14.7.10

Responsabilidad política


La joven democracia española ha sufrido muchos casos de corrupción política a lo largo de los años. Quizás por ello, ahora que se están conociendo algunos verdaderamente graves, los ciudadanos 'los ven pasar' sin darles demasiada importancia. Pero eso no debería llevar a la dirección de los partidos políticos a comportase como si fuera un asunto intranscendente para los intereses del país y la democracia. Incluso, diría yo, para sus intereses electorales.



Los mismos que consideran la corrupción una cuestión menor desde el punto de vista político, también suelen, confundir responsabilidad política y responsabilidad civil o penal. Aunque es una obviedad que no debería tener que recordarse, en un régimen parlamentario no se requiere la vulneración de la legalidad para que se active la responsabilidad de carácter político. Ambas, aunque hagan referencia a los mismos hechos, son responsabilidades de signo muy distinto.



¡Perdón por la pedantería! Pero en este asunto, es bueno recordar que el sistema parlamentario nació en Inglaterra cuando, precisamente, la responsabilidad política se disoció de la responsabilidad penal. Mientras el Gobierno era del Rey y dependía de su confianza, el Parlamento no tenía otra forma de derrocarlo que acusarlo y hacerlo juzgar por un delito. Cuando el principio monárquico se sustituye por el principio democrático, el Parlamento ya no tiene necesidad de recurrir al impeachment (que se mantiene en los sistemas presidenciales) y basta entender que se ha producido un daño o que las cosas no van bien para que se retire la confianza al Gobierno o al responsable político. Es decir, que esa responsabilidad no supone culpa o negligencia, tan sólo que no se ha actuado bien en la toma de las decisiones.



Tampoco se debería olvidar que, además de la responsabilidad política ordinaria, que se depura a través de las distintas técnicas de control parlamentario y que afecta a los responsables gubernamentales, hay una responsabilidad política difusa que se manifiesta a través de la dimisión de los cargos políticos que no han actuado bien o han evidenciado ser incapaces de impedir que otros actúen mal, sean o no miembros de partidos con responsabilidad de gobierno.



La democracia parlamentaria moderna fuertemente vinculada a la existencia de los medios de comunicación y la opinión pública hace suya la ficción de que existe un 'parlamento invisible', que pese a que el Parlamento en sentido estricto permanezca inamovible, produce un movimiento en el ánimo de los ciudadanos que ha de ser medido en el momento de la renovación de las cámaras. Por ello, la responsabilidad política, además de los efectos formales que pueda producir, se proyecta en la estima y consideración que los ciudadanos tienen de sus políticos y en la opción de voto que tomarán el día de las elecciones.



La moraleja de todo lo dicho es bien clara: la responsabilidad política se puede afrontar en las instituciones y en el momento en el que los casos de corrupción se producen, generando confianza y tranquilidad en los ciudadanos; o se puede intentar evadir con artificios y trucos políticos que tan sólo conseguirán que los votantes se indignen con quién así se comporta y le retire su confianza o, lo que es peor, abandone la política y, el día de las elecciones, en vez de ir a votar, se vaya a tomar el sol en la playa o a comerse la tortilla en la sierra.

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