Los últimos días nos han deparado buenas noticias en la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para reducir el déficit de las Administraciones Públicas. Al final de la semana pasada la Sra. Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales presentó, junto con los Consejeros de las Comunidades Autónomas, un acuerdo Sanitario para reducir el gasto farmacéutico. Es bien conocido por todos, que de entre las ingentes partidas presupuestarias que requiere un sistema público de salud de la potencia del que tenemos en nuestro país, el gasto farmacéutico es uno de las más importantes. Por ello, todo lo que suponga optimización de los fármacos y concienciación de los usuarios para un uso racional será fundamental para limitar dicho gasto.
Seguimos ese buen tono esta semana con la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas para analizar qué medidas se toman para seguir esa estela de racionalización del gasto y como pueden contribuir todos los poderes públicos para cumplir los objetivos europeos de bajar el déficit público. En España, hoy por hoy, tanto cuando se ponen en marcha políticas de gasto con la generación de derechos y prestaciones para los ciudadanos, como cuando se tienen que aplicar políticas de contención del déficit, siempre se habrá de contar con la acción concertada de Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es lo propio de un Estado compuesto donde ya nada, o casi nada, se puede hacer sin tener en cuenta los diversos niveles del poder. Por eso es tan importante que los líderes en el Estado y las Comunidades Autónomas tengan en cuenta la gran responsabilidad que tienen. Si se sabotea la colaboración y la coordinación, no es exagerado pensar que se pueda poner en peligro el buen funcionamiento del Estado.
Pero tanto bueno en los tiempos políticos que corren me “empezaba a extrañar”. ¡Efectivamente! Entre tantas alegrías saltó la liebre. Sin saber de dónde y por quién, en los teletipos de las Agencias de Prensa y en los noticieros subsiguientes se empieza a decir que algunos “sotto voce” están pidiendo una moratoria de la aplicación de la Ley de la Dependencia. ¡Bueno! En voz baja, algunos, porque mientras escribo estas líneas he podido oír a la Sra. Consejera de Hacienda de la Comunidad de Galicia decir que “la Ley de la Dependencia es una bomba financiera para las Comunidades Autónomas”. En la misma línea, el Consejero Beteta de la Comunidad de Madrid se ha despachado diciendo que el problema que tenemos es que Rodríguez Zapatero esta inmerso “en una orgía de gasto público”.
En resumidas cuentas. Si la orgía de gasto es el pago de las prestaciones a los desempleados, la asistencia social, el pago de la educación o la sanidad pública y los servicios sociales, la inversión pública para activar la economía y el coste que supone la prestación a los dependientes, supongo que lo que nos están diciendo es que hay que recortar ahí. Parece que sí, puesto que las propuestas que hace el PP es reducir los impuestos, y subvencionar a los empresarios.
Pues si es así, estamos ante un claro e interesante dilema ideológico. Como parece que aún hoy dos y dos son cuatro, si queremos reducir el déficit tendremos que recaudar más o gastar menos. Para ello, tendremos que mojarnos y decir si estamos en un lado u otro. Se bien que una “política económica fina” hace que las medidas sean un poco más complejas que ese maniqueísmo, pero en términos de discurso general es así.
La derecha lo dice bien claro: queremos menos impuestos, más dineros para los sectores empresariales y financieros y menos gasto social. Pues bien, frente a esto los socialistas debemos saber mandar un mensaje claro y alternativo también a los ciudadanos: Diciéndoles que vamos a salir de la crisis sin “pisotear” a los más débiles, comprometidos con las políticas sociales que amplifican derechos y generan empleo –es el caso de la Ley de la Dependencia-, haciendo inversión pública que ayuda a activar la economía y las pequeñas y medianas empresas que pasan dificultad y, aquí esta lo importante, pidiendo un esfuerzo adicional a los que más tienen, porque la solidaridad pública consiste en que el que tiene debe comprometerse más con lo público para que los poderes ayuden a salir del bache a los que tienen dificultades. Porque un Estado Social y democrático necesita tener fortaleza y buen tino para que no se rompa la cohesión social.
El problema es que vivimos en un mundo donde ha triunfado la cultura del individualismo posesivo y hacer políticas que requieran obligaciones y sacrificios colectivos tiene una prensa fatal. ¡Pero cuando los grandes proyectos políticos se han cimentado diciendo a cada uno lo que quiere oír!
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