Público vs. Privado

La izquierda y la derecha han debatido desde siempre sobre la gestión de los servicios públicos. Pese a lo mucho que se ha dicho, la solución no es fácil y suelen abundar las simplificaciones. La derecha, con mucha frecuencia, tan sólo está interesada en buscar excusas para reducir el sector público. Por eso, la izquierda debe trabajar para su modernización sin dejarse atrapar por el discurso reduccionista y demagógico que intenta convencernos de que todo lo público es malo e ineficiente y todo lo privado asegurar una buena gestión. Para ello, sin olvidar que en las últimas décadas las grandes aportaciones para la conformación del Estado Social se han hecho desde lo público, tenemos que tener muy presente que no se vive de victorias pasadas y si queremos que lo público siga siendo referente de futuro necesita incorporar los cambios que la técnica y los nuevos tiempos ofrecen para ser más eficaz.

Todo esto viene a cuento a propósito de la Comunidad de Madrid y de cómo socialistas y populares enfrentan la gestión de los servicios públicos de nuestra Comunidad.

El Partido Popular lo tiene meridianamente claro en su discurso y su acción de gobierno: Todo aquello que pueda ser gestionado por la iniciativa privada no debe quedar en manos públicas. El sector público tiene dinámicas organizativas, relaciones laborales y criterios de trabajo que son por definición ineficientes; por lo tanto, la mejor manera de romper esa situación es llevar esos servicios al sector privado. Es un planteamiento que publicita Esperanza Aguirre todos los días y que desde mi punto de vista es el paradigma de la simplificación el error y la falsedad, en muchos casos. Dos ejemplos recientes:

El miércoles pasado el Juez Decano de los Juzgados de Móstoles tuvo que echar mano de los medios de comunicación para denunciar la situación desesperada en la que se encontraban los juzgados de dicho Partido Judicial. Resulta que desde hace más de dos años llevan denunciando en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid que la empresa que tiene la concesión para el mantenimiento de los servicios informáticos de sus instalaciones no les hace el menor caso. Que debido a esa situación se han encontrado en más de una ocasión con ordenadores que no funcionan, impresoras que permanecen durante meses estropeadas y sistemas informáticos que “se cuelgan” y hacen imposible efectuar cualquier diligencia judicial. Desde luego, esta situación no es una cuestión menor, puesto que la informática y “justicia en red” es la oportunidad de agilizar el servicio y evitar errores judiciales, la falta de un mantenimiento potente para solventar los problemas de funcionamiento tira por tierra cualquier plan de modernización por bien diseñado que esté. Por cierto, modernización que está haciendo el Gobierno de España.

Un par de días antes, tuvimos conocimiento de que algunos juzgados de Madrid han tenido que paralizar diligencia judiciales porque cuando requerían traductores a la Comunidad de Madrid para garantizar el derecho a la tutela judicial de los imputados que no saben castellano, la empresa concesionaria del servicio de traducción enviaba personas que no tenían la cualificación mínima para hacer su trabajo. Hasta tal punto ha sido la cosa, que una Jueza madrileña llegó a denunciar públicamente que estuvo a punto de tener que dejar en libertad a imputados por imposibilidad de realizar esos actos judiciales.

Como decía más arriba, los casos anteriores son dos ejemplos bien a las claras de algo que debería ser un obviedad: que la gestión privada de un servicio público no garantiza de por sí que se haga en las condiciones adecuadas y, mucho menos, que conlleve más eficiencia y eficacia. Por lo tanto, el slogan privado igual a buena gestión es sencillamente falso.

¡Lamentablemente!, en la Comunidad de Madrid, pese a fallos tan sonoros como los que he relatado, se necesita mucha pedagogía y mucha más confianza en la gestión pública de los servicios para que ese discurso ultra liberal que tan sólo pretende ampliar el negocio para las grandes empresas y el abandono de su responsabilidad de algunas administraciones, pueda ser interiorizado por los ciudadanos. Sobre todo si la izquierda deja que la derecha le gane el debate de las ideas y, algunos, cuando gestionan lo hacen con los mismos criterios privatizadores.