Instituciones en peligro

Recientemente hemos tenido la oportunidad de tratar en el Congreso de los Diputados asuntos relacionados con dos Altas Instituciones del Estado que están sometidas a fuertes críticas: El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Lo más curioso de lo que está sucediendo con estos órganos constitucionales es que los problemas que se están planteando nada tienen que ver con su funcionamiento y las competencias que desempeñan, sino con la intervención que el Parlamento y, a través de él, los partidos políticos, hacen en la designación de los miembros que las conforman.

El Tribunal Constitucional se ha pasado tres años sin renovar el tercio de Magistrados que se han de elegir por el Senado. Si grave es la situación por el tiempo que han tenido que estar los Magistrados salientes en funciones, más grave es si se tiene en cuenta que dicha institución se compone de doce Magistrados que, por mandato constitucional (art. 159.2 CE), se han de renovar en bloques de cuatro cada tres años, con lo que ahora nos encontramos con que los Magistrados que se han de elegir por el Senado y por el Congreso de los Diputados se renuevan al mismo tiempo y, con ello, finalizarían su mandato simultáneamente. La renovación por tercios no es un capricho, es un instrumento para garantizar la autonomía e independencia del Alto Tribunal. Para solventar este problema hemos tenido que hacer una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que, pese al acuerdo de todos los grupos parlamentarios, plantea y planteará no pocos problemas.

Hace unos meses finalizó el mandato del Defensor del Pueblo. De acuerdo con las previsiones de su Ley orgánica, si no ha sido elegido nuevo Defensor ocupa su puesto, en funciones, la Defensora Adjunta Primera. Es la situación en la que nos encontramos en este momento, con lo que supone de precariedad e interinidad para la institución y las personas que la encarnan.

Como decía al principio, recientemente, en el Congreso nos hemos ocupados de temas relacionados con esas dos instituciones. El proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, durante el cual muchos han aprovechado la oportunidad para seguir su estrategia de deslegitimación del Tribunal. Y la tramitación del Informe Anual del Defensor del Pueblo, en cuyo desarrollo ha tenido que comparecer la Defensora en funciones que, ante la precariedad de su situación y las “ganas” que algunos tienen de criticar a un órgano de carácter estatal que saca los colores a las Comunidades Autónomas, se ha visto desconsiderada y ninguneada.

Seguro que la crisis económica, el paro y la imperiosa necesidad de reactivar nuestro sector productivo son prioritarios en la acción política. Pero no deberíamos descuidar la atención que necesitan las instituciones constitucionales que hacen Estado y aseguran el normal funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Si abandonamos esas obligaciones estamos socavando nuestro sistema, ofreciendo oportunidades a aquéllos que trabajan para desintegrar España y dando argumentos a la ciudadanía que cada día está más desencantada con la política y los políticos.

Desde luego que en esta situación no todos tenemos la misma responsabilidad. El PSOE ha hecho mil intentos para que se renovase el Tribunal Constitucional y se elija el nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, con el primero, el PP se limitó a presentar a candidatos que sabía no podían ser aceptados por los demás grupos puesto que, como han señalado informes jurídicos posteriores, ni tan si quiera cumplían las condiciones para poder ser Magistrados; y, con el Defensor del Pueblo, por el poco interés que muestran en su renovación, se nota que se sienten cómodos con que siga ejerciendo el cargo la Defensora Adjunta que, ¡casualidad de la vida!, fue propuesta por ellos en la anterior renovación.

Sería más que conveniente que tuviéramos cuidado con los comportamientos de oportunismo y pura táctica, que aunque den una aparente ventaja no hacen más que desacreditar la nobleza y alto valor de la política y acercan cada día más a los demagogos y populistas al Poder.