30.7.09

CORRUPCIÓN POLÍTICA EN MADRID




Lo más preocupante cuando la corrupción y la desintegración moral se infecta en un amplio sector de la clase política de una sociedad no es la gravedad de ese hecho, es que la sociedad misma se acostumbre a ello.




Pronto nos olvidamos los madrileños del 10 de junio de 2003, cuando en sesión de investidura de un gobierno de izquierdas en Madrid, la actuación de los tránsfugas Tamayo y Sáez impidieron que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos gobernara la Comunidad Autónoma. Fue un hecho de involución de la voluntad democrática y pisoteo de las instituciones que la sustentan. Aunque aún no se sabe todo lo que pasó en aquellos días, está claro que hubo fuertes intereses económicos por medio. Y lo que es más importante, complicidades desde distintos sectores acomodados de las “sociedad fina y adinerada” que no estaban dispuestos a que se cerrarse antes de tiempo el reparto de la inmensa tarta inmobiliaria que Madrid representaba en esos años.




A partir de ahí se conformó una forma de ver la política donde todo es posible si se tiene poder y dinero: doblar el brazo a los sindicatos que protestan por la privatización de los servicios públicos mediante videos trucados, recopilar información privada de los supuestos adversarios para su uso a conveniencia, debilitar la institución parlamentaria para que su acción de control del Ejecutivo sea una mera caricatura, segar los retoños de oposición política antes de que nazca con la instrumentalización mediática.




En definitiva, aquellos acontecimientos sirvieron para convencer a muchos que la voluntad democrática puede cambiarse si no es favorable a los intereses del poderoso. Y claro, aquellos “lodos traen estos polvos”: espionaje, municipios sangrados por la corrupción, Consejo de Gobierno con Consejeros que se espían unos a los otros, parlamentarios regionales dimitidos, alcaldes cesados, concejales que acusan de delitos a Consejeros del Gobierno de su mismo partido. ¡Y sin embargo, la sociedad ni se inmuta! Parece como si esa situación de corrupción generalizada estuviese pasando en otro planeta.




¿Quién es responsable de todo aquello y por extensión de todo lo que está sucediendo ahora? Pues no sólo los que perpetraron el vil acto, sino muchos otros que lo patrocinaron y otros muchos que han jugado a echarle tierra encima durante estos años. Unos se han enriquecido, otros han sentido el poder hasta tal extremo que se sienten intocables y otros piensan que aquello es “agua pasada” que no tiene ningún efecto en la situación política actual. ¡Pero se equivocan! Aquellos hechos han marcado la política madrileña y mientras no seamos capaces de limpiar aquella mancha la “oscuridad”, el autoritarismo y la antidemocracia seguirán campando a sus anchas en Madrid. Y lo que es peor, provocando un constante desarraigo entre los ciudadanos y la política que la ven como el mundo de la corrupción y los intereses personales.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Me pregunto, sr. diputado, ¿como es posible argumentar con tanto acierto respecto a los ajenos y olvidar o pasar por alto lo propio?.
¿O es que el desapego de los ciudadanos respecto a los politicos solo se debe a la impresentable actitud de la "lideresa"?
¿Acaso nada tuvo que ver Ferraz en el tamayazo? ¿Tampoco hubo relacion alguna de la FSM con los alcaldes de Humanes y Comenarejo?.
¿Es de recibo la fracasada y reiterada digitalizacion zapaterista en Madrid, la Trini, el Sebastian, el Tomás,?
Compruebo una vez mas que el virus zapaterista no solo carcome a los progresistas mercenarios, sino a los que como tu ya tienen un recorrido defendiendo la socialdemocracia en el Partido.
Lo peor, sr. Aranda es que no hay mas vacuna contra ese virus que la denuncia y la regeneración. Y esto supone la certeza de perder el escaño.
Salud y dignidad.

nandomegadj dijo...

El terrorismo y el crimen organizado amenazan las democracias occidentales desde hace muchos años. Son muchos los caminos que se ha intentado para su erradicación, pero los ciudadanos abajo firmantes opinamos que, en el actual marco jurídico-penal Español, no son los suficientes. Han sido muchos los resquicios que se han dejado abiertos y de los que estas organizaciones criminales se han aprovechado. En el ámbito político, en el económico, en el social, en el legal…….

Desde el año 2003, nuestro Código penal, permite penas de hasta cuarenta años para delitos de terrorismo, o cuando se cometan dos o más delitos con penas superiores a veinte años. Pero al margen de la duración mínima de la pena, delitos tan graves como el secuestro, la violación y el asesinato de niños, creemos que merecen marcos penales mucho más serios, más retributivos y más preventivos. Casos como el de De Juana Chaos, Josu Ternera, el asesino de Mari Luz o los innumerables sujetos de similar calaña exigen una respuesta digna y sin complejos por parte de la sociedad democrática a la que tan injustamente agredieron.

Consideramos que la reinserción es un derecho del reo, pero no una obligación del Estado, ya que nadie puede obligar a otro a reinsertarse si no quiere. Al Estado sólo se le pueden exigir las medidas materiales necesarias para que el sujeto de tal derecho pueda alcanzar la consecución de ese fin, pero corresponde al reo y sólo al reo, demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad y merecedor de la libertad perdida tras las gravísimas e injustas agresiones de las que estamos hablando.

Ha llegado el momento de exigir a nuestros dirigentes políticos, a los legisladores, a los responsables de las instituciones públicas nacionales y autonómicas, un cambio de actitud para conseguir, de una vez por todas, combatir esta lacra sin que nuestro sistema legal, altamente garantista de los derechos y libertades ciudadanas, sirva de ventaja a tales organizaciones. Las leyes deben defender a los más débiles, proteger a las víctimas, y conseguir que, una vez encausado un preso y condenado sin lugar a dudas, este cumpla la pena como castigo de la sociedad por el mal causado.

Países tan cercanos a España, como son Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia, contemplan este tipo de “cadena perpetua” y ello es considerado compatible con sus correspondientes Constituciones que participan de valores comunes y cuyos derechos penales nacionales están informados por los mismos principios básicos que el nuestro.

Y para ello exigimos el compromiso explícito de buscar el cambio del Código Penal Español para que los delitos de sangre y contra la salud pública sean castigados con la mayor dureza; que las leyes elaboradas a tal efecto así lo dictaminen; y que el nuevo Código Penal permita exigir que las penas sean cumplidas íntegramente, consiguiendo así PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE de estos presos, que asegure tal fin.

Por ello parece razonable admitir que el debate sobre este tipo de penas se puede centrar en la conveniencia de incorporarlas o no, pero insistimos, tal y como se conciben en los países de nuestro entorno, no cabe duda de su constitucionalidad.

Acabemos de una vez con la impunidad y que los asesinos sepan que determinados actos tienen consecuencias de por vida, como las acciones que ellos mismos han cometido.