En la sociedad española han existido desde tiempo inmemorial debates que han dividido a nuestro pueblo y han contribuido al atraso y el estancamiento económico y cultural. La explicación de esa contumaz y continuada división es muy variada y, en parte, tiene que ver con la “oscuridad” y el distanciamiento con la modernidad que nuestro país ha sufrido en los últimos tres siglos (al menos hasta 1978).
Una de esas grandes cuestiones es la política educativa. Desgraciadamente, el pacto nacional por la educación, que debería haber sido una seña de identidad en la Constitución de 1978, no fue posible. Basta con leer su artículo 27 con sus diez apartados para observar como el Constituyente, ante la imposibilidad de pactar un modelo educativo que satisficiera a todos decidió –como en otros grandes asuntos, ¡por cierto!- elaborar un redactado donde cupieran los dos grandes modelos educativos que siempre han rivalizado en nuestra Nación: el derecho a la educación sustentado sobre un sistema de educación pública y la libertad de enseñanza y, con ella, la libertad para crear centro educativos y establecer modelos de educación.
La política educativa que se ha hecho durante estos últimos treinta años, desgraciadamente, tampoco ha conseguido superar esa división. Nuevamente bastaría con hacer un historial de las leyes educativas que se han aprobado durante estos años para comprobar como los dos grandes modelos han rivalizado y cómo se ha impuesto uno u otro en función de la fuerza política gobernante. Incluso en la política educativa de la derecha o la izquierda no han faltado bandazos que evidencian la falta de un modelo lo suficientemente elaborado e interiorizado detro de las propias fuerzas políticas.
El Ministro Gabilondo ha propuesto al PP un pacto de Estado por la educación y muchos nos felicitamos de que en tiempos políticos tan convulsos haya un Ministro valiente que abandone la estrategia - tan común en la forma de hacer política de estos tiempos- de gestionar pasando desapercibido y procurando no pisar ningún callo, y haya dado un paso adelante proponiendo cien medidas para el consenso educativo entre las dos grandes fuerzas política en España. También me congratulo por la disposición del PP a negociar dicho pacto. Bueno….me felicité por las primeras declaraciones de la Sra. De Cospedal y empecé a preocuparme cuando el PP hizo un acto público donde vino a recordarnos que si se quería pactar con ellos habría que reconocer muchas de sus propuesta educativas de máximo.
La Constitución, como decía, abre caminos para distintos modelos educativos, ahora bien, también es cierto que la misma Constitución establece determinados principios y valores que no deberíamos perder de vista a la hora de establecer un modelo educativo. Por ejemplo, no se ha de olvidar que ese modelo debe promocionar la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación; por ello, la educación debe actuar como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Esa educación de calidad, no discriminatoria, que fortalezca las potencialidades de los alumnos debe construirse sobre un sistema de Educación pública equitativa y universal en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos deben estar comprometidos con esa tarea.
Algunos que antes de empezar a negociar están poniendo ya “rayas rojas” deberían interiorizar muchos de esos principios básicos constitucionales y darle una vuelta a la política educativa que su partido ha puesto en práctica en Comunidades como la de Madrid, que en su afán privatizador está rompiendo la escuela pública de calidad, y en donde los centros privados y concertados generan, en muchos casos, desigualdad y segregación del alumnado.
Ayer conocimos que en los diez años de transferencia de la Educación a la Comunidad de Madrid la calidad educativa ha caído cinco puntos porcentuales y hemos pasado a ser una de la Comunidades Autónomas que menos invierte en Educación. Por eso, no se debe olvidar que en Madrid falta presupuesto para los colegios, institutos y universidades públicas y sobra complicidad con organizaciones cuyo cometido esencial, cuando se introducen en el mundo educativo, radica en hacer negocio y extender una moral privada que, en muchos casos, es claramente contradictoria con la tolerancia, la igualdad y no discriminación que propugna la Constitución española.
¡Ánimo Ministro! La Educación, la convivencia y el desarrollo de España está, en parte, en que su objetivo se cumpla.
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