23.9.08

EL "EXPERIMENTO ELECTORAL" DEL LEHENDAKARI


Tengo para mí que vivimos tiempos difíciles en los que las “bromas políticas” y los “experimentos electorales” no deberían pasar por la cabeza a los que detentamos puestos de representación política. Y, si así sucede, tendrían que ser fuertemente reprendidos. Es una perogrullada, pero el compromiso con la ciudadanía y la responsabilidad nos deberían llevar a ocuparnos más de los grandes problemas del país y dejarnos de extender cortinas de humo para despistar y confundir al electorado. Porque lo importante no son los ciudadanos como electores sino las personas que reclaman de sus representantes soluciones a los problemas que le complican la vida.


Pues bien, lo que acabo de apuntar es, precisamente, lo que ha hecho el Lehendakari con la promoción de su Ley 9/2008, de “convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vacos sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”.


Un debate estéril


Aunque lo que más ha llamado la atención de esta Ley ha sido que establezca mediante el uso del eufemismo “consulta popular” un referéndum que no es de su competencia –basta con leer el artículo 149.1.32. CE cuando dice que la autorización para la celebración de un referéndum corresponde en exclusividad al Estado- creo que lo mejor de éste debate estéril es que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre un tema que los nacionalismos parece que no tienen nada claro: que el titular de la soberanía es en exclusividad el pueblo español.


Una respuesta oportuna


Por eso, aunque a muchos el argumento del Alto Tribunal no nos sorprende, al contrario, nos parece que es como debe ser, entendemos oportuna la Sentencia puesto que es bueno que se digan las cosas por quien tiene la alta responsabilidad en el Estado de ser el “intérprete último de la Constitución”. Y para que conste, paso a citar el argumento:


Un falso punto de partida


La señalada Ley 9/2008 del Parlamento Vasco parte en su argumentación de una presunción falsa: la existencia de un sujeto, el “Pueblo Vasco”, titular de un “derecho a decidir” equiparable al titular de la soberanía nacional expresada en el artículo 1.2 de la CE, el Pueblo Español. A partir de aquí, se sigue un argumento que señala que ese sujeto político Vasco tiene capacidad para negociar con el Estado constituido por la Nación española los términos de una relación entre éste y una de las Comunidades Autónomas en las que se organiza.


Unidad de la Nación


Ante dicho planteamiento, el Tribunal Constitucional es claro: “la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Por ello, el procedimiento que se quiere abrir con la Ley del Parlamento Vasco no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues en el mismo se abordaría la redefinición del orden constituido por la voluntad soberana de la Nación, cuyo cauce constitucionalmente no es otro que el de la revisión formal de la Constitución por la vía del artículo 168 CE, y del propio titular de la soberanía, directamente, a través del preceptivo referéndum de ratificación previsto en el artículo 168.3 de la CE”.


Saltarse la vía constitucional


El Tribunal Constitucional dice claramente que lo que ocupa a la Ley “no puede ser planteado como cuestión sobre la que simplemente se interesa el parecer del cuerpo electoral del País Vasco, puesto que con ella se incide sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines”.


Voluntad del Pueblo español


“Por eso no caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político”.


No romper el pacto


Y llegado a este punto tengo la tentación de decir: ¡punto y final! Está todo dicho. Pero permítanme rematar la “jugada”. Lo que ha dicho el Tribunal es que el Constituyente se expresó estableciendo que el soberano es el pueblo español y que si eso se quiere cambiar se ha de hacer de acuerdo con unos procedimientos previstos en la misma Constitución. Por lo tanto, cualquier otra cosa es romper el pacto constitucional, es estar fuera de la Constitución, fuera del pacto, fuera de las normas y, por tanto, en el mundo de la fuerza. ¿Alguien quiere llegar a ese extremo? ¡Responsabilidad!

16.9.08

POR UNA ESCUELA PÚBLICA CON VALORES CONSTITUCIONALES EN MADRID


Se ha iniciado el curso escolar en la Comunidad de Madrid y a problemas que vienen de lejos (falta de escuelas infantiles, incumplimiento de las ratios de alumnos por aula, aulas barracones, segregación de alumnos con necesidades especiales, escasa financiación, etc) tenemos que añadir la descarada estrategia del Gobierno de Esperanza Aguirre para intentar que no se imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Que la Consejería de la Comunidad de Madrid expida Ordenes para fomentar la “objeción de conciencia” a una asignatura aprobada por el Parlamento español en una ley orgánica es todo un escándalo y la muestra más clara y palpable de una deslealtad institucional que va contra los principios más básicos de nuestro Estado constitucional. Sin embargo, parece que en el PP cuando son ellos los que se comportan como “insumisos a la ley” no pasa nada, y mientras tanto intentan dar lecciones de respeto a la Constitución a otros. Practican sin rubor el dicho popular “haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga”.

Pero que además lo hagan contra una asignatura que lo que pretende es formal a nuestros jóvenes en los valores y principios propios de una sociedad democrática donde la tolerancia, la defensa de la libertad y la igualdad y el desarrollo de la solidaridad son los referentes que guían una organización que se construye para que la persona humana pueda desplegar toda su dignidad, parece más que un escándalo un problema de ubicación en nuestra democracia. ¿O es que algunos no se han enterado aún que las formas políticas, como todo en esta vida, necesita de cuidados, pedagogía y comprensión? O, peor aún, ¿no será que algunos con la excusa de la defensa de la libertad lo que pretenden es mantener una atalaya de privilegio para desde allí seguir impartiendo sus doctrinas sectarias y enajenadoras? Mientras se comportan así la Sra. Aguirre habla de que hay que evitar el “relativismo de valores” al que nos lleva el Gobierno socialista. ¡Señora Presidenta los valores de una sociedad democrática están establecidos en la Constitución y es bueno que los difundamos y cumplamos todos!

Sea como sea, lo cierto es que la derecha política y social de Madrid ha reaccionado sin contemplaciones ante los mandatos de una Ley; es decir, contra la voluntad de la soberanía popular, para de esta forma defender su modelo educativo y su forma de entender no ya sólo la organización la enseñanza sino los contenidos que se deben incorporar en ella. Para ellos, formar en la Constitución y los valores democráticos no sólo no es una prioridad sino que entienden que va contra la libertad de las personas ¡nada más y nada menos!

Esta forma de entender la escuela y lo que se imparte en ella por parte de la derecha madrileña tendría que hacernos reflexionar a los hombres y mujeres de izquierda a la hora de presentar nuestro proyecto ante la sociedad. No olvidar que la escuela además de calidad debe ofrecerse en equidad. En el debate sobre escuela pública escuela privada concertada no sólo está en juego si el centro concertado está al alcance de todos los padres que han de escolarizar a sus hijos, que deberían, puesto que imparten enseñanza obligatoria y por ello cobran del erario público. Lo verdaderamente importante es que la escuela pública garantiza mejor la profesionalidad de los docentes, que están seleccionados con criterios de mérito y capacidad más objetivos y, lo que es fundamental, la escuela pública no tiene más “ideario del centro” que los principios de una sociedad democrática y los contenidos educativos que se formulan en los planes de estudios. Y da la casualidad que la inmensa mayoría de los centros privados, muchos concertados, tienen un ideario de carácter religioso y marcado contenido conservador que, evidentemente, se proyecta en las actividades del centro. Desde luego que este tipo de escuela es constitucional, la reconoce el artículo 27.6 de la CE, pero desde opciones políticas progresistas y trayectoria ilustrada es más que una confusión un grave error, o incurrir en ignorancia, no darse cuenta que para nada es equiparable un modelo de escuela privada a la escuela pública.

1.9.08

REFLEXIONES ANTE EL XI CONGRESO DEL PSM


Llevo muchos años afiliado al PSOE y militando en el PSM. Nunca he participado de “familias” o “camarillas”, pero procuro estar atento a la organización y funcionamiento de mi partido, puesto que creo que es una pieza fundamental de la sociedad española para hacer efectivos valores que nos unen a muchos: vivir en una sociedad donde desde el respeto a la libertad se luche por la consecución de mayores cotas de igualdad y solidaridad.


Hace catorce meses acepte con entusiasmo la llamada de Tomás Gómez para participar de su Ejecutiva en el convencimiento de que podíamos iniciar una nueva etapa en el socialismo madrileño que, sin despreciar lo bueno de tiempos anteriores, produjese el revulsivo que la sociedad nos estaba reclamando. Transcurrido este tiempo tengo que decir que desde mi punto de vista no ha sido así.


Durante estos catorce meses han sucedido muchas cosas en la política madrileña: los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón se han visto envueltos en graves casos de corrupción que han escandalizado a la sociedad; el proceso de privatización de la sanidad pública se ha extendido tanto que incluso ha llegado a centro sanitarios de municipios gobernados por compañeros socialistas; la educación está en los niveles más bajos, con centros públicos escasamente financiados, aulas en barracones, incumpliendo los decretos que establecen las ratios de alumnos por aula, escasísimas escuelas infantiles y presiones a las Asociaciones de Padres de Alumnos que denuncian la situación de la escuela y defienden la enseñanza pública.


Todo ello, sin olvidar la situación de debilidad de nuestra economía sustentada por el ladrillo especulador y los pelotazos urbanísticos; el descontrol medioambiental, que está haciendo de Madrid una de las ciudades más contaminadas de Europa; las agresiones a nuestros parques naturales o, para no extenderme más, el empobrecimiento democrático con estrategias de manipulación informativa que se parecen mucho a las técnicas Goebberianas.


Ante todos estos acontecimientos ¿dónde hemos estado los socialistas madrileños? No conozco ningún caso donde se nos haya visto liderando la oposición en algunos de estos temas, ¡y no ha sido por falta de ganas de muchos! En el mejor de los casos nos hemos sumados a alguno de ellos y, en no pocos supuestos, tan sólo bajo la tutela de instancias superiores. En otros, hemos llegado a ellos arrastras, que más parecía que teníamos algo que ocultar. Por supuesto, en las reuniones de los órganos de dirección nunca se habló de política y muchos de los que allí nos sentábamos nos enterábamos de la posición política del partido por la prensa.

El problema es que nos ha faltado un proyecto y una definición clara de nuestro modelo en muchas de las políticas públicas que se hacen en Madrid. Que no tenemos una estrategia bien definida para desarrollar un buen trabajo de oposición a un Gobierno de la derecha fuerte y sin complejos y, ¡digámoslo todo! Tampoco nos sobran equipos con capacidad y liderazgo en la calle y los medios de comunicación.


Recomponer y corregir todos estos problemas, visualizados en estos catorce meses, es lo que debería hacer el XI Congreso del PSM. Algunos nos hemos puesto al frente de ese debate desde la convicción de que es una responsabilidad democrática con nuestro partido y la sociedad madrileña. Otros quieren pasar de puntillas sobre los problemas y que el Congreso se celebre sin debate de ningún tipo, y su único argumento es que se han acabado las familias, ¡que está bien! Pero se dedican todos los días a poner nombres a los miembros de su Ejecutiva cuando ni tan siquiera son candidatos ni conocemos los términos del proyecto político a ejecutar.


El próximo fin de semana los socialistas madrileños no debemos desaprovechar la oportunidad que la democracia interna nos ofrece para que con libertad digamos cuanto creamos que puede mejorar nuestra posición política y, por supuesto, no debemos dejarnos intimidar por los que intentan imponer la mordaza con el argumento de la ética de la responsabilidad.


Si somos capaces de hacer un debate limpio, sincero y democrático seguro que saldremos más unidos y con un proyecto claro, una estrategia definida y un líder y un equipo potente capaz de ganar el 2011. ¡Qué así sea!