9.3.10

Un nuevo estatuto de autonomía para Madrid



En estos días, por razones puramente académicas, estoy estudiando algunas cuestiones de nuestro Estado de las Autonomías y no pasa un instante sin que me vengan a la cabeza las mil disfuncionalidades que la práctica del autogobierno madrileño presenta cada día.


Como todos ustedes saben, en la Legislatura pasada iniciamos en el Congreso de los Diputados un proceso de modernización de los Estatutos de Autonomía a la que se están sometiendo la mayoría de la Comunidades Autónomas. El proceso aún no ha terminado, y en esta Legislatura están en trámite en la Carrera de San Jerónimo los textos básicos de Castilla-La Mancha y de Extremadura.


El Estatuto de Autonomía no es una norma cualquiera, como decimos los juristas, forma parte del bloque de la constitucionalidad y eso supone que determina las reglas básicas de juego de la Comunidad Autónoma correspondiente. Por eso, hace tiempo que me llama la atención la poca importancia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por qué no decirlo, la oposición política madrileña, le da a la modernización del Estatuto de Autonomía de Madrid.


Madrid fue de los últimos territorios de España que accedió a la autonomía, aprobó su estatuto en 1983 y desde entonces, aunque se han hecho algunas reformas, podemos decir que la norma básica de nuestra Comunidad permanece inalterada puesto que salvo los cambios del 98 para asumir las competencias de educación y sanidad, el resto han sido cuestiones menores y de carácter puntual.


Asistimos todos los días a la estrategia de Esperanza Aguirre para estar presente en la política nacional. Es patético ver como se convoca un pleno de la Asamblea de Madrid para debatir sobre como puede contribuir nuestra Comunidad a la salida de la crisis y de lo único que se habla es de lo mal que lo hace Zapatero. No es menos lamentable que todos los días tengamos que desayunarnos con los datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales donde se reitera que Madrid es la última Comunidad de España en aplicar la Ley de la Dependencia. Bochorno produce conocer que la Comunidad de Madrid para “camuflar” las listas de espera sanitarias pone a funcionar criterios de recuento de pacientes distintos a los que se aplican en el resto del país. También tiene “tela”, y aquí me quedo para no aburrir al lector, ver como la Sra. Aguirre se niega a colaborar con el Gobierno de la Nación para la puesta en marcha del “Plan Renove” para activar el cambio de vehículos por parte de los ciudadanos.


Puede que alguien esté pensando ¿qué tiene que ver lo que está diciendo con el Estatuto de Autonomía? Pues más de lo que parece. En Madrid se “manipulan políticamente” las instituciones, en parte, porque las normas que las regulan son débiles y tienen una inconsistencia tal que quedan a disposición de cualquier agente político que quiera retorcerlas y aprovecharse de ellas. Los derechos de los madrileños no están protegidos con toda efectividad porque aunque estén regulados en leyes del Estado siempre aparece un reglamento de la Comunidad de Madrid que al no aprobarse bloquea el ejercicio del derecho… ¡y así en mil casos!


Necesitamos reformar el Estatuto de Autonomía de Madrid. Porque los madrileños necesitan que el ejercicio de los derechos básicos no queden al criterio arbitrario, oportunista y estratégico de un partido político. Porque la política madrileña debe pasar de las palabras grandilocuentes sobre patriotismo al compromiso real y efectivo con los problemas de España.


Para ello, se necesita un Estatuto que establezca criterios claros para la colaboración y cooperación de Madrid con el Estado y otra Comunidades Autónomas. Necesitamos institucionalizar la presencia de Madrid en Europa y el resto del Mundo. Madrid es una Comunidad moderna y la sociedad madrileña tiene muchos intereses en el resto de Europa y otras partes del planeta; sin embargo, el Estatuto de Autonomía no dice ni una palabra sobre cómo Madrid tiene presencia en la Unión Europea. Finalmente, y para no extenderme demasiado, necesita Madrid definir mucho mejor sus competencias, la financiación de los servicios públicos y la relaciones con los municipios.


La política en Madrid hace demasiado tiempo que se sustancia tan sólo con grandilocuentes declaraciones que aprovechan el abundante eco mediático que ofrece la capitalidad del Estado. Sin embargo, ese vocerío esconde una inmensa inconsistencia y una escasa preocupación por el respeto a las instituciones y las reglas de juego que nos dan la autonomía y el derecho de autogobierno. ¿Alguien será capaz algún día de hacer frente a este problema? ¡Veremos!.

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