La trama Gürtel, además de un caso de corrupción generalizada el en Partido Popular, está sirviendo para poner en evidencia hasta donde puede llegar el comportamiento despótico y autoritario de un partido político henchido de poder.
Esta mañana nos hemos desayunado, los que estamos atentos a los asuntos relacionados con el funcionamiento parlamentario, con la noticia de que ayer la Mesa y la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid va poner en marcha la reforma del Reglamento de la Cámara para incorporar la figura del “diputado no adscrito”. Como todos ustedes saben, con ello se pretende que los diputados del PP expulsado no pasen a formar parte del Grupo Mixto. Hasta aquí todo bien. El problema empieza cuando conocemos que según el Portavoz del PP la norma que va a constituir la figura del diputado no adscrito es de aplicación incluso ante de ser aprobada por la Cámara. ¡Desde luego esto si que es un “avance” en el derecho parlamentario y la técnica legislativa! Incluso yo diría que estamos ante el cambio en las prácticas legislativas más importante que se han dado en los últimos 200 años. Basta con que los portavoces se pongan de acuerdo sobre iniciar el trámite de una norma para que ésta quede inmediatamente en vigor, ¡nada más y nada menos!
El asunto no pasaría de algún comentario de café de iurisconsultos sino fuera porque expresa todo un comportamiento político de mucho más calado y que nos debería hacer pensar.
Cuando un partido político lleva tantos años ejerciendo el poder en las instituciones y en la sociedad sin control alguno sucede que no tiene límites y si el Derecho o los procedimientos de las instituciones le coarta sus pretensiones se pone “por montera” esas instituciones y el Estado de Derecho y actúa, “sin complejos”, a su antojo y capricho. Puede que el fin que se persiga sea bueno: que los diputados expulsados no deberían pasar al Grupo Mixto y beneficiarse de las prebendas que conlleva, pero no debemos olvidar que en el Estado de Derecho el fin no justifica los medios.
Lo que tendría que haber hecho el PP es impulsar la reforma reglamentaria hace tiempo, que oportunidad y reclamación para ello hubo, en el “Caso Tamayo y Sáez”, pero entonces ¡lastima! No interesaba al PP.
Estamos ante un desafuero inconstitucional, ante un atentado a la institución parlamentaria, ante una fractura del Estado de Derecho (por cierto, ¿que están haciendo los servicios jurídicos de la Cámara ante la situación?), pero sobre todo, estamos ante la prueba del nueve de que la “trama Gúrtel” no es cosa de dos o tres corruptos, es la consecuencia de una estructura de poder despótica que actúa en la sociedad y en las instituciones sin límite y freno. ¡Hasta cuando! La sociedad madrileña tiene la palabra.
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