La semana pasada estuvimos de enhorabuena la mayoría de los socialistas madrileños. Pudimos disfrutar del primer paso para poner coto a uno de los dos atentados más grandes que en nuestra Comunidad se está dando al Estado Social, que tan costosamente construimos en las décadas de los 80 y 90: nuestro servicio público sanitario.
El artículo 43 de la Constitución establece que los poderes públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de los servicios necesarios. Algunos piensan que este artículo queda cumplimentado siempre que exista un sistema sanitario con financiación pública, aunque esté gestionado por empresas privadas.
Sin embargo, los socialistas siempre hemos pensado que lo que el artículo 43 de la Constitución establece es que además de la financiación del servicio se requiere que su provisión, es decir la gestión, sea fundamentalmente pública. Y aquí está el mal de lo que está sucediendo en Madrid. Doña Esperanza Aguirre está llevando tan lejos su afán privatizador de la sanidad que muy pronto no estará garantizado el mandato constitucional: que la provisión del servicio sanitario sea fundamentalmente público.
Soy consciente que el argumento anterior es meramente técnico, que lo que interesa al usuario al analizar uno u otro sistema son los efectos en la calidad de la sanidad que se presta y los coste que el servicio conlleva a las arcas públicas. Pues bien, aquí también, frente a lo que machaconamente dice la presidenta, los resultados son significativos.
El aumento de hospitales de gestión privada como el de Parla y de concesión administrativa como el de Valdemoro absorbe una cantidad tan grande de dinero que se transfiere a las empresas que no le queda más remedio a la Comunidad que reducir recursos humanos y materiales en los hospitales públicos tradicionales (Ramón y Cajal, La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Móstoles) sin que ello suponga un aumento de camas, de reducción de listas de espera o de más y mejores especialidades. Además, es un modelo que no garantiza la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, muy al contrario, los resultados que tenemos de lo que hasta ahora se ha hecho demuestra que el pago del canon que la Comunidad de Madrid tendrá que hacer a las empresas privadas que tienen la concesión o han realizado los centros va a salir a las arcas públicas tres o cuatro veces más caro que si se hubieran construido y gestionado públicamente.
Por ello, los socialistas creemos que la privatización de la sanidad pública no es la solución. Que la mejora del servicio sanitario y su sostenibilidad pasa por una financiación suficiente y una gestión eficiente. La financiación suficiente debe encuadrarse en el contexto de una fiscalidad progresiva y una priorización de la sanidad en el marco presupuestario. La gestión eficiente exige abordar en profundidad reformas en la estructura, organización y funcionamiento de los centros asistenciales; ello debe hacerse con la necesaria complicidad de los profesionales fomentando su real participación en la organización de sus actividades y su colaboración con la gestión de los centros.
Por todo lo anterior, muchos socialistas de Madrid estamos contentos porque se haya aprobado la toma en consideración de la reforma de la Ley 15/1997. Ahora toca que todos estemos a la altura de nuestros principios y trabajemos por una reforma de dicha norma que garantice que no pueda seguir desmantelándose un pilar básico del Estado Social: la sanidad pública de calidad. Los ciudadanos nos premiarán o castigarán por lo que hagamos en 2011.
