EL VALOR DE LA EDUCACIÓN

El nuevo curso escolar ha venido precedido por los graves altercados vividos en la ciudad de Pozuelo cuando la policía prohibía hacer “botellón en la vía pública”. Quizás esos disturbios hayan sido un caso puntual dentro de las muchas concentraciones de jóvenes en las calles de España para divertirse bebiendo, pero sin duda, muestran un problema grave que no deberíamos minimizar: que el alcohol en exceso va estrechamente unido a comportamientos violentos y que muchos de nuestros jóvenes parece que no tienen otra forma de divertirse que congregándose en parques y plazas para beber hasta la embriaguez.Llegar a la raíz de esos comportamientos etílicos y violentos probablemente es muy complejo: seguro que existe mucha responsabilidad en la desatención de las familias a sus hijos, en los comportamientos y las modas que generalizan lo medios de comunicación e, incluso, en los precios desorbitados del ocio en bares y discotecas, pero también es responsabilidad de nuestra escuela que tiene que ser el espacio donde más se trabaje para crear hábitos saludables y no violentos entre nuestros jóvenes. Por eso cuando suceden estas cosas, nos guste o no, en parte también es el reflejo del fracaso de nuestro sistema educativo.En nuestros colegios e institutos tenemos grandes profesionales, que día a día se esfuerzan por mejorar el nivel en la formación y la educación de los alumnos; sin embargo, la escasa coordinación entre administraciones encargadas de gestionar el sistema educativo, la precariedad en los presupuestos para la enseñanza y debates estériles como el relacionado con la lengua en la que se imparten las clases en aquellas Comunidades con lengua propia, enredan la situación y hacen que nuestro sistema educativo siga en los últimos puestos en los ranking de éxito escolar en los países de la OCDE.
Por eso, estaría bien que todos nos tomásemos muy en serio el “Pacto por la Educación” que ha puesto en marcha el Ministro Gabilondo. Quizás, incluso empezando por el propio Ministerio, que no debe olvidar nunca su función de Alta Inspección y regulación básica para el cumplimiento del derecho a la educación de todos los españoles. En segundo lugar, también las autoridades educativas de algunas Comunidades Autónomas, dejando de dificultar la impartición de asignaturas como Educación para la Ciudadanía. En el caso de ésta última Administración –Comunidades Autónomas-, que son las que tienen las competencias más importantes, que se dejen de políticas efectistas, de puro marketing (como considerar a los profesores autoridad pública o establecer sistemas de control de notas y asistencia entre el centro y los padres) y se comprometan con un mayor presupuesto que haga posible que las necesidades de más profesorado y más recursos materiales se cubren. Por ejemplo, no es de recibo que 200.000 alumnos de la Comunidad de Madrid tengan que empezar sus clases en situación precaria por falta de presupuesto, que las ratios de alumnos por aula se incumplan en muchos colegios o que algunos centros no puedan desdoblar aulas masificadas o no puedan ofertar algunas de las asignaturas optativas por falta de profesorado. Sin olvidar que todavía en Madrid se dan clases en barracones prefabricados o en el comedor o el gimnasio de algunos Institutos y que se incumple el acuerdo que la Comunidad de Madrid firmó con los sindicatos en 2005 que establece que en cuatro años se debía alcanzar una ratio de 1.5 maestros por aula en Primaria y 2.5 en Secundaria.