha sido el día en el que Esperanza Aguirre ha sufrido la derrota política más grande desde que es Presidenta de Madrid. Rajoy, en el discurso que ha hecho al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, ha dicho que “es inadmisible mover manifiestos para obligar a la gente a firmar contra mí”, en clara alusión a la recogida de firmas de alcaldes del PP que promocionó la Sra. Aguirre para pedir que se sancione a Conejal Cobo por sus declaraciones al Diario 'El País'. Mientras tanto, la Señora Presidenta de la Comunidad Autónoma, que es también Presidente del PP de Madrid, ha excusado su ausencia al Comité Ejecutivo Nacional, al parecer porque tenía que inaugurar una escuela infantil y no quería interferir en las resoluciones que se tomasen sobre el Caso Gürtel y Manuel Cobo.




Diga lo que diga la Señora Aguirre, aunque intente ahora pasar por la más férrea defensora del tocado por la mano poderosa de Señor Rajoy para presidir Caja Madrid —Rodrigo Rato—, lo cierto es que ha perdido el pulso, ha perdido la designación del candidato, ha dejado sin efecto los pactos que con unos y otros llevaba haciendo desde hace meses y ha recibido una fuerte reprimenda a su forma despótica y autoritaria de hacer política. Quizás lo único que se le puede considerar es que haya tenido, ¡de momento! la astucia política de replegarse cuando ha observado que la batalla estaba perdida, ¡que no es poco! Pero los que llevamos mucho tiempo viendo cómo evoluciona la política madrileña no recordamos derrota más grande de la Señora Aguirre, ¿será un augurio de lo que puede pasar en los próximos tiempos? Para que así sea los ciudadanos madrileños deben poder percatarse de que se han cruzado muchas rayas rojas de lo que es un comportamiento democrático y respetuoso al sistema político en la Comunidad de Madrid y, para decirlo todo, esos mismos ciudadanos deben poder visualizar una alternativa política firme, clara y con objetivos definidos para nuestra Comunidad. ¡Que lo veamos!

Política que avergüenza a Madrid


Madrid tiene muchos problemas. El primero, el aumento alarmante del paro. Ya estamos casi en medio millón de parados en nuestra Comunidad. No menos importante, y unido al anterior, es la rapidez con la que se están destruyendo empresas y negocios de los autónomos que constituyen la base de la economía madrileña. Qué decir de la educación, que tanto en los niveles infantiles, primarios e incluso universitarios, malvive gracias al voluntarismo de los profesionales, puesto que el presupuesto no les llega ni para pagar las facturas de la luz y el gas. Tampoco nos podemos olvidar de la sanidad pública, cada día más acorralada y con profesionales más desmotivados por la falta de apoyo y recursos. Las asociaciones y los colectivos profesionales se desgañitan en las calles denunciando estos asuntos pero nadie les escucha y nadie les apoya, ¡solos y abandonados! Al mismo tiempo la política sigue en los salones y sobre las moquetas alfombradas.



Si nos fijamos en Madrid capital la cosa no es menos grave: los impuestos, las tasas y los precios públicos suben un día y otro también para pagar obras faraónicas que tan sólo responden a los delirios de grandeza del Alcalde. Mientras tanto, el tráfico sigue siendo un caos que se agrava cada día. El asfalto de las calles y las baldosas de las aceras se levantan y se pegan permanentemente en una suerte de obra infinita que está llevando a los madrileños a la desesperación y la locura. Y qué me dicen de la contaminación en Madrid. La sequía, el cambio climático, las chimeneas y los tubos de escape están sembrando Madrid de gases venenosos y el número de enfermos y muertos por problemas respiratorios aumenta año tras año. ¡Pero no se preocupen!, la Concejala de Medio Ambiente (Parques y Jardines creo que se llama el Área) tiene la solución: pedir a los ciudadanos que “circulen”, que no se queden parados en un sitio, y ordenar que se retiren las estaciones que miden la contaminación en la capital. Ya saben: “ojos que no ven…”.



Madrid tiene muchos problemas. Y puesto que es así, la pregunta sería: ¿pero tiene Madrid una clase política que trabaje para solucionar sus problemas? Viendo como se comportan algunos dirigentes políticos madrileños empiezo a tener serias dudas de que así sea. Podría poner múltiples ejemplos, pero como evidentemente no es posible, me limitaré a los casos más recientes, más publicitados y más sangrantes.



El primero, el “Caso Gürtel”. Todo el mundo sabe que es unos de los supuestos más graves de corrupción política que se ha dado en España, que enfanga a todo el PP, pero que Esperanza Aguirre y el Gobierno de Madrid es quién más tienen que aclarar en cuanto a sus relaciones con los sujetos que componían la trama. Sin embargo, frente a lo que la razón reclama -entrar en el fondo del asunto y limpiar toda mancha de corrupción- se toman medidas que lo único que buscan es “dejar fuera de juego” al adversario político, que evidentemente no está en otro partido, sino en el propio: en la calle Génova o en la ciudad de Valencia.



El segundo, el “Caso de los Espías de la Comunidad de Madrid”, lo que Manuel Cobo llama la “pequeña gestapillo” que parece se dedicó durante años a gamonear a políticos de todo signo, pero fundamentalmente del propio PP, para que los dossieres bien documentados estuviesen preparados en el cajón de quién Manda por si alguien un día se me pone díscolo y hay que llamarle a capítulo.



El tercero, el “Caso Caja Madrid”, donde uno ya no sabe quién es quién y qué fines persigue: Esperanza intentando poner de presidente a uno de los miembros de su Gobierno que más manchado está por los múltiples casos de corrupción que le están salpicando. Rajoy promocionando a un candidato que hasta ahora no han dicho “esta boca es mía” y que se ha destacado recientemente por abandonar una responsabilidad financiera internacional que comprometía a España por meros intereses personales. El Alcalde de Madrid callado pero sacando a su alter ego a que incendie el bidón de gasolina que se derrama por todas las plantas de la sede de Génova.



Los ciudadanos en Madrid tienen muchos problemas. Pero estoy seguro de que la sociedad será capaz de solucionarlos antes o después. Es cierto que sin una buena dirección política costará más tiempo y más sacrificios, pero se solventarán. Ahora bien, esos dirigentes políticos que avergüenza a una sociedad que se esfuerza todos los días para salir adelante y zafarse de los apuros ¿será capaz de dignificarse haciendo la maleta y marchándose a casa? Tengo la impresión de que no. No importa…..llegará la primavera del 2011 y entonces hablaremos. Mientras tanto, quizás lo mejor sería no hacer el mínimo caso a gente que no tiene nada que decir y que sólo se ocupa de urdir conspiraciones frente adversarios reales o supuestos.

2.11.09

"Mangoneos" en Caja Madrid


Empieza a ser más que preocupante el espectáculo que la “política regional madrileña” está dando con el asunto de Caja Madrid. En los últimos tiempos los enfrentamientos por el control de la que es la cuarta entidad financiera de España ha sido una constante en cierta “aristocracia política” que no le basta con su poder en las instituciones parlamentarias y ejecutivas y quiere “agarrar” tan sabrosa institución financiera. Hemos asistido a la esgrima por cambiar las normas de la Entidad, al cese de miembros de órganos directivos, a demandas judiciales y, en definitiva, a toda suerte de estratagemas para que la lucha de poder entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón se decantara de un lado u otro.



El último acto de tan bochornoso espectáculo se está produciendo en estos días con la renovación de la presidencia de la Caja. La sra. Aguirre y el PP de Mariano Rajoy se han quitado “la careta” y están luchando a pecho descubierto y sin complejos por ser uno u otro el que decide quién pone al nuevo Presidente. La Presidente ya ha hecho público su candidato: su Vicepresidente Ignacio González. El sr. Rajoy se resiste a esa propuesta y, parece, que está maniobrando, en “otras instancias” para ver si puede colocar a una persona más a fin a su cuerda que aleje Caja Madrid de la Presidenta Aguirre que tanto se esfuerza por marcar distancias y diferencias con su liderazgo a “la gallega”: que no se note si bajo o subo.



Estamos ante otra muestra de abuso de poder en Madrid. Ante un comportamiento de un partido político que no sólo se apropia de las instituciones políticas y económicas sino que también establece en ellas el campo de batalla para sus enfrentamientos internos. El PP está haciendo meritos sobrados para que los ciudadanos se revelen y les digan “hasta aquí hemos llegado”. Aunque, para decirlo todo, también es cierto que el comportamiento de la oposición política y algunos agentes sociales y sindicales deja mucho que desear, con sus idas y venidas, que más allá de discursos políticamente correcto suenan a confusión y no menos calculo estratégico interno.



Ante tanta “mala política” ¿donde queda el respeto al Derecho y los procedimientos tan importantes en democracia? Si no leo mal el artículo 48.2 de los Estatutos de Caja Madrid dice que el nombramiento –del Presidente-habrá de adoptarse por el Consejo y deberá recaer en persona dotada de la capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias del cargo. En ese mismo sentido, el artículo 12.3. Apartado c) de la Ley de Cajas de Ahorro establece que uno de los principios que ha de guiar la elección de cargos directivos de dichas instituciones es la profesionalidad, para asegurar la eficacia del servicio a la economía regional y nacional, y mantener la capacidad de ahorro.



Vistos los artículos legales anteriores, alguien me quiere decir qué imagen están dando aquellos que sin tener en cuenta el mínimo decoro y el respeto a las Leyes hacen ostentación de que por encima de los órganos de la Caja competentes –Consejo de Administración- ellos son los que quitan y ponen cargos y, además, lo hacen incluso designando a personas que tiene nula experiencia profesional en el sector financiero y bancario.



Mientras tanto, la previsión de beneficio para 2009 de Caja Madrid se estima en un 45 % menos que en el ejercicio anterior. ¡Tomaremos nota los impositores!

20.10.09

Abuso de poder

La trama Gürtel, además de un caso de corrupción generalizada el en Partido Popular, está sirviendo para poner en evidencia hasta donde puede llegar el comportamiento despótico y autoritario de un partido político henchido de poder.
Esta mañana nos hemos desayunado, los que estamos atentos a los asuntos relacionados con el funcionamiento parlamentario, con la noticia de que ayer la Mesa y la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid va poner en marcha la reforma del Reglamento de la Cámara para incorporar la figura del “diputado no adscrito”. Como todos ustedes saben, con ello se pretende que los diputados del PP expulsado no pasen a formar parte del Grupo Mixto. Hasta aquí todo bien. El problema empieza cuando conocemos que según el Portavoz del PP la norma que va a constituir la figura del diputado no adscrito es de aplicación incluso ante de ser aprobada por la Cámara. ¡Desde luego esto si que es un “avance” en el derecho parlamentario y la técnica legislativa! Incluso yo diría que estamos ante el cambio en las prácticas legislativas más importante que se han dado en los últimos 200 años. Basta con que los portavoces se pongan de acuerdo sobre iniciar el trámite de una norma para que ésta quede inmediatamente en vigor, ¡nada más y nada menos!
El asunto no pasaría de algún comentario de café de iurisconsultos sino fuera porque expresa todo un comportamiento político de mucho más calado y que nos debería hacer pensar.
Cuando un partido político lleva tantos años ejerciendo el poder en las instituciones y en la sociedad sin control alguno sucede que no tiene límites y si el Derecho o los procedimientos de las instituciones le coarta sus pretensiones se pone “por montera” esas instituciones y el Estado de Derecho y actúa, “sin complejos”, a su antojo y capricho. Puede que el fin que se persiga sea bueno: que los diputados expulsados no deberían pasar al Grupo Mixto y beneficiarse de las prebendas que conlleva, pero no debemos olvidar que en el Estado de Derecho el fin no justifica los medios.
Lo que tendría que haber hecho el PP es impulsar la reforma reglamentaria hace tiempo, que oportunidad y reclamación para ello hubo, en el “Caso Tamayo y Sáez”, pero entonces ¡lastima! No interesaba al PP.
Estamos ante un desafuero inconstitucional, ante un atentado a la institución parlamentaria, ante una fractura del Estado de Derecho (por cierto, ¿que están haciendo los servicios jurídicos de la Cámara ante la situación?), pero sobre todo, estamos ante la prueba del nueve de que la “trama Gúrtel” no es cosa de dos o tres corruptos, es la consecuencia de una estructura de poder despótica que actúa en la sociedad y en las instituciones sin límite y freno. ¡Hasta cuando! La sociedad madrileña tiene la palabra.

8.10.09

La trama de 'Don Vito'


Se ha levantado parcialmente el secreto del sumario del 'Caso Gürtel', ¡como reclamaba insistentemente la señora Aguirre! Seguro que muchos dirigentes del PP, incluido la señora presidenta, estarán ahora “tomando tila” para aplacar los nervios por la decisión del Tribunal de poner luz en el sumario judicial. ¡Paradojas de la vida! Ahora muchos de los que antes de ayer reclamaban la publicidad del sumario estarán pensando: mejor que hubiera seguido en secreto.



Pero todo eso no son más que cuestiones formales, ¡importantes! Pero meramente coyunturales y que hay que apuntar en la “dialéctica basura” de la política. Lo importante es lo que la gente de la trama corrupta hacía hasta hace dos días: comprar la voluntad de políticos del PP, desde ministros hasta concejales de pueblos, pasando por alcaldes, diputados regionales, consejeros, cargos directivos del partido, diputados y senadores nacionales, etcétera, mediante regalos caros, sueldos y sustanciosas comisiones.



Una trama corrupta que ahora sabemos se extendió por toda España allí donde el PP tenía poder institucional: ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios. Una trama en manos de personajes que actuaban con tal desparpajo que no tenían ningún problema para “doblar voluntades” con regalos o grabaciones de actos delictivos de aquellos que al mismo tiempo eran los conseguidores de sus sustanciosos contratos.



Por lo que hemos sabido, en Madrid el señor López Viejo era uno de los referentes más significados en el Gobierno de la Comunidad para sus contactos con las empresas de 'Don Vito', como quería que se le llamase a Francisco Correa, jefe del entramado de empresas que contrataban con el PP en Madrid y el resto de España.



De todo lo que estamos sabiendo me ha producido especial indignación y estupor lo que señor López Viejo y Special Events, empresa de Francisco Correa, hicieron en los funerales del 11 de marzo. Según cuenta el sumario del caso, los gastos para la Comunidad de Madrid de dichos funerales ascendieron a cerca de 150.000 euros, y como “la política” del consejero para poder contratar directamente con las empresas de Correa eran que ningún contrato superase los 12.000 euros se fraccionaron dichos gastos en 14 contratos diferentes: contrato de floristería, de alquiler de sillas, de azafatas, de servicios funerarios... y así hasta un número que suma un total de 150.000 euros.



La corrupción es siempre detestable y la mayor desgracia que le puede pasar a la vida pública y a los que nos dedicamos a prestar nuestros servicios en cargos de representación. La corrupción cuando, además, tantos ciudadanos están sufriendo las dificultades de la crisis, es un cancer difícil de atajar y que da puñaladas de muerte a la democracia. Pero cuando además la manipulación y los actos de fraude e ilegalidad se realizan en circunstancias tan trágicas y de tanto dolor para todos los españoles como los atentados del 11 de marzo, expresan un nivel de miseria, de amoralidad que, más allá de las responsabilidades judiciales, son para que esas personas pidan inmediatamente perdón a la ciudadanía y abandonen la vida pública para siempre. ¡Será posible! O el descaro del PP de Madrid y el adormecimiento de la sociedad permitirá tanta degradación. ¡Espero que no! Yo, desde luego, con estas palabras muestro mi repulsa e indignación.

24.9.09

DOS FORMAS DE ACTUAR ANTE LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA







Desgraciadamente la política “efectista”, de “fogonazo y apariencia” gana posiciones en nuestro país en los últimos años. Lo de considerar autoridad pública a los profesores, decir que se van a instalar tarimas en las aulas para que el profesor esté por encima de los alumnos o predicar que se han abierto colegios bilingües cuando lo único que se hace es que se imparte una clase más de idiomas, son buena muestra como el Gobierno de la Sra. Aguirre le ha pillado la distancia a esa forma de hacer política. Pero éste es un tema de la semana pasada, aquellos que hayan tenido a bien en leer mi artículo “el valor de la educación” saben a lo que me estoy refiriendo. Esta semana me quiero ocupar de la situación de la Justicia y la distinta manera de enfocar el problema en el funcionamiento de su Administración por el Gobierno Zapatero y el de la Sra. Aguirre.

En la inauguración del nuevo año judicial hemos escuchado los discursos del Fiscal General del Estado y del Presidente del Tribunal Supremo. En ello, además de cuestiones más o menos coyunturales, se ha vuelto a poner sobre la mesa los grandes problemas que aquejan a la Justicia española: colapso de los tribunales, insuficiencia de medios materiales y humanos y crecimiento de la litigiosidad y delincuencia sin que ello halla llevado hasta ahora un aumento suficiente de jueces y fiscales para hacerles frente. Afrontar esta situación es responsabilidad del Gobierno de la Nación pero también lo es de los gobiernos regionales que han asumido las competencias –es el caso de la Comunidad de Madrid-.

Todos aquellos que conocen nuestro sistema judicial saben que atajar esa situación no se consigue con medidas que se pongan en práctica de un día para otro y surtan efecto inmediato. Requiere de la reestructuración de una Administración Judicial envejecida, de una gran inversión en capital humano y tecnológico y romper con dinámicas de trabajo poco eficaces y que, en muchos casos, encubren privilegios e intereses corporativos. Los últimos Gobiernos de Zapatero han tomado “el toro por los cuernos” y han puesto en marcha medidas de ese tipo: antes del verano se presentó ante el Parlamento la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poner en marcha la nueva Oficina Judicial, que ha de procurar la agilización de la Justicia y mejorar los estándares de calidad de nuestros Juzgados y Tribunales; recientemente el Ministro Caamaño ha presentado el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 en el que el Gobierno de España invertirá 600 millones adicionales para la modernización de la Justicia, además de crear mas de 2000 nuevas plazas de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, poner en marcha una gran red informática para conectar todos los Juzgados y Tribunales y crear un Registro Civil único, informatizado y digitalizado.

Todas estas medidas son acciones políticas de fondo, fruto de un análisis concienzudo del problema de nuestra Justicia y con vocación de corregirlos de raíz. Por supuesto, van más allá de política de “escaparate” y puro efectismo que se agotan en el titular de prensa o la discusión de dos tertulias de radio. Los resultados, evidentemente, están por ver, pero tanto las instituciones judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial así como las asociaciones de Jueces, Fiscales y personal de la Administración de Justicia reconocen que ese es el camino para solucionar los problemas que tiene la Justicia española.

Frente a esa forma de encarar éste asunto, ¿qué hace la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias? Valgan dos ejemplos: La Ciudad de la Justicia y las retribuciones a los Abogados de Oficio.

La Ciudad de la Justicia es un gran proyecto de la Comunidad de Madrid. Sabemos que así es porque tanto la Sra. Aguirre como el Alcalde Gallardón se encargaron de poner la primera piedra y hacer grandes discursos y lucidos titulares de prensa. Todos estamos de acuerdo con que es un proyecto importante para Madrid, puesto que es la oportunidad de poner en marcha sedes judiciales adecuadas a una nueva organización con más espacio, con más informatización y mejor distribución. Un proyecto que tiene unos tiempos de ejecución: una primera fase, con seis edificios, para su inauguración en 2011; y una segunda fase, con otros nueve edificios, para su inauguración en 2015. Pues bien, la Consejería de Interior y Justicia ya ha dicho que ninguna de las obras finalizarán antes del 2015. ¿Motivos? Según dice la Consejería porque el Ayuntamiento no da las licencias necesarias y falta presupuesto. El primer motivo es bien curioso, cuando el propio Alcalde se apuntó a la foto de inauguración; y el segundo más, cuando a algunos nos consta que la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir aportaciones que el Ministerio de Justicia tenía que dar para pagar el proyecto tan sólo porque la Administración Autonómica se olvidó reclamar las cantidades.

Los Abogados de Oficio garantizan el derecho a la Justicia gratuita para aquellas personas que no cuentan con medios suficientes para pagarse la asistencia letrada. Forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de toda persona que reconoce la Constitución. En Madrid desarrollan esta importante labor más de 5000 abogados que prestan un servicio impagable a la sociedad madrileña, y digo impagable, porque para quién no lo sepa un abogado de oficio por un caso de este tipo no ingresa más de 200 euros. Pues bien, la competencia para pagar este servicio es de la Comunidad de Madrid y resulta que en los nueve meses que llevamos de 2009 no ha abonado ni un euro y se les debe a estos profesionales más de 25 millones de euros. Por supuesto, el Colegio de Abogados sigue garantizando la asistencia gratuita y los abogados del turno haciendo su trabajo sin cobrar. Ante esta situación qué hace el Consejero: pues decir que hay que replantearse la asistencia letrada a los inmigrantes y que los abogados de oficio alargan intencionadamente los asuntos para cobrar más. ¡Ejercer el derecho de toda persona a los recursos! Y, en el mejor de los casos, pasar de 200 a 300 euros.

Sin duda son dos formas de ver los problemas y hacer política: la primera, estudia la situación y pone en marcha programas a medio y largo plazo que puedan solucionarlos; la segunda, se hace fotos, hace titulares y cuando hay que encarar las dificultades echa balones fuera intentando excluir a personas del servicio a la justicia gratuita y acusando a los profesionales que se dejan su tiempo y sus medios personales por una vocación de ser unos defraudadores.






18.9.09

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN


El nuevo curso escolar ha venido precedido por los graves altercados vividos en la ciudad de Pozuelo cuando la policía prohibía hacer “botellón en la vía pública”. Quizás esos disturbios hayan sido un caso puntual dentro de las muchas concentraciones de jóvenes en las calles de España para divertirse bebiendo, pero sin duda, muestran un problema grave que no deberíamos minimizar: que el alcohol en exceso va estrechamente unido a comportamientos violentos y que muchos de nuestros jóvenes parece que no tienen otra forma de divertirse que congregándose en parques y plazas para beber hasta la embriaguez.Llegar a la raíz de esos comportamientos etílicos y violentos probablemente es muy complejo: seguro que existe mucha responsabilidad en la desatención de las familias a sus hijos, en los comportamientos y las modas que generalizan lo medios de comunicación e, incluso, en los precios desorbitados del ocio en bares y discotecas, pero también es responsabilidad de nuestra escuela que tiene que ser el espacio donde más se trabaje para crear hábitos saludables y no violentos entre nuestros jóvenes. Por eso cuando suceden estas cosas, nos guste o no, en parte también es el reflejo del fracaso de nuestro sistema educativo.En nuestros colegios e institutos tenemos grandes profesionales, que día a día se esfuerzan por mejorar el nivel en la formación y la educación de los alumnos; sin embargo, la escasa coordinación entre administraciones encargadas de gestionar el sistema educativo, la precariedad en los presupuestos para la enseñanza y debates estériles como el relacionado con la lengua en la que se imparten las clases en aquellas Comunidades con lengua propia, enredan la situación y hacen que nuestro sistema educativo siga en los últimos puestos en los ranking de éxito escolar en los países de la OCDE.
Por eso, estaría bien que todos nos tomásemos muy en serio el “Pacto por la Educación” que ha puesto en marcha el Ministro Gabilondo. Quizás, incluso empezando por el propio Ministerio, que no debe olvidar nunca su función de Alta Inspección y regulación básica para el cumplimiento del derecho a la educación de todos los españoles. En segundo lugar, también las autoridades educativas de algunas Comunidades Autónomas, dejando de dificultar la impartición de asignaturas como Educación para la Ciudadanía. En el caso de ésta última Administración –Comunidades Autónomas-, que son las que tienen las competencias más importantes, que se dejen de políticas efectistas, de puro marketing (como considerar a los profesores autoridad pública o establecer sistemas de control de notas y asistencia entre el centro y los padres) y se comprometan con un mayor presupuesto que haga posible que las necesidades de más profesorado y más recursos materiales se cubren. Por ejemplo, no es de recibo que 200.000 alumnos de la Comunidad de Madrid tengan que empezar sus clases en situación precaria por falta de presupuesto, que las ratios de alumnos por aula se incumplan en muchos colegios o que algunos centros no puedan desdoblar aulas masificadas o no puedan ofertar algunas de las asignaturas optativas por falta de profesorado. Sin olvidar que todavía en Madrid se dan clases en barracones prefabricados o en el comedor o el gimnasio de algunos Institutos y que se incumple el acuerdo que la Comunidad de Madrid firmó con los sindicatos en 2005 que establece que en cuatro años se debía alcanzar una ratio de 1.5 maestros por aula en Primaria y 2.5 en Secundaria.

3.9.09

DESPENALIZAR EL ABORTO

Han pasado veinticinco años desde que aprobamos la vigente regulación legal del aborto. En aquellos momentos se produjo un fuerte debate social sobre la conveniencia de su despenalización parcial. En ese tiempo, pese a la resistencia contumaz de la iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad, llegamos a un acuerdo mayoritario en la calle y el Parlamento para que con el aborto no ganara la hipocresía de los que lo niegan pero ponen remedio a sus embarazos no deseados fuera de España, ni la catástrofe que se cierne sobre las mujeres sin recursos ni libertad ante un acontecimiento que marcará su vida.

El sistema de indicaciones que ha funcionado durante estos años, y que el Tribunal Constitucional avaló con la Sentencia 53/1985, supuso la despenalización el aborto en tres supuestos: aborto terapéutico, para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; aborto ético, cuando el embarazo es consecuencia de un delito de violación; y aborto eugenésico, cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas. Un sistema que, pese a la buena voluntad del Legislador, ha presentado durante todos estos años sonoros fallos: profesionales que tenían que acabar interpretando la norma, en unos casos extensivamente y con ello desbordando las previsiones del Código Penal; en otros, restrictivamente, y con ello dejando a la mujer que tiene que reaccionar ante un embarazo en poco tiempo en una situación de gran incertidumbre.
Ante estos problemas la doctrina científica jurídica y médica más autorizada han llegado a la conclusión que la mejor manera de abordar el asunto es mediante una ley de plazos. El sistema de plazos es la solución que mejor se ajusta a la visión del aborto como un conflicto de derechos y más se aleja de los enfoques morales extremos:

Por un lado, está la posición moral de la Iglesia Católica y los seguidores de sus postulados, que entienden que la vida es un valor supremo que se inicia desde la fecundación y que abortar, por tanto, supone una atentado a la vida humana en sus momentos iniciales y por ello debe ser perseguido y sancionado penalmente.

Por otro, están aquellos sectores que entienden el aborto voluntario como un derecho de la mujer en el disfrute de su sexualidad y a poder decidir sobre el momento de la maternidad sin ningún límite. El aborto se entiende como parte de la libertad y autodeterminación de la mujer: “nosotras parimos nosotras decidimos”.

La posición intermedia es la que ve el aborto como un conflicto de derechos e intereses. Es una tesis que supera las dos tesis morales antes planteadas: por un lado está el valor e interés jurídico del no nacido, que aunque no es persona es un proyecto de vida que debe interesar al Derecho; por otro, están los derechos de libertad, dignidad, circunstancias sociales y personales de la mujer que se ve afectada por un embarazo no deseado y que, evidentemente, va a condicionar su vida futura.

El sistema de plazos parte de la idea de que la vida prenatal se desarrolla en tres grandes fases: primera, la embrionaria, que se estima que da comienzo unos catorce días después de la fecundación, es el momento en el que se produce la anidación o implantación del óvulo fecundado en el útero materno y que transcurre durante los tres primeros meses de embarazo. Segunda, la fetal, que es cuando ese nuevo ser comienza a presentar signos vitales, latidos del corazón, signo de actividad cerebral y desarrollo del resto de los órganos y que transcurre durante los tres meses siguientes. Tercera, la etapa postparto, en la que el feto ya está en condiciones de poder vivir autónomamente y su maduración es tan alta que en algunos alumbramientos prematuros es factible mantenerlo con vida y garantizar su desarrollo normal.

Por ello, el sistema de plazos supone la despenalización de todo aborto consentido e informado practicado durante los tres primeros meses de gestación (fase embrionaria). La razón es que durante esa fase, la nueva vida está poco desarrollada y el aborto resulta menos peligroso para la vida y la integridad de la madre. Puesto que la vida es un proceso progresivo esa vida en formación, en un estadio tan inicial, sería menos relevante jurídicamente hablando que los derechos de libertad y dignidad de la mujer que entran en conflicto con ella.
A partir de la décimosegunda semana debe valorarse el mayor desarrollo de esa nueva vida y sólo podría producirse el aborto en supuestos muy concretos: detección de graves problemas en el feto que hacen cuestionable su vida o que se desarrolle con graves limitaciones, o peligro físico para la madre de seguir con el embarazo. En estos supuestos, es muy importante que el Legislador establezca las condiciones de forma muy cuidadosa para que la generalidad de la norma no de lugar a nuevos casos de incertidumbre que lleven a mujeres y profesionales a situaciones de inseguridad o fraude legal.

Y si esto es así, y la doctrina más autorizada de nuestro sector científico jurídico y médico lo han dicho, la pregunta es ¿cómo es posible que un órgano consultivo como es el Consejo General del Poder Judicial no emita informe alguno? Sencillamente porque nuevamente han primado las convicciones morales sobre los criterios técnicos.

30.7.09

CORRUPCIÓN POLÍTICA EN MADRID




Lo más preocupante cuando la corrupción y la desintegración moral se infecta en un amplio sector de la clase política de una sociedad no es la gravedad de ese hecho, es que la sociedad misma se acostumbre a ello.




Pronto nos olvidamos los madrileños del 10 de junio de 2003, cuando en sesión de investidura de un gobierno de izquierdas en Madrid, la actuación de los tránsfugas Tamayo y Sáez impidieron que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos gobernara la Comunidad Autónoma. Fue un hecho de involución de la voluntad democrática y pisoteo de las instituciones que la sustentan. Aunque aún no se sabe todo lo que pasó en aquellos días, está claro que hubo fuertes intereses económicos por medio. Y lo que es más importante, complicidades desde distintos sectores acomodados de las “sociedad fina y adinerada” que no estaban dispuestos a que se cerrarse antes de tiempo el reparto de la inmensa tarta inmobiliaria que Madrid representaba en esos años.




A partir de ahí se conformó una forma de ver la política donde todo es posible si se tiene poder y dinero: doblar el brazo a los sindicatos que protestan por la privatización de los servicios públicos mediante videos trucados, recopilar información privada de los supuestos adversarios para su uso a conveniencia, debilitar la institución parlamentaria para que su acción de control del Ejecutivo sea una mera caricatura, segar los retoños de oposición política antes de que nazca con la instrumentalización mediática.




En definitiva, aquellos acontecimientos sirvieron para convencer a muchos que la voluntad democrática puede cambiarse si no es favorable a los intereses del poderoso. Y claro, aquellos “lodos traen estos polvos”: espionaje, municipios sangrados por la corrupción, Consejo de Gobierno con Consejeros que se espían unos a los otros, parlamentarios regionales dimitidos, alcaldes cesados, concejales que acusan de delitos a Consejeros del Gobierno de su mismo partido. ¡Y sin embargo, la sociedad ni se inmuta! Parece como si esa situación de corrupción generalizada estuviese pasando en otro planeta.




¿Quién es responsable de todo aquello y por extensión de todo lo que está sucediendo ahora? Pues no sólo los que perpetraron el vil acto, sino muchos otros que lo patrocinaron y otros muchos que han jugado a echarle tierra encima durante estos años. Unos se han enriquecido, otros han sentido el poder hasta tal extremo que se sienten intocables y otros piensan que aquello es “agua pasada” que no tiene ningún efecto en la situación política actual. ¡Pero se equivocan! Aquellos hechos han marcado la política madrileña y mientras no seamos capaces de limpiar aquella mancha la “oscuridad”, el autoritarismo y la antidemocracia seguirán campando a sus anchas en Madrid. Y lo que es peor, provocando un constante desarraigo entre los ciudadanos y la política que la ven como el mundo de la corrupción y los intereses personales.

9.7.09

OBRAS SON AMORES


Sostiene Tomás Gómez que con el Comité Regional del pasado domingo “se ha iniciado una nueva etapa en el PSM”. Que ese día 5 de julio de 2009 fue el inicio de los dos años de trabajo duro que tenemos los socialistas para “ganar Madrid en el 2011”. Sostiene Tomás Gómez que esta nueva etapa se ha de hacer desde la unidad y la integración de todo el socialismo madrileño, que “aquí no sobra nadie” y que “se siente orgulloso de todos los socialistas que son y han sido”.



Creo que somos muchos los que estamos de acuerdo con las palabras del Secretario General. Desgraciadamente el problema que nos ha perseguido desde hace un tiempo a los socialistas es que no hemos sabido ilusionar lo suficiente a los miles de mujeres y hombres progresistas de Madrid para que vayan a las urnas con ganas de Cambiar Madrid, por eso “no sobra nadie”, faltan muchos. Pero también es bueno “no hacerse trampas en el solitario”, y lo cierto es que lo que se desprende de los resultados electorales históricos es que no hemos dejado de perder apoyo ciudadano en los últimos tiempos. Eso es malo, y la verdad es que decirlo me duele cómo al que más, pero es cierto y, para empezar a ganar, es conveniente saber dónde estamos y cómo ponemos pie en tierra firme que nos pueda servir de impulso. Reconocer la evidencia creo que es un buen principio, y ¡estar empeñado en cambiar, también!



Lo anterior no resta un ápice a la evidencia de que los socialistas somos la alternativa de gobierno para Madrid. Cuando los ciudadanos estén cansados de la corrupción generalizada del PP (en el Consejo de Gobierno, en el Parlamento, en los Ayuntamientos, en el Partido), cuando los ciudadanos estén cansados del timo propagandístico que supone la privatización del servicio sanitario y educativo, cuando los ciudadanos estén cansados de la incapacidad del Gobierno de la Sra. Aguirre para luchar contra el desempleo y apostar por una economía más moderna y sostenible, entonces querrán volver la cabeza y encontrar un Partido Socialista que ofrezca Confianza y Credibilidad para dirigir la Comunidad de Madrid.



La confianza se adquiere cuando se tiene un proyecto claro y ajustado a los principios que han identificado al socialismo democrático durante tantos años. Un proyecto que apuesta por el Estado social, los servicios públicos, la inversión pública para animar la economía desangelada y que no deja a los ciudadanos más desprotegidos en la cuneta cuando lo pasan mal.



La credibilidad se adquiere cuando se articula una estrategia coherente, continuada y que evita comportamientos contradictorios o erráticos. Una estrategia que no entre en las “trampas” que nos pone el PP –v.gr. los nominalismos de telegenia- y está diseñada para ganar la calle y las organizaciones que todos los días reivindican valores y principios que han sido señas de identidad del socialismo democrático.



Cuando se consigue la confianza de los ciudadanos y las propuestas políticas son creíbles se adquiere el liderazgo social. Los socialistas debemos ser líderes en la sociedad, en la calle, en los centros de trabajo, en la universidad, allí donde la gente necesita de un proyecto político que alce la bandera de la igualdad en libertad y la solidaridad. Si somos líderes así, no será difícil ser líderes en los medios y en los salones alfombrados. ¡Lo demás, son fotos y apariencias de la nada!



Para este nuevo tiempo al que nuestro Secretario General nos invita yo me atrevo a apuntar algunas propuestas:


1. Pongamos la organización a funcionar a todo rendimiento. Para ello, no estaría mal solucionar los problemas que hay desde hace un año en algunas agrupaciones y que siguen disueltas.


2. Activemos el trabajo de los cargos institucionales. Que los parlamentarios, nacionales y regionales, los concejales y los alcaldes estemos todos los días con los ciudadanos recibiendo sus inquietudes y explicando lo que hacemos.


3. Busquemos la complicidad de las organizaciones sociales que todos los días trabajan para defender la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos. Sin pretensión de acaparar nada, pero con la claridad de quién comparte los mismos objetivos.


4. Apoyemos a los compañeros de los pequeños municipios, para que la “política cercana” sea el referente de nuestra forma de trabajar.


5. No olvidemos, también, que estamos en Madrid: capital del Estado, la metrópoli más importante de España y por lo tanto debemos organizar equipos y proyectos a la altura de una Comunidad líder en Europa y el Mundo.



¡Se me ocurren tantas cosas! Que no podría apuntarlas aquí sin excederme en las dimensiones que la prudencia y el recato de un artículo de prensa merece. Pero ténganse las anteriores como ejemplo de buena voluntad y disposición y, sobre todo, que seamos conscientes de que en política se gana sumando y no restando. ¡Que el tiempo del cainismos lo hayamos desterrado para siempre!

6.7.09

LA MENTIRA CONTUMAZ


La semana pasada, en esta misma tribuna, me ocupaba de denunciar el “baile de candidatos” como una forma infalible de distraer a los ciudadanos de las cuestiones verdaderamente importantes que deberían ocupar la atención y el trabajo político. Pues bien, en esa misma línea, otro recurso de la antipolítica que ha puesto en marcha el PP en la Comunidad de Madrid en los últimos años es la estrategia de acaparar espacio en los medios de comunicación para “bombardear a los madrileños” a todas horas con medias verdades o mentiras descaradas.
Ayer tuve la oportunidad de leer nuevamente las declaraciones de un portavoz del PP hablando de que “Zapatero ahoga a Madrid” “Zapatero no invierte en Madrid”. Son palabras que a unos días de la inauguración de la nueva estación de Sol suenan a broma, a gente que no está dispuesta a que la realidad le estropee un buen titular. Ayer, cuando leí esas declaraciones, pensé escribir estas líneas dirigidas al Señor Pérez, Portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y autor de “tan oportuna” y lúcida intervención; sin embargo, pensándolo más detenidamente, prefiero dirigirlas a todos los madrileños que tengan a bien leer estas líneas, entre otras cosas, porque estoy seguro que al señor Pérez lo que yo le diga le va a importar “un pimiento”, ¡desgraciadamente!
Aunque es difícil corregir a los que con contumaz insistencia repiten sus mentiras, creo que lo mejor es dar los datos tal como están en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y los Decretos anticrisis que ha aprobado el Gobierno de España y que cada uno saque sus conclusiones:
Primero. Para el ejercicio 2009 la inversión territorializada en Madrid asciende a 2.465 millones de euros, que representa el 9,9 % de la inversión regionalizable.
Segundo. Fruto de los Acuerdos para ayudar a la Sanidad Pública pactados en la II Conferencia de Presidentes, Madrid este año seguirá recibiendo 130 millones más de euros para la financiación de su sistema sanitario. No se debe olvidar que durante este tiempo la Comunidad de Madrid ha recibido 1400 millones extras y muchos, viendo como está la sanidad, nos preguntamos ¿dónde han ido?
Tercero. En 2009 el Gobierno de España va a invertir 118 millones de euros en becas en la región de Madrid, 15 % más que el año 2008. Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación va a invertir 121.56 millones para proyectos I+D+i (entre otros, 36,21 millones en el CIEMAT; 16,34 millones en el Instituto de Salud Carlos III y 39, 50 millones en el CSIC). Es importante reseñar estas inversiones porque alguien, algún día, tendrá que decir que la Comunidad de Madrid tiene a la universidad y la investigación en quiebra y, no lo olvidemos, Madrid es una Comunidad eminentemente universitaria.
Cuarto. El Estado va a destinar 98 millones de euros para la Ley de la dependencia en 2009, un incremento respecto de 2008 del 38 %, y eso que la Administración Autonómica está a la cola de España en el desarrollo de la parte de la Ley que le corresponde (por ejemplo, la valoración de los dependientes).
Quinto. El Plan de ayudas a la vivienda que ha puesto en marcha el Estado inyectará nuevos recursos en Madrid. Con el Convenio MIVI-CM serán 200 millones de euros los que reciba Madrid en 2009; por cierto, el doble de lo presupuestado por la Comunidad para esa misma materia.
Sexto. El Plan de Inversión Local para la reactivación de la economía que ha aprobado el Gobierno de España en los últimos meses y que está dotado con 8.000 millones de euros invertirá en Madrid más de 1.076 millones de euros (más de 554 millones en Madrid capital y otros 522 millones en el resto de municipios).
Séptimo. El Plan Madrid de infraestructuras tiene una dotación total de más de 5.500 millones de euros. Inversión que se va a sumar a que ya se ha hecho en los últimos años para terminar la T4, mejorar la red de cercanías, ampliar las radiales o contribuir al desarrollo de la Ciudad de Madrid y su área metropolitana.
Todo lo anterior es importante, pero son cifras que se pierden en las necesidades y ocupaciones para que lo público siga funcionando en nuestra Comunidad.
Por eso, más que repasar cifras o buscar los argumentos que esgrimimos unos u otros a nuestros conciudadanos, yo tan sólo le diría al lector que cuando salgan a la calle y vean la obra pública que se está haciendo y dando trabajo en estos difíciles momentos de crisis, o cuando pasen por la nueva estación de cercanías de Renfe en Cibeles sepan que esa es la forma que el gobierno de Zapatero tiene de “asfixiar a la Comunidad de Madrid”.