La semana pasada asistimos a dos acontecimientos que expresan el despropósito y la falta de altura de miras que se ha instalado en la acción política española en los últimos años. Esos acontecimientos son los siguientes: la posición ante la renovación del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-Ley para hacer frente a la crisis financiera.
Evidentemente, en estás línea no voy a entrar a analizar estas dos medidas, sobradamente conocidas por todos, y de las que también me he ocupado en otras ocasiones. Las tomo tan sólo como ejemplo de la “ceguera” que acompaña a muchos responsables políticos que son capaces de arriesgar las instituciones o la viabilidad del país tan sólo para conseguir cierta rentabilidad electoral.
Como decía, el primero es el asunto del Tribunal Constitucional que lleva más de dos años ejerciendo sus funciones en una situación de precariedad, tan sólo por la incapacidad política de los partidos para ponerse de acuerdo y efectuar la renovación de los Magistrados que ya cumplieron su mandato. Esta situación es, de por si, grave, pero se convierte en algo mucho peor cuando vemos la estrategia política de algunos y comprobamos que están instalados en argumentos falsos con la única finalidad de aprovecharse de la lamentable situación en la que se encuentra tan alta institución del Estado.
No es cierto que no se pueda renovar el Tribunal Constitucional por estar “a la mitad del partido”, como dice el PP, porque el Tribunal trabaja siempre sin solución de continuidad y “no hay partido alguno en juego” –salvo el que ellos están jugando, claro-; y tampoco es cierto, que el Alto Tribunal esté deslegitimado para dictar sentencia porque no se haya renovado en su momento o no haya conseguido dictar sentencia en estos años, como dicen otros desde Cataluña. Unos y otros se equivocan en su análisis, pero lo peor es que no es un error de apreciación, es, nada más y nada menos, que intentar “secuestrar” al Tribunal mediante la presión que ejercen con aseveraciones falsas machaconamente publicada en los medios con un fin exclusivamente particular.
El segundo asunto se produjo el jueves 27 de mayo que el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-Ley en el que se incluían las medidas urgentes para reducir el déficit y hacer frente a la crisis económica. Todos sabemos que son medidas duras, dolorosas; se puede pensar incluso que algunas de ellas no se tendrían que haber tomado si ciertas decisiones de política económica de años pasados se hubieran hecho de otra forma. Pero, en todo caso, lo que todo el mundo reconoce es que la situación actual es de tal extrema urgencia para nuestro país y para la viabilidad de Europa y su modelo de Unión política y económica, que es irremediable adoptar medidas de esta naturaleza. ¿Qué es lo que están haciendo el resto de los países de la Unión, si no?
Sin embargo, cuando lo que se estaba votando era que España, y con nosotros el resto del continente europeo, actuase con decisión y energía para salvar un momento de vida o muerte para nuestro futuro económico (imaginen qué hubiera sucedido con la bolsa, a qué precio se hubiera situado nuestra deuda y cómo hubieran interpretado los mercados que el Parlamento no se pusiese de acuerdo para aprobar las medidas planteadas por el Gobierno), algunos tan sólo pensaban en que de no prosperar el Real Decreto-Ley el Gobierno tendrían que convocar elecciones y, a partir de entonces, para ellos se abría una oportunidad para alcanzar el poder.
Como decía al inicio, ambos ejemplos son muestras palmarias de la insensatez política en la que estamos instalados. No pensamos en la pervivencia de las instituciones del Estado y, lo que es peor, las utilizamos para nuestra “pequeña política”. A fuerza de despropósito, incluso somos capaces de poner en peligro la estabilidad de nuestra maltrecha economía por ambición y estrategia cortoplacista.
La política en España, en los últimos años, ha caído en manos de gente que ha olvidado o desconoce que en democracia las reglas de juego y las instituciones no se pueden utilizar en beneficio propio. Que no entienden que el adversario y su punto de vista es tan respetable como el propio, y que las decisiones se han de tomar defendiendo con valor y convicción tus criterios, pero siendo consciente de que cuando se quiere llegar a acuerdos con otros que piensan distinto en algún momento se ha de ceder algo para que otro pueda renunciar también a parte de su criterio máximo.
Frente a la política del respeto y la defensa de los valores democráticos, se ha instalado la estrategia del arrinconamiento al diferente o, si es posible, su aniquilación. Es un planteamiento de “guerra total” que como en toda conflagración no sólo acaba con los rivales sino que deja innumerables bajas entre “los civiles” –léase aquí los ciudadanos y sus derechos- y arrasa con la cultura y los modos cívicos que durante décadas hemos ido interiorizando para vivir en un mundo de respeto y tolerancia. ¡Será posible que en algún momento alguien ponga fin a está estrategia suicida!
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