El despropósito en la política

Definitivamente, la política se ha vuelto loca en España en los últimos tiempos. O quizás, sería mejor decir que algunos políticos que ostentan altas responsabilidades han perdido el sentido de Estado y piensan tan sólo en clave de oportunidad electoral. ¡No lo se! Pero lo que está sucediendo a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional por el Estatuto de Autonomía Catalán y, ahora, la Ley del Aborto, es para echarse a llorar o manda a muchos a la porra.

Las Cortes Generales, que ostentan en España la función legislativa, han aprobado ambas leyes. El Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ha pronunciado su decisión sobre el Estatuto y ha iniciado el trámite para decidir sobre la Ley del Aborto. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen presunción de constitucionalidad y, por ello, una vez que han sido publicadas entran en vigor. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad es perfectamente legítima pero, salvo contados casos que ha de dirimir el propio Tribunal, no paraliza la vigencia de una ley. Las Leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento y ningún poder del Estado puede alegar legitimidad alguna para no cumplirlas.

Todo lo dicho en el párrafo anterior son reglas de juego de nuestro Estado democrático. No son cuestiones discutidas o discutibles, salvo que se quiera romper el pacto constitucional. Todo eso es lo que están poniendo en cuestión, nada más y nada menos, que varios Presidentes de Comunidades Autónomas en los últimos días: Montilla, cuestionando al Tribunal Constitucional por la Sentencia del Estatuto y organizando una manifestación para enfrentar legitimidades. Valcálcer, diciendo que no hay razones para acatar la Ley del Aborto porque, según él, “todavía no está en su punto final”, cosa que obviamente todo el mundo sabe que es falsa. Las leyes son de obligado cumplimiento para todos y, especialmente para los poderes públicos, desde su entrada en vigor. Esperanza Aguirre, ha buscado las revueltas de la objeción de conciencia de los médicos para impedir que se pueda prestar el servicio sanitario en los centros públicos. Núñez Feijoo, se ha negado a dar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo la información necesaria para poder cumplir los protocolos previos a la intervención médica.

¡No es posible tanta irresponsabilidad! Quizás la crisis profunda y el “griterío televisivo” hayan hecho inmunes e indiferente a los ciudadanos ante tanto despropósito. Pero, tiempo al tiempo, o reaccionamos pronto y hacemos que todo el mundo, especialmente quién ostentan altas responsabilidades públicas, recobre el sentido del deber y el cumplimiento de los principios democráticos o vamos a arruinar la gran obra de libertad y convivencia que los españoles hemos construido trabajosamente en los últimos treinta y cinco años. Y, mucho cuidado, la “piel de toro” ha sido demasiado tiempo un espacio de envidias y cainismo, ¡no lo olvidemos!