La fugacidad de la política

Hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención en el mundo de la política: la fluidez con la que se desarrolla, lo fácil que es que cambie la percepción y el panorama en el que nos encontramos de un momento a otro. Es cierto que existen tendencias que marcan el camino de las decisiones que toman los distintos agentes (desde un responsable político de tercer nivel hasta el electorado al emitir su voto), pero una decisión o un pequeño acontecimiento oportuna e inteligentemente tomado puede marcar el curso del devenir político.

Esto viene a cuento, como supongo ya muchos intuyen, por la situación política del Gobierno de España. Hace unos días eran muchos los que pensaban que Zapatero tenía sus días contados. Unos se ilusionaban con la buena situación que tendrían en el 'postzapaterismo', y otros tomaban posiciones para abandonar el barco antes de que las vías de agua que ellos intuían les pudieran afectar. Por supuesto, la oposición del PP, se frotaba las manos puesto que veían elecciones a corto plazo en el mejor momento para sus intereses electorales, bien por la ventaja adquirida en las encuestas, bien por la situación económica y social aún en crisis.

Sin embargo, en el peor momento, cuando la situación es más delicada, se producen unas primarias que todos intentan se vean como una derrota de Zapatero y se tienen que negociar los Presupuestos Generales del Estado, que, por la transcendencia que tienen, suelen ser de una gestión parlamentaria muy compleja. Se producen dos acontecimientos que han cambiado radicalmente la situación: un pacto para lo que queda de legislatura y una fuerte remodelación del Gobierno.

No es que Zapatero haya conseguido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) para aprobar los Presupuestos, que efectivamente ha sido así, si no que también ha conseguido que estos dos partidos se comprometan con la gobernabilidad de España durante el próximo año y medio.

No han faltado los que han puesto el grito en el cielo por ese pacto, resultando muy curioso el comportamiento de éstos. Cuando gobierna la derecha, los pactos parlamentarios son fruto de la capacidad de diálogo y el compromiso con los ciudadanos; cuando gobierna la izquierda son acuerdos para la venta de España y la desintegración de la Nación. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Los pactos, en un sistema parlamentario, son lo normal, son la esencia del sistema, cuando se hacen con publicidad y en el marco constitucional, como así ha sido en este caso.

Pero este pacto es especialmente importante. Se produce en un momento delicado, cuando lo más grave de la crisis económica ha pasado y cuando se han activado todas las medidas posibles para generar confianza interna e internacional y empezar a salir del agujero. Es, por tanto, un pacto que engrandece a quienes lo firman porque ponen los intereses de España y la solución de los problemas en primer lugar. Algunos dirán que es un pacto para que Zapatero siga un tiempo más en la Moncloa, pero a los que así argumenten habría que preguntarles si les parecería mejor para España que el Presidente no diera la cara en los momentos difíciles.

Una hora después de culminar el 'primer acto' para aprobar tan importantes presupuestos en el Congreso de los Diputados, el Presidente da a conocer la más importante remodelación del Gobierno que ha hecho. Reduce los Ministerios, integra funciones en otras carteras e introduce personas de alto valor político en puestos de gran relevancia. Un Gobierno político, para una etapa de gran efervescencia política. Un Gobierno para la acción y la transmisión de las decisiones que se tomen. Un Gobierno para tirar del carro en el último tramo de la crisis y un Gobierno para presentarse ante los ciudadanos con argumentos bien ordenados y pedirles a los votantes que piensen detenidamente en quién ponen la responsabilidad de gobernar: en los que afrontan los problemas y ponen soluciones para resolverlos o en los que la única solución que aportan a la crisis es que les dejen mandar a ellos.

Dos acontecimientos, unos días transcurridos, y hemos pasado del principio del fin de Zapatero, a la situación de mayor estabilidad gubernamental de la Legislatura y el Gobierno más fuerte y político de los últimos seis años. ¡Alguien da más!

Instituciones en peligro

Recientemente hemos tenido la oportunidad de tratar en el Congreso de los Diputados asuntos relacionados con dos Altas Instituciones del Estado que están sometidas a fuertes críticas: El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Lo más curioso de lo que está sucediendo con estos órganos constitucionales es que los problemas que se están planteando nada tienen que ver con su funcionamiento y las competencias que desempeñan, sino con la intervención que el Parlamento y, a través de él, los partidos políticos, hacen en la designación de los miembros que las conforman.

El Tribunal Constitucional se ha pasado tres años sin renovar el tercio de Magistrados que se han de elegir por el Senado. Si grave es la situación por el tiempo que han tenido que estar los Magistrados salientes en funciones, más grave es si se tiene en cuenta que dicha institución se compone de doce Magistrados que, por mandato constitucional (art. 159.2 CE), se han de renovar en bloques de cuatro cada tres años, con lo que ahora nos encontramos con que los Magistrados que se han de elegir por el Senado y por el Congreso de los Diputados se renuevan al mismo tiempo y, con ello, finalizarían su mandato simultáneamente. La renovación por tercios no es un capricho, es un instrumento para garantizar la autonomía e independencia del Alto Tribunal. Para solventar este problema hemos tenido que hacer una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que, pese al acuerdo de todos los grupos parlamentarios, plantea y planteará no pocos problemas.

Hace unos meses finalizó el mandato del Defensor del Pueblo. De acuerdo con las previsiones de su Ley orgánica, si no ha sido elegido nuevo Defensor ocupa su puesto, en funciones, la Defensora Adjunta Primera. Es la situación en la que nos encontramos en este momento, con lo que supone de precariedad e interinidad para la institución y las personas que la encarnan.

Como decía al principio, recientemente, en el Congreso nos hemos ocupados de temas relacionados con esas dos instituciones. El proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, durante el cual muchos han aprovechado la oportunidad para seguir su estrategia de deslegitimación del Tribunal. Y la tramitación del Informe Anual del Defensor del Pueblo, en cuyo desarrollo ha tenido que comparecer la Defensora en funciones que, ante la precariedad de su situación y las “ganas” que algunos tienen de criticar a un órgano de carácter estatal que saca los colores a las Comunidades Autónomas, se ha visto desconsiderada y ninguneada.

Seguro que la crisis económica, el paro y la imperiosa necesidad de reactivar nuestro sector productivo son prioritarios en la acción política. Pero no deberíamos descuidar la atención que necesitan las instituciones constitucionales que hacen Estado y aseguran el normal funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Si abandonamos esas obligaciones estamos socavando nuestro sistema, ofreciendo oportunidades a aquéllos que trabajan para desintegrar España y dando argumentos a la ciudadanía que cada día está más desencantada con la política y los políticos.

Desde luego que en esta situación no todos tenemos la misma responsabilidad. El PSOE ha hecho mil intentos para que se renovase el Tribunal Constitucional y se elija el nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, con el primero, el PP se limitó a presentar a candidatos que sabía no podían ser aceptados por los demás grupos puesto que, como han señalado informes jurídicos posteriores, ni tan si quiera cumplían las condiciones para poder ser Magistrados; y, con el Defensor del Pueblo, por el poco interés que muestran en su renovación, se nota que se sienten cómodos con que siga ejerciendo el cargo la Defensora Adjunta que, ¡casualidad de la vida!, fue propuesta por ellos en la anterior renovación.

Sería más que conveniente que tuviéramos cuidado con los comportamientos de oportunismo y pura táctica, que aunque den una aparente ventaja no hacen más que desacreditar la nobleza y alto valor de la política y acercan cada día más a los demagogos y populistas al Poder.