24.9.09

DOS FORMAS DE ACTUAR ANTE LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA







Desgraciadamente la política “efectista”, de “fogonazo y apariencia” gana posiciones en nuestro país en los últimos años. Lo de considerar autoridad pública a los profesores, decir que se van a instalar tarimas en las aulas para que el profesor esté por encima de los alumnos o predicar que se han abierto colegios bilingües cuando lo único que se hace es que se imparte una clase más de idiomas, son buena muestra como el Gobierno de la Sra. Aguirre le ha pillado la distancia a esa forma de hacer política. Pero éste es un tema de la semana pasada, aquellos que hayan tenido a bien en leer mi artículo “el valor de la educación” saben a lo que me estoy refiriendo. Esta semana me quiero ocupar de la situación de la Justicia y la distinta manera de enfocar el problema en el funcionamiento de su Administración por el Gobierno Zapatero y el de la Sra. Aguirre.

En la inauguración del nuevo año judicial hemos escuchado los discursos del Fiscal General del Estado y del Presidente del Tribunal Supremo. En ello, además de cuestiones más o menos coyunturales, se ha vuelto a poner sobre la mesa los grandes problemas que aquejan a la Justicia española: colapso de los tribunales, insuficiencia de medios materiales y humanos y crecimiento de la litigiosidad y delincuencia sin que ello halla llevado hasta ahora un aumento suficiente de jueces y fiscales para hacerles frente. Afrontar esta situación es responsabilidad del Gobierno de la Nación pero también lo es de los gobiernos regionales que han asumido las competencias –es el caso de la Comunidad de Madrid-.

Todos aquellos que conocen nuestro sistema judicial saben que atajar esa situación no se consigue con medidas que se pongan en práctica de un día para otro y surtan efecto inmediato. Requiere de la reestructuración de una Administración Judicial envejecida, de una gran inversión en capital humano y tecnológico y romper con dinámicas de trabajo poco eficaces y que, en muchos casos, encubren privilegios e intereses corporativos. Los últimos Gobiernos de Zapatero han tomado “el toro por los cuernos” y han puesto en marcha medidas de ese tipo: antes del verano se presentó ante el Parlamento la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poner en marcha la nueva Oficina Judicial, que ha de procurar la agilización de la Justicia y mejorar los estándares de calidad de nuestros Juzgados y Tribunales; recientemente el Ministro Caamaño ha presentado el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 en el que el Gobierno de España invertirá 600 millones adicionales para la modernización de la Justicia, además de crear mas de 2000 nuevas plazas de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, poner en marcha una gran red informática para conectar todos los Juzgados y Tribunales y crear un Registro Civil único, informatizado y digitalizado.

Todas estas medidas son acciones políticas de fondo, fruto de un análisis concienzudo del problema de nuestra Justicia y con vocación de corregirlos de raíz. Por supuesto, van más allá de política de “escaparate” y puro efectismo que se agotan en el titular de prensa o la discusión de dos tertulias de radio. Los resultados, evidentemente, están por ver, pero tanto las instituciones judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial así como las asociaciones de Jueces, Fiscales y personal de la Administración de Justicia reconocen que ese es el camino para solucionar los problemas que tiene la Justicia española.

Frente a esa forma de encarar éste asunto, ¿qué hace la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias? Valgan dos ejemplos: La Ciudad de la Justicia y las retribuciones a los Abogados de Oficio.

La Ciudad de la Justicia es un gran proyecto de la Comunidad de Madrid. Sabemos que así es porque tanto la Sra. Aguirre como el Alcalde Gallardón se encargaron de poner la primera piedra y hacer grandes discursos y lucidos titulares de prensa. Todos estamos de acuerdo con que es un proyecto importante para Madrid, puesto que es la oportunidad de poner en marcha sedes judiciales adecuadas a una nueva organización con más espacio, con más informatización y mejor distribución. Un proyecto que tiene unos tiempos de ejecución: una primera fase, con seis edificios, para su inauguración en 2011; y una segunda fase, con otros nueve edificios, para su inauguración en 2015. Pues bien, la Consejería de Interior y Justicia ya ha dicho que ninguna de las obras finalizarán antes del 2015. ¿Motivos? Según dice la Consejería porque el Ayuntamiento no da las licencias necesarias y falta presupuesto. El primer motivo es bien curioso, cuando el propio Alcalde se apuntó a la foto de inauguración; y el segundo más, cuando a algunos nos consta que la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir aportaciones que el Ministerio de Justicia tenía que dar para pagar el proyecto tan sólo porque la Administración Autonómica se olvidó reclamar las cantidades.

Los Abogados de Oficio garantizan el derecho a la Justicia gratuita para aquellas personas que no cuentan con medios suficientes para pagarse la asistencia letrada. Forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de toda persona que reconoce la Constitución. En Madrid desarrollan esta importante labor más de 5000 abogados que prestan un servicio impagable a la sociedad madrileña, y digo impagable, porque para quién no lo sepa un abogado de oficio por un caso de este tipo no ingresa más de 200 euros. Pues bien, la competencia para pagar este servicio es de la Comunidad de Madrid y resulta que en los nueve meses que llevamos de 2009 no ha abonado ni un euro y se les debe a estos profesionales más de 25 millones de euros. Por supuesto, el Colegio de Abogados sigue garantizando la asistencia gratuita y los abogados del turno haciendo su trabajo sin cobrar. Ante esta situación qué hace el Consejero: pues decir que hay que replantearse la asistencia letrada a los inmigrantes y que los abogados de oficio alargan intencionadamente los asuntos para cobrar más. ¡Ejercer el derecho de toda persona a los recursos! Y, en el mejor de los casos, pasar de 200 a 300 euros.

Sin duda son dos formas de ver los problemas y hacer política: la primera, estudia la situación y pone en marcha programas a medio y largo plazo que puedan solucionarlos; la segunda, se hace fotos, hace titulares y cuando hay que encarar las dificultades echa balones fuera intentando excluir a personas del servicio a la justicia gratuita y acusando a los profesionales que se dejan su tiempo y sus medios personales por una vocación de ser unos defraudadores.






2 comentarios:

Juan Julián dijo...

Estoy contigo, Elviro. Pero, como hemos comentado muchas veces, esas medidas de calado y con resultados a medio plazo ¿no podríamos explicarlas de una forma más accesible a los españoles para que comprendan nuestras intenciones? Estoy seguro, y sé que tú también, de que la mayoría de los ciudadanos entienden perfectamente lo que significan un tipo de políticas y otras, y que prefieren la seriedad a los timbales. Pero hay que hacérselo llegar

Fran Pavon alumno UC3M dijo...

Es la primera vez que entro en su blog, y la verdad es que me parece muy interesante la forma que tiene de tratar la política, se percive de una forma fresca y dinámica. Enhorabuena por su trabajo.
Un cordial saludo:
Fco.José Pavón Chisbert