19.1.10

Empadronarse


Hay comportamientos que a muchos de los que estamos en política porque creemos en la defensa de la igualdad y la solidaridad como valores públicos nos indignan especialmente. Es lo que me está sucediendo a mí en estos días con la decisión de los ayuntamientos de Vic y Torrejón de no empadronar a los inmigrantes ilegales si no cumplen unos requisitos que por ningún lado establece la Ley.



En la legislatura pasada tuve la oportunidad de trabajar en inmigración en el Congreso de los Diputados. Fueron años difíciles por la llegada masiva de inmigrantes, y por la necesidad de poner en marcha políticas de control de la inmigración ilegal y de integración de aquellas personas que estaban en nuestro país de forma estable y plenamente integradas. Recuerdo que los socialistas, en el 2005 y 2006, además de encontrarnos con una inmensa bolsa de personas ilegales que contaban desde hacía años con trabajo y residencia estable, tuvimos que afrontar la llegada de forma masiva de pateras y cayucos a las costas de la península y de las islas Canarias.



Con un trabajo modélico desde la Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración y desde el Ministerio del Interior, se consiguió concienciar a la UE de que había que desarrollar políticas de control de fronteras para luchar contra las mafias que invitaban a muchos desesperados por el hambre y la miseria a echarse al mar. De esa forma se creo FRONTESX, hoy día, con la colaboración de los países emisores de inmigración, la llegada de cayucos y pateras es casi insignificante.



Además, entonces, se activó un plan de integración con una importante dotación económica para los municipios; se regularizó la situación de gente que de facto vivía y creaba riqueza entre nosotros desde hacía años; y, finalmente, se aprobó un plan de integración de la inmigración, un proyecto a largo plazo para que la diversidad cultural y social de nuestro tiempo deje de verse como “la invasión de los otros” y se reconozca como una oportunidad de engrandecernos humanamente y abrirnos al mundo reconociendo la diversidad.



La crisis económica ha sembrado nuevamente de miedos las relaciones entre autóctonos y foráneos, y son muchos los que piensan que el problema del paro se solucionaría si todos los que han venido de fuera volvieran a su país. Cuando escucho esta forma de argumentar me acuerdo del Alcalde de El Egido, al que una vez le preguntaron sobre los inmigrantes y respondió: “En El Egido a las ocho de la mañana todo los inmigrantes son bienvenidos, a las ocho de la noche no queremos a ninguno”. Es una actitud miserable y egoísta que, además, no se corresponde con la realidad: la mayoría de los inmigrantes se matan por trabajar ocupando puestos que los españoles no quieren y han contribuido sustancialmente a la riqueza de nuestra Nación.



Ahora municipios como el de Vic y Torrejón retuercen una obligación administrativa: el empadronamiento, que no tiene más valor que conseguir un recuento fiable de las personas que viven en cada localidad, para echar de su territorio a las personas que no tienen papeles. Algunos piensan que de esa forma pueden negar ciertos derechos, como la sanidad o la educación a los inmigrantes, pero se equivocan, ya que dichos derechos los tiene toda persona por el hecho de serlo y la condición de empadronado tan sólo afecta a la gestión del colegio o el centro de salud donde esa persona debe recibir atención.



Pero la hipocresía no acaba en el comportamiento de esos municipios. Algunos políticos con sus declaraciones o con su “ponerse de perfil” ante el asunto también están dando una imagen lamentable con la sola intención de arañar un puñado de votos.



El PP ahora dice que se debe endurecer la política migratoria y las condiciones de empadronamiento. Sin embargo, el Sr. Rajoy se olvida de que la Circular que se aplica para la interpretación del artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es donde se establecen las condiciones de empadronamiento, la aprobó él mismo siendo ministro de Administraciones Públicas. También se olvida que hace no más de dos meses terminamos de aprobar la nueva Ley de Derecho y Deberes de los Inmigrantes en España y en su trámite el PP no hizo ni una enmienda en ese sentido.



Finalmente, entre los que están “de perfil” me duele especialmente la poca contundencia que han manifestado hombres y mujeres de izquierdas con responsabilidades políticas en Madrid y, en especial, en Torrejón. El Corredor del Henares es una comarca de Madrid donde se han asentado importantes comunidades de personas de otros países que han venido a buscarse la vida al nuestro. En algunos de ellos la población extranjera puede llegar al 20 ó 30 por ciento, y así ha sido durante años sin que se hayan producido hechos destacables de violencia o alteración de la convivencia.



Antes al contrario, han contribuido sustancialmente a la generación de riqueza para esas poblaciones. Por ello, me parece lamentable que ahora que vienen tiempos difíciles se persiga a los más desfavorecidos y que muchos de los que enarbolan las banderas de la izquierda no sean capaces de salir con claridad y contundencia a denunciar esa hipocresía y mostrar a nuestros conciudadanos que la inmensa mayoría de los inmigrantes son personas tan respetables como cualquier otra.

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